Un hombre de El Bolsón pasó a alta velocidad por la calle de su vecino. En ese momento, el perro estaba en la vereda. El conductor pasó tan pegado al cordón, que arrastró al animal por más de 100 metros. La familia esperaba que el hombre pidiera disculpas, pero eso no ocurrió.

La situación se agravó por la actitud del conductor. Se burló y provocó a los dueños del perro. Cuando el hijo de la familia le recl amó por lo sucedido, el hombre salió de su domicilio con un machete.

Además de la amenaza física, llamó a la Policía y proporcionó información falsa: aseguró que sus vecinos estaban armados y que no lo dejaban salir de su casa. En la discusión también intervino el padre del conductor, quien justificó el accionar de su hijo con el argumento de que podía circular por la calle a la velocidad que quisiera.

Ante la gravedad de los hechos, la familia presentó una denuncia, y el Juzgado de Paz intervino con distintas medidas cautelares. La resolución judicial estableció la prohibición de contacto mutuo, que incluye la prohibición de ingresar al predio ajeno.

También se dispuso que los vehículos que circulen frente a las viviendas involucradas no podrán superar los 40 km/h. Cada familia tiene la responsabilidad de mantener a sus perros dentro de sus respectivos predios bajo el control adecuado.

El fallo prohíbe palabras, gestos de agresión, ruidos molestos o cualquier acción que afecte la intimidad y el descanso de los vecinos.

El Juez de Paz advirtió que cualquier incumplimiento de estas normas activará sanciones penales por desobediencia judicial. Para garantizar la seguridad, se notificó de estas medidas a la Comisaría 12ª, a la Comisaría de la Familia y al sistema de emergencias 911.

Un fallo hizo lugar a una medida autosatisfactiva y ordenó la inmediata incorporación de un niño como beneficiario de la obra social de su progenitor, ante la falta de cobertura médica y la existencia de un cuadro de salud que requiere tratamiento urgente.

La intervención judicial se produjo luego de que la madre del niño acreditara haber realizado reiteradas gestiones extrajudiciales para lograr su afiliación, sin obtener respuesta. Si bien la ausencia de cobertura no había generado consecuencias inmediatas en un primer momento, la situación cambió de manera drástica tras un diagnóstico reciente que exige tratamiento farmacológico y la eventual realización de una intervención quirúrgica.

Esta situación colocó el caso en un escenario de urgencia impostergable, por lo que ingresa en los casos que se abordan durante el período de Feria y necesitó de la urgente intervención de la jueza.

En su resolución, la magistrada consideró que se encontraba comprometido el derecho a la salud de un niño, sujeto especialmente vulnerable por su edad y condición. Remarcó que el interés superior del niño debe guiar toda decisión judicial, especialmente cuando está en juego el acceso oportuno a prestaciones médico-asistenciales esenciales.

El fallo ordenó que el progenitor, que vive en Sierra Grande, incorpore al niño como beneficiario adherente en su obra social en un plazo perentorio de 48 horas, bajo percibimiento de aplicar sanciones económicas ante un eventual incumplimiento. Asimismo, dispuso que, en caso de silencio o falta de cumplimiento, se libre oficio directo a la entidad prestadora para que proceda a la afiliación inmediata, con la correspondiente comunicación al empleador para efectuar las retenciones que pudieran corresponder.

La magistrada fundamentó la decisión en la Constitución Nacional y Provincial, en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y en la normativa de protección integral de niños, niñas y adolescentes, al señalar que la respuesta judicial debía ser rápida y eficaz para evitar un daño irreparable.

La medida, de carácter excepcional, buscó garantizar de manera inmediata el derecho a la salud del niño frente a una omisión prolongada, priorizando su bienestar por sobre cualquier otra consideración.

Una mujer fue interceptada cuando intentaba ingresar droga oculta en sus partes íntimas a la Unidad de Ejecución Penal N° 5 de Cipolletti, gracias a un control minucioso realizado por el personal de requisa del Servicio Penitenciario. El procedimiento permitió secuestrar marihuana y comprimidos de una droga sintética, evitando que las sustancias llegaran al interior del establecimiento carcelario.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado (31/01), en el sector destinado a las visitas, cuando una mujer mayor de edad, se presentó para ingresar al penal. Como parte de los protocolos habituales de seguridad, el personal penitenciario realizó una requisa corporal preventiva que resultó determinante para detectar una maniobra ilegal cuidadosamente planificada.

Durante el control, los agentes constataron que la visitante ocultaba un profiláctico en el interior de vagina. Tras la extracción, se halló un envoltorio de color rosado que contenía distintos paquetes y globos de látex, una modalidad de ocultamiento que suele utilizarse para intentar burlar los controles de ingreso.

Al avanzar con la inspección, se detectaron dos envoltorios con sustancia vegetal, uno de color oscuro y otro transparente. Los test orientativos confirmaron que se trataba de marihuana. El pesaje posterior arrojó un total de 14,46 gramos, una cantidad significativa si se tiene en cuenta el contexto carcelario y el destino final de la sustancia.

Pero el hallazgo no terminó allí. Dentro de los globos de látex se encontraron 60 comprimidos blancos, que tras las pruebas correspondientes dieron resultado positivo para metanfetamina, una droga sintética de alto impacto, poco habitual y especialmente peligrosa dentro de establecimientos penitenciarios.

Gracias a la intervención oportuna del personal de requisa, la droga no logró ingresar a la unidad, que aloja principalmente a personas condenadas por delitos no violentos y que se encuentra bajo un régimen de baja seguridad. La detección temprana permitió preservar la seguridad interna, la salud de los internos y el normal funcionamiento del penal.

Finalmente, se dio intervención a la Justicia, que dispuso el secuestro de la totalidad de la sustancia y el inicio de una investigación.