El Poder Ejecutivo provincial, con acuerdo de ministros, envió dos proyectos de ley que introducen modificaciones al sistema procesal penal y al Código Contravencional de la Provincia de Río Negro.

El primer proyecto busca agregar el artículo 241 bis al Código Procesal Penal rionegrino para establecer que, una vez agotadas las instancias de juicio ordinarias y emitido el fallo del Tribunal de Impugnación, todos los recursos tendrán efecto devolutivo, sin suspender los efectos de la condena, permitiendo su ejecución inmediata.

En cuanto al segundo proyecto, pretende modificar la Ley 5292, Código Contravencional de la Provincia, para otorgar mayores facultades tanto a la Policía como a los jueces de Paz en la resolución de contravenciones y faltas. Se propuso la creación de la figura de la «demora preventiva» en contexto de flagrancia, permitiendo a la Policía detener en la flagrancia y el estado contravencional. Además, se propuso facultar a los jueces de Paz para dictar medidas cautelares, como prohibiciones de acercamiento o de asistencia a determinados lugares.

Los legisladores del oficialismo respaldan ambas iniciativas, argumentando la necesidad de actualizar la normativa y proporcionar herramientas efectivas tanto a las fuerzas policiales como a los jueces para resolver conflictos en la sociedad actual.

Pica y López: «Reformas necesarias y urgentes en el sistema procesal penal«

Al respecto de esta iniciativa los legisladores Lucas Pica y Facundo López manifestaron su categórico apoyo a la iniciativa. «Valoramos y apoyamos categóricamente la iniciativa. Primero porque no puede suceder que luego del fallo del Tribunal de Impugnación, que es la última instancia ordinaria que se expide, los condenados anden como si nada, hasta que tras largos años, se expida la Corte Suprema, quien por otro lado, no cuenta con un plazo cierto para resolver los recursos extraordinarios federales. Es dar vuelta la taba, poner las cosas en su lugar, el acusado cuenta con todas las garantías y con la doble instancia, pero lo que se plantea es que si quiere pueda seguir recurriendo pero que se comience a cumplir la pena mientras tanto. La realidad muestra que luego que se expide el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y tras años de espera la Corte, el porcentaje de sentencias revocatorias del máximo tribunal nacional es bajo. Tenemos que pensar en las víctimas que ven como los condenados en dos instancias andan como si nada hasta que la Corte se expida. Podemos dar fe de ello».

«Hace poco pudimos ver cómo un docente de Cipolletti condenado por abuso sexual en el Jardín de Infantes N° 85, estuvo sin cumplir condena por más de 7 años hasta que la Corte rechazó su último recurso y recién allí fue detenido. Esto no lo queremos más. Garantizada la doble instancia el proyecto propone que luego de ello se comience a ejecutar la pena, mientras se podrá recurrir pero sin suspender la ejecución. Es lo que se impone y es lo que está esperando la gente. Valoramos la decisión y el coraje que ella conlleva, pensar siempre en las víctimas», añadieron los parlamentarios de Juntos Somos Río Negro.

El otro proyecto propone modificar el Código Contravencional de la Provincia, la Ley N° 5292, para dotar de mayores herramientas tanto a la Policía como a los Jueces de Paz que son quienes tienen la competencia para intervenir en la resolución de las contravenciones y faltas.

Se propone crear la figura de la demora preventiva en contexto de flagrancia, es decir cuando se está cometiendo la contravención. Esto posibilitará que la Policía haga cesar la flagrancia y el estado contravencional. Si bien ya contaba con todas facultades preventivas y disuasivas que otorga la Ley Orgánica de la Policía Ley N° 5184, es importante reflejarlo expresamente en la normativa contravencional.

El proyecto también propone darle a los Jueces de Paz la posibilidad de dictar medidas cautelares que pueden resultar útiles para la resolución de conflictos, tales como, prohibición de acercamiento, prohibición de asistencia a determinados lugares, prohibición de comunicación y contacto entre otras.

Al respecto los legisladores manifestaron que «coincidimos en las modificaciones al Código Contravencional, fuimos los autores de la reforma de la anterior Ley 532 y tras casi dos años de vigencia en necesario aggiornar la normativa, darle más herramientas de pacificación a la Policía y darle a los jueces de Paz la posibilidad de dictar cautelares. La dinámica social actual así lo requiere».