Judiciales
Culminó el juicio contra cuatro personas por presunta defraudación al IPROSS
El Tribunal dará a conocer la sentencia el próximo viernes 22 de marzo. El debate inició el año pasado y declararon 312 testigos.
Luego de tres días de alegatos, concluyó hoy (09/03) al mediodía el debate oral y público que se llevó adelante contra cuatro personas acusadas por el Ministerio Público Fiscal de haber defraudado a la obra social provincial IPROSS, a través de presuntas ventas simuladas de medicamentos.
De esta manera y luego de 95 jornadas de debate que iniciaron el 27 de junio del año pasado, se cerró la etapa en que las partes acusadoras y las defensas particulares expusieron sus alegatos respecto de la responsabilidad penal de tres hombres propietarios de farmacias de General Roca y una mujer que se desempeñaba como auditoria del Colegio de Farmacéuticos.
La primera jornada de alegatos se desarrolló el jueves (07/03) a la tarde cuando el equipo fiscal, conformado por la fiscal jefa Teresa Giuffrida y los fiscales del caso, Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos, explicó por qué consideran que los imputados debían ser declarados responsables.
Al día siguiente la querella, en nombre del Estado provincial como damnificado, adhirió a dicho pedido solicitando también que se declare responsable penal a cada uno de los tres hombres, de manera individual como autores de «estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas contra la Administración Pública» (Artículos 174 inc 5 en función del 172 del Código Penal, todos hechos reiterados en concurso real, según el Artículo 55). Mientras que se sumó al requirimiento de que la mujer sea considerada coautora de esos hechos.
Durante la tarde del viernes (08/03) y la mañana de hoy, las defensas particulares pidieron la no culpabilidad para sus asistidos.
Cabe recordar que durante el debate se escucharon alrededor de 312 testigos: 234 propuestos por la acusación, 28 de las defensas y 50 testigos comunes. Entre ellos pacientes de IPROSS, dueños y empleados de farmacias, representantes de droguerías, agentes de la obra social y funcionarios de distintas áreas del gobierno provincial. También a numerosos peritos y expertos que abordaron la prueba informática, contable, caligráfica y criminalística, entre otras especialidades.
El Tribunal de Juicio integrado por la jueza Laura Pérez y los jueces Oscar Gatti y Luciano Garrido, junto a Claudia Lemunao como magistrada suplente, dará a conocer su resolución el próximo viernes 22 de marzo a las 8.30.
Alegatos del Ministerio Público Fiscal
La acusación pública explicó durante sus alegatos detalladamente el origen de la causa, las maniobras a través de las cuales se perpetró la estafa y enfatizó en el papel de la auditora. Todo ello aludiendo a diversos testimonios que se escucharon en las audiencias. Focalizó en la relación entre los imputados y la connivencia entre ellos.
La fiscal jefa enfatizó en la prueba pericial de informática forense. «Permitió acreditar todos los hechos que la Fiscalía trajo a juicio. Desde el 20 de mayo de 2019 donde se realizó el procedimiento iniciado en el Colegio de Farmacéuticos, la extracción del sistema Xaron y Xeron, la realización de las planillas de análisis», indicó.
También describió datos relativos a la pericia contable. Ambos estudios fueron concretados por profesionales pertenecientes al Poder Judicial, y fue prueba a la que también tuvieron acceso los peritos de la defensa particular.
Además explicaron cómo era la maniobra efectuada valiéndose para ello de los afiliados a la obra social provincial que desconocían tal situación. «El relevamiento que mostramos de las recetas es demostrativo. No se encontró ni una sola receta física de los medicamentos supuestamente vendidos a los afiliados de IPROSS, que estuvieron en esta sala como testigos y dijeron no haber recibido esa medicación. Todo es ficticio».
«A mayor ahondamiento, tenemos el ejemplo de un afiliado que fallece y realizando la pericia encontramos cargas de medicamentos para esa persona luego de que se registrara su muerte. Se suman los múltiples afiliados que declararon tanto no haber comprado en alguna de esas farmacias, o que no presentaban esas enfermedades o que no vivían en la ciudad de la farmacia», agregaron antes de requerir la culpabilidad de los acusados y la acusada.
Judiciales
El miércoles comienza el juicio al periodista Emiliano Gatti
El ex conductor de Canal 10 está imputado por facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.
El periodista acusado de facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, Emiliano Gatti, irá a juicio a partir del próximo miércoles (15/05) luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso de la defensa para acceder a una «probation».
Ya el Tribunal de Impugnación había confirmado la decisión de dos jueces de Roca que denegaron la opción de una «probation». De esta manera se afianzó la proyección del juicio oral y público que la Oficina Judicial de Roca fijó para este mes, aunque la defensa del imputado volvió a interponer otro recurso ante el STJ, el cual también fue rechazado.
Cabe recordar que Gatti, de 53 años, fue detenido luego de un megaoperativo policial, que tuvo alrededor de 90 allanamientos en todo el país. Agentes de la Policía ingresaron al departamento del conductor en la madrugada del martes 15 de noviembre de 2022, ubicado en Islas Malvinas y Tres Arroyos de General Roca. Los oficiales rompieron la puerta y arrestaron a Gatti. También secuestraron computadoras y aparatos que contendrían imágenes de abuso sexual infantil, las cuales fueron peritadas y serán una prueba fundamental en el juicio.
El ex conductor de Canal 10, quien fue autorizado a no residir más en General Roca y fijar domicilio en Bahía Blanca, fue imputado por «facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, 50 hechos, agravado por la edad de las víctimas (menores de 13 años), en concurso ideal con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, 50 hechos, agravado por la edad de las víctimas (menor de 13 años). Ambas en concurso real con tenencia con fines inequívocos de distribución, 50 hechos, en carácter de autor», según los artículos 45, 54, 55, 128 1er, 2do., 3ro y 5to párrafo del Código Penal.
En principio, el juicio oral está fijado para los días 15,16, 17 y 21 de mayo en Roca. Será ante un Tribunal colegiado -integrado por los jueces Luciano Garrido, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler- en función de la calificación legal y la pretensión punitiva que se admitieron en el control de acusación. La pena va desde los 4 años de prisión en adelante.
Judiciales
Indicadores penales juveniles: 29 niños, niñas y adolescentes tuvieron un conflicto con la ley en 2023
Algunos de ellos estuvieron involucrados en más de un hecho.
Más de 5.000 legajos recibieron las Oficinas Judiciales penales el último año, aunque un porcentaje mínimo corresponde a causas que involucran niños, niñas y adolescentes. Hubo un total de 38 causas iniciadas con 29 personas menores de edad: algunas estuvieron involucradas en más de un hecho.
De esas 29 personas hay 27 varones y 2 mujeres; 11 tenían 16 años al momento del hecho y 18 contaban con 17 años. En cuanto a los delitos imputados, hubo 5 causas por delitos contra las personas, 34 causas por delitos contra la propiedad y 4 por delitos contra la integridad sexual.
Unos 19 niños, niñas y adolescentes participaron del delito con adultos, 11 tuvieron reiteración en la conducta delictiva y 18 habían sido objeto de una intervención por parte de otros organismos del Estado.
De las 38 causas iniciadas en 2023, 9 se registraron en la Primera Circunscripción cuya cabecera es Viedma; 4 en la Segunda Circunscripción con sede en Roca, 20 en la Tercera Circunscripción de Bariloche y 5 en la Cuarta Circunscripción de Cipolletti. Como resultados de esos procesos penales hubo una absolución y 5 sobreseimientos, 5 medidas alternativas y 39 sentencias dictadas en 2023 a personas mayores por hechos delictivos cometidos cuando tenían entre 14 y 17 años.
Los datos surgen del Informe Estadístico Anual que elabora el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En 2020 el Poder Judicial de Río Negro por resolución Nº 631/2020 resolvió conformar un equipo de trabajo que funciona en el ámbito de la Escuela de Capacitación Judicial con la coordinación de una jueza del Tribunal de Impugnación y la participación del Centro de Planificación Estratégica y la Dirección General de Oficinas Judiciales. El objetivo es recabar información sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Juvenil a nivel provincial.
Judiciales
Conducía un auto sin transferir y provocó un choque en cadena
El siniestro ocurrió en Ruta 22 y Mendoza. La indemnización total, calculados los intereses, superará los 3 millones de pesos.
A raíz de un choque en cadena, dos personas y una aseguradora fueron condenadas a indemnizar al conductor que quedó en medio de la colisión. La sentencia del Juzgado Civil N° 5 de Roca fue contra el dueño del auto que chocó la fila desde atrás -quien ya no tenía el coche pero nunca hizo la transferencia ni la denuncia de venta-, contra la mujer que lo conducía al momento del siniestro y contra la aseguradora contratada por la señora.
El damnificado fue un restaurador de muebles que usaba su camioneta Strada para trasladar su mercadería. El hombre circulaba por la Ruta Nacional N° 22. Ingresaba a Roca desde el este y se detuvo en el semáforo de calle Mendoza, atrás de una camioneta Amarok. Detrás de la Strada venía la demandada en una VW Surán. Como no frenó a tiempo, impactó contra el vehículo del restaurador y éste, a su vez, chocó contra la Amarok. Los daños en la parte trasera y delantera de la Strada la dejaron inutilizable por cuatro meses.
El afectado reclamó el arreglo a la aseguradora de la mujer, pero la empresa negó la cobertura. Se basó en la declaración de su clienta, quien dio una explicación totalmente distinta sobre el accidente. Dijo que el conductor de la Strada frenó de golpe, que ella logró esquivarlo porque se desvió levemente hacia la izquierda y que el restaurador, después de chocar contra la Amarok, hizo marcha atrás y le chocó la Surán con el paragolpes trasero. En el juicio civil la mujer y la aseguradora mantuvieron esa hipótesis.
En paralelo, se hicieron gestiones para dar con el titular de la Surán, quien no pudo ser ubicado ni con cédulas de notificación ni por edictos. El hombre fue defendido «en ausencia» por la Defensa Pública y fue igualmente alcanzado por la sentencia. «Debe responder en calidad de dueño del rodado, lo que surge del informe de dominio (instrumento publico) que adjunta la actora, que da cuenta de su titularidad registral a la fecha del hecho y de la ausencia de denuncia de venta», explicó el juez.
La clave para resolver el caso fue una pericia mecánica que confirmó la versión del dueño de la Strada. El juez explicó que el titular registral debe responder como «dueño» y la conductora debe responder por ser la «guardiana» del vehículo: era quien conducía al momento del hecho y quien contrató el seguro de responsabilidad civil a su nombre.
Según la «teoría del riesgo creado» que define el Código Civil y Comercial de la Nación, «el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado» por su vehículo. Esa responsabilidad es objetiva, por lo que no importa si actuaron con culpa o negligencia al momento de producirse el daño. El único camino que tienen los dueños y guardianes para evitar su responsabilidad objetiva es demostrar que la cosa (en este caso el auto) fue usado en contra de su voluntad o que la causa del accidente fue totalmente ajena a ellos. Ninguna de esas opciones se demostró en este caso.
La indemnización total, calculados los intereses, superará los 3 millones de pesos. Según la sentencia, las dos personas y la aseguradora deberán responder por el valor de la reparación de la Strada, más el dinero que el restaurador dejó de ganar en su trabajo mientras la camioneta estuvo parada (lucro cesante), más la pérdida de valor de mercado del vehículo, más el dinero que debió destinar a transportes alternativos durante los meses que demandó el arreglo.
