Gremios
Plenario de sindicatos estatales impulsado por ATE definió un Paro para la última semana de febrero
«Frente a un presidente que dice que el Estado es una asociación criminal, y trabajadores y jubilados que ya sienten el ajuste, el peor error que podríamos cometer los estatales es abandonar la calle» dijo Aguiar.
El Frente de Sindicatos Estatales y de Gremios de Empresas del Estado de la Argentina que motoriza la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), consensuó la convocatoria a una Jornada Nacional de Lucha para la última semana de febrero, en un plenario de más de cuatro horas en el anfiteatro Eva Perón de ATE, colmado de delegados de organizaciones sindicales.
La potencia de la medida se prevé histórica. Cada provincia y distrito definirán la modalidad de protesta. Son más de 20 las organizaciones que integran del Frente que nació en enero y tuvo su bautismo de fuego la jornada del 15 de ese mes. El temario que involucró a las intervenciones giró alrededor de la estabilidad laboral en el Estado y en las empresas públicas, la recuperación del poder adquisitivo y el ajuste en las provincias que proyecta el presidente Milei, entre otros puntos.
«Frente a un presidente que dice que el Estado es una asociación criminal, y trabajadores y jubilados que ya sienten el ajuste, el peor error que podríamos cometer los estatales es abandonar la calle», dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. «Somos respetuosos de quienes opinan que hay que medir los tiempos y evaluar cuándo los afiliados van a sentir más o menos el ajuste, pero no lo compartimos. Tampoco creemos que nos corresponda a nosotros evaluar si el Gobierno tiene más o menos apoyo popular. Tenemos que profundizar nuestro plan de acción», agregó.
«El Gobierno intenta licuar nuestro salario y esta nueva medida de fuerza nacional tiene que servir para exigir un inmediato aumento que supere la evolución de los precios y la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y también para rechazar cualquier intento de privatización de las empresas estatales», manifestó Aguiar.
«Con su idea de desfinanciar a las provincias, el Gobierno está destruyendo las condiciones de vida de millones de trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados en el interior del país. También nos tenemos que manifestar contra este ajuste que llega a todos los rincones de la Argentina», señaló el dirigente de ATE.
Fue común entre los sindicatos la visión de que el proyecto de ley ómnibus fue herido de muerte en el paro general del 24 de enero y que la destrucción del DNU amerita otro gran paro nacional.
Además de ATE, participan Federación Judicial Argentina (FJA); la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la RA (FESPROSA); la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADU-H); la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA); la Federación de Trabajadores de la Energía de la RA (FETERA); la Federación de Profesionales del GCBA; el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP); el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA); la Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO); la Unión Personal Jerárquico del Banco de la Provincia de Buenos Aires (UPJ); el Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras (SITEBA); la Asociación de Psicólogos del GCABA (APGCABA); la Asociación Civil de Profesionales de Antropología, Comunicación, Sociología y Afines (APACSA); la Asociación de Profesionales de Servicio Social del GCABA (APSS); la Asociación de Bioquímicos de la CABA (ABC); la Asociación Judicial Bonaerense (AJB); el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR); y la Asociación de Empleados y Funcionarios del PJN (AEyFPJN); y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA).
Gremios
ATE declara alerta máxima en Trabajo para enfrentar inminentes despidos y desguace de la cartera
“Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente y no descarta realizar medidas de acción directa en la Secretaría de Trabajo ante la nueva amenaza de despidos y desguace de la cartera impulsada a partir de la reforma laboral.
«Hemos definido el estado de alerta máxima en la sede nacional de Trabajo, pero también en todas las agencias territoriales. Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «el Gobierno intenta avanzar con una nueva estructura en la Secretaría y, a través de ella, profundizar el achique y desguace del Estado Nacional».
«Está siendo amenazada la estructura federal del Ministerio, las áreas de control y fiscalización, además del programa ‘Volver al Trabajo’, que alcanza a casi un millón de personas, finaliza el próximo 30 de abril y no sería renovado», detalló Aguiar.
«Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo se convierta solo en una estructura que garantice los intereses de las grandes corporaciones empresarias. Seguiremos defendiendo a la cartera laboral como la única posibilidad de impedir que, después de la reforma, arrasen con los derechos de los trabajadores del Sector Público y de todas las ramas de la actividad privada», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Desde el sindicato señalaron que la sanción de la reforma laboral ubica en una situación sumamente crítica el rol y funciones históricas de la cartera, en un contexto de desguace y destrucción del Estado que el gobierno nacional enarbola como bandera de gestión desde su asunción en diciembre de 2023.
Gremios
Inicio del ciclo lectivo con conflicto: El Gobierno informó de 53% de presentismo y UnTER un 90% de acatamiento
Este martes continúan las medidas de fuerza del gremio docente rionegrino.
Con cifras contrapuestas y tensión sindical, comenzó el ciclo lectivo 2026 en Río Negro. El Gobierno provincial aseguró que el 53% del personal docente se presentó a trabajar, lo que permitió el funcionamiento de 696 establecimientos educativos y la asistencia de más de 131.000 estudiantes.
En contraste, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) sostuvo que el acatamiento al paro fue del 90% y que la medida tuvo alto impacto en toda la provincia, en el marco de la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
El conflicto se originó tras el rechazo gremial a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo en paritarias. Desde el sindicato señalaron que la oferta no contempla la pérdida del poder adquisitivo, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de una política salarial responsable.
Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos destacaron que más de 1.000 instituciones estaban en condiciones de iniciar las clases y remarcaron que «el compromiso oficial fue garantizar el inicio en tiempo y forma, con dispositivos preparados para aquellos edificios donde aún se desarrollan obras o trabajos de mantenimiento»
Ademá, se puso en marcha el servicio de transporte escolar destinado a unos 14.000 estudiantes y el de comedor que inició con la modalidad de refrigerio para, a partir del miércoles (04/03), completar con el resto de sus variantes.
«Frente a una medida sindical irresponsable, Río Negro mantiene firme su decisión de priorizar la calidad educativa de cada estudiante de nuestra provincia», indicaron desde el Gobierno.
En este escenario, el ciclo lectivo comenzó formalmente, pero con un conflicto que continúa abierto y que podría derivar en nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.
Gremios
ATE intimó al Gobierno para que pague el presentismo y convoque a paritarias, y se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno por el no pago del premio estímulo a la asistencia (presentismo) en algunos organismos y áreas estatales, y por la no convocatoria a paritaria en lo que va del 2026. Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos. El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la mesa de negociación salarial, la cual se encuentra en un cuarto intermedio desde diciembre de 2025, el dirigente apuntó que «a esto hay que sumar la decisión del Gobierno de no convocar a paritarias y congelar los salarios durante los dos primeros meses del año. Existe mala fe en las negociaciones y esto acelera la conflictividad».
«Exigimos el inmediato pago del presentismo y la convocatoria a las paritarias. Hemos decidido declararnos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Además, hemos convocado a nuestro Secretariado Nacional para el día 11 a los efectos de analizar el escenario general y resolver un plan de acción, pero también definir qué medida concreta llevar adelante contra esta decisión de no pagar el presentismo», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según las estimaciones del sindicato, el no pago del presentismo significa un recorte del 10% en los salarios de los estatales, los cuales ya vienen de una pérdida del 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
En su denuncia, el sindicato informó que mediante el Decreto N° 36/2026 se homologó el acuerdo celebrado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional del 26 de diciembre pasado, el cual prevé, entre otras cuestiones, la prórroga del presentismo, ítem que ha sido sistemáticamente renovado desde el acuerdo celebrado el 29 de septiembre de 2020, homologado por el Decreto N° 837/20.
ATE además señala «que la presunta falta de pago del presentismo y la falta de actualización salarial de los meses de enero y febrero de 2026 constituye una práctica desleal y un acto de mala fe negocial que deja en evidencia la política de miseria y empobrecimiento en contra de los empleados y empleadas públicas de la Administración Pública Nacional».
