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ATE lanzó un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo para el 26 de septiembre
Es «ante la amenaza de una tercera ola de despidos masivos a fin de mes».
A través de un plenario de trabajadores nacionales de todo el país, ATE definió un nuevo paro con movilización a Plaza de Mayo para este jueves 26 de septiembre «ante la amenaza de una tercera ola de despidos masivos a fin de mes».
«El Gobierno que hace nueve meses nos declaró la guerra no pasa por su mejor momento, y nosotros tenemos que seguir golpeándolo. Tenemos que pasar de la resistencia al ataque para evitar nuevas cesantías masivas a fin de mes», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Por estas horas no pueden disimular la pérdida de apoyo popular que ha tenido el Presidente y su gestión, deslegitimación a la que en buena medida hemos contribuido los estatales estando incesantemente en la calle desde el 10 de diciembre. No vamos a tolerar una sola cesantía ilegal más. Este Estado si todavía brinda servicios es gracias al esfuerzo y sacrificio casi sobrehumano de sus trabajadores a lo largo y a lo ancho del país», agregó el dirigente estatal.
En referencia al pedido del presidente Javier Milei a los gobernadores para que ajusten 60 mil millones de dólares en sus distritos, Aguiar apuntó que «luego de la presentación del Presupuesto 2025, no quedan dudas que el ajuste se profundizará en las provincias y los municipios. En esta oportunidad, la medida de fuerza debe tener carácter general y comprender a todos los ámbitos del Estado. Son centenares de miles los estatales provinciales y municipales empobrecidos en el último tiempo».
«Tenemos que seguir convocando a la máxima unidad de todos los sectores. Los estatales no nos vamos a salvar solos. Tenemos que recordar que Macri perdió en las urnas porque antes había perdido en las calles. Es con movilización popular que tenemos que seguir construyendo la derrota de Milei y de su Gobierno», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Más de 1.000 delegados votaron de manera unánime por la medida de fuerza. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contará con cese de tareas, retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodía y una olla popular frente a la Casa Rosada, mientras que cada una de las provincias definirá la modalidad que tendrán las protestas en sus distritos.
Son casi 65.000 los contratos del Estado que fueron renovados tan solo por tres meses y que, aseguran desde ATE, «el Gobierno planea concluir este 30 de septiembre». La última información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indica que la caída del empleo asalariado en el sector público desde noviembre de 2023 es de 37.561 puestos de trabajo menos. Cabe recordar que el último informe del INDEC señaló que el desempleo escaló al 7,6% en el segundo trimestre del corriente año.
Motiva también esta acción «la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales que ya supera el 30% en lo que va del año y podría empeorar a partir de la amenaza de congelamiento salarial».
Cabe recordar que ATE presentó una acción judicial para que se declaren inconstitucionales los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad en el sector público, permitiendo que se pueda despedir incluso a los trabajadores de la planta permanente. En este marco, el Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo N° 37 ya declaró su competencia para tratar el caso.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
