El Municipio de General Roca actualizó la normativa que regula las actividades y los usos permitidos dentro del Área Natural Protegida Paso Córdoba. Entre las principales disposiciones, se establece la prohibición de circular a campo traviesa con vehículos motorizados y un nuevo régimen de sanciones para quienes incumplan las reglas de protección ambiental, con multas que pueden alcanzar los $60 millones.

La modificación responde al crecimiento sostenido de visitantes y a la incorporación de nuevas actividades recreativas, deportivas y turísticas. El objetivo es ordenar los distintos usos del espacio y compatibilizar el disfrute de sus ambientes naturales con las medidas necesarias para conservarlos.

Desde el Municipio explicaron que la circulación de motocicletas de enduro, motocross, cuatriciclos y otros vehículos fuera de los caminos y sectores habilitados provoca erosión del suelo, pérdida de vegetación y afectación de la fauna silvestre. Además, estas prácticas pueden generar riesgos para quienes concurren al lugar para realizar actividades recreativas, deportivas y turísticas.

La actualización no implica restringir el acceso de vecinos y visitantes al área protegida. Se podrá continuar disfrutando del río y de los espacios recreativos, siempre que se respeten los caminos de circulación y los sectores habilitados para estacionar. La prohibición apunta específicamente a evitar prácticas que ocasionen daños en los ambientes naturales.

El nuevo régimen sancionatorio incorpora la Unidad de Sanción Municipal (USAM) como parámetro para establecer las multas, con el propósito de adecuar las sanciones al ordenamiento jurídico municipal y facilitar su aplicación y actualización conforme al sistema de faltas.

Las infracciones estarán divididas en cuatro categorías: leves, medias, graves y muy graves. Las multas irán de 100 a 50.000 USAM, equivalentes a entre $120.000 y $60.000.000, de acuerdo con la tarifaria vigente al 12 de noviembre de 2026. El monto dependerá de la gravedad de la conducta y de los daños ocasionados. En caso de reincidencia, las sanciones podrán incrementarse.

También se reforzarán los controles mediante la presencia de las Guardias Ambientales y el acompañamiento policial. La implementación tendrá una primera etapa de 30 días destinada a difundir las nuevas disposiciones, generar conciencia y notificar a los visitantes.

Por otra parte, la normativa busca promover el desarrollo ordenado de actividades deportivas y eventos, mediante condiciones que permitan reducir su impacto ambiental y proteger los sectores de mayor sensibilidad.

Con esta actualización, el Municipio apunta a fortalecer la conservación de Paso Córdoba y promover un uso responsable de sus espacios, entendiendo que se trata de un patrimonio natural de la comunidad roquense.

Una mujer de General Roca que debió abandonar su vivienda junto a sus hijos debido a reiteradas situaciones de violencia de género obtuvo un fallo favorable de la Justicia de Familia, que le atribuyó el uso del inmueble para que pueda volver a habitarlo con ellos.

La mujer había denunciado agresiones físicas y psicológicas, amenazas y conductas de control por parte de su pareja, en una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. La gravedad de los episodios la llevó a retirarse del hogar familiar con sus hijos y apenas algunas pertenencias, dejando muebles, electrodomésticos, ropa y otros elementos adquiridos durante la convivencia.

El hombre quedó detenido en el marco de una causa penal por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. Ante la situación habitacional y económica que atravesaba, la mujer inició una acción judicial para solicitar que se le otorgara el uso de la vivienda, ya que no contaba con ingresos suficientes para acceder a otra alternativa adecuada.

Después de la separación, el hombre había destinado la propiedad al alquiler de terceros. La mujer denunció que los ocupantes retiraron muebles, electrodomésticos y otros elementos, además de provocar daños en la construcción. Cuando intentó recuperar el inmueble, encontró otro impedimento: la madre de su expareja tenía el control de la casa y no le permitió ingresar.

Para resolver el planteo, la jueza valoró declaraciones testimoniales, informes sociales, documentación de organismos públicos y antecedentes judiciales vinculados con situaciones de violencia familiar. También tuvo en cuenta un relevamiento municipal que identificó a ambos integrantes de la pareja como ocupantes del terreno y constató que habían construido allí una vivienda con recursos propios, préstamos y asistencia social. A esto se sumó un certificado del Registro Nacional de Barrios Populares que vinculaba al grupo familiar con el inmueble.

La sentencia reconoció las desigualdades que atraviesan las mujeres víctimas de violencia y señaló que estos casos deben analizarse considerando las dificultades para acceder a la justicia, recuperar la autonomía y reconstruir los proyectos de vida.

La magistrada aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial que permiten atribuir el uso de la vivienda familiar a quien tiene a su cargo hijos menores de edad o carece de recursos para acceder a otro hogar. También consideró que la obligación alimentaria de los progenitores incluye garantizarles a sus hijos un lugar donde vivir.

En ese marco, entendió que el plazo de dos años previsto para las uniones convivenciales no debía limitar el derecho habitacional de los niños. La decisión también se sustentó en las leyes nacionales y provinciales de protección de la infancia y contra la violencia de género, que establecen la prioridad del interés superior de los hijos y contemplan la situación de vulnerabilidad de las mujeres que sufrieron violencia.

La jueza tuvo especialmente en cuenta las responsabilidades de crianza asumidas por la mujer desde una edad temprana, las agresiones padecidas y las consecuencias económicas y habitacionales de haber tenido que abandonar la casa para protegerse.

Finalmente, resolvió atribuirle el uso de la vivienda para que pueda habitarla con sus hijos hasta que el menor alcance la mayoría de edad, siempre que se mantengan las circunstancias que fundamentaron la decisión. Aclaró que el fallo no determina quién es propietario del inmueble, sino que reconoce el derecho de uso en función de las necesidades acreditadas. La medida podrá hacerse efectiva siempre que no afecte eventuales derechos reales de terceros ajenos al proceso.

Un hombre de 43 años fue condenado a 6 meses de prisión condicional por el delito de grooming, luego de reconocer que durante casi 15 días de septiembre de 2023 le envió mensajes de contenido sexual por WhatsApp a una adolescente de 14 años.

La fiscal del caso, Natalia Pascual, explicó que las conversaciones tenían una clara intención de avanzar contra la integridad sexual de la joven. Según expuso durante la audiencia, la intervención de la madre y de una hermana mayor permitió que la conducta cesara y dio lugar al inicio de la investigación.

La fiscalía sustentó la acusación en la denuncia presentada por la madre de la adolescente, la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y la declaración de la joven en Cámara Gesell. A esos elementos se sumó una extracción forense del teléfono celular de la víctima, realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), dependiente del Ministerio Público.

El imputado reconoció su responsabilidad en el marco de un acuerdo pleno y aceptó la pena requerida. La víctima fue informada sobre los términos del acuerdo y manifestó expresamente su conformidad. Por su parte, el defensor penal público, Gustavo Viecens, no formuló objeciones.

Al dictar la sentencia definitiva, el juez Emilio Stadler consideró que la Fiscalía había presentado respaldo probatorio suficiente y que el acuerdo cumplía con los requisitos legales. En consecuencia, condenó al hombre a seis meses de prisión condicional, le impuso las costas del proceso y estableció reglas de conducta obligatorias durante dos años.

Entre las pautas fijadas se encuentran mantener actualizado el domicilio, no ausentarse por períodos prolongados sin autorización previa, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y estupefacientes y no cometer nuevos delitos. También deberá presentarse cada tres meses ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL).

Además, se dispuso una prohibición estricta de acercamiento a la víctima en un radio de 200 metros y de establecer cualquier tipo de contacto con ella.