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Judiciales

Se elevaron los montos para los procesos de menor cuantía

Las acciones de menor cuantía permiten a los ciudadanos resolver reclamos de una manera más rápida y sencilla.

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) modificó el monto máximo previsto para los procesos de menor cuantía, elevándolos a un $1.800.000 para todos los Juzgados de Paz de la provincia. Asimismo, dispuso que el monto máximo para los juicios ejecutivos sea de $900.000 en los Juzgados de Paz.

Las acciones de menor cuantía permiten a los ciudadanos resolver reclamos de una manera más rápida, sencilla y en cualquier ciudad, pueblo o paraje que cuente con un Juzgado de Paz.
El procedimiento es gratuito para garantizar el acceso a la justicia. Además, es informal y respeta los principios de bilateralidad, igualdad y colaboración.

El Poder Judicial rionegrino tiene 49 Juzgados de Paz, extendidos en todo el territorio provincial. Constituyen, en muchos casos, la opción más cercana de los ciudadanos a la hora de resolver conflictos vecinales o realizar determinados trámites.

Los procesos de menor cuantía se inician en los Juzgados de Paz con un formulario en carácter de demanda, a través del cual se reclama un monto en pesos a la contraparte.

El trámite es verbal, gratuito, informal pero con la garantía del resguardo del derecho de defensa. Los juicios que quedan excluidos son los de sucesión, familia, laborales y desalojo.

Además de las acciones de menor cuantía en los Juzgados de Paz se tratan contravenciones, notificaciones, certificaciones, autorizaciones, juicios ejecutivos, ejecuciones fiscales, beneficio de litigar sin gastos, audiencias y carta poder son algunas de las cuestiones que se atienden en los Juzgados.

Judiciales

Denuncian un caso de mala praxis en un sanatorio privado de Roca: Murió un niño de 4 años

La víctima ingresó al Juan XXIII para una cirugía de complejidad menor. Investiga la Justicia.

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Nahitan Valentín Mercado Toledo, un niño de 4 años, falleció esta tarde (18/07) en el sanatorio privado Juan XXIII luego de que le realizaran, la pasada semana, una cirugía de hernia de diafragma. Desde ese momento, la víctima estuvo internado en terapia intensiva hasta hoy, donde el personal médico confirmó a su familia que había fallecido por muerte cerebral. La Justicia investiga una posible mala praxis.

Según detallaron familiares del niño, el jueves pasado (11/07), Valentín entró al sanatorio Juan XXIII a las 7 de la mañana a realizarse una cirugía de hernia de diafragma. La misma estaba programada, con los estudios prequirúrgicos aprobados. La operación, que según los médicos duraría una hora y media, termino en casi tres horas. Desde ese momento permaneció en terapia intensiva hasta hoy, una semana después, pasando por diferentes episodios de salud y diagnósticos de los profesionales que lo atendieron.

«Valentín estuvo toda una semana sedado, con oxígeno y medicación, transitando un «mal despertar» que hoy diagnosticaron como muerte cerebral», indicaron familiares de la víctima.

«Valentín no mostró mejoría desde el día de la operación, aunque los informes que llegaban eran de espera y progreso. Él entro ese día al sanatorio caminando, riéndose más allá del miedo a las agujas, charlando con el paciente que compartía la habitación y con todo el entusiasmo de que el domingo estaría en su casa mirando la final de la Copa América con su familia. Lo cual nunca pasó», lamentaron.

En este sentido, y consumado el fallecimiento del niño, la familia denunció a un anestesista y a un cirujano del sanatorio por mala praxis y falacias durante sus días de internación.

Rápidamente intervino la Fiscalía en turno y personal del Gabinete de Criminalística allanó el Juan XXIII y secuestraron documentación que pueda aportar a conocer los detalles sobre lo sucedido. Mañana viernes (19/07) se le practicara la autopsia.

«Valentín se destacaba por su hermosa sonrisa y ser un niño feliz. Creció en un hogar que le brindó mucho amor y buena salud. Era divertido y charlatán como pocos a su edad. Amaba a su familia y a su perro Fito», recordaron desde la familia.

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Judiciales

Una roquense denunció a un abogado de la región por violencia de género

La Justicia dispuso una orden de prohibición de acercamiento a la víctima.

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Tras una denuncia por violencia de género, la Justicia dispuso una orden de prohibición de acercamiento a un abogado de la región, quien ejercería violencia contra su ex pareja.

Fue la propia víctima quien acudió a la Comisaría de la Familia bajo un fuerte estado de shock, en busca de ayuda tras sufrir un grave hecho de violencia, tanto física como verbal y psicológica por parte del letrado. Sumado a este episodio, la mujer vendría afrontando múltiples amenazas por parte del sujeto.

Tras relatar los hechos quedó radicada la denuncia en el marco de la Ley N° 3040 de violencia familiar y se iniciaron actuaciones judiciales. También se le brindó asistencia a la víctima.

Según informó el sitio GNRNoticias, frente a este caso, la Justicia ordenó una medida cautelar de prohibición de acercamiento y se ha iniciado un proceso judicial por violencia familiar en el Juzgado de Familia de Roca.

Ante cualquier caso de violencia de género se recomienda llamar al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. Así también, se invita a la comunidad a comunicarse con el Consejo Local de Mujeres Diversas al email [email protected] para poder un abordaje a cada caso en particular.

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Judiciales

Causa IPROSS: Avalaron que los condenados utilicen tobilleras hasta que se confirmen las penas de prisión efectiva

Mientras no se demuestre un riesgo de fuga mayor, los farmacéuticos acusados de estafar a la obra social seguirán bajo monitoreo permanente.

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El Tribunal de Impugnación (TI) definió que las cuatro personas condenadas por las estafas a la obra social IPROSS seguirán con tobillera electrónica y sin poder salir de sus respectivas ciudades hasta que las condenas sean confirmadas. Mientras no se demuestre un riesgo de fuga mayor, las personas seguirán bajo monitoreo.

Las penas de prisión fijadas el pasado 4 de julio por un Tribunal de Juicio de Roca se harán efectivas una vez que la condena quede firme. Para eso es necesario que se analicen y resuelvan todos los recursos que legalmente pueden presentar los defensores.

En una audiencia realizada ayer (12/07) al mediodía, el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante (Fiscalía de Estado) impugnaron la medida cautelar de las tobilleras, ordenada por los jueces de Roca el mismo día que dictaron la sentencia. Afirmaron que las altas penas definidas en el juicio aumentaron el riesgo procesal de fuga de las cuatro personas y que las pulseras de seguimiento satelital no resultan suficientes para evitar ese peligro.

El Tribunal de Impugnación analizó los planteos y concluyó que las tobilleras están funcionando correctamente, que no hubo ninguna arbitrariedad en la decisión del Tribunal de Roca y que el potencial riesgo de fuga está suficientemente neutralizado con esos dispositivos. Según definió el TI, no se aportaron pruebas concretas que demuestren un riesgo mayor, teniendo en cuenta que las cuatro personas tienen sus patrimonios inhibidos y sólo disponen en la actualidad de la liquidez económica de sus fuentes de trabajo para solventar los gastos cotidianos propios y de los familiares que tienen a cargo. Tampoco se acreditó que hayan buscado algún tipo de contacto o ayuda para una eventual fuga de la región.

«No se acreditó que la tobillera sea insuficiente para controlar los movimientos de las personas condenadas», concluyó el TI en su resolución.

De esta manera, se mantienen las condiciones definidas la semana pasada: ninguno de los tres hombres condenados puede salir del ejido municipal de Roca y la mujer condenada no puede salir del ejido de Allen, con la aclaración de que podrá gestionar anticipadamente los permisos que necesite por razones médicas, según lo solicitó la defensa.

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