Política
Baja de impuestos y promoción económica para atraer inversiones a Río Negro
El gobernador Weretilneck envió a la Legislatura un proyecto de Ley que establece un nuevo Régimen de Promoción Económica e Industrial en la provincia.

Con el objetivo de seguir atrayendo inversiones privadas a la provincia que generen crecimiento y empleo, el gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura para su tratamiento un proyecto de Ley que establece un nuevo Régimen de Promoción Económica e Industrial.
Entre los beneficios, se propone la exención o reducción de impuestos provinciales hasta un plazo de quince 15 años, concesión de un Bono Fiscal con un tope máximo del 20% de la inversión base (que puede llegar al 40% en el caso de las empresas cuyas titulares sean mujeres o posean al menos el 51% del capital social) y estabilidad fiscal por el término de hasta 10 años (implicará que las condiciones tributarias vigentes al tiempo de la presentación del proyecto no podrán ser modificadas).
El objetivo de esta iniciativa es contribuir al desarrollo, la modernización y la mejora de la competitividad aplicando una serie de incentivos a la inversión, la calidad y la innovación, y al impulso de los agrupamientos industriales entre otras cosas.
«Río Negro tiene futuro. Nuestro golfo va a ser el principal puerto de exportación de gas y petróleo de América Latina, nuestra Región Sur va a desarrollarse a partir de la minería con Calcatreu, nuestro río nos da nuevas áreas bajo riego y nuevas actividades productivas, la consolidación de Vaca Muerta irradia el Alto Valle y el oeste de la provincia, Bariloche y la zona cordillerana son miradas por los sectores de inversión por su potencialidad. Y con estas dos leyes, buscamos hacer nuestro aporte para dinamizar la economía y ofrecer las mejores condiciones para invertir», resaltó Weretilneck.
Por otra parte, se suman beneficios como tarifas especiales para la difusión publicitaria en los medios estatales, gestiones ante entidades bancarias para la importación o adquisición de maquinarias e instrumentos, prioridad en el otorgamiento de créditos dependientes o gestionados por la Provincia, preferencia en los procesos de contratación del Estado provincial, exención de hasta el 100% de la comisión del Fondo de Garantía Río Negro (FOGARIO).
Para los proyectos de inversión nuevos, se proponen la exención del 100% del impuesto sobre los Ingresos Brutos por 3 años y del Impuesto Inmobiliario por 10 años. En el caso de las empresas que se radiquen en alguno de los parques industriales o logísticos, los beneficios podrían llegar a 15 años, al tiempo que se reconocerá como saldo de libre disponibilidad los importes pagados en concepto de Ingresos Brutos en las facturas de los servicios de energía eléctrica y gas.
También se sumará una exención del Impuesto de Sellos del 50%, que alcanzará a aquellos actos jurídicos instrumentados que estén relacionados directamente con la construcción, montaje o puesta en marcha de las instalaciones del proyecto.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.

Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.

En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
Policiales
Firmaron el contrato para ampliar el Centro de Monitoreo 911 de Roca
Es en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento de la ciudad.

Con una inversión cercana a los $125 millones, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, rubricaron el acuerdo con la empresa INCO SRL para iniciar las obras en el edificio de la Comisaría 3°, una acción que demuestra previsibilidad y fortalece el sistema de prevención y seguridad ciudadana en la región.
La obra, estratégica para el Alto Valle, se desarrollará en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, lugar donde actualmente opera el 911. La intervención comprende la construcción de 56,7 m2 nuevos y la refacción de 19 m2 existentes. Esta refuncionalización permitirá adaptar el espacio a las necesidades del personal y albergar nuevo equipamiento tecnológico, mejorando drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias.
Durante la firma, el ministro Echarren destacó que esta obra no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado. «Como remarcó el gobernador Alberto Weretilneck al principio de la gestión, fortalecer el sistema de seguridad requiere un trabajo en conjunto. Es imposible que el Ministerio de Seguridad pudiera hacer obras por cuenta propia si no lo acompaña Obras Públicas con la parte técnica. Este trabajo en equipo nos permite brindar respuestas a la comunidad con obras concretas».
Un modelo de gestión coordinada
Echarren valoró los grandes acuerdos alcanzados con las gestiones locales para avanzar en materia de seguridad en todo el territorio a través del programa Junto al Municipio. «Esta coordinación con los intendentes nos ha permitido culminar los Centros de Monitoreo de Cinco Saltos, San Antonio Oeste y Villa Regina. Además, estamos terminando el de El Bolsón y próximos a llamar a licitación el de Fernández Oro», detalló.
Para finalizar, el titular de Obras y Servicios Públicos repasó otras inversiones estratégicas que demuestran que Río Negro sigue en marcha: «Estamos diseñando algo sumamente novedoso para Viedma con la Comisaría 1º, y profundizando las inversiones en el sistema carcelario, con la reciente firma del contrato para la ampliación del Complejo Penal de Viedma y abocados a avanzar con el de Cipolletti. Lo central es que Río Negro funciona, da previsibilidad y cuida a sus vecinos».








