El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que el 52,9% de pobreza «es responsabilidad exclusiva de Milei» y evaluó que «si proyectamos el primer semestre y este presidente dura los cuatro años, la Argentina en 2027 de punta a punta será pobre».

«Está agotado el argumento de responsabilizar a las gestiones anteriores. El exhibicionismo del Gobierno frente al sufrimiento del pueblo es obsceno. Los estatales vamos a seguir protestando hasta borrarle la sonrisa a Susana Giménez y a Milei», apuntó el dirigente estatal en referencia a la foto que se tomaron en la Casa Rosada la conductora de televisión y el primer mandatario el mismo día en que se conocían los datos del INDEC.

El sindicato aseguró que las medidas económicas de Milei «empujaron especialmente a un alto porcentaje de estatales bajo la línea de la pobreza en los primeros meses de gestión». En esta línea, el informe del INDEC señala que la pobreza aumentó un 11,2% con respecto al semestre anterior, siendo 15,7 millones de personas las que se encuentran en esta situación, de los cuales 5,4 millones son indigentes.

«Estos niveles de pobreza e indigencia superan a los de la pandemia y se corresponden casi a los del 2001. Estamos frente a un fracaso estrepitoso del programa económico del Gobierno», agregó el secretario general de ATE. Cabe destacar que la pobreza en Argentina afecta al 66% de los niños, niñas y adolescentes, y la indigencia al 27%.

En este marco, Aguiar señaló que «estamos asistiendo a un fenómeno desconocido en el país que es el empobrecimiento de los pobres. Los pobres son extremadamente pobres y toda la clase media transita un proceso de empobrecimiento».

«En estos seis meses se duplicaron los estatales que cayeron en la pobreza. El 80% de los municipales es pobre incluyendo algunos municipios en los que los salarios son de indigencia. Lo mismo ocurre con un alto número de los provinciales y más de la mitad de la administración pública nacional», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck ratificó que «el Gobierno de Río Negro defiende a la educación como un derecho y para garantizarlo, tienen que estar abiertas las escuelas». De esta manera se refirió a la aprobación en la Legislatura Provincial del proyecto del PRO declarando a la Educación como servicio esencial, «para garantizar guardias mínimas en las jornadas de paro que afecten el normal dictado de clases».

«La educación es un derecho y el primer derecho lo tienen los estudiantes y los padres. Para asegurar ese primer derecho necesitamos que las escuelas estén abiertas, garantizando el derecho a huelga que está garantizado también en la Constitución Nacional y Provincial», sintetizó.

Explicó que «se puede llevar adelante una medida de fuerza, pero siempre garantizando el derecho, primero a los estudiantes, después los padres y también a aquellos trabajadores de la educación que quieren trabajar». Citó como ejemplo el caso de Bariloche, donde durante la jornada de paro de ayer, el 50% de los educadores fue a trabajar normalmente y a dictar clases.

Por otra parte, en declaraciones realizadas a la prensa en San Carlos de Bariloche, Weretilneck sostuvo que «también me preocupan algunos aspectos morales. La primera obligación de un agente público, de un docente, de un médico, de un enfermero, de un policía, es ir a trabajar, partiendo de la premisa que quienes nos pagan los salarios a los integrantes del Estado Provincial, desde el gobernador al último agente público, son los contribuyentes, las ciudadanas y los ciudadanos de Río Negro».

«Hay una cuestión moral de cumplirle a quienes a nosotros nos pagan los sueldos. Esto no se ve en UnTER de, por lo menos en la dirigencia, que parece no querer responderle a esos ciudadanos. Además, nadie se puede enojar que le controlen por qué no va a trabajar, porque en definitiva, estos dos días de medida de fuerza tienen que ver con una decisión del Gobierno de controlar los certificados de los docentes que no van a trabajar. Me parece que es algo sumamente lógico y razonable que el Estado controle esto», sostuvo.

Recordó en este marco que «venimos de antecedentes graves. Nosotros denunciamos a dos médicos, entre más de 20 y pico de médicos, que entregaban cientos de certificados truchos médicos de enfermedades que no eran tales. Tenemos pediatras dando certificados psiquiátricos. Tenemos 10 días por un dolor de cabeza. Tenemos 35 días por un dolor de espalda. Entonces, lo que estamos haciendo es controlando a los médicos que dan los certificados que el Estado considera que no se encuadran dentro de las leyes que tiene el Estado».

El mandatario reiteró sus críticas por los hechos de violencia que se vivieron entra la Policía y el gremio UnTER fuera de la Legislatura. «La finalidad era ingresar a la Legislatura para que no sesione. O sea, si hay un delito en Democracia es precisamente ese. Si hay un delito en democracia es precisamente ese. Es no permitir que las organizaciones que están fijadas en la Constitución y que son base de nuestro organismo, de nuestra organización institucional, no puedan cumplir con su tarea. Varios efectivos policiales resultaron heridos«, sostuvo.

«Nosotros tampoco podemos caer en la anarquía porque un sector de la sociedad no esté de acuerdo con lo que va a debatir la Legislatura, e intentar que el Parlamento no sesione», sostuvo finalmente.

El legislador rionegrino Juan Martin (PRO-Unión Republicana) elevó una nota al vicegobernador Pedro Pesatti solicitándole que arbitre los medios para que la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) se haga cargo de los costos del operativo policial dispuesto frente a la protesta que llevaron adelante en la Legislatura en el marco del tratamiento de la Ley de esencialidad educativa y los daños que se ocasionaron en el edificio.

«No es justo ni equitativo que los contribuyentes rionegrinos deban hacerse cargo de los costos de las acciones ilegales de parte del gremio UnTER», señala el pedido.

En su nota, Juan Martin cita la tesitura adoptada por el Gobierno Nacional a partir de la Resolución N° 943/2023 del Ministerio de Seguridad (Protocolo para el mantenimiento del orden público), que prevé que «los organizadores de protestas que deriven en gastos ilegales afronten los operativos de las fuerzas de seguridad». Cabe recordar que desde el PRO-Unión Republicana, se propuso que la provincia de Río Negro adhiriera a este protocolo.

«La protesta violenta de la UnTER obligó a que se desplegaran policías que deberían haber estado cuidando a los vecinos de Viedma, además de los gastos en combustible y materiales», subrayó Juan Martin, indicando que «a esto hay que sumarle los destrozos que hicieron en su intento por impedir el funcionamiento de las instituciones».