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Roca

El Hospital López Lima reorganiza su servicio de Tocoginecología para asegurar atención adecuada

La falta de médicos en ginecología y obstetricia es un problema recurrente en todo el país, y Río Negro no es una excepción.

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El Hospital López Lima de General Roca cuenta con un Servicio de Tocoginecología cuyos profesionales brindan una atención adecuada y oportuna. Sin embargo, algunos días específicos no es posible lograr la cobertura de guardias con médicos tocoginecólogos. En estos casos, se asegura la asistencia por parte de licenciadas en obstetricia y médicos de guardia que realizan su mejor esfuerzo.

La falta de médicos en ginecología y obstetricia es un problema recurrente en todo el país, y Río Negro no es una excepción. Resolver esta situación requiere un abordaje multidimensional. Además de continuar con la búsqueda exhaustiva de recursos humanos para completar el staff de tocoginecología, se ha decidido reorganizar de manera transitoria el funcionamiento de la Red de Atención Materno-Perinatal durante días específicos, para dar una respuesta adecuada a la población y a los hospitales que derivan al Hospital López Lima.

Para gestionar esta readecuación, se ha desarrollado un Plan de Contingencia, una herramienta de gestión estratégico-operativa basada en la Regionalización Perinatal, acorde al marco normativo del Ministerio de Salud de la Nación. Este plan tiene como objetivo dar una respuesta coordinada, segura y oportuna. Define que cada nacimiento debe llevarse a cabo en una maternidad con el nivel de resolución adecuado a cada situación, dependiendo de la edad gestacional y el riesgo materno y/o neonatal. Las gestaciones o trabajos de parto prematuros se trasladarán a una institución determinada, mientras que las gestaciones de término y de bajo riesgo se derivarán a otra institución adecuada.

Hechos destacados:

En días sin cobertura de toco-ginecólogos en el Hospital López Lima, se reorganiza la red para asegurar el traslado de la persona gestante en trabajo de parto a una institución cercana que cumpla con las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE).

Hace más de 10 años, el Ministerio de Salud de la Nación implementó la Categorización Habilitante de Maternidades en todo el país, definiendo qué instituciones están en condiciones de realizar partos y su nivel de resolución.

En Río Negro, el 66% de los bebés nacen en hospitales públicos.

La tasa de mortalidad infantil en Río Negro se redujo de 10,7 por mil en 2013 a 7,4 por mil en 2022, por debajo del promedio nacional. Los datos de 2023, aún no publicados, indican una reducción adicional.

En Río Negro, se realizan partos en 13 de los 36 hospitales de la provincia, garantizando que los bebés nazcan en maternidades que cumplen con las CONE.

Desde hace más de 10 años, un porcentaje creciente de bebés nace en instituciones fuera de su localidad de residencia. En 2023, el 27% de los recién nacidos se trasladaron para nacer en instituciones adecuadas.

La práctica de trasladar parturientas a instituciones adecuadas se repite en todo el país y en los países más avanzados, siendo más seguro que realizar partos en instituciones que no cumplen con las CONE.

La organización de los servicios materno-perinatales es tan importante como la competencia técnica para lograr buenos resultados.

La Regionalización Perinatal ha demostrado ser efectiva y eficiente para reducir la morbimortalidad materna e infantil.

La tasa de natalidad en el país ha caído en promedio un 40% en los últimos 10 años.

Este Plan de Contingencia no soluciona el problema de fondo, que requiere de acciones adicionales ya en marcha, pero ofrece un marco normativo y previsibilidad a los equipos de salud en situaciones de contingencia. «Si bien entendemos que los traslados pueden afectar a las familias y exigir esfuerzos adicionales a los equipos de salud, la decisión busca asegurar que cada bebé nazca en el lugar adecuado según su riesgo, en una institución que cumpla con los criterios de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE)», explicaron.

Roca

Tránsito de Roca labró 109 actas y retuvo 20 vehículos durante la última semana en Roca

Hubo 5 alcoholemias positivas.

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Los inspectores municipales de Tránsito realizaron nuevos controles preventivos en distintos sectores de General Roca durante la semana comprendida entre el lunes 3 y el domingo 9 de agosto. Desde el Municipio destacaron que «los operativos tienen como objetivo preservar la seguridad vial tanto en la zona rural como en el centro de la ciudad».

En este sentido, durante los controles se confeccionaron 109 actas, de las cuales 5 correspondieron a alcoholemias positivas. Además, se procedió a la retención preventiva de 20 vehículos: 14 motos y 6 automóviles.

Del total de vehículos retenidos, 5 fueron por alcoholemia positiva, 2 por ruidos molestos, 2 por delegar el manejo a menores de edad y 7 por falta de documentación.

Entre las infracciones más frecuentes detectadas durante los procedimientos se encontraron la falta de seguro y la falta de licencia de conducir.

Alcohol Cero al Volante

Desde la Dirección de Tránsito recordaron que continúa vigente la Ordenanza 5020/23, que establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre.

La infracción a la normativa de Alcohol Cero al Volante es considerada una falta grave y contempla multas de entre 1.000 y 3.000 USAM, equivalentes actualmente a entre $1.200.000 y $3.600.000, según la tarifaria vigente al 10 de agosto de 2026. Además, puede aplicarse la inhabilitación de la licencia de conducir.

Desde el Municipio remarcaron que «el consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, incrementa el riesgo de protagonizar siniestros viales y puede generar consecuencias para todos los usuarios de la vía pública». Por este motivo, recomendaron evitar la ingesta de alcohol antes de conducir o designar un conductor responsable.

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Policiales

Iba desde un campo y llevaba 100 kilos de carne de potrillo en el auto

La carne era transportada en bolsas de residuos dentro del baúl del automóvil. También hallaron un chivo faenado en el habitáculo trasero.

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Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca decomisó alrededor de 100 kilos de carne de potrillo y un chivo faenado durante un control vehicular realizado sobre la Ruta Provincial N° 6, a la altura de la Termoeléctrica.

El procedimiento comenzó cuando los efectivos observaron un automóvil que circulaba en sentido norte-sur y atravesó el puesto de control a alta velocidad. Ante esta situación, los uniformados siguieron al vehículo y lograron detener su marcha algunos kilómetros más adelante.

Al identificar al conductor, un joven de 23 años, manifestó que circulaba desde un campo. Por este motivo, los efectivos decidieron realizar una inspección ocular del automóvil.

Durante la revisión observaron una bolsa de arpillera ubicada en la parte trasera del rodado. Al ser consultado sobre su contenido, el conductor manifestó que transportaba carne y permitió la inspección del baúl.

En el interior encontraron siete bolsas de residuos de color negro que contenían carne de potrillo. En total, se contabilizaron aproximadamente 100 kilogramos. Además, en el habitáculo trasero del automóvil hallaron la bolsa de arpillera, que contenía un chivo faenado.

Ante lo constatado, el vehículo y su conductor fueron trasladados hasta la unidad policial para realizar las actuaciones correspondientes.

Finalmente, se labraron un acta de decomiso, un acta de infracción y un acta de incineración respecto de la carne secuestrada.

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Judiciales

Ataque a la salida de un boliche: La Fiscalía pidió 6 años y 6 meses de prisión para uno de los acusados

La brutal golpiza ocurrió en junio de 2025. La víctima, de 17 años, fue atacada por cuatro personas, tres mayores y un menor de 18 años.

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El Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, más las costas del proceso, para uno de los imputados por el ataque ocurrido en junio de 2025 a la salida de un boliche en General Roca.

El hombre participó este lunes (10/08) de la audiencia de cesura de pena en calidad de detenido, ya que permanece cumpliendo prisión preventiva desde el momento del hecho.

Durante la jornada declararon profesionales que intervinieron en la asistencia de la víctima, entre ellos una integrante de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), la psicóloga que lo atendió de manera particular y un médico del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción. También declaró una de las docentes del adolescente, quien explicó cómo debieron readecuarse las materias que cursaba.

Al momento de fundamentar el pedido de pena, la fiscal Verónica Villarruel hizo hincapié en la gravedad del ataque y en la participación de varias personas. «Han podido escuchar una serie de testigos que nos pudieron brindar su mirada profesional respecto de la víctima. No podemos dejar de lado en estos alegatos la pluralidad de sujetos que intervinieron en el hecho, tres adultos y un menor de edad que arremetieron contra el joven y su primo», señaló la fiscal.

Villarruel remarcó además que el ataque ocurrió en la vía pública y frente a numerosas personas, cuya intervención permitió asistir a la víctima.

La representante del Ministerio Público Fiscal también destacó las consecuencias físicas y psicológicas que sufrió el adolescente, quien tenía 17 años al momento del hecho.

«Pesa en nuestro pedido el daño ocasionado, esto lo vimos reflejado tanto en las palabras y las vivencias de la madre del adolescente, como también en lo que tiene que ver con el tiempo de recuperación, el tiempo de convalecencia en el hospital, y se suman las palabras del médico forense», explicó.

Según se expuso durante la audiencia, el joven permaneció durante 10 meses sin la placa necesaria para evitar lesiones en su cráneo.

La Fiscalía también hizo referencia al impacto que el ataque tuvo en su vida cotidiana. «Con sólo 17 años y a raíz de lo acontecido, la víctima fue desarraigada de su vida de estudiante secundario, perdió todo tipo de vínculo con sus compañeros, además se suma que durante mucho tiempo estuvo con medicación y a esto le siguió la rehabilitación», sostuvo Villarruel.

Para el Ministerio Público Fiscal, también debe tenerse en cuenta el daño psicológico sufrido por el adolescente.

«Se le cortó la vida a sus 17 años por una decisión que tomaron en conjunto los imputados», concluyó la fiscal.

Tras los alegatos, la querella solicitó una pena de 7 años de prisión efectiva, mientras que el defensor particular pidió 5 años y 4 meses.

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