Judiciales
A más de 1.500 km ella deseaba una familia amorosa y un nuevo nombre: En Roca encontró todo
La niña tiene 11 años, nació en otra provincia y fue adoptada por una familia roquense. Hoy es feliz en nuestra ciudad.
Estaban separados por más de 1.500 kilómetros pero los unía un mismo deseo: ser una familia. Ese deseo terminó de concretarse este martes, cuando la jueza llegó «de sorpresa» a la casa y le entregó a la niña el papel que tanto esperaba: la sentencia de adopción plena que la declara hija y hermana y que le otorga el nombre y el apellido que tanto quería.
La niña tiene 11 años y nació en otra provincia. Durante la pandemia, el organismo proteccional de su ciudad ordenó una medida excepcional para ponerla a salvo de situaciones de riesgo en su familia de origen. Entonces pasó tiempo en un hogar, luego compartió períodos con familias solidarias y finalmente en enero de 2022 un Juzgado de su provincia declaró su «estado de adoptabilidad».
Mientras tanto en Roca, un matrimonio y su hijo de 12 años alimentaban el sueño de ser una familia adoptiva. Se inscribieron en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruagfa), recibieron las capacitaciones del organismo y esperaron. El llamado no tardó en llegar porque el Juzgado de la otra provincia los encontró en el Registro rionegrino.
El vínculo con la niña comenzó a forjarse a través de videollamadas hasta que finalmente los roquenses viajaron a conocerla. En septiembre de 2022 la familia obtuvo la guarda con fines adoptivos y el Juzgado les permitió venir con ella a Roca. No fue fácil, pero desde entonces nunca se separaron.
Cuando la niña se radicó en Roca, el expediente se envió a una jueza de Familia de esta ciudad para que haga el seguimiento de la guarda con intervenciones del equipo técnico. Las profesionales de Familia informaron que la convivencia «ha presentado las dificultades propias de estos procesos», pero que la familia «ha sabido resolverlas» con determinación, comunicación y apoyo. Y así llegó un día en que la niña, en las conversaciones con las profesionales, comenzó a hablar de su familia «desde un lugar de propiedad, sintiéndose parte del grupo».
Al dictar la sentencia de adopción la jueza detalló que «esta familia cuenta con recursos intelectuales, emocionales y vinculares para ejercer la responsabilidad parental de la niña de forma saludable, dado que satisfacen las necesidades específicas de cuidado y crianza, garantizando el derecho a vivir y desarrollarse en una familia y su formación integral, existiendo compatibilidad adoptiva».
Antes de tomar la decisión la jueza escuchó todo lo que la niña quería expresar. De aquel diálogo destacó el amor y la contención que ella siente y tomó nota de su profundo deseo de registrar en su documento el nombre que eligió hace algunos años y el apellido de su familia adoptiva. Poder tener esta identidad elegida evitará que en algunos lugares sigan llamándola con un nombre que le hace mal.
Una notificación especial
La jueza de Familia informó personalmente a la niña sobre el final del proceso de adopción. «¿Te acordás que te dije que cuando estuviera todo listo iba a venir a tu casa? Bueno, acá estoy y te traigo esta resolución, sellada y firmada. Es la adopción plena y el cambio de nombre que estabas esperando», le dijo la jueza a la niña. En medio de los abrazos y aplausos, ella misma pudo leer ante su familia, en voz alta, algunos fragmentos de la sentencia de adopción. «Estoy un poco nerviosa y con alegría, me siento feliz. Estaba esperando un montón este momento para cambiar mi nombre», compartió ella.
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Golpeó a su ex pareja hasta dejarla inconsciente y luego escapó de una comisaría: Dictaron prisión preventiva
La defensa sostuvo que el caso no debía avanzar porque la víctima no realizó la denuncia, pero la Fiscalía argumentó que el Estado debe intervenir de oficio en casos de violencia de género.
La Fiscalía formuló cargos a un hombre acusado de ingresar por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, golpearla hasta dejarla inconsciente y luego fugarse de una Comisaría. Dispusieron la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
La fiscal de turno Natalia Pascual acusó al hombre por los delitos de violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con hurto.
El primer hecho ocurrió el viernes (10/07) pasado cuando el acusado evadió la presencia policial apostada en la vivienda de la víctima, entró por la fuerza y la golpeó repetidamente en la cabeza hasta dejarla inconsciente.
La defensa particular, a cargo del abogado Oscar Pineda, rechazó la acusación bajo el argumento de que la víctima no realizó la denuncia penal y, por tratarse de un delito de instancia privada, el caso no debía avanzar. La fiscal rebatió esta postura señalando que los tratados internacionales de rango constitucional obligan al Estado a actuar de oficio en contextos de violencia de género, protegiendo a la víctima de forma directa.
El segundo hecho imputado ocurrió el domingo (12/07) por la tarde en la Comisaría de Lamarque, donde el acusado se encontraba alojado. El hombre pateó los barrotes de su celda hasta romper la seguridad, se apoderó del candado y escapó del edificio, aunque el personal policial logró recapturarlo a las pocas cuadras con el candado en su poder.
Para sostener los cargos, la Fiscalía presentó testimonios de los policías intervinientes, el informe médico de las lesiones, el acta de la fuga y la entrevista realizada a la víctima por el equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).
Finalmente, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot rechazó los planteos de la defensa, dio por formulados los cargos y habilitó formalmente la investigación penal por un plazo de cuatro meses. Ante la gravedad de los hechos y la reciente fuga de la unidad policial, el magistrado resolvió aplicar la prisión preventiva efectiva hasta septiembre.
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Declararon culpable a una ex auxiliar de un CAINA por amenazar a niños institucionalizados en Roca
Con esta resolución, ya son dos las personas declaradas responsables por los hechos ocurridos entre abril de 2021 y septiembre de 2023 en un Centro de Atención Integral, dependiente de la SENAF.
El Tribunal interviniente declaró responsable penal a una mujer que se desempeñaba como auxiliar asistencial en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca, al hacer lugar a la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.
Durante el juicio quedó acreditado, según la acusación fiscal, que la imputada amenazó a niños y niñas que se encontraban institucionalizados. De esta manera, las dos personas investigadas en la causa ya fueron declaradas responsables penales.
En noviembre del año pasado, el otro imputado reconoció ser coautor del delito de amenazas y autor de abuso simple agravado por ser el encargado de la guarda, todo en concurso real. Actualmente se encuentra cumpliendo la condena impuesta.
Durante los alegatos, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca Álvarez solicitaron que la mujer fuera declarada responsable penal por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora, planteo que fue aceptado por el Tribunal.
Según la investigación, ambos auxiliares asistenciales habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023, vulnerando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Además, habrían amenazado a los menores para evitar que denunciaran los hechos.
La defensa de la imputada sostuvo durante el juicio que la situación debía ser tratada en el ámbito administrativo y no en la Justicia penal. La audiencia de cesura de pena fue programada para el próximo 31 de agosto.
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Condenan a 13 años de prisión a un integrante de la banda de violentas entraderas en Roca
El condenado admitió haber participado en ocho hechos delictivos. La pena unifica una condena previa que le había sido impuesta en suspenso.
Un hombre fue condenado a una pena única de 13 años de prisión tras reconocer su participación en ocho hechos delictivos como integrante de una asociación ilícita que cometía violentas entraderas en el Alto Valle, varias de ellas en General Roca. La sentencia fue dictada este martes mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los delitos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
La pena surge de la unificación de una condena de 11 años por los hechos reconocidos con otra condena previa de 2 años de prisión condicional, que fue revocada al comprobarse que el imputado volvió a delinquir. El pedido había sido formulado por la fiscal Belén Calarco, junto a las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, el juez Fernando Sánchez Freites, quien presidió el Tribunal integrado además por Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, detalló cada uno de los hechos atribuidos al acusado y homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Los 11 años de prisión corresponden a los delitos de asociación ilícita, robos agravados por haber sido cometidos en lugar poblado y en banda, utilizando armas de fuego impropias, y en algunos casos también por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra las víctimas.
Asimismo, el Tribunal hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal para revocar la condena condicional anterior, conformando una pena única de 13 años de prisión efectiva. También dispuso la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.
El condenado permanece detenido con prisión preventiva desde el inicio de la investigación y comenzará a cumplir formalmente la condena en los próximos días, ya que al aceptar el juicio abreviado renunció a los plazos de apelación.
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva realizaba tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y utilizaba vehículos previamente robados para trasladarse. Una vez en el lugar, sus integrantes ingresaban violentamente tras escalar techos y paredones, reducían a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían la entrega de dólares, dinero en efectivo y objetos de valor.
Además de dinero y joyas, la banda sustraía equipos electrónicos y los DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de eliminar evidencia de los robos.
La investigación fue desarrollada por una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro creada especialmente para esclarecer esta serie de hechos, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. La causa continúa abierta y otros 11 imputados permanecen con prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
