En el marco del juicio por la muerte de Valentín Mercado Toledo, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional para el anestesiólogo Mauricio Atencio Krausse, ya declarado responsable penal por el delito de homicidio culposo. Además, requirieron la inhabilitación especial para ejercer la medicina por el plazo de 10 años y el pago de las costas del proceso.

Por su parte, la defensa particular pidió que se aplique el mínimo de la pena prevista para su asistido y que la inhabilitación sea acotada específicamente al ejercicio de la medicina pediátrica. El juez anunció que la resolución se conocerá el próximo martes 10 de febrero a las 12:30.

Luego de la declaración de cuatro testigos citados por la fiscalía y la querella, y ocho propuestos por la defensa, las partes realizaron sus alegatos en relación al pedido de pena.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que «este evento ha sido traumático para la familia por donde se lo mire», y recordó los testimonios brindados durante el debate. En ese sentido, mencionó las declaraciones de la madre del niño, de su «abuela de corazón», quien relató los minutos previos a la intervención quirúrgica, y de la maestra del jardín de Valentín, que describió el impacto que tuvo el hecho en la comunidad educativa, la intervención de la ETAP y las consecuencias laborales posteriores al hecho traumático.

Asimismo, el fiscal sostuvo que no puede considerarse como atenuante la situación personal del imputado. Indicó que los testigos de la defensa explicaron que el anestesiólogo vive solo y que está a cargo de sus hijos únicamente cuando le corresponde, y remarcó que la desvinculación laboral del sanatorio respondió a una cuestión «meramente empresarial», que no puede vincularse a este proceso. En relación al estado de salud del imputado, afirmó que la enfermedad que padece se encuentra controlada y que, por lo tanto, no puede ser invocada como atenuante de la pena.

Al fundamentar los agravantes, la Fiscalía mencionó la edad de la víctima, que tenía apenas cuatro años, y la magnitud de la pérdida para su familia, su entorno y las personas que se vinculaban con él. También señaló la conducta desplegada por el profesional durante la intervención, al considerar que no fue la adecuada. Según se expuso en el juicio, el imputado no habría prestado la debida atención al monitor que controlaba al paciente, ni al estado del niño, lo que le habría permitido advertir a tiempo lo que estaba sucediendo. En ese contexto, se indicó que utilizó su teléfono celular, permaneció sentado y se retiró a buscar un cargador sin dejar a nadie a cargo.

El fiscal agregó que, una vez producida la situación, se sumó como agravante la falta de una respuesta inmediata para revertir lo ocurrido, lo que evidenció -según sus palabras- el grado de impericia del imputado. Detalló que fue necesaria la intervención de tres anestesiólogos más y de una cirujana pediátrica para cambiar el tubo y restablecer tardíamente los signos vitales del niño, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

En sus alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal también destacó el impacto del hecho en los lazos afectivos de la víctima, tanto sanguíneos como no sanguíneos, y sostuvo que las consecuencias se extendieron al ámbito social de General Roca. Como único atenuante, mencionó el comportamiento del imputado durante el proceso judicial y la ausencia de antecedentes penales.

«Por todo lo anterior y teniendo presente el límite establecido para este juicio, solicitamos la pena máxima de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial máxima para ejercer la medicina durante 10 años, más las costas del proceso», concluyó el fiscal.

La querella adhirió en un todo al pedido de la Fiscalía. En tanto, la defensa particular sostuvo que su asistido «no fue indiferente a lo sucedido» y que su enfermedad se agravó durante el desarrollo del proceso. Señaló que su estado de ánimo, su salud y su vida cotidiana se vieron afectados, y remarcó su empatía y calidad humana.

Sobre el final de la audiencia, el imputado hizo uso de la palabra y, posteriormente, el juez dio por concluido el debate, informando que dará a conocer su resolución el martes próximo (10/02) a las 12.30 horas.

La rápida intervención de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de General Roca permitió detener a un hombre mayor de edad que protagonizó una peligrosa fuga en motocicleta por distintos sectores de la ciudad y atacó a efectivos policiales durante la persecución.

El episodio se registró durante la tarde del lunes (02/02), cuando el personal policial realizaba tareas preventivas en la zona de calle Gadano y Maipú, sobre uno de los puentes del Canal Principal de Riego. Allí observaron una motocicleta Honda Wave 110 cc, de color blanco, cuyo conductor, al advertir la presencia de los uniformados, ignoró la orden de detención y escapó a alta velocidad.

La huida se extendió por varias calles del norte roquense, incluyendo Maipú, Evita, España y Avenida Roca, donde el motociclista circuló de manera imprudente, realizando maniobras riesgosas y poniendo en peligro tanto a peatones como a otros conductores. A lo largo del seguimiento, los efectivos priorizaron la seguridad, manteniendo el control de la situación pese al contexto urbano.

En medio de la persecución, el hombre embistió de manera intencional a los policías, provocando la caída de ambos al asfalto. Aun así, intentó continuar la fuga e incluso buscó refugiarse en una vivienda particular, sin lograr su cometido. Finalmente, fue reducido y detenido en la vía pública.

Al verificar los datos del rodado, se constató que la moto presentaba pedido de secuestro vigente por robo en la provincia de Neuquén. Tanto el detenido como el rodado fueron trasladados a la Comisaría 3° de General Roca, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Como ocurre semanalmente en General Roca, inspectores municipales de Tránsito llevaron adelante operativos de control en distintos sectores de la ciudad, tanto en la zona urbana como en el área rural, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir siniestros.

Según el balance oficial, los procedimientos realizados entre el lunes 26 de enero y el domingo 1 de febrero arrojaron la confección de 101 actas de infracción. Del total, 15 correspondieron a casos de alcoholemia positiva, lo que derivó en la retención preventiva de 3 vehículos.

A esas medidas se sumaron otras 19 retenciones efectuadas por distintas infracciones, alcanzando un total de 22 vehículos retenidos, de los cuales 16 fueron motocicletas y 6 automóviles. Las faltas más frecuentes detectadas durante los controles estuvieron vinculadas a la falta de licencia de conducir y de seguro obligatorio.

Desde la Dirección de Tránsito municipal recordaron que se encuentra plenamente vigente la Ordenanza 5020/23 de Alcohol Cero al Volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre. La infracción a esta normativa es considerada grave y contempla multas que van de 1.000 a 3.000 USAM (($1.200.000 a $3.600.000 según tarifaria vigente), además de la inhabilitación de la licencia de conducir.

Finalmente, reiteraron la importancia de la conducción responsable, remarcando que «el consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, incrementa de manera significativa el riesgo de siniestros viales y pone en peligro no solo a quien maneja, sino también al resto de los usuarios de la vía pública».