Un Tribunal de Juicio de Roca, por unanimidad, declaró a un hombre de Villa Regina culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal. En los próximos días se pondrá fecha a la audiencia de cesura para definir el monto de la pena que deberá cumplir.

La víctima fue una mujer que inicialmente tuvo relaciones sexuales consentidas con el imputado pero que luego decidió no continuar. Pese a su negativa verbal y a su resistencia física, el hombre concretó un segundo acto sexual y así se configuró el abuso. El Tribunal destacó entre sus fundamentos que el consentimiento debe estar presente durante toda la relación y que la primera negativa clara de la mujer marcó el límite entre el acto sexual consentido y el delito.

La defensa del imputado alegó que el hombre «no entendió» que la mujer no quería continuar. Indicó que la personalidad «histriónica y compulsiva» de la joven le había dado «mensajes ambiguos» al acusado y agregó que su comprensión estaba afectada por el consumo de alcohol.
El tribunal, integrado por los jueces Oscar Gatti, Gastón Martín y Alejandro Pellizzón, rechazó el planteo que «no resulta lógico sostener que no pudo entender e internalizar la reiterada y sostenida negativa manifestada por la mujer de continuar manteniendo relaciones sexuales consentidas la noche del suceso».

Para los jueces, la investigación presentada por la Fiscalía en el juicio demostró que la joven no se sintió bien durante la primera relación sexual con el imputado, porque le resultó torpe y fuerte. Minutos después, cuando el hombre quiso tener un segundo encuentro sexual, ella «le hizo saber que no quería continuar, a punto tal que no sólo se lo dijo verbalmente de manera reiterada sino que a su vez opuso resistencia física con su cuerpo, dentro de sus posibilidades, hasta que finalmente se vio doblegada por el accionar violento y compulsivo de quien a partir de ese momento se transformó en su victimario».

«La negativa de la víctima contó con la claridad e intensidad necesaria para que cualquier persona responsable de sus actos pudiera comprenderla claramente y en consecuencia, aceptarla», concluyó el Tribunal.

El fallo hizo especial foco en que el hombre «pudo comprender y conocer» que «en la segunda oportunidad no contaba con el consentimiento libre, voluntario, inequívoco, activo, actual y continuo de la mujer y no obstante ello fue su voluntad seguir adelante con su accionar ilícito, haciendo caso omiso a la clara resistencia de la víctima».

Según se demostró, cuando el abuso finalizó la joven quedó «temblando, como paralizada», mientras que el hombre le reprochaba «que no sea exagerada» porque «ya se conocían».

La investigación del equipo fiscal recopiló testimonios, informes, secuestros y pericias que acreditaron el lugar del hecho y el estado físico y anímico de la mujer después del abuso. Esos elementos fueron respaldo para la rotunda declaración de la víctima como prueba central del juicio.

«Ha quedado debidamente acreditado que la relación sexual que comenzó siendo consentida, dejó de serlo por la violencia ejercida por el enjuiciado en el primer acto sexual, a raíz de lo cual la víctima decidió negarse a seguir teniendo relaciones sexuales, haciéndole saber su determinación varias veces de forma verbal y también mediante la resistencia física que pudo oponer. No obstante, se vio doblegada físicamente por su opresor», precisaron los jueces.

Hace instantes, la Fiscalía solicitó la pena de 21 años de prisión para Martín Guiñez, de 30 años, ya declarado responsable penal por dos homicidios cometidos el 30 de junio de 2023 contra su padre y contra Agostina Ivana Ríos. El Tribunal interviniente resolvió en el mismo sentido.

Durante sus alegatos, la fiscal jefe subrayó que «se debe tener presente la condena de 6 años y 7 meses de prisión con la que ya cuenta el hombre sobre robo agravado y privación ilegítima de la libertad, del 4 de marzo de 2017. No podemos olvidar que en el plazo que estaba cumpliendo esa pena, fue trasladado a un centro de tratamiento para consumos problemáticos en La Plata y de ahí se evadió. Fue en el marco del legajo que hoy estamos tratando que fue nuevamente detenido».

«La joven víctima tenía 25 años, se encontraba en un estado de vulnerabilidad ostensible, tal como explicaron hoy los testigos que pasaron por esta sala de audiencias. Necesitamos que se tengan presentes las actitudes que tuvo el imputado hacia ella, la amenazó y la extorsionó con armas. Por eso sostenemos que las conductas de este hombre no se ajustan a una persona que quiera ayudar a otra que se encuentra en ese estado, conociendo profundamente de qué se trata estar así», enfatizó la Fiscalía.

«La circunstancia de saberla en estado de vulnerabilidad y consumo, fue tratado con total desidia y se refleja en la manera en cómo la mata, ella estaba en el lugar y en el momento equivocado. Se suma que luego de cometer ambos homicidios, el imputado se dio a la fuga y también implicó a otra mujer. Todo ello habla de la peligrosidad que representa este sujeto, que no duda en hacer uso de armas, de vincularse a través de la violencia, de amenazar y cometer delitos», recalcó la fiscal jefe.

«La víctima mujer, pese a haber sufrido múltiples violencias siempre protegió a su familia y allegados de ese entorno en el que estaba lamentablemente inmersa. No se la equipara con el imputado, por ejemplo ella no tuvo la oportunidad de poder asistir a un centro para tratar su problemática, en cambio el hombre sí», aclaró el Ministerio Público Fiscal.

Por todo lo anterior, es que la Fiscalía solicitó que se unifiquen ambas condenas, y que se establezca como pena única 25 años más la declaración de primera reincidencia. Por su parte, la defensa particular pidió 18 años por los hechos que se investigan en este legajo, y que la unificación fuera de 20 años.

Finalmente, el Tribunal Colegiado resolvió condenar al imputado a la pena de 21 años, declarándolo reincidente por primera vez, y como pena única, comprensiva de la condena anterior mencionada, a 25 años de prisión.

De manera unánime los jueces tuvieron presente para dictar esta sentencia que Guiñez cuenta con antecedentes penales computables, como agravantes de la pena mencionaron la violencia ejercida, la pluralidad de víctimas, la manera en cómo cometió los hechos, como también la afectación de los bienes jurídicos tutelados, la extensión del daño ocasionado, el comportamiento desplegado luego de acontecido el hecho. Como atenuantes la edad del imputado y la aceptación de responsabilidad en el procedimiento parcial abreviado.

Se desarrolló hoy (16/12) una nueva audiencia, solicitada por la acusación, respecto de las medidas cautelares que debe cumplir el periodista Emiliano Gatti, condenado a la pena de 6 años por tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil.

La Fiscalía y la querella reafirmaron los argumentos vertidos en septiembre pasado, y reiteraron el pedido de prisión preventiva.

«Con el objetivo de asegurar el fin del proceso, es que insistimos en que las medidas cautelares vigentes resultan insuficientes, más aún en el estadio en el que nos encontramos», comenzó su intervención la fiscal jefe. «El 5 de diciembre pasado, el Tribunal de Impugnación provincial, tras nuestra solicitud, confirmó la sentencia, que consiste en una pena de prisión alta y de cumplimiento efectivo», explicó.

«Por ello, teniendo presente lo que el legislador rionegrino nos acerca, es que el Artículo 109 no exige pruebas, pero si da pautas. En este caso, esas pautas nos llevan a solicitar la prisión preventiva teniendo presente que -dicho por el mismo condenado-, cuenta con contactos a raíz de haber trabajado en su fundación, actualmente vive por fuera de los límites de esta provincia, y no hemos podido confirmar sus fuentes de ingresos», argumentó el Ministerio Público Fiscal.

«No sabemos nada de su vida personal, no se sabe dónde trabaja, y cuál es esa ‘changa’ que ha realizado para mantenerse durante todo este proceso. Todo lo explicitado nos permite suponer que se podría ocultar y evadirse del accionar de la justicia», agregó la Fiscalía.

«En el momento procesal en el que nos encontramos, podemos traer a colación el criterio que se aplicó en el caso Bernardini, donde se recuperaron indicios, trayectorias de los contactos, medios económicos que fueron acreditados, la magnitud de la pena. No perdemos de vista que cuánto más grave sea la pena mayor posibilidad existe que el condenado pueda eludirse», dijo la representante fiscal.

«Lo mismo ocurrió en el precedente Narváez, se trataba en particular de una sentencia no firme y donde se había solicitado la prisión preventiva. En ese caso, el Superior Tribunal de Justicia recordó que el ánimo de la persona condenada puede verse afectada que ya sabe que debe esperar la firmeza de la condena que paso tras paso la misma será de encierro», reafirmó el Ministerio Público Fiscal.

«A medida que avanza el proceso y teniendo en cuenta que la gravedad de la condena afecta el ánimo de la persona. Estamos frente a un elemento objetivo concreto, lejos de ir diluyéndose va tomando cada vez más fuerza a través de la confirmación de la condena por cada Tribunal, por eso esta fiscalía sigue insistiendo que las medidas actuales son insuficientes, y solicitamos que la prisión preventiva sea dictada hasta la firmeza del fallo», concluyó la fiscal jefe.

La querella, a su turno, dijo que «el condenado tiene amplias posibilidades de darse a la fuga, nos preocupa su domicilio actual, nos preocupa que con el conocimiento que tiene pueda sustraerse del accionar de la justicia».

Por su parte, la defensa particular propuso cuatro medidas alternativas, en primera instancia que su asistido siga viviendo en Bahía Blanca utilizando tobillera electrónica, la otra fue que en esa ciudad bonaerense cumple con la preventiva en modalidad domiciliaria, la tercera opción que ofrecieron fue que el imputado se mude a General Roca, se le coloque un dispositivo electrónico y que además realice presentaciones personales en fiscalía. Como última opción propusieron la prisión preventiva en modalidad domiciliaria con uso de tobillera en Roca.

La Fiscalía y la querella se opusieron a esto, e insistieron en la prisión preventiva.

Finalmente, el Tribunal interviniente resolvió que no se acreditó que la prisión preventiva sea indispensable en este momento pero que sí resulta necesario agravar las medidas cautelares que estaban vigentes hasta ahora.

De esta manera, el Tribunal por unanimidad ordenó que el imputado deberá cumplir en Bahía Blanca dos presentaciones diarias en la comisaría de su domicilio, una por la mañana y una por la tarde. Además, dispuso que se le coloque en el día de hoy (16/12) una tobillera electrónica que va a monitorear su viaje de regreso desde General Roca hasta Bahía Blanca y que desde su llegada a esa ciudad en adelante verificará que el imputado no salga fuera de los límites del ejido urbano.