La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará mañana martes (29/10) un paro de 36 horas en toda la Administración Pública comenzando a las 12 del mediodía con una movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger.

«En el Estado hay sindicalistas que militan la resignación y el miedo en los sectores de trabajo. Destruyen nuestros salarios, nos echan como perros, quieren vender todos los inmuebles del Estado, ¿cuándo van a parar si no paran ahora? ¿Cuándo van a marchar si no marchan ahora?», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

La concentración será a las 12 en el Obelisco y desde allí marcharán hacia la sede de la cartera con dirección en Av. Roque Sáenz Peña 788, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, el paro se extenderá durante todo el miércoles (30/10), confluyendo con el paro de transportes.

«La única manera de evitar que el Estado termine de ser usurpado por los grandes grupos empresarios es estando en la calle», señaló el dirigente y agregó que «la gente empieza a tomar conciencia de la estafa. Le mintieron, no había ñoquis ni un Estado sobredimensionado. Este Gobierno protege y se abraza a la casta».

En referencia al deterioro de los salarios en el Sector Público, Aguiar apuntó que «hoy un empleado público con hijos y que tiene que alquilar no llega a ni a mitad de mes. Exigimos la inmediata reapertura de las paritarias y demandamos un incremento que permita recuperar todo el poder adquisitivo perdido durante los últimos meses. Rechazamos que la paritaria en la Administración Pública Nacional sea utilizada para disciplinar el resto de las negociaciones públicas y privadas».

«Si nuestros justos reclamos no encuentran respuestas, las medidas se van a profundizar, la conflictividad irá en ascenso y la afectación de la paz social no será nuestra responsabilidad. Será responsabilidad de quien tiene que garantizarla con políticas, que es el Gobierno», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Los reclamos

La medida de fuerza surge a partir de la pérdida del poder adquisitivo en el Estado Nacional que ya supera el 34% durante la gestión de Javier Milei, sumado a la intención del Gobierno de congelar los salarios para lo que resta del año. Ante esta situación, el sindicato demanda la inmediata reapertura de las paritarias y un aumento que permitan recomponer los salarios.

El gremio también reclama por el cese de los despidos en el Sector Público y la inmediata reincorporación de todos los ilegítimamente cesanteados.

Además, los recientes anuncios del Ejecutivo se suman a los motivos de la protesta de los estatales: la falsedad de las intimaciones a jubilarse a los trabajadores -cosa que ya existía-; la mentira de los cargos públicos hereditarios; y la amenaza de enajenar más de 300 inmuebles del Estado.

Motiva también al reclamo el rechazo a las privatizaciones de las empresas estatales y al vaciamiento de organismos como el recientemente anunciado en AFIP.

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió con representantes del gremio docente UnTER en instalaciones de la Secretaría de Trabajo. Al igual que en el encuentro de la Función Pública con ATE y UPCN, no hubo una oferta salarial ya que desde el Ejecutivo consideran que «los aumentos otorgados superan el índice de inflación».

Desde el Gobierno detallaron que «el aumento al básico en 295% posiciona a Río Negro en el primer lugar a nivel nacional como la provincia con más aumento remunerativo otorgado, que beneficia y aplica para el cálculo del aumento en la jubilación docente».

Por todas estas razones y realizadas las evaluaciones correspondientes, desde el Ministerio de Educación se comunicó a UnTER que «no están dadas las condiciones para presentar una propuesta de aumento ya que se pondría en riesgo el pago de los salarios y el funcionamiento de los servicios esenciales del Estado».

Por el lado de la representación gremial, se planteó la necesidad de un aumento salarial teniendo en cuenta la inflación acumulada desde noviembre de 2023, «ya que ni la gestión anterior ni la actual liquidaron correctamente los índices correspondientes a los últimos meses del año pasado». El gremio reclamó que «no podemos tener salarios por debajo del límite de la pobreza» y también exigió que «dejen de otorgarse aumentos sectorizados y discrecionales, y se otorguen para todos los cargos docentes».

Por otra parte, durante el encuentro de ayer (24/10) las partes dialogaron sobre distintas cuestiones relacionadas a licencias gremiales y médicas, aspectos técnicos de la grilla salarial, ítem de asignación docente, y el proyecto de declaración de la educación como servicio estratégico esencial, entre otros puntos. Por otro lado se acordó la realización de diferentes mesas de trabajo para el tratamiento de determinados temas, para la semana próxima.

Del encuentro participaron por Educación, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación, Ana Laura Giovanini, la vocal gubernamental, Romina Procoppo, el vocal gubernamental, Fabio Sosa, y la secretaria general del Consejo Provincial de Educación (CPE), Claudia Tejeda. Por el gremio UnTER, estuvieron la secretaria general, Silvana Inostroza, el secretario adjunto, Gustavo Cifuentes, y el vocal gremial Marcelo Nervi, entre otras autoridades.

Tras el anuncio del gobierno de Javier Milei de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los empleados se manifestaron preocupados por sus fuentes de trabajo. Según explicó la oficina del presidente en un comunicado, en reemplazo del actual entre recaudador, Nación creará otro organismo. Se tratará de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con una «estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática». La decisión llega en «el marco de la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes» e implicará «el despido de más de 3.000 empleados públicos, recorte salarial y la creación de un nuevo organismo recaudador, con una estructura más chica».

Claudio López es el secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) seccional Neuquén habló esta mañana (22/10) en Radio La Super del tema. En declaraciones al programa Ahí Vamos (de lunes a viernes por FM La Super FM 96.3), López explicó que la seccional tiene jurisdicción en Viedma, Roca, Zapala, San Martin de los Andes y Bariloche. «Estamos sorprendidos por semejante anuncio. Ni ellos tienen la capacidad ni la organización para armar una nueva agencia de recaudación y control aduanero. Esto les genera una estructura que no la tienen armada. Tienen una desorganización total», indicó.

El dirigente gremial señaló como es la situación en las sedes de la AFIP de la zona. «A nivel nacional son unos 3.155 trabajadores que serían despedidos. En la Seccional somos 360 empleados y los más nuevos son unos 35, que son los que se despedirían. Lo que vemos es una persecución política, ya que se anunció que la gente que se despedirá es la que entró en el último período de Alberto Fernández. No vamos a tolerar ni un solo despido, es más, se necesita gente para funcionar», agregó.

«Estamos de asambleas en todo el país. Hoy se hace una asamblea acá en Buenos Aires y se comenzará con reuniones regionales», destacó.

«El gobierno bastardea la tarea que se hace en AFIP. Y decir que hay grandes sueldos, con sumas exorbitantes es una política para atraer a la opinión pública. Salen a decir que van a achicar el estado. Hoy un sueldo de un profesional que recién ingresa es de $450.000 más el fondo de jerarquización, que puede llegar a $1.200.000. Un empleado con 15 años llega a cobrar $2.000.000», concluyó.