Gremios
Obras sociales: Monotributistas están en alerta por recortes en los servicios
Uno de los sectores laborales que más crece en la Argentina ha incrementado sus problemas con relación al sistema de salud.
La crisis económica terminó de desnudar una problemática de la que poco se habla sino hasta que se la vive en carne propia. Se trata del sistema de salud tanto en su versión pública como privada. En este contexto, algunas prepagas y obras sociales sindicales han reducido prestaciones o aumentado los coseguros además de las cuotas mensuales. Ahora, en medio de un ajuste importante en varios sentidos, surge una suerte de puja entre los sindicatos y el sector de monotributistas que aporta a las obras sociales. Es porque según ha trascendido, desde la CGT solicitaron al Gobierno nacional medidas para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
En este marco, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) denunció que el pedido de la Central Obrera afectará gravemente al sector que paga de manera compulsiva el componente de la Obra Social. En lo que va del año y debido a la crisis, ha habido bajas del monotributo en general y del social en particular. Esto ha impactado en un menor ingreso en las obras sociales y este sector ya ha comenzado a atravesar recortes en las prestaciones de salud en las obras sociales asignadas. Con casos específicos y cada vez más abundantes en distintas partes del país, la titular de MARA –Noelia Villafañe- ha solicitado audiencia al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo.
Es que según publicó el diario Infobae, la dirigencia sindical denuncia un desfinanciamiento de sus obras sociales que se debe, en buena parte, a tener que prestar servicios no solo a sus afiliados directos sino también a los indirectos. Entre ellos, mencionan más de dos millones de monotributistas, 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico. Por este motivo, los casos de restricción de servicios son cada vez más comunes en las obras sociales, lo que es peor en los monotributistas sociales y se suma al achicamiento de prestaciones o trabas que se repiten también en algunas prepagas.
“La CGT solicita tres cambios con relación a las obras sociales de los monotributistas”, explicó la contadora Villafañe. El primero, agregó, es que el programa médico que hoy posee este sector sea reemplazado por una suerte de canasta de emergencia según el aporte. De este modo, no solo se afecta el derecho a la salud de quienes aportan sino que los dejaría sin la mayoría de las prestaciones. En segunda instancia, según la referente de MARA, los sindicatos piden que se aumente 400% el componente de la obra social, algo que sería casi imposible de pagar para las categorías más bajas. “Así, quieren que se abone más a cambio de menos prestaciones”, sintetizó Villafañe.
La tercera modificación que se habría solicitado por parte de la CGT es que los monotributistas sociales no reciban ningún tipo de atención y vayan al sistema público. “El problema de esto es la posibilidad de que esta área se privatice”, precisó Villafañe. Este diario consultó a distintos referentes sindicales de Mendoza, pero no obtuvo respuesta ya sea por omisión o por cierto desconocimiento específico del tema.
Personas afectadas
Más allá de esto, la Asociación de Monotributistas –cuya sede está en Mendoza- expresaron que no es cierto que las obras sociales sindicales deban atender a más de dos millones de monotributistas. Es que si bien la cantidad de aportantes a este sistema crece, lo cierto es que muchos no utilizan la prestación de salud. Hay que tener en cuenta que el pago del componente de obra social es obligatorio, pero lo que, según la titular de MARA, la mitad no lo utiliza. “No es cierto que deban atender a más de dos millones de monotributistas”, afirmó. En este sentido, expresó que en su momento solicitaron que el pago de este ítem fuera optativo y que perdieron la batalla en el Congreso por seis votos. En este marco, Villafañe expresó que el 6 de enero tendrán audiencia por este tema con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
“Los monotributistas abonan a un sistema solidario para que quienes no tienen otra opción sean atendidos. Sin embargo, no es sencillo recibirla y aunque muchos no la necesitan porque tienen otras opciones, una buena parte aporta sin recibir nada a cambio, lo que se considera una estafa”, señaló Villafañe. Por este motivo, solicitarán la devolución del dinero a los monotributistas que han aportado y que nunca han sido ni empadronados ni recibidos en una obra social sindical. La referente también recordó que los monotributistas de las categorías más altas deben o pagar una diferencia importante para un plan de salud o abonar coseguros cada vez más altos.
En Mendoza, las principales obras sociales sindicales restringen poco a poco los servicios y, si bien no los quitan, si colocan trabas. De este modo, en algunas los odontólogos solo atienden en sus sedes y no se puede ir a otro prestador o concentran las farmacias para hacer los descuentos, lo que conlleva largas esperas. Algo que también ha comenzado a suceder –y no solo a los monotributistas- es lo que también implementó PAMI que es el menor descuento en los medicamentos tanto crónicos como comunes.
“No te dicen que no de manera directa, pero te dan mil vueltas o para autorizarte un estudio o un tratamiento específico”, contó Carla, una monotributista a quien este año su ginecólogo la atención en un hospital privado en vez de en su consultorio. Desde la percepción de los usuarios, la apuesta de muchas obras sociales y algunas prepagas es que el cliente se canse de tantas vueltas y resuelva la situación por otro lado. Eso, por supuesto, para los que tienen la opción, algo que no sucede para la mitad de los argentinos que hoy son pobres.
En tanto, desde MARA aportaron diversos casos y testimonios concretos con nombre y apellido sobre situaciones muy complejas vividas por sus asociados. Entre otros, está el de Ana Soledad (Buenos Aires) que tiene un hijo de 8 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “En septiembre le suspendieron todas las terapias que luego de un reclamo nuestro le restituyeron”, contó Villafañe quien agregó que todavía no logran un Programa Médico Obligatorio. Lo mismo le sucedió a Ludmila que se quedó sin cobertura para sus hijos, uno de ellos (6) también con TEA.
Otro caso fue en Mendoza, cuando a Héctor (41) que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 también le quitan la cobertura por lo que desde octubre está sin medicación. Al tratarse de un monotributista social, la prestadora de salud alegaba que el Ministerio de Capital Humano no había pagado la cuota y –cuando a través de MARA se logró el aporte correspondiente- ahora tampoco le dan cobertura debido a que le dicen que los monotributistas sociales han sido dados de baja. El remedio más barato que necesita es el de la presión y cuesta $6.000, mientras que el específico para controlar los niveles de azúcar en sangre cuesta $130.000. En el medio, hay dos medicamentos más que debe tomar de manera crónica del valor de $79.000 y $28.000.
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ATE definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso y exige a senadores que «pulvericen los decretos truchos de Sturzenegger»
«Estamos cerca de frenar la motosierra. Tenemos que seguir movilizados. Es evidente que sin facultades delegadas, el Gobierno pierde fuerzas», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas con movilización al Congreso para el día en que el Senado convoque a la sesión por el rechazo a los decretos presidenciales que «buscan alterar y eliminar distintos organismos y estructuras del Estado». Cada distrito del país podrá definir la metodología de protesta para adherir a esta jornada, considerándose los cese de tareas, retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodía, asambleas, acampes y cortes de rutas, entre otras.
El sindicato también se movilizará este miércoles (20/08) a partir de las 12 del mediodía al Congreso para exigir a los diputados que rechacen los vetos del presidente Javier Milei a la extensión de la moratoria previsional, el aumento a jubilados y la Ley de Emergencia en Discapacidad.
«Estamos cerca de frenar la motosierra. Tenemos que seguir movilizados. Ahora le toca al Senado votar para voltear los decretos truchos de Sturzenegger y así salvar todos los bienes del Estado», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Es evidente que sin facultades delegadas, el Gobierno pierde fuerzas. Ahora es cuando tenemos que frenar e impedir el remate de todo el patrimonio estatal. Tenemos que seguir en la calle para lograr que el Congreso decida que no nos gobiernen por decreto y le ponga freno así a la degradación de nuestra democracia», agregó el referente estatal.
Si bien aún falta la confirmación oficial del Senado para la convocatoria al tratamiento legislativo, el sindicato adelantó que la medida de fuerza se realizará para cuando se efectivice la convocatoria. En el caso de no ser convocada para esta semana, se fijará fecha definitiva a la medida de acción directa a los efectos de exigir que se acelere el trámite parlamentario.
Los decretos que ATE exige su rechazo en la Cámara Alta incluyen el desguace del INTI y el INTA (DNU 462/25); la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (351/25), y la disolución de Vialidad (461/25), entre otros. Todos ellos ya fueron rechazados en primera instancia por Diputados y, en caso de tener el mismo resultado en el Senado, dejarán de tener vigencia.
También cabe recordar que el pasado 29 de julio, el Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín falló a favor de ATE y ordenó al Gobierno dejar en suspenso el ajuste en el INTI mediante el Decreto 462/25.
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Camioneros inició un paro por tiempo indeterminado en Vaca Muerta
El Sindicato alertó que hasta que no se resuelva la situación que afecta a trabajadores de la empresa NRG, se mantendrá la medida de fuerza.
El Sindicato de Camioneros de Río Negro inició un paro por tiempo indeterminado que mantiene bloqueado el ingreso a yacimientos en Vaca Muerta, en reclamo por el los despidos y deudas de la empresa NRG. La medida de fuerza, que cuenta con un acatamiento total según AM 740 La Carretera, paralizó las actividades en la zona y amenaza con extenderse si no se presenta una propuesta concreta y seria por parte de la compañía.
Gustavo Sol, secretario general de Camioneros Río Negro, declaró a La Carretera que el paro «es un éxito» y que «el acatamiento es total». Sol fue enfático al señalar que no van a ceder en sus demandas, ya que «demostramos que tenemos razón en nuestro planteo».
La tensión escaló luego de que las conciliaciones obligatorias no arrojaran resultados, lo que, según el titular de Camioneros, demuestra que «las empresas Total, Tecpetrol, Phoenix Y Shell insisten en no hacerse responsables de lo que les pasa a los trabajadores».
Hasta las 14 horas no se había informado de avances en las negociaciones. Sol se mostró activo en la jornada de paro y anunció que no dudarán en alistarse para estar el tiempo que sea necesario en los caminos de Vaca Muerta. «Estamos preparados para estar firmes en la medida el tiempo que sea necesario. Queremos la respuesta que necesitan los trabajadores», dijo de manera tajante el dirigente sindical.
El paro en los ingresos a los yacimientos podría afectar la producción de hidrocarburos, generando pérdidas millonarias y afectando la cadena de suministro. Las autoridades laborales se encuentran monitoreando la situación, aunque hasta el momento no se ha logrado un acuerdo que permita destrabar el conflicto.
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ATE presentó una cautelar ante la Justicia para que se suspendan los pases a disponibilidad
El sindicato además intimó a Sturzenegger a convocar de manera urgente a una mesa de negociación para revertir los casos de disponibilidad y reubicar a los trabajadores en sus funciones o similares.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) demandó ante la Justicia al Gobierno Nacional para suspender las resoluciones de los Ministerios de Capital Humano, Economía y Desregulación y Transformación del Estado que disponen el pase a disponibilidad de cientos de trabajadores por «vulnerar el derecho a la estabilidad laboral».
«El régimen de disponibilidad que dispuso el Gobierno es manifiestamente ilegal. Las resoluciones ministeriales son inválidas, arbitrarias y violan derechos laborales consagrados en la Constitución. Ni las facultades delegadas oportunamente otorgadas ni la Ley Bases justifican este pisoteo al derecho a la estabilidad en el Empleo Público», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
El sindicato, además, intimó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger a convocar de manera urgente a una mesa de negociación con el propósito de revertir los casos de disponibilidad y reubicar a los trabajadores en sus funciones o similares.
«El Poder Ejecutivo está excedido en sus atribuciones y de ninguna manera se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para que algún agente sea declarado en disponibilidad. No podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima», agregó el referente estatal.
En esta línea, el dirigente apuntó que «a lo largo de estos últimos 20 meses, la Justicia ha fallado en numerosas ocasiones en favor de los trabajadores entendiendo que este Gobierno actúa contra la Constitución Nacional y al margen de la ley. Ahora debe actuar nuevamente para volver a poner en el ejercicio de sus derechos a los trabajadores del Sector Público. Sólo los gobiernos militares pusieron en disponibilidad y declararon prescindibles a los trabajadores afectando el derecho constitucional a la estabilidad».
La presentación ante el Fuero Contencioso Federal fue realizada por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital. En este marco, Aguiar detalló que «la articulación y el trabajo conjunto de todos los equipos jurídicos de nuestro sindicato, como así también la unidad política que se sigue consolidando, son los que nos ha permitido obtener resultados positivos en el último tiempo, como han sido la defensa del derecho de huelga y el Día del Empleado Público, entre otros».
La medida cautelar señala que el pase a disponibilidad es una figura excepcional regulada por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y la misma exige la supresión real de funciones para ser efectuado, lo que no ocurrió: las tareas siguen realizándose en otras áreas, configurándose una simulación de reestructuración.
Además, el sindicato apunta contra el concepto de ‘dotación óptima’ de personal como condición para efectuar el pase a disponibilidad, el cual fue agregado por la Ley Bases (27.742) y que «su arbitrariedad depende sólo de la mirada del funcionario a cargo de la gestión».
Otro de los aspectos que señala el documento legal es que se dispusieron pases a disponibilidad «sin contar con un procedimiento establecido para que los trabajadores puedan ser requeridos, conforme a su perfil, por otras áreas del Estado».
