Gremios
El Gobierno denunció que UnTER ingresó violentamente al Consejo de Educación: Desde el gremio lo desmintieron
Desde el sindicato manifestaron que se rompió el vidrio de una puerta de manera accidental y que ellos mismos lo repusieron rápidamente.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro denunció y repudió un «accionar violento, el ingreso intempestivo, la agresión verbal a trabajadores y funcionarios, rotura de vidrios y empapelado a edificios públicos por representantes del gremio UnTER en distintas sedes de la cartera educativa en Viedma». Por su parte, desde el sindicato docente desmintieron «escenas de violencia y haber agredido a otros trabajadores».
Todo sucedió esta mañana (16/09) en Viedma en el marco de una manifestación convocada por UnTER, reclamando la derogación de las Resoluciones N° 5153/24 y N° 5154/24, a través de las cuales el Gobierno -mediante la empresa Horizonte y la Secretaría de la Función Pública- implementó un nuevo sistema de medicina laboral.
En cuanto a los hechos sucedidos, el Ministerio de Educación aseguró que «el gremio tomó el edificio del Consejo Provincial (CPE) por varias horas» y asimismo, que hubo agresión verbal a trabajadores y funcionarios de la cartera educativa y rotura de vidrios.
Desde UnTER negaron rotundamente «escenas de violencia y haber agredido a otros trabajadores» y afirmaron que «la rotura accidental del vidrio de una puerta en la Vocalía del CPE se produjo cuando personal de seguridad del organismo intentó impedir el ingreso de compañeros al edificio. Sin embargo, el daño fue subsanado de inmediato. Autoridades policiales se hicieron presentes en el lugar y constataron que no solo no existieron hechos de violencia, sino que además UnTER realizó la reposición del vidrio».
Debido a lo sucedido, desde el Gobierno de Río Negro emitieron un comunicado en el que indicaron que «reafirmamos nuestro compromiso al diálogo y la búsqueda de consensos, siempre en el marco del respeto y la búsqueda de soluciones conjuntas», repudiando «firmemente estos actos violentos que atentan contra el personal y edificios públicos».
«Asimismo, desde la Provincia se mantiene un firme compromiso con los docentes a través del llamado a paritaria, propuestas salariales y mesas de trabajo en donde se dialoga y discute todos los temas de agenda propuestos. El diálogo es la principal herramienta para resolver cualquier discrepancia y avanzar hacia un consenso», concluyeron.
Respecto a UnTER y el por qué de la manifestación y las acciones de protestas desarrolladas en el día de hoy, manifestaron que «las Resoluciones N° 5153/24 y N° 5154/24 fueron emitidas unilateral y arbitrariamente que imponen un sistema de auditorías privatizado que va en contra del Régimen de Licencia docentes. También exigimos que se de respuesta a los reclamos presentados por cientos de compañeros de toda la provincia a quienes se les rechazaron injustificadamente licencias médicas», agregaron.
Aclararon en este sentido que «no nos negamos al control de licencias porque para esto contamos con la Resolución N° 233/98, las Direcciones de Escuelas y las Juntas Médicas. Las licencias por patologías de salud presentadas tienen un certificado médico extendido por profesionales de la salud, sobre quienes el gobierno pone en duda su conocimiento y tratamiento. Nos negamos a este control automatizado y foráneo, incompatible con el Sistema de Juntas Médicas, con auditores que ni siquiera firman con matricula profesional para ejercer la medicina en Río Negro, y que no toman contacto con los docentes enfermos o con su familiar al que deben atender», denunciaron.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
