El Gobierno de Río Negro confirmó la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los haberes de agosto del personal estatal. De acuerdo al esquema de actualización automática bimestral vigente, el incremento será del 4,21%.

Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de junio y julio.

«Este mecanismo garantiza que el salario acompañe la evolución de los precios, brindando alivio directo a las y los trabajadores del Estado y reafirmando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública», destacaron desde el Gobierno provincial.

Cómo se calcula el aumento

El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).

Al igual que en los tramos anteriores, los dos promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de las y los estatales.

Evolución salarial

En lo que va del año se mantuvo un esquema de actualización constante, acumulando a la fecha un 20,88% de incremento:

En febrero los salarios aumentaron en un 5,29%; en abril el aumento fue del 5,65%; y en junio el aumento fue del 4,28%.

Después de que el INDEC difundiera el dato de inflación de julio, que dio 2,1%, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, interpeló directamente al presidente Javier Milei: «¿Y la inflación cero para cuando, presidente? Este dato me hace decir algo arriesgado: ya pasó más de la mitad de su mandato y estamos peor que con Alberto. Ahora vivimos al día y endeudados», indicó.

El dirigente gremial aseguró que «la persistente inflación sigue licuando salarios y jubilaciones, mientras que permite a los grandes empresarios y al campo que dolaricen sus ganancias”. “El proceso inflacionario hace que todos los meses los trabajadores pierdan poder de compra y sigan siendo empujados vastos sectores hacia la pobreza», agregó.

Aguiar afirmó que «nunca en democracia frente a un ajuste se pagó un costo social tan alto», y puntualizó que «tarifas, transporte, servicios y nafta sistemáticamente se ubican por encima del promedio general».

«Está claro que su decisión de no autorizar una nueva metodología de medición es para seguir robándonos. Lo que sí baja es el apoyo popular a su gestión. Está cada vez más cerca el final, se va a terminar tanta impunidad», dijo.

Con el nuevo dato difundido por el INDEC, la inflación acumulada en 2026 alcanza el 19,3%, con una variación interanual del 33,8%.

En las próximas horas, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que está integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales obreras, presentará un nuevo informe basado en datos oficiales del INDEC que calcula a cuánto debería ascender el salario mínimo para no ser pobre en la Argentina.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una encuesta a trabajadores estatales de todo el país, la cual arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, el 73% con múltiples entidades y el 40% las usa para pagar urgencias médicas, gastos en educación y el pago de alquileres o expensas, mientras que el 37% las usa para pagar más deuda, comida y ropa.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el resultado del trabajo es categórico”. “El alto nivel de endeudamiento le precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real», apuntó.

«Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real. Antes la deuda era un mecanismo de inversión, ahora es para sobrevivir», señaló el dirigente sindical. Sin embargo, advirtió que «hoy existe un endeudamiento permanente para cubrir necesidades básicas y no para invertir».

En este marco, Aguiar aseguró que «el Estado es el verdadero responsable porque ataca al poder adquisitivo y luego ofrece deuda como solución. El Estado es quien facilita los créditos, en vez de atacar la inflación y los precios. Más de la mitad de quienes toman deuda no conoce la tasa de interés. La desregulación financiera ha generado una absoluta falta de control sobre la usura».

Resaltó que «hay que tener en cuenta que el proceso de endeudamiento frena la economía. Los trabajadores dejan de consumir y gastar en otros rubros porque la mayor parte del salario se va en cancelar deudas todos los meses», indicó. Agregó que «los recursos que se están transfiriendo de los bolsillos de los trabajadores a los bancos, a las financieras y a las tarjetas de crédito son multimillonarios. Cada cuota que se paga deja de ir al consumo o para sostener la salud y la educación».

«El endeudamiento también genera algo que pocos están advirtiendo y es la baja en la participación política, en la militancia colectiva. No es casual que eso beneficie al Gobierno», dijo el dirigente. «No podemos aceptar una clase trabajadora con ansiedad, angustia y desánimo», aseguró.

La encuesta relevó a trabajadores del Estado Nacional (47,8%), Estado Provincial (41,7%), Estado Municipal (5,8%), Empresas Estatales (2%) y otros ámbitos (2,7%), cuyo promedio de edad es de 45 años.

El 55,4% de las personas encuestadas aseguró tener más de un trabajo para complementar ingresos o asegurar mayor estabilidad económica. De esa porción, el 56% son mujeres y el 34% de ellas trabaja entre 8 y 12 horas diarias para mantener los gastos del hogar.

Además, el 43% dejó de participar en política por cansancio físico y mental, por falta de tiempo y de recursos económicos.

El relevamiento también arrojó las estrategias que usaron los trabajadores del Estado para evitar mayor endeudamiento. La más común fue recortar actividades recreativas como talleres, cursos y salidas (39,22%), seguida de dedicar más tiempo a buscar precios y promociones (29,57%) y de asumir tareas antes delegadas, como la limpieza del hogar (22,91%).

Los resultados de la encuesta nacional también evidenció un grave impacto en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico en el último año. El 19,5% reportó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, 16% desánimo y 15% insomnio.