Roca
Licitaron la obra de gas que beneficiará a 33 familias del barrio PROCREAR de Roca
En total, son 70 lotes los que comprenderá la obra.
El gobernador Alberto Weretilneck encabezó hoy (28/06), en General Roca, la apertura de ofertas de una nueva licitación para la ejecución de una obra de gas que beneficiará a 33 familias del barrio PROCREAR.
Del acto participaron también la intendenta de Roca, María Emilia Soria; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren y autoridades locales y provinciales. El proyecto contará con una inversión oficial de $48.512.521, permitirá poder ampliar la infraestructura de este servicio tan esencial para las y los vecinos del lugar.
Weretilneck se refirió a la importancia del acceso al gas natural para la salud y la dignidad de las familias. «Sabemos lo que significa en estas épocas tener que calefaccionarse, no solo es un tema de costo, sino lo que significa para la salud con la calefacción que no es la natural que es el gas. Es un problema bronquial, es un problema respiratorio, es un problema que afecta mucho a los abuelos y también a los niños», indicó.
También mencionó el compromiso de su administración para abordar temas fundamentales como el acceso al gas y al agua potable. «El tema del gas y del agua potable tiene que formar parte de la agenda fundamental de todos los gobiernos porque tiene que ver mucho con la dignidad», agregó.
Además destacó la importancia del trabajo en común. «Recién compartimos una hora de trabajo en la Municipalidad en el cual estuvimos analizando la agenda de temas de la municipalidad con la provincia. Es un buen mensaje para todas y todos los rionegrinos que hoy estemos aquí en General Roca, en el 69 aniversario de nuestra provincia», añadió.
El gobernador enfatizó la colaboración entre la Municipalidad, la Provincia, y las instituciones locales, subrayando que trabajarán con equipos técnicos y políticos para definir los objetivos para General Roca en los próximos 15 a 20 días. «Hemos estado conversando temas pendientes de la provincia, temas que tienen que ver con lo que la municipalidad observa y ve como temas provinciales que tenemos que resolver hacia adelante», comentó.
La proyección de esta nueva ampliación en el barrio PROCREAR surge a partir de las gestiones pertinentes realizadas por los vecinos mancomunadamente con el Gobierno Provincial, a partir del avance y finalización de varias casas.
Por su parte, el ministro Echarren remarcó que si bien son 33 las familias que se verán beneficiadas en esta ocasión, son 70 los lotes que serán servidos de gas.
Aseguró que estas obras significan una «mejora en la calidad de vida de vecinos y vecinas, y es lo a lo que estamos apuntando en estos cuatro años de gestión tal como lo marcó el gobernador».
«Esta forma de trabajo tiene que ver con los vínculos con la sociedad, con los intendentes, de dialogar y ver cuáles son las necesidades de las comunidades» agregó el ministro y dijo que «como Gobierno provincial esto nos llena de satisfacción».
Roca
Enduro, motocross y cuatriciclos: Nuevas restricciones para proteger Paso Córdoba
La actualización prohíbe circular a campo traviesa con vehículos motorizados y establece multas de entre $120.000 y $60 millones, según la gravedad de la infracción. Habrá 30 días iniciales de difusión y concientización.
El Municipio de General Roca actualizó la normativa que regula las actividades y los usos permitidos dentro del Área Natural Protegida Paso Córdoba. Entre las principales disposiciones, se establece la prohibición de circular a campo traviesa con vehículos motorizados y un nuevo régimen de sanciones para quienes incumplan las reglas de protección ambiental, con multas que pueden alcanzar los $60 millones.
La modificación responde al crecimiento sostenido de visitantes y a la incorporación de nuevas actividades recreativas, deportivas y turísticas. El objetivo es ordenar los distintos usos del espacio y compatibilizar el disfrute de sus ambientes naturales con las medidas necesarias para conservarlos.
Desde el Municipio explicaron que la circulación de motocicletas de enduro, motocross, cuatriciclos y otros vehículos fuera de los caminos y sectores habilitados provoca erosión del suelo, pérdida de vegetación y afectación de la fauna silvestre. Además, estas prácticas pueden generar riesgos para quienes concurren al lugar para realizar actividades recreativas, deportivas y turísticas.
La actualización no implica restringir el acceso de vecinos y visitantes al área protegida. Se podrá continuar disfrutando del río y de los espacios recreativos, siempre que se respeten los caminos de circulación y los sectores habilitados para estacionar. La prohibición apunta específicamente a evitar prácticas que ocasionen daños en los ambientes naturales.
El nuevo régimen sancionatorio incorpora la Unidad de Sanción Municipal (USAM) como parámetro para establecer las multas, con el propósito de adecuar las sanciones al ordenamiento jurídico municipal y facilitar su aplicación y actualización conforme al sistema de faltas.
Las infracciones estarán divididas en cuatro categorías: leves, medias, graves y muy graves. Las multas irán de 100 a 50.000 USAM, equivalentes a entre $120.000 y $60.000.000, de acuerdo con la tarifaria vigente al 12 de noviembre de 2026. El monto dependerá de la gravedad de la conducta y de los daños ocasionados. En caso de reincidencia, las sanciones podrán incrementarse.
También se reforzarán los controles mediante la presencia de las Guardias Ambientales y el acompañamiento policial. La implementación tendrá una primera etapa de 30 días destinada a difundir las nuevas disposiciones, generar conciencia y notificar a los visitantes.
Por otra parte, la normativa busca promover el desarrollo ordenado de actividades deportivas y eventos, mediante condiciones que permitan reducir su impacto ambiental y proteger los sectores de mayor sensibilidad.
Con esta actualización, el Municipio apunta a fortalecer la conservación de Paso Córdoba y promover un uso responsable de sus espacios, entendiendo que se trata de un patrimonio natural de la comunidad roquense.
Judiciales
La Justicia de Roca le otorgó el uso de la vivienda familiar a una mujer que sufrió violencia de género
El hombre se encuentra detenido en una causa por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. La resolución priorizó el derecho de los niños a contar con una vivienda.
Una mujer de General Roca que debió abandonar su vivienda junto a sus hijos debido a reiteradas situaciones de violencia de género obtuvo un fallo favorable de la Justicia de Familia, que le atribuyó el uso del inmueble para que pueda volver a habitarlo con ellos.
La mujer había denunciado agresiones físicas y psicológicas, amenazas y conductas de control por parte de su pareja, en una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. La gravedad de los episodios la llevó a retirarse del hogar familiar con sus hijos y apenas algunas pertenencias, dejando muebles, electrodomésticos, ropa y otros elementos adquiridos durante la convivencia.
El hombre quedó detenido en el marco de una causa penal por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. Ante la situación habitacional y económica que atravesaba, la mujer inició una acción judicial para solicitar que se le otorgara el uso de la vivienda, ya que no contaba con ingresos suficientes para acceder a otra alternativa adecuada.
Después de la separación, el hombre había destinado la propiedad al alquiler de terceros. La mujer denunció que los ocupantes retiraron muebles, electrodomésticos y otros elementos, además de provocar daños en la construcción. Cuando intentó recuperar el inmueble, encontró otro impedimento: la madre de su expareja tenía el control de la casa y no le permitió ingresar.
Para resolver el planteo, la jueza valoró declaraciones testimoniales, informes sociales, documentación de organismos públicos y antecedentes judiciales vinculados con situaciones de violencia familiar. También tuvo en cuenta un relevamiento municipal que identificó a ambos integrantes de la pareja como ocupantes del terreno y constató que habían construido allí una vivienda con recursos propios, préstamos y asistencia social. A esto se sumó un certificado del Registro Nacional de Barrios Populares que vinculaba al grupo familiar con el inmueble.
La sentencia reconoció las desigualdades que atraviesan las mujeres víctimas de violencia y señaló que estos casos deben analizarse considerando las dificultades para acceder a la justicia, recuperar la autonomía y reconstruir los proyectos de vida.
La magistrada aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial que permiten atribuir el uso de la vivienda familiar a quien tiene a su cargo hijos menores de edad o carece de recursos para acceder a otro hogar. También consideró que la obligación alimentaria de los progenitores incluye garantizarles a sus hijos un lugar donde vivir.
En ese marco, entendió que el plazo de dos años previsto para las uniones convivenciales no debía limitar el derecho habitacional de los niños. La decisión también se sustentó en las leyes nacionales y provinciales de protección de la infancia y contra la violencia de género, que establecen la prioridad del interés superior de los hijos y contemplan la situación de vulnerabilidad de las mujeres que sufrieron violencia.
La jueza tuvo especialmente en cuenta las responsabilidades de crianza asumidas por la mujer desde una edad temprana, las agresiones padecidas y las consecuencias económicas y habitacionales de haber tenido que abandonar la casa para protegerse.
Finalmente, resolvió atribuirle el uso de la vivienda para que pueda habitarla con sus hijos hasta que el menor alcance la mayoría de edad, siempre que se mantengan las circunstancias que fundamentaron la decisión. Aclaró que el fallo no determina quién es propietario del inmueble, sino que reconoce el derecho de uso en función de las necesidades acreditadas. La medida podrá hacerse efectiva siempre que no afecte eventuales derechos reales de terceros ajenos al proceso.
Judiciales
Reconoció haber acosado por WhatsApp a una adolescente de 14 años y fue condenado
El acusado afirmó que durante casi 15 días de septiembre de 2023 mantuvo conversaciones de contenido sexual con la joven. Recibió 6 meses de prisión condicional y deberá cumplir reglas de conducta durante 2 años.
Un hombre de 43 años fue condenado a 6 meses de prisión condicional por el delito de grooming, luego de reconocer que durante casi 15 días de septiembre de 2023 le envió mensajes de contenido sexual por WhatsApp a una adolescente de 14 años.
La fiscal del caso, Natalia Pascual, explicó que las conversaciones tenían una clara intención de avanzar contra la integridad sexual de la joven. Según expuso durante la audiencia, la intervención de la madre y de una hermana mayor permitió que la conducta cesara y dio lugar al inicio de la investigación.
La fiscalía sustentó la acusación en la denuncia presentada por la madre de la adolescente, la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y la declaración de la joven en Cámara Gesell. A esos elementos se sumó una extracción forense del teléfono celular de la víctima, realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), dependiente del Ministerio Público.
El imputado reconoció su responsabilidad en el marco de un acuerdo pleno y aceptó la pena requerida. La víctima fue informada sobre los términos del acuerdo y manifestó expresamente su conformidad. Por su parte, el defensor penal público, Gustavo Viecens, no formuló objeciones.
Al dictar la sentencia definitiva, el juez Emilio Stadler consideró que la Fiscalía había presentado respaldo probatorio suficiente y que el acuerdo cumplía con los requisitos legales. En consecuencia, condenó al hombre a seis meses de prisión condicional, le impuso las costas del proceso y estableció reglas de conducta obligatorias durante dos años.
Entre las pautas fijadas se encuentran mantener actualizado el domicilio, no ausentarse por períodos prolongados sin autorización previa, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y estupefacientes y no cometer nuevos delitos. También deberá presentarse cada tres meses ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL).
Además, se dispuso una prohibición estricta de acercamiento a la víctima en un radio de 200 metros y de establecer cualquier tipo de contacto con ella.
