Río Negro
Con grandes expectativas se licitó la renovación de las Rutas 6 y 8
Son dos tramos; desde la Ruta 22 hasta el empalme con la Ruta Provincial N° 68, sobre 57 kilómetros y la N° 8, desde el empalme de la N° 68 hasta La Esperanza.

Ayer (28/02) se realizó la apertura de sobres y la licitación de las obras de repavimentación de las Rutas Provinciales N° 6 y N° 8, un proyecto trascendental para el desarrollo socioeconómico de Río Negro que permitirá fortalecer la vinculación interprovincial.
Se trata de obras clave para la provincia, ya que une el Alto Valle con la Región Sur y permite fortalecer sectores productivos estratégicos, potenciar el turismo, favorecer la industria hidrocarburífera y minera, agilizar la comunicación interregional e integrarse y ser protagonista en los corredores nacionales de características bioceánicas, como lo son las Rutas Nacionales N° 22 y N° 23.
Con la participación de 19 oferentes, el Gobierno realizó en Viedma la apertura de sobres y la licitación estuvo presidida por el vicegobernador Pedro Pesatti, junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren y el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün.
La obra fue licitada en dos tramos. El primero corresponde a la Ruta Provincial N° 6, desde su intersección con la Ruta Nacional N° 22 hasta el empalme con la Ruta Provincial N° 68 (este), sobre 57 kilómetros; para la cual se presentaron 11 oferentes. En tanto, para el segundo correspondiente a la N° 8, desde el empalme de la N° 68 hasta La Esperanza, con una extensión de 128 kilómetros, se abrieron los sobres de un total de 8 empresas.
El ministro Echarren destacó el trabajo del equipo técnico de Vialidad Rionegrina y contextualizó la difícil situación que atraviesa la obra pública a nivel nacional. Destacó que en Río Negro «tenemos un Estado presente, un Estado que trabaja en la necesidad que tienen los vecinos», agregó.
«Hace poquitos días estuvimos con el gobernador inaugurando obras de gas en El Bolsón, tenemos para inaugurar obras de gas en Darwin, en Godoy, estuvimos inaugurando la la estación transformadora de Conesa y el edificio de Energía en Cipolletti, con lo cual desde el Gobierno nos hemos planteado, sobre todas las cosas, tratar de mantener con mucho esfuerzo las obras en Río Negro», indicó.
Por su parte Pesatti afirmó que «la obra pública es indisociable de uno de los roles que el Estado tiene que cumplir y no puede delegar. Sobre todo en una provincia tan grande como la nuestra y en la Región Sur, es fundamental desarrollar con inversión estatal».
«La 6 y la 8 son rutas que van a mejorar la dinámica de nuestro desenvolvimiento y es importante que podamos estar avanzando en el terreno de la obra pública en un contexto tan complejo como el actual», remarcó el vicegobernador.
Estuvieron presentes en el acto el ministro de Gobierno, Modernización, Turismo y Trabajo, Federico Lutz, el diputado Agustín Domingo, la jefa comunal de Los Menucos, Mabel Yahuar, el comisionado de Fomento de El Cuy, Jesus Peña, la Contadora General, Nancy Pico, la defensora del Pueblo, Adriana Santagatti, y los legisladores Facundo López y Soraya Yahuar.
El detalle de las ofertas:
Tramo 1:
Ingenieria y Arquitectura $15.439.760,721
UTE Hidraco SA y Briales SA 18.940.926.200
CN Sapag SA 14.974.365.810
Vial Agro SA $16.790.242.644
Luciano SA $18.390.162.973
Lemiro Pablo Pietroboni SA $16.687.712.446
Centro Construcciones SA $16.109.743.156
Roque Mocciola SA: 24.767.544.261
Plantel SA 17.254.735.316
Pose $16.492.285.527
Coarco SA $17.975.568.998
Tramo 2:
UTE Losi y Roque Mocciola $23.729.122.462
Lemiro Pablo Pietroboni $18.367.810.918
UTE Hidraco y Briales SA 19.411.683.431
Pose SA: $19.219.640.258
Coarco SA: $18.879.538.062
Centro Contrucciones SA $16.810.577.945
Vial Agro SA: $19.492.077.300
UTE Semisa Infraestructura e ingeniería y Arquitectura $17.694.895.387
¿Cuál es la importancia de la repavimentación de las Rutas N° 6 y N° 8?
Entre los principales objetivos, la obra busca reconstruir y jerarquizar las condiciones de seguridad vial de las dos rutas primarias de la Provincia, pretendiendo fomentar un manejo seguro para los diferentes tipos de usuarios que hacen uso del corredor vial.
Al unir el Alto Valle con la Región Sur, estas obras no solo fortalecen sectores productivos, sino que también impulsan el turismo, benefician a la industria hidrocarburífera y minera, mejoran la comunicación interregional y posicionan a la provincia en los corredores nacionales bioceánicos, especialmente en las Rutas Nacionales N° 22 y N° 23.
Hoy se realizó la apertura de sobres y licitación para las obras de repavimentación de estas dos rutas, un proyecto contempla la repavimentación de 151,40 km en diferentes espesores de acuerdo a la condición estructural y 23 km de microaglomerado en frío, a raíz de su mejor condición de origen.
De la misma manera, se harán obras complementarias adicionales como el acondicionamiento de banquinas, alambrado perimetral, colocación de tranqueras, accesos en intersecciones con rutas provinciales y en la localidad de El Cuy, un derivador iluminado y colectoras, reconstitución de alcantarillas, señalización horizontal y vertical y obras de defensa.
Además se llevará a cabo un puesto de control de pesaje dinámico en Paso Córdoba y control vehicular, con el fin de preservar las buenas condiciones del pavimento.
Cabe destacar que la Ruta N° 6 nace en el límite con La Pampa, sobre el dique Casa de Piedra, y culmina en la intersección con la Ruta Nacional N° 40 en cercanías a El Bolsón. En su recorrido, de 672 kilómetros, vincula Roca, El Cuy, Jacobacci, Ojos de Agua, Mamuel Choique, Río Chico y Ñorquinco.
En tanto, la N° 8 se desarrolla en el mismo sentido. Nace en la intersección con la N° 6 y finaliza, después de recorrer 246 kilómetros. Inicia a 28 km de El Cuy, pasa por Los Menucos y finaliza a 27 km de Pilquiniyeu, en el límite con Chubut.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.

El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.

Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.

Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.








