Gremios
Para ATE, «el Impuesto a las Ganancias volvió como un impuesto a los pobres»
Una familia necesita $1.362.029 para no ser pobre, mientras que con el nuevo régimen el mínimo no imponible pasó a ser de $1.494.000 de bolsillo.
Luego de la restitución de la categoría más baja del Impuesto a las Ganancias a través del Decreto N° 652/24, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cargó contra el Gobierno de Javier Milei. «Restablecieron Ganancias y el Presidente que se iba a cortar el brazo no se cortó ni una uña. Además, volvió como un impuesto a los pobres. A diferencia del régimen anterior, la brecha entre el costo de la Canasta Básica y el mínimo no imponible es ínfima», indicó.
«El régimen de recaudación impositiva experimenta un verdadero retroceso y además va a contramano de lo que pasa en el resto del mundo. Mientras a nivel global se discute un impuesto para a los grandes patrimonios, en la Argentina el paquete fiscal que se aprueba le quita peso tributario a los grandes patrimonios y le suma carga de impuestos a los trabajadores y jubilados», apuntó.
Según el último informe de la Junta Interna de ATE en INDEC, una familia necesita $1.362.029 para no ser pobre, mientras que con el nuevo régimen el mínimo no imponible pasó a ser de $1.494.000 de bolsillo. Es decir que apenas $131.971 separan la línea de la pobreza con el pago de Ganancias.
«Este es un tributo inconstitucional. Además, en esta nueva fase el número de estatales alcanzados es mayor. No sólo porque disminuye el mínimo no imponible, sino porque han quitado regímenes especiales como el diferencial de Zona Patagónica, que elevaba un 22% el piso imponible, y también porque se han eliminado deducciones. Por otro lado, luego de la reglamentación, en esta nueva versión claramente se afectan autonomías provinciales y municipales. La vigencia de normas locales que eximían parte del salario de los trabajadores han sido eliminadas», detalló el dirigente estatal.
El sindicato informó que más de 20.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional pasarán a ser alcanzados por el gravamen, lo que representa casi el 16% de la planta, a lo que se les suman los empleados de organismos descentralizados como PAMI (12.600), ANSES (12.600), AFIP (21.600), Yacimientos Carboníferos Río Turbio -YCRT, el cuál se ve notablemente afectado por la eliminación del diferencial de Zona Patagónica- (2.000), entre otros. Además, se suman casi 30.000 trabajadores de las administraciones provinciales patagónicas que en su mayoría prestan servicios en el sector salud.
Ante esta situación, Rodolfo Aguiar evaluó que «sin la complicidad de las fuerzas políticas que levantaron la mano en el Congreso, y algunos sectores sindicales que miran para otro lado, se podría haber evitado el aumento de la regresividad del sistema tributario”. “Estamos cada vez más lejos de que en la Argentina paguen más impuestos los que más tienen. Deberían pagar más impuestos quienes mayor capacidad contributiva tengan», agregó.
«Vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas no sólo para explorar la vía judicial, sino también para definir medidas de acción directa que nos permitan rechazar la imposición de este tributo absolutamente ilegal», concluyó el referente nacional.
Gremios
ATE definió un paro nacional con movilización para el 21 de abril por la reapertura de las paritarias
«Si no hay plata no habrá paz social. Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización para el martes 21 de abril en reclamo por la reapertura de las paritarias y para rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal. La medida fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional que reúne a los secretarios generales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
«Si no hay plata no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios».
«Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más», completó Aguiar.
La medida de fuerza fue resuelta en la reunión mantenida en el Hotel 27 de Junio del sindicato, ubicado en 1469 (CABA). En los próximos días se definirá la modalidad de acción en cada una de las provincias y la Capital Federal. Además, se definió realizar el 69° Congreso Anual Ordinario de ATE el día jueves 28 de mayo en la Sede Nacional del sindicato, con dirección en Av. Belgrano 2527.
Otra de las resoluciones del encuentro fue acompañar la movilización de FATE a Plaza de Mayo el día martes 14 de abril por la puesta en marcha inmediata de la fábrica y en rechazo a la apertura de importaciones indiscriminada.
En esta línea, Aguiar sentenció que «hemos decidido marchar junto a los trabajadores de FATE porque el ajuste no discrimina entre públicos y privados. Nos está dañando a todos y tenemos que frenarlo».
Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso. De esta forma, los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.
Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».
Gremios
Sin propuesta salarial y con amenazas de paro, fracasó un nuevo encuentro entre el Gobierno y UnTER
La negociación pasó a un cuarto intermedio tras la publicación de los índices de inflación. El gremio ratificó que el plan de lucha sigue vigente ante la falta de respuestas en política educativa.
El Gobierno de Río Negro y el gremio docente UnTER mantuvieron este jueves (09/04) un nuevo encuentro paritario en la Secretaría de Trabajo, marcado por un clima de confrontación y sin avances significativos en materia salarial. Durante la reunión, los representantes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos manifestaron su voluntad de diálogo, aunque cuestionaron duramente la postura del sindicato.
Según indicaron desde la cartera educativa, resulta «excesivo» que el gremio anuncie medidas de fuerza para los días 16 y 17 de abril antes de agotar las instancias de negociación.
Por su parte, la respuesta de UnTER no se hizo esperar. A través de un duro comunicado, la conducción gremial encabezada por Laura Ortiz afirmó que el encuentro no fue una instancia de diálogo real, sino de «dilación». El sindicato denunció una decisión política de «seguir ajustando sobre los salarios» y criticó el abandono de las escuelas rionegrinas. «No se puede condicionar la paritaria ni las políticas educativas al silenciamiento de la docencia», expresaron desde el gremio, rechazando las acusaciones de extorsión vertidas por el Ejecutivo provincial.
En cuanto a los números, el Ministerio ratificó que el próximo 20 de abril se abonará la segunda cuota de la suma fija no remunerativa de $125.000 por agente. Además, se comprometieron a entregar las nuevas grillas salariales una vez que se publiquen los índices de inflación (IPC) de Viedma y Nación. Este incremento, que promediará los meses de febrero y marzo, sería abonado recién con los salarios de mayo, lo que fue calificado por los docentes como una medida insuficiente frente al costo de vida actual.
El Gobierno insistió en que los salarios docentes superan la inflación acumulada y apeló a la «previsibilidad de los recursos provinciales». No obstante, para UnTER, el Gobierno utiliza las mesas de trabajo como «promesas vacías» para desactivar el conflicto sin abordar los problemas de fondo. Participaron de la reunión Silvia Arza por Educación y la cúpula de UnTER, dejando un escenario de incertidumbre total respecto al inicio de clases normal para la próxima semana.
Gremios
Si no hay respuestas concretas en paritaria, UnTER llevará adelante un nuevo paro de 48 horas y cortes de ruta en toda la provincia
Así lo definió el sindicato en un Congreso realizado en Bariloche. La negociación con el Gobierno continuará mañana jueves.
El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.
En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.
En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.
Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.
