La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará hoy (07/08) a partir de las 8 desde el Santuario de San Cayetano en Liniers (CABA) hacía Plaza de Mayo en la tradicional marcha por paz, pan, tierra, techo y trabajo.

«Está claro que el Gobierno empezó a perder la calle y el movimiento obrero tiene que garantizar un conflicto permanente. La jornada de hoy va a ser multitudinaria, tiene que servir para unir todas las luchas y hacer crecer la conflictividad», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En esta línea, apuntó que «esta marcha tiene que poner en evidencia que las justas demandas de los trabajadores, jubilados y los sectores populares no encuentran respuestas, y que el gobierno es el exclusivo responsable de la angustia en la que está sumida la mayoría de la sociedad».

«Lo demuestran las encuestas, a Milei se le están terminando las balas. Tiene que saber que empezamos a ir por él», sentenció Aguiar.

Las movilizaciones además se replicarán en todas las provincias en el marco de la Jornada Nacional de Lucha dispuesta por el sindicato estatal en reclamo por «reapertura de paritarias y urgente recomposición salarial y de jubilaciones; rechazo al vaciamiento de los organismos públicos; pase a planta permanente de todas las y los trabajadores precarizados; rechazo a las privatizaciones de empresas públicas; reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos; restitución de los fondos adeudados a las provincias y FGS de la ANSES; y rechazo a la armonización de las Cajas Previsionales Provinciales».

Luego de que el oficialismo decidiera retirar el capítulo sobre la modificación de la Ley de Tierras en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, destacó esta decisión y confirmó que se mantendrá la movilización prevista para este jueves frente al Congreso.

«Celebramos no solo que la sociedad le haya pasado por encima al Gobierno y a los partidos que han decidido ser cómplices de la entrega rechazando este proyecto, sino también que estemos ante un pueblo que rechace a un Gobierno que quiere entregar al país entero con todos sus recursos», agregó el referente sindical.

En referencia a la movilización prevista para el jueves, apuntó que «a Milei se le están terminando las balas y cuando eso suceda, vamos a ir por él. Igual vamos a movilizar para seguir repudiando a los senadores han tergiversado su representación, porque debieran impulsar y votar iniciativas para defender los intereses de nuestra nación y no rematarla».

«Este es un avance significativo de la lucha. Quedó demostrado que solo estando en la calle vamos a seguir recuperando soberanía», concluyó el titular de ATE Nacional.

La sesión de la Cámara Alta se mantiene vigente para este jueves (06/08) a las 14, luego de un mes de cuarto intermedio, pero sin los artículos que aprobaban el régimen de extranjerización de las tierras rurales. Cabe destacar que numerosos senadores y gobernadores ya habían adelantado su rechazo a esta modificación.

De esta forma, ATE mantiene la movilización prevista y concentrará a partir de las 12 hs en Av. Rivadavia y Rodriguez Peña (CABA). Además, las movilizaciones se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias en el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por el sindicato.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció al gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por impulsar y poner en marcha «una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX», que «ataca la jornada de 8 horas y a las organizaciones sindicales, restringe el derecho a huelga, y busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos». Fue durante la audiencia que se realizó en Washington, en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias del órgano internacional.

Además, el FreSU denunció la existencia de «una política de persecución política y disciplinamiento cuyo ejemplo más cabal es la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la persecución mediática, gremial, jurídica y personal» desplegada por funcionarios del gobierno contra el secretario general de Pilotos (APLA), Pablo Biró.

«El espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos», dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, al iniciar la exposición por parte del FreSU, que solicitó la audiencia junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Participaron también representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte, y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.

Agregó que «aquello que sostuvo la OIT sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta. Con esta reforma, estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar».

Luego, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, precisó que, como parte de esa política de destrucción de los derechos laborales, «el gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres».

«Estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de 8 horas, instalando un banco de horas flexible, que borra los límites entre lo personal y lo laboral, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida», dijo Chevalier y subrayó que «esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis sobre los cuidados y desorganiza los hogares».

Al abordar la persecución política a sindicalistas y sindicatos, Biró sostuvo que «el Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo».

Biró también señaló que «el gobierno impulsó denuncias y multas multimillonarias contras organizaciones sindicales como las que hicieron a los compañeros de La Fraternidad, la UTA, la Asociación de Personal Aeronáutico o las acciones judiciales contra 170 trabajadores del subte».

Ante las exposiciones de los solicitantes de la audiencia, los comisionados de la CIDH hicieron algunos cuestionamientos y solicitaron explicaciones a los representantes del Gobierno argentino por los modos y las irregularidades a la hora de implementar la reforma laboral. Y, ante esas preocupaciones, Cremonte precisó que «la regresión es tal que se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo que es el de justicia social, se creó el banco de horas y se le da preeminencia a la voluntad para que los trabajadores pueden ahora decidir, en una relación totalmente desigual, tener peores condiciones laborales. Eso es, ni más ni menos, que la negación del derecho del trabajo, que se creó para proteger a quien está en desventaja».

A su turno, el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, señaló que la decisión del gobierno de derogar el Estatuto del Periodista Profesional «es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga. Al debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voces en nuestro país».

Además, la abogada Amartino solicitó, en nombre de todas las organizaciones que pidieron la audiencia, que la CIDH «emita una comunicación dirigida al Estado argentino en la que llame la atención sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos, y llame al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicitamos también que esa comunicación sea remitida a todos los tribunales locales para ser tenida en cuenta como instrumento de interpretación del derecho».

También pidió «que declare que la derogación del Estatuto del Periodista resulta incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y exija al Estado argentino el restablecimiento de las garantías fundamentales para el ejercicio libre y seguro de la profesión» e invitó a que “la Relatoría Especial sobre los derechos económicos, sociales culturales y ambientales (REDESCA), realice una visita a Argentina a fin de recibir información sobre el impacto de la reforma laboral en los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que tome contacto para planificar la vista con las organizaciones sindicales de Argentina».