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Obras sociales: Monotributistas están en alerta por recortes en los servicios

Uno de los sectores laborales que más crece en la Argentina ha incrementado sus problemas con relación al sistema de salud.

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La crisis económica terminó de desnudar una problemática de la que poco se habla sino hasta que se la vive en carne propia. Se trata del sistema de salud tanto en su versión pública como privada. En este contexto, algunas prepagas y obras sociales sindicales han reducido prestaciones o aumentado los coseguros además de las cuotas mensuales. Ahora, en medio de un ajuste importante en varios sentidos, surge una suerte de puja entre los sindicatos y el sector de monotributistas que aporta a las obras sociales. Es porque según ha trascendido, desde la CGT solicitaron al Gobierno nacional medidas para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.

En este marco, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) denunció que el pedido de la Central Obrera afectará gravemente al sector que paga de manera compulsiva el componente de la Obra Social. En lo que va del año y debido a la crisis, ha habido bajas del monotributo en general y del social en particular. Esto ha impactado en un menor ingreso en las obras sociales y este sector ya ha comenzado a atravesar recortes en las prestaciones de salud en las obras sociales asignadas. Con casos específicos y cada vez más abundantes en distintas partes del país, la titular de MARA –Noelia Villafañe- ha solicitado audiencia al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo.

Es que según publicó el diario Infobae, la dirigencia sindical denuncia un desfinanciamiento de sus obras sociales que se debe, en buena parte, a tener que prestar servicios no solo a sus afiliados directos sino también a los indirectos. Entre ellos, mencionan más de dos millones de monotributistas, 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico. Por este motivo, los casos de restricción de servicios son cada vez más comunes en las obras sociales, lo que es peor en los monotributistas sociales y se suma al achicamiento de prestaciones o trabas que se repiten también en algunas prepagas.

“La CGT solicita tres cambios con relación a las obras sociales de los monotributistas”, explicó la contadora Villafañe. El primero, agregó, es que el programa médico que hoy posee este sector sea reemplazado por una suerte de canasta de emergencia según el aporte. De este modo, no solo se afecta el derecho a la salud de quienes aportan sino que los dejaría sin la mayoría de las prestaciones. En segunda instancia, según la referente de MARA, los sindicatos piden que se aumente 400% el componente de la obra social, algo que sería casi imposible de pagar para las categorías más bajas. “Así, quieren que se abone más a cambio de menos prestaciones”, sintetizó Villafañe.

La tercera modificación que se habría solicitado por parte de la CGT es que los monotributistas sociales no reciban ningún tipo de atención y vayan al sistema público. “El problema de esto es la posibilidad de que esta área se privatice”, precisó Villafañe. Este diario consultó a distintos referentes sindicales de Mendoza, pero no obtuvo respuesta ya sea por omisión o por cierto desconocimiento específico del tema.

Personas afectadas

Más allá de esto, la Asociación de Monotributistas –cuya sede está en Mendoza- expresaron que no es cierto que las obras sociales sindicales deban atender a más de dos millones de monotributistas. Es que si bien la cantidad de aportantes a este sistema crece, lo cierto es que muchos no utilizan la prestación de salud. Hay que tener en cuenta que el pago del componente de obra social es obligatorio, pero lo que, según la titular de MARA, la mitad no lo utiliza. “No es cierto que deban atender a más de dos millones de monotributistas”, afirmó. En este sentido, expresó que en su momento solicitaron que el pago de este ítem fuera optativo y que perdieron la batalla en el Congreso por seis votos. En este marco, Villafañe expresó que el 6 de enero tendrán audiencia por este tema con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

“Los monotributistas abonan a un sistema solidario para que quienes no tienen otra opción sean atendidos. Sin embargo, no es sencillo recibirla y aunque muchos no la necesitan porque tienen otras opciones, una buena parte aporta sin recibir nada a cambio, lo que se considera una estafa”, señaló Villafañe. Por este motivo, solicitarán la devolución del dinero a los monotributistas que han aportado y que nunca han sido ni empadronados ni recibidos en una obra social sindical. La referente también recordó que los monotributistas de las categorías más altas deben o pagar una diferencia importante para un plan de salud o abonar coseguros cada vez más altos.

En Mendoza, las principales obras sociales sindicales restringen poco a poco los servicios y, si bien no los quitan, si colocan trabas. De este modo, en algunas los odontólogos solo atienden en sus sedes y no se puede ir a otro prestador o concentran las farmacias para hacer los descuentos, lo que conlleva largas esperas. Algo que también ha comenzado a suceder –y no solo a los monotributistas- es lo que también implementó PAMI que es el menor descuento en los medicamentos tanto crónicos como comunes.

“No te dicen que no de manera directa, pero te dan mil vueltas o para autorizarte un estudio o un tratamiento específico”, contó Carla, una monotributista a quien este año su ginecólogo la atención en un hospital privado en vez de en su consultorio. Desde la percepción de los usuarios, la apuesta de muchas obras sociales y algunas prepagas es que el cliente se canse de tantas vueltas y resuelva la situación por otro lado. Eso, por supuesto, para los que tienen la opción, algo que no sucede para la mitad de los argentinos que hoy son pobres.

En tanto, desde MARA aportaron diversos casos y testimonios concretos con nombre y apellido sobre situaciones muy complejas vividas por sus asociados. Entre otros, está el de Ana Soledad (Buenos Aires) que tiene un hijo de 8 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “En septiembre le suspendieron todas las terapias que luego de un reclamo nuestro le restituyeron”, contó Villafañe quien agregó que todavía no logran un Programa Médico Obligatorio. Lo mismo le sucedió a Ludmila que se quedó sin cobertura para sus hijos, uno de ellos (6) también con TEA.

Otro caso fue en Mendoza, cuando a Héctor (41) que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 también le quitan la cobertura por lo que desde octubre está sin medicación. Al tratarse de un monotributista social, la prestadora de salud alegaba que el Ministerio de Capital Humano no había pagado la cuota y –cuando a través de MARA se logró el aporte correspondiente- ahora tampoco le dan cobertura debido a que le dicen que los monotributistas sociales han sido dados de baja. El remedio más barato que necesita es el de la presión y cuesta $6.000, mientras que el específico para controlar los niveles de azúcar en sangre cuesta $130.000. En el medio, hay dos medicamentos más que debe tomar de manera crónica del valor de $79.000 y $28.000.

Gremios

UnTER anunció un nuevo paro docente y advierten que habrá más medidas si no hay paritarias

Habrá un paro el 9 de marzo y otras dos jornadas de huelga previstas para mediados del mes si el Gobierno no convoca a negociar.

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La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) definió nuevas medidas de fuerza tras la realización del CCCXC Congreso General Extraordinario, que se llevó adelante en Villa Regina con la participación de delegados de toda la provincia.

Durante el encuentro, el gremio resolvió convocar a un paro docente el próximo lunes (9/03), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y profundizar el plan de lucha ante lo que consideran una falta de respuestas por parte del Gobierno provincial.

En ese sentido, desde el sindicato exigieron que se convoque a paritaria antes del 11 de marzo para discutir salarios y condiciones laborales. De no concretarse esa instancia, se pondrá en marcha un esquema de medidas progresivas.

El cronograma incluye dos jornadas de paro provincial: la primera prevista para el viernes 13 de marzo y la segunda para el jueves 19 de marzo, además de movilizaciones en distintas localidades.

En el mismo congreso, UnTER también ratificó su pliego de reivindicaciones, rechazó las reformas educativas que considera inconsultas y expresó su oposición al cierre de cargos en escuelas de la provincia. Además, definió convocar a un plenario de delegados para debatir las propuestas educativas impulsadas por el Ministerio de Educación.

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Gremios

El Gobierno Nacional convocó a paritarias y ATE exige recomponer el 45,3% del poder adquisitivo perdido

El sindicato exige un ingreso mínimo de $2.200.000.

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El Gobierno convocó a paritarias en la Administración Pública Nacional para este viernes (6/03) a las 14 en la sede de la cartera laboral (sito 25 de Mayo 633 CABA), luego del cuarto intermedio dictado desde diciembre del 2025, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exige un aumento que permita recomponer el 45,3% de poder adquisitivo perdido durante la gestión de Javier Milei.

«En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales. Esta tiene que ser una paritaria en la que se le empiece a poner fin al ajuste. Es este Gobierno el responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de estatales. Dijeron que venía a terminar con los privilegios de la casta, pero resulta que aumentaron más de un 100% los sueldos de los funcionarios mientras que los ingresos de los trabajadores fueron pulverizados», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, el sindicato demandó una suma fija de $400.000 que se incorpore de manera permanente al salario de los trabajadores del sector público. «El nivel de endeudamiento es el más alto de las últimas décadas. Necesitamos que los ingresos más bajos recuperen rápidamente su poder de compra. Además de garantizar un porcentaje equivalente al que se ha recortado, se debe otorgar una suma fija de carácter permanente», apuntó el dirigente estatal.

«Tenemos que ponerle fin a la complicidad del otro sindicato. Y si vuelven a firmar por debajo de la inflación, nos tienen que explicar a cambio de qué lo están haciendo», concluyó Rodolfo Aguiar.

Cabe recordar que durante la gestión de Milei, el Gobierno otorgó sistemáticamente aumentos por debajo de la inflación, rechazados por ATE y aceptados por UPCN, la otra entidad gremial.

Según el informe realizado por la Junta Interna de ATE Indec, utilizando los datos oficiales del organismo, el salario mínimo (no el óptimo ni el deseable) para un trabajador debería ser de $2.213.476 para cubrir las necesidades básicas. Este valor se compone de $766.970 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $1.446.506 para acceder a otros bienes y servicios básicos.

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ATE declara alerta máxima en Trabajo para enfrentar inminentes despidos y desguace de la cartera

“Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país”, señaló Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente y no descarta realizar medidas de acción directa en la Secretaría de Trabajo ante la nueva amenaza de despidos y desguace de la cartera impulsada a partir de la reforma laboral.

«Hemos definido el estado de alerta máxima en la sede nacional de Trabajo, pero también en todas las agencias territoriales. Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente apuntó que «el Gobierno intenta avanzar con una nueva estructura en la Secretaría y, a través de ella, profundizar el achique y desguace del Estado Nacional».

«Está siendo amenazada la estructura federal del Ministerio, las áreas de control y fiscalización, además del programa ‘Volver al Trabajo’, que alcanza a casi un millón de personas, finaliza el próximo 30 de abril y no sería renovado», detalló Aguiar.

«Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo se convierta solo en una estructura que garantice los intereses de las grandes corporaciones empresarias. Seguiremos defendiendo a la cartera laboral como la única posibilidad de impedir que, después de la reforma, arrasen con los derechos de los trabajadores del Sector Público y de todas las ramas de la actividad privada», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Desde el sindicato señalaron que la sanción de la reforma laboral ubica en una situación sumamente crítica el rol y funciones históricas de la cartera, en un contexto de desguace y destrucción del Estado que el gobierno nacional enarbola como bandera de gestión desde su asunción en diciembre de 2023.

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