El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la sentencia que había confirmado las condenas de cuatro ex funcionarios policiales por abuso de autoridad y homicidio culposo. Ordenó que se dicte un nuevo fallo, con un análisis más profundo de lo planteados por las defensas. Se trata de la investigación por la muerte de Gabriel Mandagaray en un curso de entrenamiento policial en Bahía Creek.

La decisión anuló la sentencia dictada por el Tribunal de Impugnación el 6 de noviembre de 2023 y dispuso que un nuevo Tribunal, con distinta integración, realice una revisión integral y exhaustiva de la condena original. Las defensas de los condenados habían planteado, entre otros, la violación del principio de congruencia y la falta de fundamentación adecuada en la sentencia.

El caso se centró en las responsabilidades penales atribuidas a los imputados en relación con la muerte del cursante Gabriel Mandagaray, quien falleció por asfixia durante un ejercicio de entrenamiento en condiciones extremas.

El STJ consideró que el Tribunal de Impugnación no revisó adecuadamente los agravios planteados por las defensas y que omitió un análisis profundo y razonado de las cuestiones legales y fácticas involucradas.

Concretamente, el TI no analizó en profundidad el principio de congruencia, para verificar que la sentencia condenatoria no haya introducido elementos no contemplados en la acusación original.

La sentencia señaló la insuficiencia en la fundamentación del Tribunal de Impugnación en cuanto a los argumentos de las defensas sobre la subsunción de los hechos bajo los tipos penales aplicados.

Todos esos planteos defensivos, para garantizar el doble conforme, deberán ser analizados más profundamente por el TI.

Las partes

La Fiscalía estuvo representada por el Fiscal General Fabricio Brogna y el fiscal del caso, Guillermo Carlos Ortiz. En cuanto a la defensa, el policía Alejandro Gabriel Gattoni fue defendido por los letrados Oscar Pineda, Pablo Iribarren, y Fernando Ramoa. Marcelo Ariel Contreras fue asistido por el letrado Favio Martín Igoldi; Alfredo Roberto Nahuelcheo por los letrados Manuel Maza y Luciano Perdriel; y Maximiliano Ariel Vitali Méndez, por el letrado Ernesto Saavedra. Intervino además el Defensor General Ariel Alice.

La querella, que actuó en nombre de los querellantes Elsa Adriana Fabi, Antonio Jesús Mandagaray y Sofía Micaela Villalba, estuvo representada por los abogados Damián Torres y Claudia Pichiñan. El fallo del STJ fue unánime.

Un Tribunal de Juicio de Roca condenó hoy (21/08) al oficial principal de la Policía provincial Fabio Gutiérrez por los delitos de abuso de autoridad en concurso real con defraudación a la administración pública mediante administración fraudulenta en un número indeterminado de veces.

Entre sus fundamentos, los jueces Fernando Sánchez Freytes y Emilio Stadler y la jueza Laura Pérez definieron que «ha quedado debidamente probada la responsabilidad penal del imputado en los cuatro hechos acusados por la Fiscalía».

Según resolvió el Tribunal, el delito de abuso de autoridad se configuró por un contrato de comodato que firmó el oficial en 2021 con el titular de Vialidad Ríonegrina para que una camioneta de esa empresa del Estado sea usufructuada por la Brigada Rural y Montada, sede General Roca, de la Policía de Río Negro. Esa unidad estaba a cargo de Gutiérrez. «Ese acto jurídico no debió celebrarlo porque no estaba dentro de su competencia funcional de acuerdo con la ley. Fue un apartamiento legal abusivo por parte del imputado», concluyó el Tribunal.

También se acreditó que luego de firmar ese contrato, «el automotor lo usó para uso propio, particular, no lo afectó oficialmente a la Brigada. El uso particular y no oficial por parte de del imputado está ampliamente probado» y también configura el delito de abuso de autoridad.

Por otra parte, el delito de defraudación contra la administración pública se configuró porque el imputado, para hacer uso particular de la camioneta de Vialidad, «se valió del gasoil que correctamente cargaba el móvil policial de la Brigada a su cargo». Según se demostró en el juicio, el oficial ordenaba a sus subalternos que los tanques de los móviles «estuviesen siempre llenos». Luego él, personalmente o dándole la orden a un subalterno, sacaba el combustible utilizando un trozo de manguera y llenaba bidones de 20 litros que finalmente se llevaba a su casa.

Según surge del veredicto conocido hoy, «en un número indeterminado de veces se hizo llevar desde la sede de la Brigada hasta su vivienda particular en Ingeniero Huergo. Iba en el móvil policial con un chofer de turno y de paso transportaba los bidones con combustible. Luego el chofer regresaba solo a Roca con los bidones vacíos».

La próxima instancia del proceso será la audiencia de cesura, en la que se discutirá y definirá el monto de la pena que deberá cumplir el empleado policial por los delitos por los que fue declarado culpable.

El Gobierno de Río Negro continúa reforzando la seguridad en la provincia con una importante inversión destinada a renovar y ampliar la flota vehicular de la Policía. Este esfuerzo se concreta con la adquisición de 20 camionetas cero kilómetro, que incluyen 10 4×4 y 10 4×2, las cuales serán distribuidas estratégicamente en distintas regiones de la provincia para optimizar las tareas de prevención y respuesta.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, quien destacó que, en los próximos días, se llevará a cabo la licitación para la compra de 50 nuevos patrulleros y 40 motos destinadas a la brigada motorizada, como parte del plan provincial de seguridad impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck.

En este sentido, Jara recordó que «desde el inicio de la gestión del gobernador, la Provincia ha realizado importantes inversiones en seguridad, abarcando desde la adquisición de cámaras para el monitoreo hasta la recuperación de móviles policiales fuera de servicio y la compra de nuevos vehículos. Estas 20 camionetas vienen a llenar un vacío y una necesidad que existía para fortalecer las Brigadas en diferentes puntos de la provincia», explicó el ministro.

Esta inversión, que asciende a aproximadamente 800 millones de pesos, ha sido posible gracias al fondo fiduciario del Ministerio, generado a partir de la recaudación por infracciones viales. Además, en los próximos 15 días se distribuirán nuevas cubiertas para los patrulleros, con una inversión adicional de 500 millones de pesos, reafirmando el compromiso del gobierno con la seguridad de los rionegrinos.

El ministro también adelantó que el fondo fiduciario permitirá la adquisición de 40 nuevas motos para las brigadas motorizadas de la policía y 50 patrulleros adicionales, junto con la compra de 170 cámaras de seguridad para el servicio de emergencias 911.

Finalmente, Jara subrayó el compromiso de Weretilneck con la seguridad, asegurando que «la seguridad es una prioridad para esta gestión, y la inversión que se está realizando es una clara muestra de ello».