Política
Dos proyectos de ley buscan dar más herramientas a la policía y a los jueces
Las iniciativas son del Ejecutivo provincial. Modifican artículos del sistema procesal penal y el Código Contravencional.
El Poder Ejecutivo provincial, con acuerdo de ministros, envió dos proyectos de ley que introducen modificaciones al sistema procesal penal y al Código Contravencional de la Provincia de Río Negro.
El primer proyecto busca agregar el artículo 241 bis al Código Procesal Penal rionegrino para establecer que, una vez agotadas las instancias de juicio ordinarias y emitido el fallo del Tribunal de Impugnación, todos los recursos tendrán efecto devolutivo, sin suspender los efectos de la condena, permitiendo su ejecución inmediata.
En cuanto al segundo proyecto, pretende modificar la Ley 5292, Código Contravencional de la Provincia, para otorgar mayores facultades tanto a la Policía como a los jueces de Paz en la resolución de contravenciones y faltas. Se propuso la creación de la figura de la «demora preventiva» en contexto de flagrancia, permitiendo a la Policía detener en la flagrancia y el estado contravencional. Además, se propuso facultar a los jueces de Paz para dictar medidas cautelares, como prohibiciones de acercamiento o de asistencia a determinados lugares.
Los legisladores del oficialismo respaldan ambas iniciativas, argumentando la necesidad de actualizar la normativa y proporcionar herramientas efectivas tanto a las fuerzas policiales como a los jueces para resolver conflictos en la sociedad actual.
Pica y López: «Reformas necesarias y urgentes en el sistema procesal penal«
Al respecto de esta iniciativa los legisladores Lucas Pica y Facundo López manifestaron su categórico apoyo a la iniciativa. «Valoramos y apoyamos categóricamente la iniciativa. Primero porque no puede suceder que luego del fallo del Tribunal de Impugnación, que es la última instancia ordinaria que se expide, los condenados anden como si nada, hasta que tras largos años, se expida la Corte Suprema, quien por otro lado, no cuenta con un plazo cierto para resolver los recursos extraordinarios federales. Es dar vuelta la taba, poner las cosas en su lugar, el acusado cuenta con todas las garantías y con la doble instancia, pero lo que se plantea es que si quiere pueda seguir recurriendo pero que se comience a cumplir la pena mientras tanto. La realidad muestra que luego que se expide el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y tras años de espera la Corte, el porcentaje de sentencias revocatorias del máximo tribunal nacional es bajo. Tenemos que pensar en las víctimas que ven como los condenados en dos instancias andan como si nada hasta que la Corte se expida. Podemos dar fe de ello».
«Hace poco pudimos ver cómo un docente de Cipolletti condenado por abuso sexual en el Jardín de Infantes N° 85, estuvo sin cumplir condena por más de 7 años hasta que la Corte rechazó su último recurso y recién allí fue detenido. Esto no lo queremos más. Garantizada la doble instancia el proyecto propone que luego de ello se comience a ejecutar la pena, mientras se podrá recurrir pero sin suspender la ejecución. Es lo que se impone y es lo que está esperando la gente. Valoramos la decisión y el coraje que ella conlleva, pensar siempre en las víctimas», añadieron los parlamentarios de Juntos Somos Río Negro.
El otro proyecto propone modificar el Código Contravencional de la Provincia, la Ley N° 5292, para dotar de mayores herramientas tanto a la Policía como a los Jueces de Paz que son quienes tienen la competencia para intervenir en la resolución de las contravenciones y faltas.
Se propone crear la figura de la demora preventiva en contexto de flagrancia, es decir cuando se está cometiendo la contravención. Esto posibilitará que la Policía haga cesar la flagrancia y el estado contravencional. Si bien ya contaba con todas facultades preventivas y disuasivas que otorga la Ley Orgánica de la Policía Ley N° 5184, es importante reflejarlo expresamente en la normativa contravencional.
El proyecto también propone darle a los Jueces de Paz la posibilidad de dictar medidas cautelares que pueden resultar útiles para la resolución de conflictos, tales como, prohibición de acercamiento, prohibición de asistencia a determinados lugares, prohibición de comunicación y contacto entre otras.
Al respecto los legisladores manifestaron que «coincidimos en las modificaciones al Código Contravencional, fuimos los autores de la reforma de la anterior Ley 532 y tras casi dos años de vigencia en necesario aggiornar la normativa, darle más herramientas de pacificación a la Policía y darle a los jueces de Paz la posibilidad de dictar cautelares. La dinámica social actual así lo requiere».
Gremios
El Frente de Sindicatos Unidos exige un salario mínimo vital y móvil de $3.000.352
Representa más de 8 veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) reafirmó hoy (15/07) que las y los trabajadores necesitaron en junio pasado un Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352 para cubrir las 9 necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Representa más de 8 veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
«Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, que impulsó una serie de políticas para licuar salarios y combatir a las organizaciones sindicales, los asalariados perdieron más de 67 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales. Esa pérdida se aceleró en los últimos siete meses y los salarios reales del sector público cayeron más de 6%, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron más de 5%», indicaron.
«Ese ataque a quienes producimos es parte de una política de destrucción de la industria nacional, concentración económica, desigualdad creciente y debilitamiento de la representación democrática. Ante esto, vamos a seguir luchando por el salario digno y los derechos laborales, sindicales y democráticos de las y los trabajadores argentinos, por el desarrollo y la soberanía nacional», agregaron desde el FreSU.
«Durante este gobierno, cada trabajador y trabajadora del sector privado perdió más de 2,5 millones de pesos, en tanto que cada empleado estatal perdió más de 14 millones de pesos. Se trata de una destrucción de salarios que obligó a las y los trabajadores a endeudarse para sostener la vida cotidiana y la deuda de las familias creció en 46 billones de pesos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. La morosidad se multiplicó por 4 sólo en el último año y el mercado de crédito a los hogares se saturó. Los hogares ya no pueden tomar más deuda», explicaron.
Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toman como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales que establecidas por ley: Alimentación adecuada ($640.428); vivienda digna ($596.339); educación ($268.502); vestimenta ($148.624); salud ($365.553); transporte, esparcimiento y vacaciones ($650.867); y previsión social ($330.039).
El FreSU está integrado por organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales.
El 1° de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados que aprobó el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmaron que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».
Gremios
ATE demanda al Gobierno que dicte asueto administrativo a partir del mediodía del miércoles por el partido Argentina – Inglaterra
«Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió formalmente al Gobierno que dicte un asueto administrativo con cese de tareas para mañana miércoles (15/07) a partir de las 12 del mediodía que le permita a los trabajadores de toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, presenciar el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial de Fútbol.
«El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Demandamos que el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias. Por supuesto que, como siempre ocurre en estos casos, nos encargaremos de garantizar el funcionamiento de los servicios básicos y guardias mínimas para la atención de cualquier urgencia que pudiera surgir», completó el dirigente estatal.
En la comunicación dirigida al presidente Javier Milei, el sindicato estatal detalla que «tal como sucede en las festividades de fin de año y feriados nacionales, se deberían mantener guardias mínimas en sectores críticos, de manera de cubrir urgencias y emergencias».
Además, argumenta que «entidades de diversos sectores e instituciones ya se encuentran adaptando sus jornadas para permitir el seguimiento de este hito social y el Estado Nacional debería actuar en consonancia con la importancia de la fecha».
Cabe destacar que otros gobiernos han adoptado medidas similares durante esta misma edición de la Copa del Mundo, como sucedió en Paraguay decretando feriado tras la victoria en 16° de final contra Alemania. En Argentina, la provincia de Jujuy dispuso asueto administrativo el día del partido contra Egipto por 8° de final, mientras que La Rioja y San Juan habilitaron permisos para que los trabajadores de la administración pública se retiraran antes de finalizar su jornada laboral, sin afectar la prestación de los servicios esenciales.
Agro
Río Negro busca habilitar la venta legal de carne de jabalí y guanaco
El proyecto será enviado a la Legislatura y permitirá comercializar carne de jabalí y guanaco bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad. La iniciativa no modifica la normativa vigente sobre caza.
El Gobierno de Río Negro enviará a la Legislatura un proyecto para actualizar la Ley Provincial de Carnes, con el objetivo de incorporar nuevas alternativas de proteína animal al circuito formal de comercialización. La iniciativa permitirá que carnes provenientes de especies como el jabalí y el guanaco puedan venderse legalmente en carnicerías y establecimientos gastronómicos, bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad.
La propuesta busca que un recurso que actualmente se destina principalmente a la caza deportiva o al consumo particular pueda ingresar al mercado formal luego de atravesar establecimientos habilitados, controles veterinarios y fiscalización bromatológica.
El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, explicó que «el objetivo es generar las condiciones para aprovechar de manera segura una proteína disponible, garantizando todas las condiciones sanitarias y un marco legal para su comercialización».
El proyecto también responde al crecimiento de la población de jabalí europeo en la provincia. Según indicó el Gobierno, la expansión de esta especie exótica invasora provoca daños sobre cultivos y ecosistemas, mientras que la caza deportiva ya no resulta suficiente para controlar su avance.
En ese sentido, la iniciativa propone complementar el manejo poblacional con el aprovechamiento responsable del recurso, permitiendo que los animales capturados puedan destinarse al consumo humano una vez cumplidos todos los protocolos sanitarios.
La reforma no modifica la legislación vigente sobre fauna ni las condiciones para la actividad cinegética. La caza continuará regulada mediante permisos específicos, mientras que la nueva normativa establecerá el marco para la faena, procesamiento y comercialización formal de estas carnes bajo la supervisión de la Provincia, los municipios y el SENASA.
