Una pelea entre perros en una zona rural de General Roca terminó con dos animales muertos y un conflicto judicial entre sus propietarios. La Justicia Civil condenó a pagar una indemnización al hombre que disparó con una escopeta contra un American Bully, pero distribuyó la responsabilidad en partes iguales entre ambos vecinos.

El episodio comenzó cuando el American Bully y otros perros de la misma familia ingresaron a una propiedad lindera. Allí se encontraron con el animal de los propietarios del terreno y se produjo un enfrentamiento que tuvo consecuencias graves para ambas familias.

El dueño del terreno tomó una escopeta y disparó contra el American Bully, que murió por un impacto en la cabeza. El perro de la familia que vivía en esa propiedad también murió como consecuencia de la pelea. A partir de lo ocurrido, surgieron versiones contrapuestas: mientras uno de los vecinos sostuvo que había utilizado el arma para proteger a su mascota, el otro consideró injustificada la muerte de su perro.

El propietario del American Bully y sus dos hijas presentaron una demanda por daños y perjuicios. Reclamaron una indemnización por la muerte del animal, los gastos veterinarios, las consecuencias emocionales y la pérdida de posibles ingresos por su reproducción.

La jueza hizo lugar parcialmente a la demanda y determinó que ambos propietarios habían contribuido al resultado. Atribuyó un 50% de responsabilidad a cada uno: por un lado, consideró que el dueño del American Bully no había adoptado las medidas necesarias para impedir que sus perros ingresaran a terrenos vecinos, debido a la falta de un cerramiento adecuado; por otro, entendió que el uso de una escopeta había sido desproporcionado.

La sentencia estableció que el ingreso de los perros a una propiedad ajena no justificaba por sí solo el empleo de un arma de fuego. La magistrada distinguió entre la responsabilidad de quien debía controlar a sus animales y la conducta de quien decidió disparar. También rechazó la demanda contra otras tres personas, porque no se acreditó que hubieran participado en los disparos ni en la decisión de utilizar el arma.

Para resolver el caso, aplicó las normas del Código Civil y Comercial sobre responsabilidad por daños, intervención de la víctima en la producción del perjuicio y justificación de conductas destinadas a evitar un daño mayor. Asimismo, consideró la normativa municipal sobre tenencia de perros potencialmente peligrosos, que establece obligaciones especiales de cuidado y custodia. Respecto del disparo, concluyó que no se habían acreditado los requisitos legales para admitir una situación de necesidad que lo justificara.

Otro aspecto central del fallo fue el valor afectivo de las mascotas. La jueza explicó que, aunque el Código Civil y Comercial considera a los animales como cosas, su importancia para las familias no puede reducirse a un precio de mercado. Para fundamentar esa interpretación, recurrió a antecedentes judiciales y al concepto de familia multiespecie, que reconoce los vínculos afectivos entre las personas y sus animales. Los testimonios demostraron que el American Bully formaba parte de la vida cotidiana de su dueño y que su muerte le había provocado sufrimiento emocional.

El fuero Civil reconoció una indemnización por daño moral y gastos veterinarios. En cambio, rechazó los reclamos por daño psicológico permanente, tratamiento psicológico y pérdida de oportunidades económicas por la reproducción del perro, al considerar que no se habían acreditado los requisitos necesarios.

El conflicto también dio origen a otras dos causas judiciales. Después del episodio, el dueño del American Bully difundió lo ocurrido en redes sociales y medios de comunicación. Esas publicaciones motivaron demandas por separado de la mujer y su pareja, quienes consideraron afectados sus derechos por la exposición pública. En ambos casos, la jueza les dio la razón y ordenó indemnizaciones.

Respecto de la mujer, consideró que las publicaciones permitieron identificarla y localizar su vivienda, con consecuencias para su intimidad y privacidad. En cuanto al hombre que había efectuado el disparo, determinó que la difusión de información y los comentarios ofensivos y amenazantes afectaron su honor y privacidad. La magistrada sostuvo que el derecho a informar sobre la muerte del animal no justificaba la exposición de los vecinos.

Un Chevrolet Onix que registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Justicia de Tierra del Fuego fue recuperado por efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen, luego de ser detectado por las cámaras del sistema de lectores de patentes en Cipolletti.

El procedimiento se desencadenó durante la mañana de este jueves (15/10), cuando el 911 Río Negro Emergencias emitió una alerta sobre la circulación del automóvil en sentido oeste-este por la Ruta Nacional N° 22. Ante la notificación, el personal policial desplegó un operativo de control estratégico a la altura del kilómetro 1198.

A los pocos minutos, los efectivos divisaron la aproximación del vehículo, que avanzaba custodiado por agentes de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Allen. Los policías indicaron al conductor que detuviera la marcha sobre la banquina para proceder a su identificación.

El automóvil era conducido por un hombre domiciliado en Añelo, Neuquén. Al verificar la documentación y el estado del rodado en los registros del sistema policial, se confirmó que tenía vigente una orden de secuestro requerida por el Juzgado Civil N° 2 de la provincia de Tierra del Fuego.

Como consecuencia, el Chevrolet Onix fue incautado y quedó a resguardo policial, a disposición del juzgado solicitante.

Efectivos de la Brigada Rural de General Roca identificaron a un hombre de 53 años que registraba una orden de averiguación de paradero emitida por la Justicia en 2017. El hallazgo se produjo durante recorridos de prevención en los sectores rurales de la ciudad.

El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones del aeropuerto, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47°, mientras el personal policial realizaba controles viales y rurales. En ese contexto, los efectivos interceptaron a un trabajador ladrillero de la zona para efectuar un control de identidad de rutina.

Al consultar sus datos en la base del sistema informático a través del 911 Río Negro Emergencias, confirmaron que el hombre tenía una solicitud activa de averiguación de paradero requerida por el Juzgado N° 10 de General Roca desde septiembre de 2017.

Ante esta situación, los efectivos escoltaron al involucrado hasta la sede de la Comisaría 47°, con el objetivo de concretar las notificaciones legales de rigor y dar cumplimiento a los requerimientos del magistrado interviniente.