Política
Deberán pagar más Ingresos Brutos las grandes empresas mineras y las financieras
La propuesta fue votada por mayoría. Sólo rechazada por el PRO.
La Legislatura de Río Negro modificó el artículo 6º de la ley Impositiva Nº 5701, con el objetivo de lograr una armonización tributaria y establecer alícuotas que guarden similitud con las del resto de las provincias.
La propuesta fue votada por mayoría (sólo rechazada por el PRO) y se tuvieron en cuenta una serie de modificaciones aportadas por casi todos los bloques de la oposición.
Los cambios –provenientes del Poder Ejecutivo, con acuerdo de ministros- se deben a que se trata de un tributo que, en muchos casos, alcanza a sujetos que ejercen actividades de forma interjurisdiccional, buscando que sea lo más uniforme posible en el escenario interprovincial.
Además, obedecen a la clara necesidad de eficientizar la relación Gastos – Ingresos de la provincia, en un contexto de estrechez económica financiera, generado entre varios factores, por la caída en las transferencias de recursos de origen nacional a las provincias.
«Cambios normativos y de política económica nacional generados en los últimos meses han provocado una merma significativa y sostenida de recursos a las administraciones subnacionales, tanto en transferencias automáticas como en las denominadas transferencias no automáticas, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador al Transporte Público», señala la iniciativa. En ese aspecto también se menciona la paralización desde fines del año pasado del financiamiento de la obra pública nacional.
Se agrega en la fundamentación que «el deterioro de los indicadores económicos y sociales, junto con la merma de los recursos coparticipables y de las distintas fuentes de financiamiento del gobierno nacional mencionados, afecta el desempeño fiscal del gobierno provincial que, a pesar del denodado esfuerzo puesto en el control del gasto, acota notablemente el margen de maniobra para el diseño de políticas públicas».
«Es sabido que para asegurar la prestación de los distintos servicios esenciales que debe brindar el Estado Provincial, resulta indispensable contar con un flujo constante de recursos», especifica la argumentación.
Quién brindó detalles del proyecto fue la legisladora Soraya Yahuar (JSRN), quien señaló que a fines el año pasado o este año «algunas provincias ya actualizaron sus alícuotas y modificaron su esquema impositivo, en el marco del Consenso Fiscal».
«Por eso debemos revisar algunas de estas actividades económicas, en las que Río Negro cobra Ingresos brutos. Somos la provincia patagónica con la más baja presión fiscal», sostuvo y aclaró que esta medida «no impactará en todos los contribuyentes rionegrinos, sino en aquellos que tengan una capacidad contributiva mayor».
«En definitiva, lo que estamos haciendo es tratar de recaudar más para poder brindar aún mejores servicios», concluyó.
ARI, los primeros en acompañar
Javier Acevedo fue el primer legislador de la oposición en exponer, oportunidad en que agradeció al oficialismo haber tenido en cuenta algunas modificaciones a la iniciativa original. «En estas épocas hay que ajustar el gasto público, pero no en base a bajar salarios o echar trabajadores», sostuvo e indicó que «todos sabemos que sin recursos no hay gobierno y, en ese marco, muchas veces deben tocarse los impuestos».
«Queremos que tributen las mineras, las petroleras y los servicios financieros», dijo Acevedo, tras resaltar que la iniciativa incluía más rubros.
Belloso: «El Estado debe tener recursos para estar presente»
El respaldo también llegó del lado de PJ-Nuevo Encuentro. El presidente del bloque, Daniel Belloso precisó que de esa manera «somos consecuentes con lo que hemos dicho siempre».
«Creemos en un Estado presente y para ello debe tener los recursos», afirmó y añadió que «deben tributar los que tienen mayor capacidad contributiva».
No a los servicios financieros y telefonía
Vamos con Todos fundamentó su acompañamiento, siempre que si quitaran aumentos para los servicios financieros y la telefonía. Al respecto Luciano Delgado Sempé expresó que las empresas del rubro trasladarían esas subas a los usuarios.
Asimismo dijo estar extrañado que «recién ahora se le aplique una alícuota a las empresas que explotan arena silícea, pese a que están en la provincia hace -al menos- dos años».
Críticas de Frei
María Laura Frei (PRO) argumentó el voto del único bloque que rechazó la propuesta. «Hace apenas tres días que el gobernador firmó el Pacto de Mayo, que habla de una reducción impositiva, y hoy ya está rompiendo ese compromiso», indicó.
Al hacer mención que la intención del proyecto es equiparar los impuestos con otras provincias linderas, manifestó que «en lugar de imitar las cosas buenas de quienes nos rodean, imitamos lo peor y anulamos esa pequeña ventaja comparativa para atraer inversiones».
López: «No queremos perjudicar a nadie»
En el cierre de las deliberaciones, Facundo López (JSRN) confirmó -antes de la votación- que el oficialismo absorbió los pedidos para quitar del listado de incrementos a varios rubros, por lo que sólo la medida afectará a las grandes actividades mineras y los servicios financieros. «No queremos perjudicar a nadie. El sector privado es muy importante, pero tampoco pueden hacer lo que quieren», cerró.
Política
Coparticipación: Culminó la ronda de diálogo en toda la provincia
Desde el Gobierno provincial aseguraron que se buscará avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
El Gobierno de Río Negro llevó adelante la última mesa de trabajo con intendentes, en el marco del proceso de actualización de los índices de coparticipación, completando así la ronda de encuentros con todas las regiones de la provincia.
Del encuentro participaron los intendentes Marcelo Román de Allen; Daniel Hernández de Campo Grande; Daniela Salzotto de Catriel; Enrique Rossi de Cinco Saltos; Rodrigo Buteler de Cipolletti; Horacio Zúñiga de Contralmirante Cordero; y María Emilia Soria de General Roca.
La reunión fue encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, acompañado por la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.
Durante la jornada, y en base al diálogo y el consenso, se tomó nota de cada una de las propuestas presentadas por los municipios, con el objetivo de analizarlas y avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
«Estamos llevando adelante un proceso serio, responsable y profundamente federal. Escuchamos a cada municipio, tomamos sus propuestas y trabajamos en conjunto para construir una herramienta más justa, actualizada y acorde a la realidad de la provincia», expresó Ríos.
El Ministro remarcó además que «este proceso se sostiene en el diálogo permanente y en la convicción de que ningún municipio se verá perjudicado, sino que buscamos fortalecer a cada comunidad en función de su realidad».
Finalizadas estas rondas de trabajo, el Gobierno Provincial ahora analizará integralmente todas las propuestas para definir la mejor actualización de los índices de coparticipación, propuestos a avanzar en base al diálogo y el consenso construido con los municipios.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
