Política
Dos proyectos de ley buscan dar más herramientas a la policía y a los jueces
Las iniciativas son del Ejecutivo provincial. Modifican artículos del sistema procesal penal y el Código Contravencional.
El Poder Ejecutivo provincial, con acuerdo de ministros, envió dos proyectos de ley que introducen modificaciones al sistema procesal penal y al Código Contravencional de la Provincia de Río Negro.
El primer proyecto busca agregar el artículo 241 bis al Código Procesal Penal rionegrino para establecer que, una vez agotadas las instancias de juicio ordinarias y emitido el fallo del Tribunal de Impugnación, todos los recursos tendrán efecto devolutivo, sin suspender los efectos de la condena, permitiendo su ejecución inmediata.
En cuanto al segundo proyecto, pretende modificar la Ley 5292, Código Contravencional de la Provincia, para otorgar mayores facultades tanto a la Policía como a los jueces de Paz en la resolución de contravenciones y faltas. Se propuso la creación de la figura de la «demora preventiva» en contexto de flagrancia, permitiendo a la Policía detener en la flagrancia y el estado contravencional. Además, se propuso facultar a los jueces de Paz para dictar medidas cautelares, como prohibiciones de acercamiento o de asistencia a determinados lugares.
Los legisladores del oficialismo respaldan ambas iniciativas, argumentando la necesidad de actualizar la normativa y proporcionar herramientas efectivas tanto a las fuerzas policiales como a los jueces para resolver conflictos en la sociedad actual.
Pica y López: «Reformas necesarias y urgentes en el sistema procesal penal«
Al respecto de esta iniciativa los legisladores Lucas Pica y Facundo López manifestaron su categórico apoyo a la iniciativa. «Valoramos y apoyamos categóricamente la iniciativa. Primero porque no puede suceder que luego del fallo del Tribunal de Impugnación, que es la última instancia ordinaria que se expide, los condenados anden como si nada, hasta que tras largos años, se expida la Corte Suprema, quien por otro lado, no cuenta con un plazo cierto para resolver los recursos extraordinarios federales. Es dar vuelta la taba, poner las cosas en su lugar, el acusado cuenta con todas las garantías y con la doble instancia, pero lo que se plantea es que si quiere pueda seguir recurriendo pero que se comience a cumplir la pena mientras tanto. La realidad muestra que luego que se expide el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y tras años de espera la Corte, el porcentaje de sentencias revocatorias del máximo tribunal nacional es bajo. Tenemos que pensar en las víctimas que ven como los condenados en dos instancias andan como si nada hasta que la Corte se expida. Podemos dar fe de ello».
«Hace poco pudimos ver cómo un docente de Cipolletti condenado por abuso sexual en el Jardín de Infantes N° 85, estuvo sin cumplir condena por más de 7 años hasta que la Corte rechazó su último recurso y recién allí fue detenido. Esto no lo queremos más. Garantizada la doble instancia el proyecto propone que luego de ello se comience a ejecutar la pena, mientras se podrá recurrir pero sin suspender la ejecución. Es lo que se impone y es lo que está esperando la gente. Valoramos la decisión y el coraje que ella conlleva, pensar siempre en las víctimas», añadieron los parlamentarios de Juntos Somos Río Negro.
El otro proyecto propone modificar el Código Contravencional de la Provincia, la Ley N° 5292, para dotar de mayores herramientas tanto a la Policía como a los Jueces de Paz que son quienes tienen la competencia para intervenir en la resolución de las contravenciones y faltas.
Se propone crear la figura de la demora preventiva en contexto de flagrancia, es decir cuando se está cometiendo la contravención. Esto posibilitará que la Policía haga cesar la flagrancia y el estado contravencional. Si bien ya contaba con todas facultades preventivas y disuasivas que otorga la Ley Orgánica de la Policía Ley N° 5184, es importante reflejarlo expresamente en la normativa contravencional.
El proyecto también propone darle a los Jueces de Paz la posibilidad de dictar medidas cautelares que pueden resultar útiles para la resolución de conflictos, tales como, prohibición de acercamiento, prohibición de asistencia a determinados lugares, prohibición de comunicación y contacto entre otras.
Al respecto los legisladores manifestaron que «coincidimos en las modificaciones al Código Contravencional, fuimos los autores de la reforma de la anterior Ley 532 y tras casi dos años de vigencia en necesario aggiornar la normativa, darle más herramientas de pacificación a la Policía y darle a los jueces de Paz la posibilidad de dictar cautelares. La dinámica social actual así lo requiere».
Política
Río Negro ratificó Argentina GNL y consolida su rumbo energético
Por amplia mayoría, la Legislatura de Río Negro aprobó el convenio para el proyecto Argentina GNL.
Río Negro dio un paso histórico para consolidar el proyecto Argentina GNL, la iniciativa energética más importante del país y el eje de la nueva etapa productiva que transforma la provincia. Con amplia mayoría, la Legislatura aprobó el convenio entre la Provincia, Argentina GNL e YPF, impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck. «Se ratificó el rumbo que posiciona a Río Negro como motor de la nueva etapa energética de Argentina», indicó.
El acuerdo otorga previsibilidad jurídica e institucional a una inversión de largo plazo que consolida a Río Negro como puerta de salida al mundo de la energía proveniente de Vaca Muerta.
La ratificación del convenio asegura reglas claras en materia de permisos, inversión y aportes económicos para la Provincia, con foco en el empleo local, el desarrollo de proveedores rionegrinos y la infraestructura estratégica para la exportación. Se consolida así un círculo virtuoso: inversión, recursos, obras y desarrollo territorial.
En un contexto nacional complejo, la Provincia reafirma su autonomía y la decisión de defender sus intereses, garantizando que los recursos generados por esta nueva etapa productiva queden en Río Negro y se transformen en trabajo y oportunidades para su gente.
«Esta ley vincula a Río Negro con YPF y el proyecto Argentina GNL. Nos permitirá generar 40.000 puestos de trabajo», destacó Weretilneck, y agregó que «planificamos un modelo de desarrollo que garantice oportunidades para nuestros jóvenes, comerciantes y empresarios».
Política
Desde Punta Colorada, se abre una nueva etapa productiva en la Patagonia
Los proyectos energéticos marcan el rumbo productivo de la provincia.
La terminal de exportación del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada alcanzó el 54% de avance y se consolida como una de las obras energéticas más importantes del país. Con más de 10.000 trabajadores directos e indirectos en actividad, el movimiento permanente en el Golfo San Matías marca un punto de inflexión para Sierra Grande y para toda la provincia.
El gobernador Alberto Weretilneck recorrió los trabajos e inauguró las nuevas oficinas de la empresa en la ciudad, junto a su par neuquino, Rolando Figueroa, el presidente de YPF, Horacio Marín y el CEO de VMOS, Gustavo Chaab. Participaron la intendenta Roxana Fernández; el vicegobernador Pedro Pesatti, entre otras autoridades provinciales y municipales, representantes de empresas y dirigentes sindicales.
«Es fuerte. Uno no termina de emocionarse cuando ve cómo los sueños y las expectativas de miles de personas se transforman en una realidad», expresó Weretilneck, visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas. Recordó el dolor y el desarraigo que atravesó Sierra Grande y aseguró que lo que hoy se vive «no son proyectos ni papeles, son hechos concretos que empiezan a cambiar la historia».
En ese marco, el gobernador fue categórico: «Es la primera vez que la Patagonia industrializa sus recursos». Señaló que durante décadas la región fue proveedora de materia prima sin capturar el valor agregado, viendo pasar la riqueza sin que quedara plenamente en el territorio. «Hoy eso cambia. Producimos, procesamos y exportamos desde nuestro golfo, generando trabajo, infraestructura y desarrollo para nuestra gente», afirmó, posicionando esta etapa como un verdadero punto fundacional.
Weretilneck destacó que acompañar el ritmo de la industria implicó decisiones firmes, estabilidad fiscal y reglas claras. «Nada de esto hubiese sido posible sin liderazgo político para cambiar normas que impedían exportar energía desde este golfo. Defendimos los intereses de Río Negro y generamos las condiciones para que las inversiones lleguen», sostuvo.
El impacto ya es concreto: más del 80% de los trabajadores son rionegrinos, en cumplimiento de la Ley 80/20 impulsada por el Gobernador; ya se distribuyeron más de U$S 120 millones en salarios en la provincia y la actividad moviliza proveedores, transporte y servicios en toda la región. Para Weretilneck, estos números «son familias que vuelven a proyectar, jóvenes que encuentran oportunidades y una comunidad que recupera autoestima».
La nueva etapa productiva no termina en VMOS. Se suman los proyectos de GNL, con Southern Energy (SESA) y Argentina GNL, integrando a las principales compañías petroleras del mundo. Desde el Golfo San Matías, Río Negro se consolida como plataforma internacional de exportación de gas y petróleo. A partir de 2032, por Sierra Grande se exportarán entre U$S 30.000 y U$S 40.000 millones anuales, con flujo constante y sin depender del clima.
El primer gran proyecto privado de infraestructura energética
Horacio Marín sostuvo que VMOS es el primer gran proyecto privado de infraestructura energética de esta magnitud en la Argentina y uno de los más relevantes de América Latina por su esquema de financiamiento y articulación empresaria. Remarcó que la decisión de invertir en Río Negro respondió a previsibilidad, reglas claras y condiciones técnicas adecuadas para exportar al mundo.
El presidente de YPF subrayó que los plazos son determinantes y que cada día cuenta. «Nuestro trabajo es hacer, y hacerlo de la manera más eficiente posible. Esta obra no puede detenerse porque cada día es clave para la Argentina», afirmó, destacando el compromiso operativo de todas las compañías involucradas.
Compromiso local y desarrollo sostenido
Por su parte, Gustavo Chaab aseguró que el proyecto alcanzó el 54% de avance físico pese a condiciones climáticas adversas y a la complejidad logística. Agradeció el esfuerzo de los trabajadores y ratificó que el objetivo es cumplir los plazos establecidos.
Chaab remarcó que la inauguración de las oficinas en Sierra Grande consolida la decisión de integrarse plenamente a la comunidad. Indicó que casi el 50% de los trabajadores ya pertenecen a la localidad y que se prioriza la contratación de proveedores y mano de obra regional, fortaleciendo el entramado productivo.
Una ciudad que vuelve a proyectarse
Roxana Fernández valoró que «muchos trabajadores que golpeaban puertas buscando empleo hoy están trabajando» y definió el avance como «más que una luz de esperanza para una ciudad que la peleó tanto».
La terminal de Punta Colorada no es solo una obra en ejecución: es un nuevo hito en la historia rionegrina. Como el desarrollo de los valles, el ferrocarril o el Plan Castello, esta etapa funda los próximos 30 o 40 años. Por primera vez, la Patagonia industrializa sus recursos desde su propio territorio. Río Negro tiene rumbo, tiene plan y tiene conducción.
Impacto provincial del proyecto VMOS
En el marco de la recorrida, el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino, presentó los principales indicadores de impacto del proyecto en la provincia. Más del 80% de las contrataciones corresponden a empresas locales en servicios y provisión de insumos y herramientas, y ya se superaron los U$S 200 millones en contrataciones a firmas rionegrinas.
Además, se invirtieron más de U$S 8 millones en compra de terrenos, servidumbres y tasas; se registran más de 3.600.000 horas de trabajo local y más de 500 personas ingresaron al proyecto como ayudantes, trabajadores calificados y oficiales. Datos que confirman que esta nueva etapa productiva no solo exporta energía: deja empleo, recursos y desarrollo en Río Negro.
Política
La UNRN declaró la emergencia presupuestaria y salarial
El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro emitió, en su primera sesión ordinaria del año, una declaración de emergencia presupuestaria, salarial y en defensa de la legalidad.
Votada por unanimidad, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) expresó que la situación actual de las universidades nacionales y de la UNRN configura «una emergencia que compromete el sostenimiento del sistema universitario público, gratuito y de calidad». Al mismo tiempo, denunció una «crítica situación» que afecta tanto el funcionamiento normal de la institución como el poder adquisitivo de los trabajadores.
La declaración del Consejo de Programación y Gestión Estratégica además expresó una especial preocupación por el impacto que esta situación presupuestaria tiene en las becas estudiantiles, exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazaron el desfinanciamiento como política pública.
En este sentido, el Consejo manifestó su profunda preocupación «por la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario nacional, la cual se ha agravado de manera sostenida en el último tiempo, comprometiendo seriamente el normal funcionamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de sus funciones esenciales de enseñanza, investigación, extensión y vinculación con la sociedad».
En este contexto, advierte con especial preocupación «el impacto de esta situación sobre las políticas de bienestar estudiantil, en particular sobre el sistema de becas, cuya insuficiencia y falta de actualización en un escenario de alta inflación afecta directamente la permanencia de estudiantes y profundiza las desigualdades en el acceso a la educación superior».
«Que esta situación no constituye un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que es la continuidad de un proceso de deterioro que ya fuera advertido por este Consejo en reiteradas oportunidades, y que ha derivado en una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes, así como en una reducción real de los recursos destinados al funcionamiento universitario, la investigación científica y las políticas de inclusión», agregaron.
«Que la sanción de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario representó una respuesta institucional del Congreso de la Nación para garantizar condiciones mínimas de sostenibilidad del sistema, estableciendo obligaciones claras en materia de recomposición salarial, actualización presupuestaria y financiamiento de las universidades», indicaron los representantes de la UNRN en el Consejo.
«Que, sin embargo, la falta de cumplimiento efectivo de dicha ley y de los fallos judiciales asociados profundiza la incertidumbre y agrava el escenario actual, generando un impacto directo en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores universitarios y en las trayectorias educativas de miles de estudiantes», añadieron.
«Que las propuestas formuladas en el ámbito nacional, basadas en incrementos insuficientes, no retroactivos y diferidos, no permiten recomponer la pérdida acumulada ni resultan compatibles con el marco legal vigente, comprometiendo la sostenibilidad del sistema universitario público», indicaron.
«Que el presente pronunciamiento se formula, además, en un contexto de marcada restricción presupuestaria para la UNRN. Para el ejercicio 2026, esta Casa de Estudios solicitó un presupuesto total de $ 80.267.165.162,97, mientras que el crédito otorgado en la Ley de Presupuesto asciende a $ 36.153.032.028, lo que representa aproximadamente el 45,04 % de lo requerido, generando una brecha de financiamiento de $ 44.114.133.134,97. A ello se suma que, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la inflación acumulada (IPC nivel general) fue del orden del 259,3 %, incrementando de manera sustantiva los costos de funcionamiento», expresaron.
«Que esta combinación de subfinanciamiento, pérdida salarial y aumento sostenido de costos configura una situación crítica que afecta integralmente el funcionamiento de la Universidad y limita su capacidad de sostener sus actividades académicas, científicas y de extensión», explicaron.
«Que el desfinanciamiento del sistema universitario no constituye un problema sectorial, sino una definición de política pública que impacta directamente en el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país».
«Que, en este contexto, este Consejo considera que la situación actual configura una emergencia de carácter integral que compromete el sostenimiento del sistema universitario público».
«Que la UNRN ha definido oportunamente acciones institucionales en defensa del financiamiento universitario, incluyendo la promoción de acciones administrativas y judiciales tendientes a garantizar la efectiva aplicación de la normativa vigente».
«En virtud de lo expuesto, este Consejo ratifica la vigencia de la emergencia presupuestaria de la UNRN entendiendo que la misma se ha profundizado en el actual contexto».
«Asimismo, reafirma la defensa irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario y exige su cumplimiento integral, inmediato y efectivo, como condición indispensable para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional».
En ese marco, «expresa su pleno respaldo a las acciones administrativas y judiciales en curso destinadas a asegurar la aplicación de la ley y resguardar la sostenibilidad del sistema».
«Del mismo modo, este Consejo ratifica la facultad otorgada al Señor Rector para llevar adelante todas las acciones necesarias, en articulación con el Consejo Interuniversitario Nacional y el conjunto de las universidades nacionales, a fin de gestionar y garantizar los recursos indispensables para el funcionamiento institucional, la recomposición salarial (convocando de manera urgente a paritarias nacionales) y el sostenimiento de las políticas de bienestar estudiantil».
Finalmente, se insta al Poder Ejecutivo Nacional a «asumir la responsabilidad que le corresponde en el financiamiento del sistema universitario público, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la asignación de recursos acordes a la importancia estratégica que la educación superior tiene para el desarrollo del país».
La UNRN reafirma su compromiso con «la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, como base del desarrollo nacional y la movilidad social», concluyeron.
