Gremios
Obras sociales: Monotributistas están en alerta por recortes en los servicios
Uno de los sectores laborales que más crece en la Argentina ha incrementado sus problemas con relación al sistema de salud.
La crisis económica terminó de desnudar una problemática de la que poco se habla sino hasta que se la vive en carne propia. Se trata del sistema de salud tanto en su versión pública como privada. En este contexto, algunas prepagas y obras sociales sindicales han reducido prestaciones o aumentado los coseguros además de las cuotas mensuales. Ahora, en medio de un ajuste importante en varios sentidos, surge una suerte de puja entre los sindicatos y el sector de monotributistas que aporta a las obras sociales. Es porque según ha trascendido, desde la CGT solicitaron al Gobierno nacional medidas para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
En este marco, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) denunció que el pedido de la Central Obrera afectará gravemente al sector que paga de manera compulsiva el componente de la Obra Social. En lo que va del año y debido a la crisis, ha habido bajas del monotributo en general y del social en particular. Esto ha impactado en un menor ingreso en las obras sociales y este sector ya ha comenzado a atravesar recortes en las prestaciones de salud en las obras sociales asignadas. Con casos específicos y cada vez más abundantes en distintas partes del país, la titular de MARA –Noelia Villafañe- ha solicitado audiencia al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo.
Es que según publicó el diario Infobae, la dirigencia sindical denuncia un desfinanciamiento de sus obras sociales que se debe, en buena parte, a tener que prestar servicios no solo a sus afiliados directos sino también a los indirectos. Entre ellos, mencionan más de dos millones de monotributistas, 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico. Por este motivo, los casos de restricción de servicios son cada vez más comunes en las obras sociales, lo que es peor en los monotributistas sociales y se suma al achicamiento de prestaciones o trabas que se repiten también en algunas prepagas.
“La CGT solicita tres cambios con relación a las obras sociales de los monotributistas”, explicó la contadora Villafañe. El primero, agregó, es que el programa médico que hoy posee este sector sea reemplazado por una suerte de canasta de emergencia según el aporte. De este modo, no solo se afecta el derecho a la salud de quienes aportan sino que los dejaría sin la mayoría de las prestaciones. En segunda instancia, según la referente de MARA, los sindicatos piden que se aumente 400% el componente de la obra social, algo que sería casi imposible de pagar para las categorías más bajas. “Así, quieren que se abone más a cambio de menos prestaciones”, sintetizó Villafañe.
La tercera modificación que se habría solicitado por parte de la CGT es que los monotributistas sociales no reciban ningún tipo de atención y vayan al sistema público. “El problema de esto es la posibilidad de que esta área se privatice”, precisó Villafañe. Este diario consultó a distintos referentes sindicales de Mendoza, pero no obtuvo respuesta ya sea por omisión o por cierto desconocimiento específico del tema.
Personas afectadas
Más allá de esto, la Asociación de Monotributistas –cuya sede está en Mendoza- expresaron que no es cierto que las obras sociales sindicales deban atender a más de dos millones de monotributistas. Es que si bien la cantidad de aportantes a este sistema crece, lo cierto es que muchos no utilizan la prestación de salud. Hay que tener en cuenta que el pago del componente de obra social es obligatorio, pero lo que, según la titular de MARA, la mitad no lo utiliza. “No es cierto que deban atender a más de dos millones de monotributistas”, afirmó. En este sentido, expresó que en su momento solicitaron que el pago de este ítem fuera optativo y que perdieron la batalla en el Congreso por seis votos. En este marco, Villafañe expresó que el 6 de enero tendrán audiencia por este tema con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
“Los monotributistas abonan a un sistema solidario para que quienes no tienen otra opción sean atendidos. Sin embargo, no es sencillo recibirla y aunque muchos no la necesitan porque tienen otras opciones, una buena parte aporta sin recibir nada a cambio, lo que se considera una estafa”, señaló Villafañe. Por este motivo, solicitarán la devolución del dinero a los monotributistas que han aportado y que nunca han sido ni empadronados ni recibidos en una obra social sindical. La referente también recordó que los monotributistas de las categorías más altas deben o pagar una diferencia importante para un plan de salud o abonar coseguros cada vez más altos.
En Mendoza, las principales obras sociales sindicales restringen poco a poco los servicios y, si bien no los quitan, si colocan trabas. De este modo, en algunas los odontólogos solo atienden en sus sedes y no se puede ir a otro prestador o concentran las farmacias para hacer los descuentos, lo que conlleva largas esperas. Algo que también ha comenzado a suceder –y no solo a los monotributistas- es lo que también implementó PAMI que es el menor descuento en los medicamentos tanto crónicos como comunes.
“No te dicen que no de manera directa, pero te dan mil vueltas o para autorizarte un estudio o un tratamiento específico”, contó Carla, una monotributista a quien este año su ginecólogo la atención en un hospital privado en vez de en su consultorio. Desde la percepción de los usuarios, la apuesta de muchas obras sociales y algunas prepagas es que el cliente se canse de tantas vueltas y resuelva la situación por otro lado. Eso, por supuesto, para los que tienen la opción, algo que no sucede para la mitad de los argentinos que hoy son pobres.
En tanto, desde MARA aportaron diversos casos y testimonios concretos con nombre y apellido sobre situaciones muy complejas vividas por sus asociados. Entre otros, está el de Ana Soledad (Buenos Aires) que tiene un hijo de 8 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “En septiembre le suspendieron todas las terapias que luego de un reclamo nuestro le restituyeron”, contó Villafañe quien agregó que todavía no logran un Programa Médico Obligatorio. Lo mismo le sucedió a Ludmila que se quedó sin cobertura para sus hijos, uno de ellos (6) también con TEA.
Otro caso fue en Mendoza, cuando a Héctor (41) que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 también le quitan la cobertura por lo que desde octubre está sin medicación. Al tratarse de un monotributista social, la prestadora de salud alegaba que el Ministerio de Capital Humano no había pagado la cuota y –cuando a través de MARA se logró el aporte correspondiente- ahora tampoco le dan cobertura debido a que le dicen que los monotributistas sociales han sido dados de baja. El remedio más barato que necesita es el de la presión y cuesta $6.000, mientras que el específico para controlar los niveles de azúcar en sangre cuesta $130.000. En el medio, hay dos medicamentos más que debe tomar de manera crónica del valor de $79.000 y $28.000.
Gremios
«Empezaron a modernizar retrocediendo más de 100 años»
Aguiar, titular de ATE, rechazó la media sanción que logró el Gobierno en el Senado con la Reforma Laboral.
En una maratónica sesión -más de 16 horas-, el oficialismo logró aprobar la ley de reforma laboral en el Senado. Ahora, la iniciativa deberá ser girada rápido a Diputados, donde el Gobierno tendrá en sus manos la posibilidad, de no mediar sorpresas ni picardías -por ejemplo, que sea modificado y devuelto, en segunda revisión, a la Cámara Alta-, la sanción del primer proyecto relacionado con este tema desde el regreso de la democracia, tras varios intentos fallidos en décadas pasadas.
Durante la definición en general, el texto recibió 42 adhesiones y 30 rechazos, sobre los 72 presentes, el pleno en completo en el recinto. Después llegó el momento más delicado de la sesión extraordinaria: la votación en particular. Allí, libertarios y aliados mantuvieron la mayoría, con algunas variaciones según la instancia. Siempre, sobrados. Fueron 26 títulos, lo que obligó al oficialismo a funcionar como un reloj suizo.
Por la tarde, las idas y vueltas que dio la Casa Rosada con retoques de último momento pusieron a los dialoguistas con los nervios de punta. Fue lo único que este sector reclamó desde hace semanas. No sirvió de nada dicho pedido, pero la situación fue más que amortiguada.
A modo general, las incorporaciones de las últimas 48 horas incluyeron: caída del artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; guiños varios a sindicatos y cámaras empresariales con la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; el sostenimiento del 6% destinado a obras sociales; y la amortiguación de la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También hubo gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año.
En este sentido, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, declaró que «festejan la media sanción de una ley escrita por empresarios, apoyada por gobernadores chantajeados y votada por senadores sobornados en perjuicio de la totalidad de los trabajadores».
«Con esta ley que avanza en el Congreso no se va a crear ningún puesto de trabajo nuevo, van a terminar de destruir el empleo», agregó el dirigente.
«Esta ley no tiene consenso y está sospechado todo el proceso para su tratamiento.
Llenaron de valijas el Congreso. Tiene que quedar claro que la reforma laboral es sólo una batalla de las tantas que hemos librando en la guerra que nos declaró el Gobierno. Vamos a seguir batallando», aseguró Aguiar.
«Nada de los trabajadores sin los trabajadores», cerró el titular de ATE Nación.
Gremios
El Gobierno confirmó un aumento del 5,29% con los sueldos de febrero
Además, el 20 de febrero se abonará la primera cuota de la compensación.
El Gobierno de Río Negro confirmó que los sueldos de los agentes públicos correspondientes a febrero se liquidarán con un aumento del 5,29%. El porcentaje surge del esquema de actualización automática bimestral acordado en la última Mesa de la Función Pública
El ajuste salarial está atado directamente a la inflación reciente. Es decir, si suben los precios, el sueldo se actualiza de manera automática para mantenerse en niveles que superen la inflación, generando un alivio al bolsillo del trabajador.
Para determinar el porcentaje se promediaron las mediciones de inflación a nivel nacional y en Viedma, correspondientes a los meses de diciembre y enero, datos que se conocieron en las últimas horas. «Este mecanismo ratifica el compromiso del Gobierno de escuchar y atender los planteos sindicales: el aumento impacta directamente en la composición del salario y ofrece un esquema de certezas, donde el empleado ya sabe cómo se calculará su sueldo», destacaron desde el Ejecutivo.
El porcentaje definido de aumento surge del cálculo de la inflación de diciembre (2,84% a nivel nacional y 2,40% en Viedma, con un promedio de 2,62%) y de enero (2,88% y 2,31%, con un promedio de 2,60%). Luego ambos resultados mensuales se acumulan entre sí, acompañando la evolución los precios.
Además, mediante liquidación por planilla complementaria el 20 de febrero se pagará la primera cuota de la compensación extraordinaria de $125.000 (sobre un total de $250.000).
Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
- Marzo: se abonará la segunda cuota de la compensación extraordinaria ($125.000) y la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará $80.000 por hijo y $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
- Abril: se aplicará una nueva actualización salarial automática en función de la inflación registrada en febrero y marzo, y se pagará la primera cuota del concepto Indumentaria ($125.000).
- Mayo: se completará el pago de Indumentaria con la segunda cuota ($125.000).
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ATE ya reporta un 92% de adhesión al paro nacional en la previa a la movilización al Congreso
«El gobierno recorrió con un maletín algunas provincias y hoy empieza con los sobornos en el Senado. Están gastando millones para llevarnos puestos», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reportó un nivel de adhesión del 92% al paro nacional en la previa a la movilización que realizarán al Congreso a partir del mediodía para exigir el rechazo al proyecto de reforma laboral en el Senado.
«Hoy se inicia en el Congreso la mayor ofensiva que haya existido en democracia contra los trabajadores. El gobierno recorrió con un maletín algunas provincias y hoy empieza con los sobornos en el Senado. Están gastando millones para llevarnos puestos», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente completó que «quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos pero quedaron todos los que perjudican a los trabajadores. Es increíble que haya pasado esto. Resulta difícil de comprender».
«El financiamiento de los sindicatos y de sus actividades es importante, pero no puede estar por encima de los derechos de los afiliados. No podemos canjear el financiamiento de los sindicatos, por más que sea importante, por la esclavitud de los trabajadores. La historia nos va a juzgar. Los sindicalistas vamos a tener que explicar qué hicimos en este tiempo histórico en la Argentina», agregó el referente de ATE.
En referencia a la medida de fuerza, expresó que «el alto acatamiento a la medida demuestra que los trabajadores tienen conciencia de todos los perjuicios que acarrea esta ley y que su rechazo es generalizado».
En este momento y durante el transcurso de la jornada de protesta, sólo se garantizan guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.
Otros servicios que ya comenzaron a verse afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
