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Comenzó una nueva marcha al Lago Escondido

«Si se deroga la Ley de Tierras, la Argentina se va a llenar de Lewis», manifestó Aguiar en conferencia de prensa.

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Con la presencia de secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, el sindicato y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma anunciaron en conferencia de prensa, junto a diversas organizaciones sociales y políticas, una nueva marcha al Lago Escondido: la que comenzó ayer (06/02) por el camino de montaña ingresando por Wharton (Mallín Ahogado), y una segunda para el día 14 de febrero desde El Foyel, por el Camino de Tacuifí.

«Debemos darle continuidad a la lucha en defensa de la soberanía. El país vive un momento crucial donde se intentan profundizar las políticas de entrega de nuestro patrimonio y territorio nacional», señaló Aguiar junto a referentes sociales y políticos como Mateo Canosa (Somos Barrios de Pie), Raúl Rajneri (CCC) y Cristóbal Cervera (Frente Popular Darío Santillán), entre otras organizaciones y sindicatos como la FeNaT, UnTER, el MTE y la UTEP.

El dirigente llamó a rechazar el mega DNU de Milei. «Si se deroga la Ley de Tierras, la Argentina se va a llenar de Lewis», dijo en referencia al DNU 70/23 a través del cual se pretende derogar la Ley de Tierras para habilitar a grupos económicos trasnacionales a comprar barato y con permiso de desmonte y a entregar los recursos naturales como el petróleo, gas, litio, cobre y otros minerales, además de los acuíferos de agua dulce y reservorios como glaciares.

«Lewis acaba de declararse culpable en la Justicia de Estados Unidos por los mismos hechos que desde hace décadas comete acá con total impunidad. Es una fantasía pensar que lo vamos a ver declarar frete a un tribunal argentino, si los jueces y fiscales que lo tienen que juzgar son los que toman whisky en su mansión», continuó Aguiar. «Tenemos que poner fin a tantos años de impunidad, ahora son los diputados y los senadores nacionales los que tienen la posibilidad de reafirmar el ejercicio de nuestra soberanía en todo el territorio nacional», agregó.

Por otro lado, debido a los graves antecedentes de violencia y hostigamiento que han sufrido quienes reclaman por el acceso a este espejo de agua apropiado por el magnate ingles tras la compra irregular de 12.000 hectáreas en zona de frontera desde 1996, la central obrera y el sindicato pidieron al gobierno de la provincia que garantice la seguridad de todos los marchantes: tanto de la columna que partió el día de hoy por el camino de montaña, como la de los que participen el día 14 por el camino de Tacuifí.

«Es el gobierno provincial el que tiene que garantizar la seguridad de todos los marchantes. Lo hacemos responsable por cualquier hecho que haya que lamentar. La actuación de la policía rionegrina siempre fue vergonzosa: cuidan a Lewis y están al servicio de estos multimillonarios extranjeros. Mientras los ciudadanos no tienen seguridad, se arrodillan frente a los poderosos y se hacen los fuertes con los más débiles, siempre fue igual», señaló Aguiar.

«En esta oportunidad esperamos no encontrarnos con las patotas pagas de Lewis. Nosotros vamos a ejercer pacíficamente nuestro derecho de acceder de manera libre a la costa de un lago argentino. No pude ser que un delincuente ingles sea quien nos diga qué argentino puede entrar y cual no al Lago. Nos negamos a ser colonia, acá los únicos usurpadores son los Lewis, los Benetton, y los Zorreguieta y vamos a marchar hasta terminar de echarlos: tendremos nuestra segunda y definitiva independencia cuando todos estos se vayan de país», concluyó.

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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema

«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.

«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».

«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».

El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal

«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.

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Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.

«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.

Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.

El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud

La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.

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El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.

La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.

La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.

Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.

El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.

Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.

La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.

En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.

Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.

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