Un hombre de 42 años fue detenido en General Roca luego de intentar sustraer diversos productos de un supermercado ubicado en la zona céntrica. El episodio de inseguridad se registró en un local comercial de la calle Tucumán, donde el personal de seguridad privada logró advertir la maniobra ilícita.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto ocultó varios productos alimenticios entre sus prendas de vestir y logró superar la línea de cajas sin abonarlos. Sin embargo, su actitud sospechosa ya había sido detectada por los vigiladores del comercio, quienes lo interceptaron antes de que ganara la calle.

Tras ser demorado, se solicitó la presencia de efectivos de la Comisaría 3º. Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión formal del individuo.

La fiscal de turno tomó intervención en el caso, disponiendo el inicio de actuaciones por el delito de hurto. Además, se ordenó que los productos fueran devueltos al establecimiento y que el detenido permanezca alojado en la unidad policial hasta que se verifiquen sus antecedentes penales.

Lo que comenzó como un reporte policial de rutina sobre un operativo en el centro de General Roca, terminó en un fuerte cruce de acusaciones entre la Policía de Río Negro y la Municipalidad. Luego de que la fuerza de seguridad señalara que «el Municipio no pudo acudir con móviles para secuestrar vehículos» el pasado martes (14/04), la administración local respondió con dureza, detallando que actualmente solventa con fondos municipales la presencia policial en las calles.

Desde el Municipio informaron que, ante las reiteradas denuncias por ruidos molestos en el Paseo del Canalito y la falta de personal policial «disponible» para acompañar a los inspectores de tránsito, la comuna dispuso la contratación de un servicio de seguridad adicional. Esta cobertura requirió una inversión de $4.108.481,36 pagados a la Unidad Regional 2° de la Policía de Río Negro para cubrir un período de 15 días, con opción a renovación.

La respuesta municipal incluyó datos sobre la efectividad de sus propios controles. Entre el 30 de marzo y el 14 de abril, solo en la zona del Canalito, se labraron 282 actas de infracción, se realizaron 63 retenciones preventivas, se detectaron 34 alcoholemias positivas y se secuestraron 19 motocicletas por ruidos molestos.

Por su parte, desde la Policía indicaron que el operativo, que dependió de la Comisaría 3°, contó con la participación de 30 efectivos, móviles, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y bicipolicías. Además, se sumó personal del Departamento Sustracción Automotores, encargado de verificar la numeración de chasis y motores para prevenir el comercio de rodados robados. En total, se identificaron 126 personas, 86 motocicletas y 23 automóviles.

«Sin embargo, el procedimiento dejó al descubierto una falta de coordinación logística: a pesar de detectarse conductores sin la documentación obligatoria, el área de Tránsito municipal informó que no contaba con unidades disponibles para realizar los secuestros o traslados», indicaron. Ante esta situación, solo se pudieron labrar actas de infracción, sin poder retirar los vehículos de la vía pública.

No obstante, desde el Municipio manifestaron que la Provincia busca desestimar «la imagen de inacción» y subrayó que los operativos diarios son financiados por las arcas municipales para garantizar el orden en los espacios públicos.

Desde la fuerza recordaron que la Policía colabora en la prevención, pero la sanción de faltas municipales y ruidos molestos corresponde estrictamente al Ejecutivo local.

«Se recuerda una vez más a conductores y usuarios de motos, que los únicos caños de escape permitidos para el tránsito en las zonas urbanas, son los normalizados que vienen con las motos de fábrica. Todos aquellos caños de escape que hayan sido modificados, no son permitidos de acuerdo a lo establecido en  la Ley Nacional de Tránsito y por lo tanto son pasibles de Acta de Infracción por considerárselos antirreglamentarios», indicaron.

«El Paseo del Canalito es hoy una zona céntrica que cuenta con plazas, monumentos y parques que configuran un agradable espacio de encuentro y recreación. Se invita a todos los ciudadanos a hacer uso responsable de éste y todos los espacios públicos, procurando respetar horarios de descanso», agregaron.

Se conocieron en la facultad hace más de 20 años. Ella era alumna y tenía el sueño de recibirse de licenciada; él trabajaba como ayudante de cátedra. Al poco tiempo, ella abandonó sus estudios y sus proyectos para acompañar el crecimiento profesional de él.

Así, la joven se convirtió en asistente técnica en las películas de su pareja y en cuidadora de su familia. Durante casi dos décadas, sostuvo el hogar y los proyectos del hombre. Mientras la pareja acumulaba títulos académicos y prestigio, ella perdía autonomía. No tenía ingresos propios y dependía por completo de la voluntad de su pareja.

La situación se volvió insostenible con el paso de los años. Así, decidió dejar la vivienda familiar junto con su hijo. Dejó los equipos de trabajo, la casa que ayudó a construir y los vehículos de la familia. Regresó a la vivienda de sus padres, sin ahorros y con su carrera universitaria sin terminar. El hombre quedó con todos los bienes y mantuvo su estabilidad profesional intacta.

Ante esta realidad, recurrió al Poder Judicial para iniciar una compensación económica y reparar la desigualdad que provocó la ruptura.

El fuero de familia de Roca hizo lugar a la demanda. La jueza consideró acreditado un desequilibrio económico, derivado de la dinámica de la relación y de su ruptura.

La mujer mantuvo una relación de más de 20 años en la que postergó su desarrollo profesional y académico. Acompañó los proyectos laborales de su pareja y asumió, de manera casi exclusiva, las tareas domésticas y de cuidado, incluida la crianza del hijo en común.

También expresó que la relación se desarrolló en un contexto de violencia de género, caracterizado por control, descalificaciones y limitaciones a su autonomía personal y económica.

Por su parte, el hombre negó la existencia de desequilibrio y sostuvo que su crecimiento profesional fue fruto de su esfuerzo personal. Afirmó que la mujer desarrolló capacidades en el ámbito audiovisual y que contaba con posibilidades de inserción laboral.

La jueza destacó que la compensación económica tiene como finalidad corregir el perjuicio patrimonial que puede generar la ruptura de una vida en común, cuando una de las partes queda en situación de desventaja.

De la prueba producida surgió que durante la convivencia existió una asimetría de poder desde el inicio de la relación, que se trasladó a los ámbitos laboral y familiar. Se acreditó que la mujer quedó en una posición de dependencia, con limitaciones para desarrollar su autonomía, mientras que el hombre consolidó su carrera académica y profesional.

La jueza de Familia hizo lugar al reclamo y ordenó que el hombre el pago de una compensación. La magistrada destacó que existió un contexto de violencia de género y económica.