Gremios
Para ATE, «el Impuesto a las Ganancias volvió como un impuesto a los pobres»
Una familia necesita $1.362.029 para no ser pobre, mientras que con el nuevo régimen el mínimo no imponible pasó a ser de $1.494.000 de bolsillo.
Luego de la restitución de la categoría más baja del Impuesto a las Ganancias a través del Decreto N° 652/24, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cargó contra el Gobierno de Javier Milei. «Restablecieron Ganancias y el Presidente que se iba a cortar el brazo no se cortó ni una uña. Además, volvió como un impuesto a los pobres. A diferencia del régimen anterior, la brecha entre el costo de la Canasta Básica y el mínimo no imponible es ínfima», indicó.
«El régimen de recaudación impositiva experimenta un verdadero retroceso y además va a contramano de lo que pasa en el resto del mundo. Mientras a nivel global se discute un impuesto para a los grandes patrimonios, en la Argentina el paquete fiscal que se aprueba le quita peso tributario a los grandes patrimonios y le suma carga de impuestos a los trabajadores y jubilados», apuntó.
Según el último informe de la Junta Interna de ATE en INDEC, una familia necesita $1.362.029 para no ser pobre, mientras que con el nuevo régimen el mínimo no imponible pasó a ser de $1.494.000 de bolsillo. Es decir que apenas $131.971 separan la línea de la pobreza con el pago de Ganancias.
«Este es un tributo inconstitucional. Además, en esta nueva fase el número de estatales alcanzados es mayor. No sólo porque disminuye el mínimo no imponible, sino porque han quitado regímenes especiales como el diferencial de Zona Patagónica, que elevaba un 22% el piso imponible, y también porque se han eliminado deducciones. Por otro lado, luego de la reglamentación, en esta nueva versión claramente se afectan autonomías provinciales y municipales. La vigencia de normas locales que eximían parte del salario de los trabajadores han sido eliminadas», detalló el dirigente estatal.
El sindicato informó que más de 20.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional pasarán a ser alcanzados por el gravamen, lo que representa casi el 16% de la planta, a lo que se les suman los empleados de organismos descentralizados como PAMI (12.600), ANSES (12.600), AFIP (21.600), Yacimientos Carboníferos Río Turbio -YCRT, el cuál se ve notablemente afectado por la eliminación del diferencial de Zona Patagónica- (2.000), entre otros. Además, se suman casi 30.000 trabajadores de las administraciones provinciales patagónicas que en su mayoría prestan servicios en el sector salud.
Ante esta situación, Rodolfo Aguiar evaluó que «sin la complicidad de las fuerzas políticas que levantaron la mano en el Congreso, y algunos sectores sindicales que miran para otro lado, se podría haber evitado el aumento de la regresividad del sistema tributario”. “Estamos cada vez más lejos de que en la Argentina paguen más impuestos los que más tienen. Deberían pagar más impuestos quienes mayor capacidad contributiva tengan», agregó.
«Vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas no sólo para explorar la vía judicial, sino también para definir medidas de acción directa que nos permitan rechazar la imposición de este tributo absolutamente ilegal», concluyó el referente nacional.
Gremios
El Frente de Sindicatos Unidos reclama un salario mínimo vital y móvil de $2.879.877
El informe detalla que el SMVM oficial ya es el más bajo de la historia argentina y está 20% por debajo del valor que tuvo durante la década del 90.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) sostuvo que las y los trabajadores necesitan un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $2.879.877 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese monto equivale a ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
Además, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales y se vieron forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana. Eso explica el nivel de endeudamiento de las familias argentinas.
En el desglose de datos, el FreSU informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio $2.321.24 y, en el caso del sector público, la pérdida fue de $12.788.939 en promedio.
Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toma como referencia los costos necesarias para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional: Alimentación adecuada ($648.271); vivienda digna ($568.227); educación ($252.457); vestimenta ($147.595); salud ($349.332); transporte, esparcimiento y vacaciones ($597.209); y previsión social ($316.786).
El FreSU está integrado por unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros.
El 1 de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados y votaron el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».
El tercer informe mensual del FreSU fue anunciado por los secretarios generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial) y la secretaria general de Conadu Histórica, Francista Staiti, desde la jornada de debate realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.
Gremios
El Gobierno propuso seguir actualizando salarios por IPC
El Ejecutivo dejó planteado que la propuesta salarial está sujeta a la aceptación de la oferta, y que ante eventuales medidas de fuerza, no se liquidarán los incrementos previstos y se aplicarán descuentos.
El Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta de aumento salarial a los gremios estatales, garantizando «actualizaciones automáticas atadas a la inflación» hasta septiembre. «Este esquema ofrece mayor previsibilidad a las familias del personal estatal y asegura la continuidad de los servicios esenciales para todos los rionegrinos», destacaron desde el Ejecutivo.
La propuesta, que fue presentada en el marco de la Mesa de la Función Pública (ante representantes de ATE pero con ausencia de UPCN) y en la paritaria docente, al gremio UnTER, consiste en continuar con la actualización bimestral de los salarios, aplicando el promedio entre el IPC Nacional y el IPC de Viedma para los próximos dos bimestres.
De esta manera, para el bimestre junio-julio 2026 los salarios se actualizarán tomando como referencia el promedio de inflación registrado en abril y mayo; mientras que para el bimestre agosto-septiembre 2026 se usarán como base los índices de junio y julio.
En el caso de la negociación docente, el Gobierno Provincial dejó planteado que la propuesta salarial está sujeta a la aceptación de la oferta y al normal desarrollo del ciclo lectivo. Ante eventuales medidas de fuerza, no se liquidarán los incrementos previstos y se aplicarán los descuentos por los días no trabajados.
Además, la propuesta incorpora un incremento del 20% para el plus operador de SENAF y otro 50% para los adicionales del Personal de Servicio de Apoyo de Educación, ambos a partir del mes en curso.
También se ofreció avanzar con el pago de las recategorizaciones adeudadas a casi 4.000 agentes de Salud. El esquema prevé que quienes tengan montos de hasta $200.000 cobren en una cuota a fines de junio; entre $200.001 y $500.000, en tres cuotas desde julio; entre $500.001 y $1.000.000, en cuatro cuotas; y quienes superen el millón de pesos, en seis cuotas desde julio.
Desde el Gobierno Provincial remarcaron que «la propuesta se realiza en un contexto nacional complejo, sosteniendo el compromiso de mantener salarios actualizados, cuidar el funcionamiento del Estado y garantizar previsibilidad para las familias rionegrinas».
Gremios
Mientras UnTER asegura un 70% de adhesión al paro, el Gobierno informa un 65% de presentismo en las escuelas
En el primer día de protesta, los docentes se movilizaron en los puentes Cipolletti-Neuquén y fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura.
La primera jornada del paro docente de 48 horas en Río Negro estuvo marcada por cifras contrapuestas entre el gremio UnTER y el Gobierno provincial, y por momentos de tensión en los puentes carreteros que conectan Cipolletti con Neuquén.
Desde el sindicato aseguraron que la medida de fuerza alcanzó una adhesión cercana al 70% en toda la provincia. En contraposición, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que el presentismo docente superó el 65%, lo que, según indicaron, «permitió sostener el dictado de clases en gran parte de las escuelas».
En paralelo, la protesta tuvo su punto más crítico en la zona de los puentes interprovinciales sobre la Ruta Nacional N° 22, donde docentes se manifestaban en el marco del paro de 48 horas. Durante la mañana, la actividad se había desarrollado con entrega de folletería y tránsito lento, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la calzada. En ese momento, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura, quienes utilizaron gas pimienta para dispersar a los docentes.
El accionar generó corridas, momentos de tensión y desconcierto entre los presentes. Algunos manifestantes resultaron afectados por los gases, aunque fueron asistidos en el lugar y continuaron con la movilización.
Desde UnTER señalaron que la intención era movilizarse hacia la rotonda sin cortar totalmente el tránsito, dejando al menos un carril habilitado para la circulación.
Por su parte, el Gobierno provincial cuestionó la medida de fuerza al considerarla injustificada y remarcó que, «en los últimos años, los salarios docentes se ubicaron por encima de la inflación».
