Política
Weretilneck ofreció detalles de la instalación del buque «Hilli Episeyo»
El gobernador descartó que la llegada del barco afecte otras actividades que se desarrollan en el mar.

El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que la instalación del buque «Hilli Episeyo» de Pan American Energy y Golar LNG en el Golfo San Matías para producir gas natural licuado (GNL) generará «una actividad económica importante». Descartó que la llegada del barco afecte otras actividades que se desarrollan en el mar y aclaró que todas las acciones en materia medioambiental se desarrollarán dentro de lo establecido por la Ley.
El mandatario anunció ayer (01/10) la llegada del buque en sus redes sociales, agradeciendo la confianza de las empresas que eligieron Río Negro para para instalarse y producir el GNL que posteriormente será exportado.
«Se genera una serie de beneficios para el país, la Patagonia, la provincia y también para San Antonio Oeste, el Puerto del Este y Las Grutas. Hablamos de otra actividad económica que se suma a las que ya estamos acostumbrados, como la pesca, el turismo, la obra y el empleo público», señaló Weretilneck.
El mandatario explicó en diálogo con Radio 6 de Bariloche que actualmente el buque se encuentra en Camerún y tiene contrato hasta fin de año. Luego se trasladará a Inglaterra, donde le harán tareas de mantenimiento. «El desafío es que a mediados de 2026 ya esté en el golfo. Mientras tanto hay que hacer todos los trámites de permisos, las obras de los gasoductos que llegan a la costa y de la costa al mar. Todo el año que viene hay una tarea importante de obras para llevar adelante», resaltó.
Explicó que el barco cuenta con una tripulación estimada de 250 trabajadores que, con el correr del tiempo, van a ser argentinos. «Al barco hay que atenderlo desde el puerto en forma permanente y eso genera impacto económico, con alimentación, limpieza, transporte, hotel, gastronomía y obviamente la exportación para Argentina, con ingreso de dólares», agregó.
Consultado respecto a las acciones de cuidado del ambiente, indicó que «como se hace habitualmente en este tipo de emprendimientos, hay que tener un estudio de impacto ambiental, que lo hacen consultoras especializadas, donde plantean todas las alternativas, los beneficios y riesgos en el marco de la ley». Ese estudio es verificado, analizado y evaluado por la Provincia, las universidades y el INVAP, y luego se avanza en la audiencia pública.
Del mismo modo, Weretilneck aclaró que la instalación del buque no afectaría otras actividades que se desarrollan en el golfo, que tiene movimiento portuario. «La pera, la manzana y los jugos, en forma permanente, son exportados por nuestros puertos, con lo cual es habitual y es normal que eso funcione. No está definido el sitio exacto, pero por una cuestión de profundidad, oleaje y vientos el buque va a estar a una distancia prudente de la costa, a unos cuantos kilómetros entre Sierra Grande y San Antonio Oeste», explicó.
Finalmente, Weretilneck evaluó que el desafío mayor «es que todo el personal involucrado en el proyecto sea rionegrino, que sean vecinos de San Antonio Oeste, del Puerto del Este o Las Grutas” y aclaró que al principio “la tripulación será de carácter extranjero, pero a medida que vayan pasando los meses, el desafío es que vayan rotando a empleados argentinos».
Política
Coparticipación: Culminó la ronda de diálogo en toda la provincia
Desde el Gobierno provincial aseguraron que se buscará avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.

El Gobierno de Río Negro llevó adelante la última mesa de trabajo con intendentes, en el marco del proceso de actualización de los índices de coparticipación, completando así la ronda de encuentros con todas las regiones de la provincia.
Del encuentro participaron los intendentes Marcelo Román de Allen; Daniel Hernández de Campo Grande; Daniela Salzotto de Catriel; Enrique Rossi de Cinco Saltos; Rodrigo Buteler de Cipolletti; Horacio Zúñiga de Contralmirante Cordero; y María Emilia Soria de General Roca.
La reunión fue encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, acompañado por la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.
Durante la jornada, y en base al diálogo y el consenso, se tomó nota de cada una de las propuestas presentadas por los municipios, con el objetivo de analizarlas y avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
«Estamos llevando adelante un proceso serio, responsable y profundamente federal. Escuchamos a cada municipio, tomamos sus propuestas y trabajamos en conjunto para construir una herramienta más justa, actualizada y acorde a la realidad de la provincia», expresó Ríos.
El Ministro remarcó además que «este proceso se sostiene en el diálogo permanente y en la convicción de que ningún municipio se verá perjudicado, sino que buscamos fortalecer a cada comunidad en función de su realidad».
Finalizadas estas rondas de trabajo, el Gobierno Provincial ahora analizará integralmente todas las propuestas para definir la mejor actualización de los índices de coparticipación, propuestos a avanzar en base al diálogo y el consenso construido con los municipios.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.

Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.

Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.








