Gremios
ATE anticipa que no tolerará nuevos despidos: «En el 2025 les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»
«El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año», indicó Aguiar.
Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».
«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.
En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.
«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.
El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).
Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.
Gremios
«Empezaron a modernizar retrocediendo más de 100 años»
Aguiar, titular de ATE, rechazó la media sanción que logró el Gobierno en el Senado con la Reforma Laboral.
En una maratónica sesión -más de 16 horas-, el oficialismo logró aprobar la ley de reforma laboral en el Senado. Ahora, la iniciativa deberá ser girada rápido a Diputados, donde el Gobierno tendrá en sus manos la posibilidad, de no mediar sorpresas ni picardías -por ejemplo, que sea modificado y devuelto, en segunda revisión, a la Cámara Alta-, la sanción del primer proyecto relacionado con este tema desde el regreso de la democracia, tras varios intentos fallidos en décadas pasadas.
Durante la definición en general, el texto recibió 42 adhesiones y 30 rechazos, sobre los 72 presentes, el pleno en completo en el recinto. Después llegó el momento más delicado de la sesión extraordinaria: la votación en particular. Allí, libertarios y aliados mantuvieron la mayoría, con algunas variaciones según la instancia. Siempre, sobrados. Fueron 26 títulos, lo que obligó al oficialismo a funcionar como un reloj suizo.
Por la tarde, las idas y vueltas que dio la Casa Rosada con retoques de último momento pusieron a los dialoguistas con los nervios de punta. Fue lo único que este sector reclamó desde hace semanas. No sirvió de nada dicho pedido, pero la situación fue más que amortiguada.
A modo general, las incorporaciones de las últimas 48 horas incluyeron: caída del artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; guiños varios a sindicatos y cámaras empresariales con la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; el sostenimiento del 6% destinado a obras sociales; y la amortiguación de la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También hubo gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año.
En este sentido, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, declaró que «festejan la media sanción de una ley escrita por empresarios, apoyada por gobernadores chantajeados y votada por senadores sobornados en perjuicio de la totalidad de los trabajadores».
«Con esta ley que avanza en el Congreso no se va a crear ningún puesto de trabajo nuevo, van a terminar de destruir el empleo», agregó el dirigente.
«Esta ley no tiene consenso y está sospechado todo el proceso para su tratamiento.
Llenaron de valijas el Congreso. Tiene que quedar claro que la reforma laboral es sólo una batalla de las tantas que hemos librando en la guerra que nos declaró el Gobierno. Vamos a seguir batallando», aseguró Aguiar.
«Nada de los trabajadores sin los trabajadores», cerró el titular de ATE Nación.
Gremios
El Gobierno confirmó un aumento del 5,29% con los sueldos de febrero
Además, el 20 de febrero se abonará la primera cuota de la compensación.
El Gobierno de Río Negro confirmó que los sueldos de los agentes públicos correspondientes a febrero se liquidarán con un aumento del 5,29%. El porcentaje surge del esquema de actualización automática bimestral acordado en la última Mesa de la Función Pública
El ajuste salarial está atado directamente a la inflación reciente. Es decir, si suben los precios, el sueldo se actualiza de manera automática para mantenerse en niveles que superen la inflación, generando un alivio al bolsillo del trabajador.
Para determinar el porcentaje se promediaron las mediciones de inflación a nivel nacional y en Viedma, correspondientes a los meses de diciembre y enero, datos que se conocieron en las últimas horas. «Este mecanismo ratifica el compromiso del Gobierno de escuchar y atender los planteos sindicales: el aumento impacta directamente en la composición del salario y ofrece un esquema de certezas, donde el empleado ya sabe cómo se calculará su sueldo», destacaron desde el Ejecutivo.
El porcentaje definido de aumento surge del cálculo de la inflación de diciembre (2,84% a nivel nacional y 2,40% en Viedma, con un promedio de 2,62%) y de enero (2,88% y 2,31%, con un promedio de 2,60%). Luego ambos resultados mensuales se acumulan entre sí, acompañando la evolución los precios.
Además, mediante liquidación por planilla complementaria el 20 de febrero se pagará la primera cuota de la compensación extraordinaria de $125.000 (sobre un total de $250.000).
Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
- Marzo: se abonará la segunda cuota de la compensación extraordinaria ($125.000) y la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará $80.000 por hijo y $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
- Abril: se aplicará una nueva actualización salarial automática en función de la inflación registrada en febrero y marzo, y se pagará la primera cuota del concepto Indumentaria ($125.000).
- Mayo: se completará el pago de Indumentaria con la segunda cuota ($125.000).
Gremios
ATE ya reporta un 92% de adhesión al paro nacional en la previa a la movilización al Congreso
«El gobierno recorrió con un maletín algunas provincias y hoy empieza con los sobornos en el Senado. Están gastando millones para llevarnos puestos», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reportó un nivel de adhesión del 92% al paro nacional en la previa a la movilización que realizarán al Congreso a partir del mediodía para exigir el rechazo al proyecto de reforma laboral en el Senado.
«Hoy se inicia en el Congreso la mayor ofensiva que haya existido en democracia contra los trabajadores. El gobierno recorrió con un maletín algunas provincias y hoy empieza con los sobornos en el Senado. Están gastando millones para llevarnos puestos», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente completó que «quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos pero quedaron todos los que perjudican a los trabajadores. Es increíble que haya pasado esto. Resulta difícil de comprender».
«El financiamiento de los sindicatos y de sus actividades es importante, pero no puede estar por encima de los derechos de los afiliados. No podemos canjear el financiamiento de los sindicatos, por más que sea importante, por la esclavitud de los trabajadores. La historia nos va a juzgar. Los sindicalistas vamos a tener que explicar qué hicimos en este tiempo histórico en la Argentina», agregó el referente de ATE.
En referencia a la medida de fuerza, expresó que «el alto acatamiento a la medida demuestra que los trabajadores tienen conciencia de todos los perjuicios que acarrea esta ley y que su rechazo es generalizado».
En este momento y durante el transcurso de la jornada de protesta, sólo se garantizan guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.
Otros servicios que ya comenzaron a verse afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
