Judiciales
Con los alegatos de apertura, comenzó un nuevo juicio por jurados en Roca
Un sujeto está acusado de matar a su ex pareja, con la cual tenían dos hijos en común.
Este martes (06/08) inició en General Roca el juicio por jurados en el que está siendo juzgado un hombre como presunto autor del femicidio de Marisa Galdame.
En los alegatos de apertura, la fiscal jefe sostuvo que según la teoría del caso de esta parte «una madrugada del 30 de octubre del año pasado, un vecino de la ciudad de Allen estaba durmiendo y escucha unos gritos afuera de su vivienda, se levanta y ve a dos niñitos que le dijeron ‘papá mató a mamá'».
«Ese hombre se dio cuenta que eran sus vecinos, hijos de Marisa Galdame y del hoy imputado de la muerte de quien era su pareja», agregó la Fiscalía.
«A raíz de ello, se concretó una profunda investigación y se llegó a la conclusión: que el autor de la muerte era el imputado, que esa muerte había ocurrido en un contexto de violencia de género», explicó el Ministerio Público Fiscal.
«La víctima es una mujer joven, de 30 años, que hace unos días habría cumplido 31 años, tenía junto al presunto victimario dos hijos, una de 5 y otro de 13 años. Ella ya había realizado una denuncia en la Comisaria de Allen, en octubre de 2022 y se había establecido una medida de exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento del hombre hacia la victima», agregó la fiscal jefa.
«Durante el debate, vamos a probar que Marisa Galdame murió como consecuencia de múltiples puñaladas, que estaba acostada con la hija en una cama, y el niño dormía en la cocina. El imputado habría tomado un rifle y le pegó a la joven en la zona de la cabeza, ella llamó a su hijo y le dijo que su padre la quería matar. Fue así que en el pasillo de la vivienda, con un cuchillo de 28 cm que era de su propiedad, el hombre le dio varias puñaladas y le provocó la muerte», describió.
Luego de ello, «el imputado con una determinación suicida, se autolesionó en el cuello y en el estómago mientras los niños salieron a avisarle al vecino».
«Una vez recuperado de esas heridas, el Ministerio Público Fiscal le imputó los cargos, que ahora llegan a juicio bajo la calificación legal de “homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio)», aclaró la fiscal.
«¿Cómo vamos a probar este hecho?: a través de la Cámara Gesell que se les tomó a los dos niños, que contaron lo que vieron esa noche. Vamos a escuchar a la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), a la psicóloga del Cuerpo de Investigación Forense, al vecino, también a los policías que llegaron casi inmediatamente al llamado. También escucharemos a los familiares de la víctima, al médico forense que realizó la autopsia y podrá explicar cómo se produjeron las lesiones y con qué elemento. Además, acreditaremos que el hombre no estaba bajo un efecto de emoción violenta», enumeró la acusación.
«En nuestra ley penal quien mata a otro, comete homicidio, en este caso está agravado por dos cuestiones: agravado por una relación de pareja, concretamente había una convivencia existente, tenían dos hijos, y al momento de los hechos ambos estaban en el domicilio familiar. El otro agravante es cuando un hombre mata a una mujer, es decir que existe un contexto de violencia de género. La fiscalía está plenamente convencida de que se trata de esta tipología. La muerte de Marisa no fue el primer y único hecho de violencia, si fue el último, el más cruento, el que terminó con su vida», concluyó la fiscal jefa.
«Les pido a los miembros del jurado justicia por Marisa Galdame, recordando que justicia es dar a cada uno lo suyo», remató.
El querellante por su parte adhirió a la teoría fiscal y enfatizó en que el imputado no estaba bajo emoción violenta cuando cometió el hecho.
Mientras el defensor particular sostuvo que su asistido no estaba con sus capacidades psíquicas para llevar a cabo este hecho, «lo último que recuerda es cuando se fue a acostar».
La jornada de debate continuará con los primeros testimonios y se extenderá hasta el próximo jueves (08/08), cuando está previsto que las partes expongan los alegatos de clausura. Finalizados los alegatos y brindadas las instrucciones finales, el jurado popular pasará a deliberar hasta arribar a un veredicto final.
Judiciales
Buscan intensamente a una mujer desaparecida en Roca
La mujer de 39 años fue vista por última vez el lunes a la mañana.
La Policía de Río Negro, a través de la Comisaría 31° de General Roca, emitió un comunicado oficial solicitando la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Claudia Yanet Vidal, de 39 años. La mujer fue vista por última vez este lunes (13/04), aproximadamente a las 9.00 horas, y desde entonces se desconoce su ubicación actual, lo que ha generado una gran preocupación entre sus allegados.
Según los datos filiatorios aportados por la fuerza, Claudia es de tez trigueña, posee una contextura física robusta y mide 1,60 metros de estatura. Su cabello es castaño y le llega hasta la altura de los hombros.
Como señas particulares, se destacó que posee un tatuaje en su antebrazo izquierdo con la imagen de una virgen y tiene acento colombiano. Al momento de ser vista por última vez, vestía un pantalón de jean, una camisa color bordó y botas negras.
Además, se informó que la mujer portaba una mochila roja que contenía una botella de detergente y una escobilla.
Un dato relevante para la investigación es que no posee teléfono celular, aunque sí llevaba consigo su DNI personal, el de sus hijos menores y una tarjeta de colectivo.
Ante cualquier información, se solicita a los vecinos comunicarse de manera inmediata con la Comisaría 31°, la unidad policial más cercana o llamar a la línea de emergencias 911.
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Falsificación y fraude: La increíble historia de la mujer que engañó al sistema de salud roquense
La Justicia de General Roca dictó medidas cautelares contra la mujer que habría utilizado un título apócrifo de la Universidad de Los Andes. Deberá usar tobillera electrónica por seis meses.
La Justicia de General Roca investiga un caso que ha generado una profunda alarma en el sistema sanitario regional. La Fiscalía solicitó la imposición de estrictas medidas cautelares para resguardar la investigación iniciada tras una denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro contra una mujer que ejerció la medicina de manera ilegal. Según el equipo fiscal, los hechos se habrían extendido desde el año 2020 hasta el pasado 3 de marzo, momento en que se le retiró la matrícula y fue desvinculada de una clínica privada de la ciudad.
De acuerdo a la descripción de la fiscal del caso, la mujer habría iniciado trámites de convalidación de un título de «médica cirujana» presuntamente expedido por la Universidad de Los Andes de Venezuela, el cual sería apócrifo. Con esa documentación, logró insertarse en el mercado laboral local, desempeñándose nada menos que en el área de terapia intensiva de la Clínica Roca, en los consultorios de CIROM como médica clínica, en el Hospital de General Roca y presuntamente también en el Sanatorio Juan XXIII.
En virtud de la gravedad del engaño, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente cinco delitos: ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento público, uso de documento público falso y defraudación agravada contra la administración pública.
En los allanamientos realizados en su domicilio y el de un familiar, se secuestraron sellos, títulos, recetarios, medicación y dispositivos electrónicos que ahora están siendo sometidos a pericias.
Al momento de solicitar las cautelares, la Fiscalía invocó un claro riesgo procesal de fuga. Se argumentó que, tras seis años de ejercicio ilegal, la mujer ostenta una solvencia económica considerable. Entre los bienes detectados y requisados figura una camioneta Fiat Toro automática y una vivienda propia.
Además, el hallazgo de pasaportes de la imputada y su grupo familiar reforzó la necesidad de asegurar su permanencia en la ciudad mediante el uso de una tobillera de control satelital por un plazo de seis meses.
Finalmente, la jueza interviniente resolvió hacer lugar a la mayoría de las peticiones del Ministerio Público Fiscal. Además del dispositivo electrónico, se dispuso la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes, afectando tanto al inmueble como al vehículo. «Usted debe cumplir con todas estas medidas para no perder su libertad», sentenció la magistrada, subrayando que, aunque rige la presunción de inocencia, el Código Procesal habilita estas restricciones ante el avance de una investigación de tal magnitud.
Judiciales
Comerciante le inició un juicio penal a una mujer por una reseña en Google
Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo y la Justicia dispuso el sobreseimiento de la imputada.
Una mujer protagonizó un incidente vial y, en ese contexto, publicó un escrache en Google contra un comerciante de Cipolletti para presionar por una resolución. La reseña apareció en la ficha comercial del negocio y dio origen a una causa penal por presuntas calumnias e injurias.
Según el damnificado, ambas partes participaron en un incidente vial cuyas consecuencias se encontraban bajo tratamiento de las aseguradoras. El comerciante sostuvo que no existió relación comercial con la mujer y que ese episodio fue el único vínculo previo.
De acuerdo con la presentación, la mujer realizó un reclamo directo por fuera de los canales formales y advirtió que podía exponerlo públicamente si no accedía a sus exigencias. Tras la negativa, se concretó la publicación.
El escrache se difundió en la plataforma Google, dentro de la ficha comercial del establecimiento. El contenido incluyó expresiones como: «Pésimo, unos estafadores sinvergüenzas. No lo recomiendo! No consuman! Son la peor lacra, no se hacen cargo de lo que les corresponde y encima estafan gente!».
El comerciante afirmó que esas frases resultaron falsas, que la autora de la reseña no fue clienta y que la publicación afectó su honor, su reputación y su actividad comercial. En particular, señaló que una de las expresiones implicó la atribución de un delito.
A partir de ese hecho, impulsó una querella penal. El proceso incluyó audiencias orientadas a lograr un acuerdo entre las partes, aunque en una primera etapa no se alcanzó un entendimiento.
Con posterioridad, retomaron el diálogo y presentaron un acuerdo conjunto ante la Oficina Judicial. El documento incluyó la retractación de la publicación en Google y una disculpa en términos conciliatorios. También se dejó constancia de que no existió relación comercial entre las partes.
Además, el comerciante renunció a continuar con la acción penal y desistió de los planteos realizados. El acuerdo estableció que no habría nuevos reclamos vinculados con los hechos.
El juez interviniente consideró que se trató de delitos de acción privada, en los que la continuidad del proceso depende de la voluntad de quien impulsa la acción. También valoró la retractación prevista en la normativa penal. Con esos elementos, dispuso el sobreseimiento de la mujer imputada y dio por finalizado el proceso conforme a las normas aplicables.
