El plan de lucha de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se profundizó con una nueva medida de fuerza realizada en todo el país y, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sindicato se movilizó hacia el Congreso Nacional. La medida se da en rechazo a «las políticas de ajuste que recrudecen en el sector público: además de los despidos, cierre de organismos y una incesante pérdida del poder adquisitivo, con la declaración de disponibilidad de todos los trabajadores de la planta permanente».

«La medida de fuerza tuvo una gran adhesión y se convierte en la antesala de un paro general que tiene que llegar en las primeras semanas de septiembre. Tenemos que pensar en una profundización del plan de lucha que nos permita ponerle freno a un Gobierno que se ha decidido a atacar todos nuestros derechos y arrasar con la Constitución Nacional», indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

El dirigente también aventuró la posibilidad de lanzar una nueva medida de fuerza general en conjunto con otras entidades gremiales. «Hay condiciones y sobran motivos para que todas las centrales obreras convoquen a una huelga. Que se queden tranquilos aquellos que siempre cuestionan a los que pelean. Si nuestros sueldos mensuales fueran de 9 millones de pesos como el de los senadores, no pensaríamos en llevar adelante estas acciones».

«El plan económico del Gobierno no funciona ni va a funcionar. Además, los números cada vez le dan peor. Una gran mayoría de los que los respaldaron están decepcionados. Tenemos que seguir desgastándolos», concluyó Aguiar.

En esta ocasión, ATE montó una carpa dentro del anexo del palacio legislativo con mesas para recolectar firmas por la anulación del DNU N° 70/23 que significa «una pérdida de derechos para trabajadores y jubilados». Las medidas de fuerza se replicaron en todo el país con protestas frente a las Legislaturas provinciales y Concejos Deliberantes locales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió, mediante la reunión de su secretariado ampliado, realizar una nueva jornada nacional de lucha para mañana miércoles (21/08) con movilizaciones en las principales ciudades del país y, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la conducción nacional del sindicato protestará frente al Congreso instalando carpas y mesas para la junta de firmas por la anulación del DNU N° 70/23.

«La Argentina es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. En el segundo semestre los niveles de conflictividad van a aumentar, la desocupación va a volver a convertirse en un drama social en la Argentina y camino a la navidad, la paz social estará gravemente afectada. Será muy difícil llegar a diciembre», indicó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

«Tenemos que lograr que se anule el DNU y sea declarado inconstitucional porque impacta de manera negativa en todos los aspectos de nuestras vidas», apuntó el dirigente y agregó que «en el sector público despiden, cierran organismos y destruyen nuestros ingresos. Los estatales hemos perdido desde el mes de enero más de 21 puntos en relación a la evolución de los precios».

«El nivel de agresividad y virulencia que estamos viviendo no tiene precedentes. Este Gobierno por sus formas es violento. Sin dudas, es el Gobierno más autoritario de la democracia. Este autoritarismo no se va a sostener durante mucho tiempo con los niveles de pobreza en aumento. Va a ser muy difícil llegar a diciembre», concluyó el titular de ATE.

La actividad se dará en medio de una semana donde el Congreso tratará los proyectos de reformas laborales y sindicales, entre otros, «los cuales ponen en riesgo los derechos de los trabajadores», aseguraron desde el gremio. En este marco, la medida de fuerza se replicará en las principales Legislaturas provinciales como así también en los Concejos Deliberantes de las principales ciudades de todo el país.

Además, ATE reclamará para denunciar la criminalización de la protesta social y exigir la liberación de los detenidos por luchar; repudiar todos los proyectos de reformas penales y laborales tratados en el Congreso lanzar una segunda instancia de resistencia multisectorial; fortalecer la agenda de las Mujeres; aumentos salariales por encima de la inflación; cese de las políticas de ajuste y desguace del Estado; garantizar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público; cese de los despidos y reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos a partir del 10 de diciembre de 2023; rechazo a cualquier privatización de empresas públicas; y por la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados.

El CCCLXXVIII Congreso General Extraordinario de UnTER que se desarrolló ayer viernes (16/08) en Choele Choel, definió declarar insuficiente la nueva propuesta del Ministerio de Educación. No obstante, no convocaron a medidas de fuerza, en pos de mantener el diálogo con el Gobierno.

Asimismo, el sindicato exigirá una mesa de trabajo del salario para armonizar el nomenclador, corrección de grillas, movilidad docente, entre otros temas.

Los docentes debatieron también en el Congreso el posicionamiento de UnTER respecto al presentismo y la esencialidad de la educación. Durante la sesión, se conoció el fallo de la Justicia que ordena la suspensión del impuesto a las ganancias para todos los maestros del país. El gremio celebró el logro alcanzado por un amparo presentado por la CTERA.

Cabe recordar que el Ministerio de Educación ofreció en paritarias que a partir de los haberes de agosto se otorgue un incremento por IPC mensual hasta los salarios de diciembre de 2024.

Asimismo, estableció un nuevo piso salarial para el cargo de maestro de grado de $864.954 -para los haberes del mes de agosto- y de $931.107 -para los haberes del mes de septiembre-. En los meses de agosto y septiembre el incremento de IPC se propone sobre el salario básico. A su vez, la equiparación en rango de proporcionalidad para los cargos asociados en los meses de agosto y septiembre.