Política
Dos proyectos de ley buscan dar más herramientas a la policía y a los jueces
Las iniciativas son del Ejecutivo provincial. Modifican artículos del sistema procesal penal y el Código Contravencional.
El Poder Ejecutivo provincial, con acuerdo de ministros, envió dos proyectos de ley que introducen modificaciones al sistema procesal penal y al Código Contravencional de la Provincia de Río Negro.
El primer proyecto busca agregar el artículo 241 bis al Código Procesal Penal rionegrino para establecer que, una vez agotadas las instancias de juicio ordinarias y emitido el fallo del Tribunal de Impugnación, todos los recursos tendrán efecto devolutivo, sin suspender los efectos de la condena, permitiendo su ejecución inmediata.
En cuanto al segundo proyecto, pretende modificar la Ley 5292, Código Contravencional de la Provincia, para otorgar mayores facultades tanto a la Policía como a los jueces de Paz en la resolución de contravenciones y faltas. Se propuso la creación de la figura de la «demora preventiva» en contexto de flagrancia, permitiendo a la Policía detener en la flagrancia y el estado contravencional. Además, se propuso facultar a los jueces de Paz para dictar medidas cautelares, como prohibiciones de acercamiento o de asistencia a determinados lugares.
Los legisladores del oficialismo respaldan ambas iniciativas, argumentando la necesidad de actualizar la normativa y proporcionar herramientas efectivas tanto a las fuerzas policiales como a los jueces para resolver conflictos en la sociedad actual.
Pica y López: «Reformas necesarias y urgentes en el sistema procesal penal«
Al respecto de esta iniciativa los legisladores Lucas Pica y Facundo López manifestaron su categórico apoyo a la iniciativa. «Valoramos y apoyamos categóricamente la iniciativa. Primero porque no puede suceder que luego del fallo del Tribunal de Impugnación, que es la última instancia ordinaria que se expide, los condenados anden como si nada, hasta que tras largos años, se expida la Corte Suprema, quien por otro lado, no cuenta con un plazo cierto para resolver los recursos extraordinarios federales. Es dar vuelta la taba, poner las cosas en su lugar, el acusado cuenta con todas las garantías y con la doble instancia, pero lo que se plantea es que si quiere pueda seguir recurriendo pero que se comience a cumplir la pena mientras tanto. La realidad muestra que luego que se expide el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y tras años de espera la Corte, el porcentaje de sentencias revocatorias del máximo tribunal nacional es bajo. Tenemos que pensar en las víctimas que ven como los condenados en dos instancias andan como si nada hasta que la Corte se expida. Podemos dar fe de ello».
«Hace poco pudimos ver cómo un docente de Cipolletti condenado por abuso sexual en el Jardín de Infantes N° 85, estuvo sin cumplir condena por más de 7 años hasta que la Corte rechazó su último recurso y recién allí fue detenido. Esto no lo queremos más. Garantizada la doble instancia el proyecto propone que luego de ello se comience a ejecutar la pena, mientras se podrá recurrir pero sin suspender la ejecución. Es lo que se impone y es lo que está esperando la gente. Valoramos la decisión y el coraje que ella conlleva, pensar siempre en las víctimas», añadieron los parlamentarios de Juntos Somos Río Negro.
El otro proyecto propone modificar el Código Contravencional de la Provincia, la Ley N° 5292, para dotar de mayores herramientas tanto a la Policía como a los Jueces de Paz que son quienes tienen la competencia para intervenir en la resolución de las contravenciones y faltas.
Se propone crear la figura de la demora preventiva en contexto de flagrancia, es decir cuando se está cometiendo la contravención. Esto posibilitará que la Policía haga cesar la flagrancia y el estado contravencional. Si bien ya contaba con todas facultades preventivas y disuasivas que otorga la Ley Orgánica de la Policía Ley N° 5184, es importante reflejarlo expresamente en la normativa contravencional.
El proyecto también propone darle a los Jueces de Paz la posibilidad de dictar medidas cautelares que pueden resultar útiles para la resolución de conflictos, tales como, prohibición de acercamiento, prohibición de asistencia a determinados lugares, prohibición de comunicación y contacto entre otras.
Al respecto los legisladores manifestaron que «coincidimos en las modificaciones al Código Contravencional, fuimos los autores de la reforma de la anterior Ley 532 y tras casi dos años de vigencia en necesario aggiornar la normativa, darle más herramientas de pacificación a la Policía y darle a los jueces de Paz la posibilidad de dictar cautelares. La dinámica social actual así lo requiere».
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
Policiales
Firmaron el contrato para ampliar el Centro de Monitoreo 911 de Roca
Es en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento de la ciudad.
Con una inversión cercana a los $125 millones, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, rubricaron el acuerdo con la empresa INCO SRL para iniciar las obras en el edificio de la Comisaría 3°, una acción que demuestra previsibilidad y fortalece el sistema de prevención y seguridad ciudadana en la región.
La obra, estratégica para el Alto Valle, se desarrollará en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, lugar donde actualmente opera el 911. La intervención comprende la construcción de 56,7 m2 nuevos y la refacción de 19 m2 existentes. Esta refuncionalización permitirá adaptar el espacio a las necesidades del personal y albergar nuevo equipamiento tecnológico, mejorando drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias.
Durante la firma, el ministro Echarren destacó que esta obra no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado. «Como remarcó el gobernador Alberto Weretilneck al principio de la gestión, fortalecer el sistema de seguridad requiere un trabajo en conjunto. Es imposible que el Ministerio de Seguridad pudiera hacer obras por cuenta propia si no lo acompaña Obras Públicas con la parte técnica. Este trabajo en equipo nos permite brindar respuestas a la comunidad con obras concretas».
Un modelo de gestión coordinada
Echarren valoró los grandes acuerdos alcanzados con las gestiones locales para avanzar en materia de seguridad en todo el territorio a través del programa Junto al Municipio. «Esta coordinación con los intendentes nos ha permitido culminar los Centros de Monitoreo de Cinco Saltos, San Antonio Oeste y Villa Regina. Además, estamos terminando el de El Bolsón y próximos a llamar a licitación el de Fernández Oro», detalló.
Para finalizar, el titular de Obras y Servicios Públicos repasó otras inversiones estratégicas que demuestran que Río Negro sigue en marcha: «Estamos diseñando algo sumamente novedoso para Viedma con la Comisaría 1º, y profundizando las inversiones en el sistema carcelario, con la reciente firma del contrato para la ampliación del Complejo Penal de Viedma y abocados a avanzar con el de Cipolletti. Lo central es que Río Negro funciona, da previsibilidad y cuida a sus vecinos».
