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Obras sociales: Monotributistas están en alerta por recortes en los servicios
Uno de los sectores laborales que más crece en la Argentina ha incrementado sus problemas con relación al sistema de salud.
La crisis económica terminó de desnudar una problemática de la que poco se habla sino hasta que se la vive en carne propia. Se trata del sistema de salud tanto en su versión pública como privada. En este contexto, algunas prepagas y obras sociales sindicales han reducido prestaciones o aumentado los coseguros además de las cuotas mensuales. Ahora, en medio de un ajuste importante en varios sentidos, surge una suerte de puja entre los sindicatos y el sector de monotributistas que aporta a las obras sociales. Es porque según ha trascendido, desde la CGT solicitaron al Gobierno nacional medidas para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
En este marco, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) denunció que el pedido de la Central Obrera afectará gravemente al sector que paga de manera compulsiva el componente de la Obra Social. En lo que va del año y debido a la crisis, ha habido bajas del monotributo en general y del social en particular. Esto ha impactado en un menor ingreso en las obras sociales y este sector ya ha comenzado a atravesar recortes en las prestaciones de salud en las obras sociales asignadas. Con casos específicos y cada vez más abundantes en distintas partes del país, la titular de MARA –Noelia Villafañe- ha solicitado audiencia al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo.
Es que según publicó el diario Infobae, la dirigencia sindical denuncia un desfinanciamiento de sus obras sociales que se debe, en buena parte, a tener que prestar servicios no solo a sus afiliados directos sino también a los indirectos. Entre ellos, mencionan más de dos millones de monotributistas, 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico. Por este motivo, los casos de restricción de servicios son cada vez más comunes en las obras sociales, lo que es peor en los monotributistas sociales y se suma al achicamiento de prestaciones o trabas que se repiten también en algunas prepagas.
“La CGT solicita tres cambios con relación a las obras sociales de los monotributistas”, explicó la contadora Villafañe. El primero, agregó, es que el programa médico que hoy posee este sector sea reemplazado por una suerte de canasta de emergencia según el aporte. De este modo, no solo se afecta el derecho a la salud de quienes aportan sino que los dejaría sin la mayoría de las prestaciones. En segunda instancia, según la referente de MARA, los sindicatos piden que se aumente 400% el componente de la obra social, algo que sería casi imposible de pagar para las categorías más bajas. “Así, quieren que se abone más a cambio de menos prestaciones”, sintetizó Villafañe.
La tercera modificación que se habría solicitado por parte de la CGT es que los monotributistas sociales no reciban ningún tipo de atención y vayan al sistema público. “El problema de esto es la posibilidad de que esta área se privatice”, precisó Villafañe. Este diario consultó a distintos referentes sindicales de Mendoza, pero no obtuvo respuesta ya sea por omisión o por cierto desconocimiento específico del tema.
Personas afectadas
Más allá de esto, la Asociación de Monotributistas –cuya sede está en Mendoza- expresaron que no es cierto que las obras sociales sindicales deban atender a más de dos millones de monotributistas. Es que si bien la cantidad de aportantes a este sistema crece, lo cierto es que muchos no utilizan la prestación de salud. Hay que tener en cuenta que el pago del componente de obra social es obligatorio, pero lo que, según la titular de MARA, la mitad no lo utiliza. “No es cierto que deban atender a más de dos millones de monotributistas”, afirmó. En este sentido, expresó que en su momento solicitaron que el pago de este ítem fuera optativo y que perdieron la batalla en el Congreso por seis votos. En este marco, Villafañe expresó que el 6 de enero tendrán audiencia por este tema con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
“Los monotributistas abonan a un sistema solidario para que quienes no tienen otra opción sean atendidos. Sin embargo, no es sencillo recibirla y aunque muchos no la necesitan porque tienen otras opciones, una buena parte aporta sin recibir nada a cambio, lo que se considera una estafa”, señaló Villafañe. Por este motivo, solicitarán la devolución del dinero a los monotributistas que han aportado y que nunca han sido ni empadronados ni recibidos en una obra social sindical. La referente también recordó que los monotributistas de las categorías más altas deben o pagar una diferencia importante para un plan de salud o abonar coseguros cada vez más altos.
En Mendoza, las principales obras sociales sindicales restringen poco a poco los servicios y, si bien no los quitan, si colocan trabas. De este modo, en algunas los odontólogos solo atienden en sus sedes y no se puede ir a otro prestador o concentran las farmacias para hacer los descuentos, lo que conlleva largas esperas. Algo que también ha comenzado a suceder –y no solo a los monotributistas- es lo que también implementó PAMI que es el menor descuento en los medicamentos tanto crónicos como comunes.
“No te dicen que no de manera directa, pero te dan mil vueltas o para autorizarte un estudio o un tratamiento específico”, contó Carla, una monotributista a quien este año su ginecólogo la atención en un hospital privado en vez de en su consultorio. Desde la percepción de los usuarios, la apuesta de muchas obras sociales y algunas prepagas es que el cliente se canse de tantas vueltas y resuelva la situación por otro lado. Eso, por supuesto, para los que tienen la opción, algo que no sucede para la mitad de los argentinos que hoy son pobres.
En tanto, desde MARA aportaron diversos casos y testimonios concretos con nombre y apellido sobre situaciones muy complejas vividas por sus asociados. Entre otros, está el de Ana Soledad (Buenos Aires) que tiene un hijo de 8 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “En septiembre le suspendieron todas las terapias que luego de un reclamo nuestro le restituyeron”, contó Villafañe quien agregó que todavía no logran un Programa Médico Obligatorio. Lo mismo le sucedió a Ludmila que se quedó sin cobertura para sus hijos, uno de ellos (6) también con TEA.
Otro caso fue en Mendoza, cuando a Héctor (41) que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 también le quitan la cobertura por lo que desde octubre está sin medicación. Al tratarse de un monotributista social, la prestadora de salud alegaba que el Ministerio de Capital Humano no había pagado la cuota y –cuando a través de MARA se logró el aporte correspondiente- ahora tampoco le dan cobertura debido a que le dicen que los monotributistas sociales han sido dados de baja. El remedio más barato que necesita es el de la presión y cuesta $6.000, mientras que el específico para controlar los niveles de azúcar en sangre cuesta $130.000. En el medio, hay dos medicamentos más que debe tomar de manera crónica del valor de $79.000 y $28.000.
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El aumento salarial para estatales rionegrinos será de 4,21% en agosto
El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).
El Gobierno de Río Negro confirmó la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los haberes de agosto del personal estatal. De acuerdo al esquema de actualización automática bimestral vigente, el incremento será del 4,21%.
Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de junio y julio.
«Este mecanismo garantiza que el salario acompañe la evolución de los precios, brindando alivio directo a las y los trabajadores del Estado y reafirmando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública», destacaron desde el Gobierno provincial.
Cómo se calcula el aumento
El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).
Al igual que en los tramos anteriores, los dos promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de las y los estatales.
Evolución salarial
En lo que va del año se mantuvo un esquema de actualización constante, acumulando a la fecha un 20,88% de incremento:
En febrero los salarios aumentaron en un 5,29%; en abril el aumento fue del 5,65%; y en junio el aumento fue del 4,28%.
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Tras el 2,1% de inflación, Aguiar interpeló a Milei: «Ya pasó más de la mitad de su gestión y estamos peor que con Alberto»
«La persistente inflación sigue licuando los salarios y jubilaciones, mientras que permite a los grandes empresarios y al campo que dolaricen sus ganancias», señaló el secretario general de ATE Nacional.
Después de que el INDEC difundiera el dato de inflación de julio, que dio 2,1%, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, interpeló directamente al presidente Javier Milei: «¿Y la inflación cero para cuando, presidente? Este dato me hace decir algo arriesgado: ya pasó más de la mitad de su mandato y estamos peor que con Alberto. Ahora vivimos al día y endeudados», indicó.
El dirigente gremial aseguró que «la persistente inflación sigue licuando salarios y jubilaciones, mientras que permite a los grandes empresarios y al campo que dolaricen sus ganancias”. “El proceso inflacionario hace que todos los meses los trabajadores pierdan poder de compra y sigan siendo empujados vastos sectores hacia la pobreza», agregó.
Aguiar afirmó que «nunca en democracia frente a un ajuste se pagó un costo social tan alto», y puntualizó que «tarifas, transporte, servicios y nafta sistemáticamente se ubican por encima del promedio general».
«Está claro que su decisión de no autorizar una nueva metodología de medición es para seguir robándonos. Lo que sí baja es el apoyo popular a su gestión. Está cada vez más cerca el final, se va a terminar tanta impunidad», dijo.
Con el nuevo dato difundido por el INDEC, la inflación acumulada en 2026 alcanza el 19,3%, con una variación interanual del 33,8%.
En las próximas horas, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que está integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales obreras, presentará un nuevo informe basado en datos oficiales del INDEC que calcula a cuánto debería ascender el salario mínimo para no ser pobre en la Argentina.
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Encuesta realizada por ATE reveló que el 87% de los trabajadores estatales se endeudan para pagar alquiler, salud, comida y ropa
«El alto nivel de endeudamiento le precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una encuesta a trabajadores estatales de todo el país, la cual arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, el 73% con múltiples entidades y el 40% las usa para pagar urgencias médicas, gastos en educación y el pago de alquileres o expensas, mientras que el 37% las usa para pagar más deuda, comida y ropa.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el resultado del trabajo es categórico”. “El alto nivel de endeudamiento le precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real», apuntó.
«Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real. Antes la deuda era un mecanismo de inversión, ahora es para sobrevivir», señaló el dirigente sindical. Sin embargo, advirtió que «hoy existe un endeudamiento permanente para cubrir necesidades básicas y no para invertir».
En este marco, Aguiar aseguró que «el Estado es el verdadero responsable porque ataca al poder adquisitivo y luego ofrece deuda como solución. El Estado es quien facilita los créditos, en vez de atacar la inflación y los precios. Más de la mitad de quienes toman deuda no conoce la tasa de interés. La desregulación financiera ha generado una absoluta falta de control sobre la usura».
Resaltó que «hay que tener en cuenta que el proceso de endeudamiento frena la economía. Los trabajadores dejan de consumir y gastar en otros rubros porque la mayor parte del salario se va en cancelar deudas todos los meses», indicó. Agregó que «los recursos que se están transfiriendo de los bolsillos de los trabajadores a los bancos, a las financieras y a las tarjetas de crédito son multimillonarios. Cada cuota que se paga deja de ir al consumo o para sostener la salud y la educación».
«El endeudamiento también genera algo que pocos están advirtiendo y es la baja en la participación política, en la militancia colectiva. No es casual que eso beneficie al Gobierno», dijo el dirigente. «No podemos aceptar una clase trabajadora con ansiedad, angustia y desánimo», aseguró.
La encuesta relevó a trabajadores del Estado Nacional (47,8%), Estado Provincial (41,7%), Estado Municipal (5,8%), Empresas Estatales (2%) y otros ámbitos (2,7%), cuyo promedio de edad es de 45 años.
El 55,4% de las personas encuestadas aseguró tener más de un trabajo para complementar ingresos o asegurar mayor estabilidad económica. De esa porción, el 56% son mujeres y el 34% de ellas trabaja entre 8 y 12 horas diarias para mantener los gastos del hogar.
Además, el 43% dejó de participar en política por cansancio físico y mental, por falta de tiempo y de recursos económicos.
El relevamiento también arrojó las estrategias que usaron los trabajadores del Estado para evitar mayor endeudamiento. La más común fue recortar actividades recreativas como talleres, cursos y salidas (39,22%), seguida de dedicar más tiempo a buscar precios y promociones (29,57%) y de asumir tareas antes delegadas, como la limpieza del hogar (22,91%).
Los resultados de la encuesta nacional también evidenció un grave impacto en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico en el último año. El 19,5% reportó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, 16% desánimo y 15% insomnio.
