Política
Dos proyectos de ley buscan dar más herramientas a la policía y a los jueces
Las iniciativas son del Ejecutivo provincial. Modifican artículos del sistema procesal penal y el Código Contravencional.
El Poder Ejecutivo provincial, con acuerdo de ministros, envió dos proyectos de ley que introducen modificaciones al sistema procesal penal y al Código Contravencional de la Provincia de Río Negro.
El primer proyecto busca agregar el artículo 241 bis al Código Procesal Penal rionegrino para establecer que, una vez agotadas las instancias de juicio ordinarias y emitido el fallo del Tribunal de Impugnación, todos los recursos tendrán efecto devolutivo, sin suspender los efectos de la condena, permitiendo su ejecución inmediata.
En cuanto al segundo proyecto, pretende modificar la Ley 5292, Código Contravencional de la Provincia, para otorgar mayores facultades tanto a la Policía como a los jueces de Paz en la resolución de contravenciones y faltas. Se propuso la creación de la figura de la «demora preventiva» en contexto de flagrancia, permitiendo a la Policía detener en la flagrancia y el estado contravencional. Además, se propuso facultar a los jueces de Paz para dictar medidas cautelares, como prohibiciones de acercamiento o de asistencia a determinados lugares.
Los legisladores del oficialismo respaldan ambas iniciativas, argumentando la necesidad de actualizar la normativa y proporcionar herramientas efectivas tanto a las fuerzas policiales como a los jueces para resolver conflictos en la sociedad actual.
Pica y López: «Reformas necesarias y urgentes en el sistema procesal penal«
Al respecto de esta iniciativa los legisladores Lucas Pica y Facundo López manifestaron su categórico apoyo a la iniciativa. «Valoramos y apoyamos categóricamente la iniciativa. Primero porque no puede suceder que luego del fallo del Tribunal de Impugnación, que es la última instancia ordinaria que se expide, los condenados anden como si nada, hasta que tras largos años, se expida la Corte Suprema, quien por otro lado, no cuenta con un plazo cierto para resolver los recursos extraordinarios federales. Es dar vuelta la taba, poner las cosas en su lugar, el acusado cuenta con todas las garantías y con la doble instancia, pero lo que se plantea es que si quiere pueda seguir recurriendo pero que se comience a cumplir la pena mientras tanto. La realidad muestra que luego que se expide el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y tras años de espera la Corte, el porcentaje de sentencias revocatorias del máximo tribunal nacional es bajo. Tenemos que pensar en las víctimas que ven como los condenados en dos instancias andan como si nada hasta que la Corte se expida. Podemos dar fe de ello».
«Hace poco pudimos ver cómo un docente de Cipolletti condenado por abuso sexual en el Jardín de Infantes N° 85, estuvo sin cumplir condena por más de 7 años hasta que la Corte rechazó su último recurso y recién allí fue detenido. Esto no lo queremos más. Garantizada la doble instancia el proyecto propone que luego de ello se comience a ejecutar la pena, mientras se podrá recurrir pero sin suspender la ejecución. Es lo que se impone y es lo que está esperando la gente. Valoramos la decisión y el coraje que ella conlleva, pensar siempre en las víctimas», añadieron los parlamentarios de Juntos Somos Río Negro.
El otro proyecto propone modificar el Código Contravencional de la Provincia, la Ley N° 5292, para dotar de mayores herramientas tanto a la Policía como a los Jueces de Paz que son quienes tienen la competencia para intervenir en la resolución de las contravenciones y faltas.
Se propone crear la figura de la demora preventiva en contexto de flagrancia, es decir cuando se está cometiendo la contravención. Esto posibilitará que la Policía haga cesar la flagrancia y el estado contravencional. Si bien ya contaba con todas facultades preventivas y disuasivas que otorga la Ley Orgánica de la Policía Ley N° 5184, es importante reflejarlo expresamente en la normativa contravencional.
El proyecto también propone darle a los Jueces de Paz la posibilidad de dictar medidas cautelares que pueden resultar útiles para la resolución de conflictos, tales como, prohibición de acercamiento, prohibición de asistencia a determinados lugares, prohibición de comunicación y contacto entre otras.
Al respecto los legisladores manifestaron que «coincidimos en las modificaciones al Código Contravencional, fuimos los autores de la reforma de la anterior Ley 532 y tras casi dos años de vigencia en necesario aggiornar la normativa, darle más herramientas de pacificación a la Policía y darle a los jueces de Paz la posibilidad de dictar cautelares. La dinámica social actual así lo requiere».
Política
Coparticipación: Culminó la ronda de diálogo en toda la provincia
Desde el Gobierno provincial aseguraron que se buscará avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
El Gobierno de Río Negro llevó adelante la última mesa de trabajo con intendentes, en el marco del proceso de actualización de los índices de coparticipación, completando así la ronda de encuentros con todas las regiones de la provincia.
Del encuentro participaron los intendentes Marcelo Román de Allen; Daniel Hernández de Campo Grande; Daniela Salzotto de Catriel; Enrique Rossi de Cinco Saltos; Rodrigo Buteler de Cipolletti; Horacio Zúñiga de Contralmirante Cordero; y María Emilia Soria de General Roca.
La reunión fue encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, acompañado por la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.
Durante la jornada, y en base al diálogo y el consenso, se tomó nota de cada una de las propuestas presentadas por los municipios, con el objetivo de analizarlas y avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
«Estamos llevando adelante un proceso serio, responsable y profundamente federal. Escuchamos a cada municipio, tomamos sus propuestas y trabajamos en conjunto para construir una herramienta más justa, actualizada y acorde a la realidad de la provincia», expresó Ríos.
El Ministro remarcó además que «este proceso se sostiene en el diálogo permanente y en la convicción de que ningún municipio se verá perjudicado, sino que buscamos fortalecer a cada comunidad en función de su realidad».
Finalizadas estas rondas de trabajo, el Gobierno Provincial ahora analizará integralmente todas las propuestas para definir la mejor actualización de los índices de coparticipación, propuestos a avanzar en base al diálogo y el consenso construido con los municipios.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
