Gremios
Obras sociales: Monotributistas están en alerta por recortes en los servicios
Uno de los sectores laborales que más crece en la Argentina ha incrementado sus problemas con relación al sistema de salud.
La crisis económica terminó de desnudar una problemática de la que poco se habla sino hasta que se la vive en carne propia. Se trata del sistema de salud tanto en su versión pública como privada. En este contexto, algunas prepagas y obras sociales sindicales han reducido prestaciones o aumentado los coseguros además de las cuotas mensuales. Ahora, en medio de un ajuste importante en varios sentidos, surge una suerte de puja entre los sindicatos y el sector de monotributistas que aporta a las obras sociales. Es porque según ha trascendido, desde la CGT solicitaron al Gobierno nacional medidas para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
En este marco, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) denunció que el pedido de la Central Obrera afectará gravemente al sector que paga de manera compulsiva el componente de la Obra Social. En lo que va del año y debido a la crisis, ha habido bajas del monotributo en general y del social en particular. Esto ha impactado en un menor ingreso en las obras sociales y este sector ya ha comenzado a atravesar recortes en las prestaciones de salud en las obras sociales asignadas. Con casos específicos y cada vez más abundantes en distintas partes del país, la titular de MARA –Noelia Villafañe- ha solicitado audiencia al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo.
Es que según publicó el diario Infobae, la dirigencia sindical denuncia un desfinanciamiento de sus obras sociales que se debe, en buena parte, a tener que prestar servicios no solo a sus afiliados directos sino también a los indirectos. Entre ellos, mencionan más de dos millones de monotributistas, 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico. Por este motivo, los casos de restricción de servicios son cada vez más comunes en las obras sociales, lo que es peor en los monotributistas sociales y se suma al achicamiento de prestaciones o trabas que se repiten también en algunas prepagas.
“La CGT solicita tres cambios con relación a las obras sociales de los monotributistas”, explicó la contadora Villafañe. El primero, agregó, es que el programa médico que hoy posee este sector sea reemplazado por una suerte de canasta de emergencia según el aporte. De este modo, no solo se afecta el derecho a la salud de quienes aportan sino que los dejaría sin la mayoría de las prestaciones. En segunda instancia, según la referente de MARA, los sindicatos piden que se aumente 400% el componente de la obra social, algo que sería casi imposible de pagar para las categorías más bajas. “Así, quieren que se abone más a cambio de menos prestaciones”, sintetizó Villafañe.
La tercera modificación que se habría solicitado por parte de la CGT es que los monotributistas sociales no reciban ningún tipo de atención y vayan al sistema público. “El problema de esto es la posibilidad de que esta área se privatice”, precisó Villafañe. Este diario consultó a distintos referentes sindicales de Mendoza, pero no obtuvo respuesta ya sea por omisión o por cierto desconocimiento específico del tema.
Personas afectadas
Más allá de esto, la Asociación de Monotributistas –cuya sede está en Mendoza- expresaron que no es cierto que las obras sociales sindicales deban atender a más de dos millones de monotributistas. Es que si bien la cantidad de aportantes a este sistema crece, lo cierto es que muchos no utilizan la prestación de salud. Hay que tener en cuenta que el pago del componente de obra social es obligatorio, pero lo que, según la titular de MARA, la mitad no lo utiliza. “No es cierto que deban atender a más de dos millones de monotributistas”, afirmó. En este sentido, expresó que en su momento solicitaron que el pago de este ítem fuera optativo y que perdieron la batalla en el Congreso por seis votos. En este marco, Villafañe expresó que el 6 de enero tendrán audiencia por este tema con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
“Los monotributistas abonan a un sistema solidario para que quienes no tienen otra opción sean atendidos. Sin embargo, no es sencillo recibirla y aunque muchos no la necesitan porque tienen otras opciones, una buena parte aporta sin recibir nada a cambio, lo que se considera una estafa”, señaló Villafañe. Por este motivo, solicitarán la devolución del dinero a los monotributistas que han aportado y que nunca han sido ni empadronados ni recibidos en una obra social sindical. La referente también recordó que los monotributistas de las categorías más altas deben o pagar una diferencia importante para un plan de salud o abonar coseguros cada vez más altos.
En Mendoza, las principales obras sociales sindicales restringen poco a poco los servicios y, si bien no los quitan, si colocan trabas. De este modo, en algunas los odontólogos solo atienden en sus sedes y no se puede ir a otro prestador o concentran las farmacias para hacer los descuentos, lo que conlleva largas esperas. Algo que también ha comenzado a suceder –y no solo a los monotributistas- es lo que también implementó PAMI que es el menor descuento en los medicamentos tanto crónicos como comunes.
“No te dicen que no de manera directa, pero te dan mil vueltas o para autorizarte un estudio o un tratamiento específico”, contó Carla, una monotributista a quien este año su ginecólogo la atención en un hospital privado en vez de en su consultorio. Desde la percepción de los usuarios, la apuesta de muchas obras sociales y algunas prepagas es que el cliente se canse de tantas vueltas y resuelva la situación por otro lado. Eso, por supuesto, para los que tienen la opción, algo que no sucede para la mitad de los argentinos que hoy son pobres.
En tanto, desde MARA aportaron diversos casos y testimonios concretos con nombre y apellido sobre situaciones muy complejas vividas por sus asociados. Entre otros, está el de Ana Soledad (Buenos Aires) que tiene un hijo de 8 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “En septiembre le suspendieron todas las terapias que luego de un reclamo nuestro le restituyeron”, contó Villafañe quien agregó que todavía no logran un Programa Médico Obligatorio. Lo mismo le sucedió a Ludmila que se quedó sin cobertura para sus hijos, uno de ellos (6) también con TEA.
Otro caso fue en Mendoza, cuando a Héctor (41) que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 también le quitan la cobertura por lo que desde octubre está sin medicación. Al tratarse de un monotributista social, la prestadora de salud alegaba que el Ministerio de Capital Humano no había pagado la cuota y –cuando a través de MARA se logró el aporte correspondiente- ahora tampoco le dan cobertura debido a que le dicen que los monotributistas sociales han sido dados de baja. El remedio más barato que necesita es el de la presión y cuesta $6.000, mientras que el específico para controlar los niveles de azúcar en sangre cuesta $130.000. En el medio, hay dos medicamentos más que debe tomar de manera crónica del valor de $79.000 y $28.000.
Gremios
Si no hay respuestas concretas en paritaria, UnTER llevará adelante un nuevo paro de 48 horas y cortes de ruta en toda la provincia
Así lo definió el sindicato en un Congreso realizado en Bariloche. La negociación con el Gobierno continuará mañana jueves.
El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.
En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.
En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.
Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.
Gremios
ATE reúne a todas las provincias y busca definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias
«Las negociaciones salariales en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente», señaló Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una reunión de Consejo Directivo Nacional con la participación de los 24 secretarios generales de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para debatir medidas de fuerza a instrumentar en reclamo por la reapertura de las paritarias y rechazar un nuevo ajuste en todo el sector público a nivel nacional, provincial y municipal.
La reunión tendrá lugar en el Hotel 27 de Junio del sindicato, con dirección en Defensa 1469 del barrio porteño de San Telmo.
«Las paritarias en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente. El último incremento otorgado va a quedar 10 puntos por debajo de la inflación. Necesariamente debe existir una corrección que permita que los ingresos de los estatales acompañen la evolución que muestren los precios durante los últimos tres meses», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «el Gobierno está pasando su peor momento. Por primera vez, la mayoría de los argentinos consideran responsable a Milei por la grave crisis que estamos sufriendo. En esta pérdida de consenso social, en algo habrán tenido que ver todas las medidas de fuerza que se realizaron. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros».
«Hay que romper el pacto entre UPCN y el Gobierno ya que esa sociedad es la que aniquiló el poder adquisitivo de todos los empleados públicos» agregó Aguiar.
«Más allá de la vocación de servicio, de los esfuerzos cotidianos de todos los trabajadores, con este nivel de deterioro de los ingresos no se puede pensar en un Estado al servicio del pueblo. La política salarial del Gobierno en el sector público termina perjudicando a todas las franjas sociales más vulnerables de la sociedad que son las verdaderas destinatarias de todas las prestaciones del sistema público», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso.
De esta forma, con la firma de UPCN los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.
Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».
Gremios
ATE organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados para que soliciten créditos en el Banco Nación esta semana en todo el país
«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación», dijo Aguiar.
En el marco de una ola de irregularidades que podría escalar en una gran causa de corrupción por entrega de créditos preferenciales a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados de todo el país para que asistan a todas las sucursales del Banco Nación a solicitar préstamos con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza.
«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación. Esta semana vamos a reunir al Consejo Directivo Nacional de ATE y vamos a organizar para que más de mil delegados y afiliados soliciten préstamos similares en todas las sucursales del Banco Nación en el país», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del Sindicato. La protesta se definirá en la reunión de Consejo Directivo Nacional que mantendrán este jueves en su Hotel 27 de Junio del barrio porteño de San Telmo (Defensa 1469) al mediodía con la presencia de las 24 conducciones provinciales y buscará tener impacto en las 709 sucursales que la entidad tiene en toda la Argentina.
En este marco, el dirigente apuntó que «pensar que el Gobierno nos hizo creer que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los privilegios de la casta y son los propios funcionarios y diputados de La Libertad Avanza los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes».
«Además, en estos casos puntuales es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Los funcionarios, por despido o por renuncia, se pueden ir en cualquier momento. Un ejemplo lamentable viene de mi propia provincia, como es el caso del Jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien adquirió un crédito hace días y lo acaban de despedir. Se la están llevando toda», agregó el referente estatal.
«La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de austeridad con la toma de estos créditos multimillonarios? Deben existir explicaciones oficiales y debe iniciarse una inmediata investigación en la administración además de realizar las denuncias penales que correspondan», completó Aguiar.
En esta línea, indicó que «estas prácticas son obscenas y configuran una grave irregularidad. Además se dan en un contexto en el que el acceso a la vivienda para la mayoría de los argentinos se convierte en un drama y es imposible. Es evidente que estamos frente a numerosos enriquecimientos ilícitos. Se corresponden con cada uno de los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza que recibieron un crédito de estas características en los últimos meses».
«Tiene que quedar claro que estos créditos se encuentran anclados en el ajuste brutal sobre toda la sociedad, se otorgaron sobre el sufrimiento de los comerciantes que tuvieron que bajar sus persianas, los pequeños y medianos empresarios que se fundieron, los jubilados que vieron reducidos sus haberes, y los trabajadores del sector público y privado cuyos salarios fueron destrozados», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Entre la extensa lista de beneficiarios de los créditos aparecen funcionarios del Banco Central, directores de YPF, la diputada libertaria rionegrina Lorena Villaverde (investigada por su vínculo con el narcotraficante Fred Machado) y el twittero Juan Pablo Carreira, quien se desempeña como director de Comunicación Digital del Gobierno. Los montos de los créditos van desde los 100 millones hasta los 530 millones de pesos y en la mayoría de los casos no se condicen con los ingresos declarados de los solicitantes. Además, también figuran irregularidades en las bajas tasas de interés aplicadas y los plazos de pago.
