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Para ATE, «el Impuesto a las Ganancias volvió como un impuesto a los pobres»
Una familia necesita $1.362.029 para no ser pobre, mientras que con el nuevo régimen el mínimo no imponible pasó a ser de $1.494.000 de bolsillo.
Luego de la restitución de la categoría más baja del Impuesto a las Ganancias a través del Decreto N° 652/24, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cargó contra el Gobierno de Javier Milei. «Restablecieron Ganancias y el Presidente que se iba a cortar el brazo no se cortó ni una uña. Además, volvió como un impuesto a los pobres. A diferencia del régimen anterior, la brecha entre el costo de la Canasta Básica y el mínimo no imponible es ínfima», indicó.
«El régimen de recaudación impositiva experimenta un verdadero retroceso y además va a contramano de lo que pasa en el resto del mundo. Mientras a nivel global se discute un impuesto para a los grandes patrimonios, en la Argentina el paquete fiscal que se aprueba le quita peso tributario a los grandes patrimonios y le suma carga de impuestos a los trabajadores y jubilados», apuntó.
Según el último informe de la Junta Interna de ATE en INDEC, una familia necesita $1.362.029 para no ser pobre, mientras que con el nuevo régimen el mínimo no imponible pasó a ser de $1.494.000 de bolsillo. Es decir que apenas $131.971 separan la línea de la pobreza con el pago de Ganancias.
«Este es un tributo inconstitucional. Además, en esta nueva fase el número de estatales alcanzados es mayor. No sólo porque disminuye el mínimo no imponible, sino porque han quitado regímenes especiales como el diferencial de Zona Patagónica, que elevaba un 22% el piso imponible, y también porque se han eliminado deducciones. Por otro lado, luego de la reglamentación, en esta nueva versión claramente se afectan autonomías provinciales y municipales. La vigencia de normas locales que eximían parte del salario de los trabajadores han sido eliminadas», detalló el dirigente estatal.
El sindicato informó que más de 20.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional pasarán a ser alcanzados por el gravamen, lo que representa casi el 16% de la planta, a lo que se les suman los empleados de organismos descentralizados como PAMI (12.600), ANSES (12.600), AFIP (21.600), Yacimientos Carboníferos Río Turbio -YCRT, el cuál se ve notablemente afectado por la eliminación del diferencial de Zona Patagónica- (2.000), entre otros. Además, se suman casi 30.000 trabajadores de las administraciones provinciales patagónicas que en su mayoría prestan servicios en el sector salud.
Ante esta situación, Rodolfo Aguiar evaluó que «sin la complicidad de las fuerzas políticas que levantaron la mano en el Congreso, y algunos sectores sindicales que miran para otro lado, se podría haber evitado el aumento de la regresividad del sistema tributario”. “Estamos cada vez más lejos de que en la Argentina paguen más impuestos los que más tienen. Deberían pagar más impuestos quienes mayor capacidad contributiva tengan», agregó.
«Vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas no sólo para explorar la vía judicial, sino también para definir medidas de acción directa que nos permitan rechazar la imposición de este tributo absolutamente ilegal», concluyó el referente nacional.
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Sin convocatoria de la CGT, el Frente de Sindicatos Unidos decidió lanzar una movilización al Congreso el viernes
«Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso», dijo Aguiar.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, lanzó una movilización al Congreso el viernes (27/02) mientras la reforma laboral es tratada nuevamente en el Senado. ATE además lanzará un Paro Nacional para ese día.
«Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento. Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que Milei y Bullrich no festejen por anticipado», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Los mismos dirigentes que confiaron en los gobernadores y el Congreso a pesar de que los votos nunca estuvieron, ahora nos dicen que confían en la Justicia. La pregunta es cuándo van a confiar en los trabajadores. Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al Gobierno», agregó el referente estatal.
En este marco, el dirigente apuntó que «tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores».
«Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. En todo caso serán los responsables de que aumente la tensión social y crezca la conflictividad», concluyó Aguiar.
El Frente de Sindicatos concentrará el viernes a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen (CABA). La movilización fue definida mediante una reunión que el FreSU mantuvo en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), ubicada en San José 243 (CABA). Cada organización evaluará y definirá sus modalidades de protesta.
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En la previa al paro de 36 horas, escala la tensión entre ATE y el Gobierno por la amenaza de no pagar salarios en febrero
“Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale”, señaló Aguiar.
El Gobierno amenazó a los trabajadores de la Administración Pública Nacional con no pagar parte de sus sueldos del mes de febrero y la Asociación Trabajadores del Estado decidió profundizar su plan de lucha con un paro de 36 horas con movilización para esta semana en el marco del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que ATE integra junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras.
«Al congelamiento salarial de la administración pública, ahora se le suma una medida inédita que no tiene precedentes y es la de dejar de pagar parte de los sueldos, aplicar directamente una rebaja privando a los trabajadores del cobro de adicionales tales como el premio estímulo a la asistencia y otros. El Gobierno decidió clausurar la paritaria. Enfrentamos una clara práctica desleal y mala fe en las negociaciones al no retomar el cuarto intermedio que se acordó el pasado 26 de diciembre», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En todos los casos se trata de un monto superior a los $50.000 por agente. En este marco, el dirigente apuntó que «exigimos que el Gobierno cumpla en tiempo y forma con el pago de sueldos. Todos los rubros forman parte integral de los salarios. No vamos a tolerar un nuevo recorte. Esto repercutirá de manera negativa en la prestación de todos los servicios».
El reclamo se suma a la lucha que el Frente de Sindicatos mantiene en rechazo a la reforma laboral que volverá a ser tratada esta semana en la Cámara Alta del Congreso. «Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale. Debemos avanzar en una nueva huelga de 36 horas para rechazar la reforma laboral. El viernes quieren hacer del Senado una escribanía y lo tenemos que impedir», indicó.
«No podemos permanecer sin reaccionar y en silencio frente al mayor ataque que se recuerde a todos nuestros derechos. El Frente tiene que profundizar su plan de acción. Esta es una ley inaplicable que está destinada a fracasar», concluyó Aguiar.
ATE además exige la inmediata reapertura de las paritarias que se encuentran congeladas desde diciembre del 2025 y señaló que el poder de compra de los salarios estatales ya perdió más de un 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
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Más de 98% de acatamiento al paro de ATE en todo el país
«Esta iniciativa nos conduce a los trabajadores directamente al matadero. Es una ley criminal», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reportó un nivel de acatamiento casi total al paro nacional, promediando el 98% en todo el país en la previa a la movilización que realizarán al Congreso a partir del mediodía para exigir el rechazo al proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. «Esta reforma laboral nos conduce a los trabajadores directamente al matadero. Es una ley criminal. Dejar de pagarle su salario a quien está realizando un tratamiento de quimioterapia y que no pueda sostener a su familia es una conducta delictiva», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
«Nos gobierna una banda de delincuentes que comprende perfectamente la criminalidad de sus actos. La reforma laboral forma parte de una de sus políticas criminales, y los gobernadores, senadores y diputados que la avalan son cómplices necesarios de provocar esta tragedia social», apuntó el dirigente estatal.
En esta línea, argumentó que «es la historia la que prueba que quitando derechos no van a crear un solo puesto de trabajo nuevo. Si se aprueba esta norma, va a haber más desempleo y más precarización porque siempre pasó lo mismo con este tipo de legislaciones en la Argentina y en el mundo».
«Es una ley escrita a medida de la AEA y la UIA, y que sólo busca disciplinar a la clase trabajadora y abaratar el costo laboral. Estamos peleando contra el poder real. El mandato que tenemos es seguir confrontando sin dar tregua», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Desde las 00 horas de este jueves sólo se están garantizando guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.
Otros servicios que ya comenzaron a verse afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
