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El paro de ATE tuvo un fuerte impacto en todo país con numerosas movilizaciones
«No queremos que le vaya bien a este presidente porque con las ideas que tiene, si le va bien a él nos va a ir muy mal a todos», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una nueva jornada nacional de lucha con marchas, protestas y cortes de ruta en todo el país, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la concentración se realizó en las puertas del INADI, instituto que corre peligro de cierre. «Estamos frente a una escalada de la conflictividad en el Estado. El deterioro de los ingresos en el Sector Público es grave y no vamos a tolerar amenazas de despidos ni permitir que cierren ningún organismo», señaló el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar.
«Son tiempos de seguir poniéndole el cuerpo a la unidad. La unidad tiene que ser sincera. No nos podemos juntar por el espanto, no nos puede juntar Milei. Nos tenemos que encontrar en nuestras virtudes porque es espalda con espalda como vamos a defender los 70.000 puestos de empleo que se ponen en juego el 31 de marzo, y fundamentalmente es espalda con espalda como vamos a defender al Estado y a todas las políticas públicas», indicó el dirigente en referencia al fortalecimiento del Frente de Sindicatos Estatales, integrado por ATE y junto al cual se impulsó esta medida de fuerza.
En esta línea, Aguiar aseguró que «vamos a seguir profundizando todos los planes de lucha porque no queremos que le vaya bien a este presidente. Con las ideas que tiene, si le va bien a Milei nos va a ir muy mal a todos. Por más que el Gobierno se esfuerce, no va a lograr quitarnos nuestro orgullo de ser estatales y de servir a todo nuestro pueblo».
«Los gobernadores y los intendentes tienen que proteger del ajuste a los trabajadores. Es la única manera de garantizar el funcionamiento del Estado en un momento en el que el pueblo lo necesita más que nunca», concluyó el secretario general de ATE.
La conducción nacional del sindicato se movilizó a partir de las 9 en la sede nacional del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), ubicada en Avenida de Mayo y San José, CABA. Luego, continuó con una recorrida por hospitales y otros organismos públicos adheridos al paro.
El paro comenzó a las 00 horas del lunes, por lo que distintos servicios fueron afectados en todo el país; la Administración Pública Nacional, las provinciales y municipales; los hospitales funcionaron sólo con guardias mínimas y los organismos de atención a jubilados (como PAMI y ANSES) atendieron únicamente emergencias. En tanto, otros servicios como la recolección de residuos, el barrido de las calles o el mantenimiento de espacios verdes también se vieron alcanzados por la medida de fuerza. Además, la huelga que llevaron adelante los porteros de escuelas y auxiliares de educación coincide con el paro docente, por lo que en este sector la adhesión era total.
Entre los puntos fuertes de los reclamos se encuentra la magra oferta salarial del Gobierno en la última paritaria, siendo apenas del 12% cuando la inflación conocida en ese momento era del 20,6%.
A su vez, el sindicato se mantiene en alerta ante los posibles nuevos despidos, privatizaciones y cierre de organismos públicos como el INADI, recientemente anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni y ratificado por el presidente Javier Milei.
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Para ATE, «las garantías constitucionales están en riesgo» luego de la persecución política y judicial contra periodistas
«Este ataque a la libertad de expresión y el intento de allanar a periodistas pone en riesgo toda la institucionalidad de nuestro país», dijo Aguiar.
Luego de que el Gobierno denunciara a los periodistas que difundieron audios sobre la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió este accionar del Poder Ejecutivo y acusó «un grave ataque contra la libertad de expresión».
«La persecución y el intento de allanar a periodistas por revelar hechos de corrupción pone en riesgo toda la institucionalidad en nuestro país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de un ataque directo a la libertad de expresión y a todas las garantías constitucionales que como sociedad tenemos que defender. Todos los ciudadanos tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa», agregó el dirigente. Entre los periodistas apuntados se encuentran Jorge Rial y Mauro Federico, además del responsable del portal Data Clave, Pablo Giménez.
Además, el sindicato alertó el preocupante acto de censura por el cual el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, prohibió la difusión de nuevos audios de la hermana del presidente.
«Estas decisiones atentan directamente contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, amparados en los artículos 14 y 32 de la Carta Magna. Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal», detalló Aguiar.
Además, recordó que «la Argentina suscribe a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 13 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El ejercicio del derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley».
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UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria
Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.
El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.
El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.
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ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
