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Contra la Ley Bases, ATE lanzó un paro de 3 días en SENASA y se paralizan las exportaciones a partir del lunes

Se paralizarán las exportaciones y controles sanitarios en todo el país.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a partir de las 00 horas del lunes (29/04) y se paralizarán las exportaciones y controles sanitarios en todo el país. «Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado», aseguró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

La medida surge a partir del dictamen de mayoría al proyecto de Ley Bases, firmado este jueves (25/04) en la Cámara de Diputados, el cual «propicia una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el SENASA», indicó Aguiar. Por eso, el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario.

«El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país», sostuvo el referente estatal.

Aguiar indicó que «si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo». Detalló que «pretenden dejar sobre la órbita del SENASA solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana».

«El Gobierno tiene que exceptuar al SENASA de los organismos alcanzados por la ley», concluyó el secretario general de ATE. El sindicato resaltó la importancia de contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional.

Un organismo de alto rendimiento

El SENASA es el organismo encargado de la fiscalización de producción agroalimentaria que cuenta con la habilitación de la Organización Mundial del Comercio para controlar las normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países. Es el organismo encargado de otorgar las certificaciones necesarias para el comercio internacional. Es decir, sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo.

«Si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación. También se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más (como por ejemplo, Japón)», informaron desde ATE.

«Además, no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales», agregaron.

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UnTER exige una paritaria real y advierte que sin respuestas no habrá inicio de clases

El reclamo fue presentado al gobernador Weretilneck durante el inicio de la Regata del Río Negro. La negociación salarial será el 22 de enero.

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Este jueves (08/01), el gremio docente UnTER recibió la convocatoria a paritarias para el miércoles 22 de enero, una instancia que, según señalaron, «debió haberse realizado hace más de tres meses». Desde la cúpula del sindicato advirtieron que «la demora evidencia una falta de voluntad política del Gobierno Provincial para dar respuestas en tiempo y forma a las demandas del sector educativo».

Durante la jornada, además, la nueva conducción de UnTER entregó una nota formal al gobernador Alberto Weretilneck en el marco del acto de inicio de la 50° Regata Internacional del Río Negro, reiterando la exigencia de una convocatoria urgente a paritaria.

En este sentido, desde el gremio denunciaron que «el Ejecutivo provincial mantiene una política de dilación que profundiza el atraso salarial, dejando los ingresos del sector muy por debajo de la canasta familiar patagónica y deteriorando de manera sostenida las condiciones de vida de quienes garantizan el derecho social a la educación».

Exigieron que la próxima reunión «no sea solo una formalidad, sino una paritaria real, con una propuesta concreta de recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido». También reclamaron definiciones claras sobre condiciones laborales y pedagógicas para todo el colectivo docente.

Finalmente, advirtieron que «sin una recomposición salarial no hay otra cosa que ajuste» y remarcaron que «continuaremos reclamando respuestas», al tiempo que señalaron que «sin soluciones a los reclamos planteados no estaría garantizado el inicio del ciclo lectivo 2026 en Río Negro».

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ATE tildó de «obsceno» el aumento del 90% para los funcionarios del Gobierno Nacional

«Son unos caraduras y sinvergüenzas», dijo Aguiar.

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Luego de que los funcionarios del Poder Ejecutivo aumentaran sus sueldos en un 89,8% mediante el decreto 931/25, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «se trata de una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino» y sentenció que «son unos caraduras y sinvergüenzas».

«Para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos frente a un salariazo de la patronal en el sector público. Finalmente no vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él», agregó el referente estatal.

En esta línea, el dirigente detalló que «es inaceptable que tengan la impunidad de aumentarse sus sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes y todos los jubilados están pasando hambre. Este Gobierno nos ha mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a cambiarlo todo, que iban a terminar con los privilegios de la política, pero esto que están haciendo ya es un doctorado en casta».

«Se trata de una medida que profundiza el malestar generalizado que ya existía en el Estado. Rechazamos y repudiamos que con el dinero de los contribuyentes, que con la nuestra esta gente se garantice ingresos mensuales exorbitantes. Esto también tiene que ser considerado en nuestro próximo plenario», concluyó Aguiar.

Cabe señalar que los porcentajes que se vuelcan en sus sueldos los funcionarios son los mismos dados en la paritaria central (CCT 214) en el período comprendido entre enero del 2024 y julio del 2025, acumulando una suba del 89,8%.

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ATE rechazó la paritaria de 2% en diciembre: «Los estatales nunca nos hubiéramos imaginado un peor fin de año»

«En el 2025 quedamos 14 puntos por debajo de la inflación y desde que asumió Milei perdimos 4 salarios completos», indicó.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta del Gobierno de 2% en diciembre y un bono por única vez de $50.000 en la paritaria de la Administración Pública Nacional. Ante esta situación, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, indicó que «el regalo para estas fiestas de parte del Gobierno, finalmente fue una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce».

«Los estatales nunca nos hubiéramos imaginado un peor fin de año. En el 2025 quedamos 14 puntos por debajo de la inflación y desde que asumió Milei perdimos 4 salarios completos. Es muy difícil aceptar que existan otros sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega», agregó el dirigente estatal.

En esta línea, Aguiar apuntó que «tienen que explicar a cambio de qué firman incrementos por debajo de la evolución de los precios, cuál es la contrapartida por permitir la demolición de los ingresos. A esta altura, en el Sector Público UPCN ya es socio de la motosierra. Este aumento vergonzoso se da en medio de una inflación en ascenso y anticipa un inicio de año altamente conflictivo».

«El equilibrio fiscal del Gobierno se asienta sobre un grave deterioro de nuestras condiciones de vida. Mientras los trabajadores no llegan a fin de mes, bajan y eliminan impuestos a las grandes empresas. Rebajan las contribuciones, reducen el impuesto a las ganancias, disminuyen los derechos de exportación al agro y eliminan los tributos a la compra de autos de alta gama», agregó el secretario general de ATE Nacional.

«Tenemos que impedir que consoliden una Argentina Binaria donde todos los beneficios son para los ricos y para los trabajadores nada», continuó el dirigente sindical.

De esta forma, ATE convocará a sus instancias orgánicas para definir el plan de acción. «Después de dos años los salarios en el Estado están en caída libre y la única manera de remontar ese escenario es con un aumento de emergencia que permita a todos salir de la pobreza. Vamos a convocar plenarios y asambleas para definir medidas de fuerza», sostuvo.

Los incrementos salariales de los últimos 12 meses quedaron sistemáticamente ubicados por debajo de la inflación, teniendo en cuenta que el informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central proyecta una evolución de los precios de 2,2% para diciembre.

Teniendo en cuenta esta proyección, el 2025 finalizaría con una inflación de 30,7% frente a una paritaria de 17,1%, lo que marca una diferencia de 13,6%. Además, desde que asumió Javier Milei la pérdida del poder adquisitivo ya supera el 42,2%.

Ante esta situación, el sindicato exige un ingreso mínimo de $2.000.000 y una suma fija de $400.000 para recuperar el poder de compra deteriorado en los últimos dos años.

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