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Obras sociales: Monotributistas están en alerta por recortes en los servicios
Uno de los sectores laborales que más crece en la Argentina ha incrementado sus problemas con relación al sistema de salud.
La crisis económica terminó de desnudar una problemática de la que poco se habla sino hasta que se la vive en carne propia. Se trata del sistema de salud tanto en su versión pública como privada. En este contexto, algunas prepagas y obras sociales sindicales han reducido prestaciones o aumentado los coseguros además de las cuotas mensuales. Ahora, en medio de un ajuste importante en varios sentidos, surge una suerte de puja entre los sindicatos y el sector de monotributistas que aporta a las obras sociales. Es porque según ha trascendido, desde la CGT solicitaron al Gobierno nacional medidas para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
En este marco, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) denunció que el pedido de la Central Obrera afectará gravemente al sector que paga de manera compulsiva el componente de la Obra Social. En lo que va del año y debido a la crisis, ha habido bajas del monotributo en general y del social en particular. Esto ha impactado en un menor ingreso en las obras sociales y este sector ya ha comenzado a atravesar recortes en las prestaciones de salud en las obras sociales asignadas. Con casos específicos y cada vez más abundantes en distintas partes del país, la titular de MARA –Noelia Villafañe- ha solicitado audiencia al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo.
Es que según publicó el diario Infobae, la dirigencia sindical denuncia un desfinanciamiento de sus obras sociales que se debe, en buena parte, a tener que prestar servicios no solo a sus afiliados directos sino también a los indirectos. Entre ellos, mencionan más de dos millones de monotributistas, 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico. Por este motivo, los casos de restricción de servicios son cada vez más comunes en las obras sociales, lo que es peor en los monotributistas sociales y se suma al achicamiento de prestaciones o trabas que se repiten también en algunas prepagas.
“La CGT solicita tres cambios con relación a las obras sociales de los monotributistas”, explicó la contadora Villafañe. El primero, agregó, es que el programa médico que hoy posee este sector sea reemplazado por una suerte de canasta de emergencia según el aporte. De este modo, no solo se afecta el derecho a la salud de quienes aportan sino que los dejaría sin la mayoría de las prestaciones. En segunda instancia, según la referente de MARA, los sindicatos piden que se aumente 400% el componente de la obra social, algo que sería casi imposible de pagar para las categorías más bajas. “Así, quieren que se abone más a cambio de menos prestaciones”, sintetizó Villafañe.
La tercera modificación que se habría solicitado por parte de la CGT es que los monotributistas sociales no reciban ningún tipo de atención y vayan al sistema público. “El problema de esto es la posibilidad de que esta área se privatice”, precisó Villafañe. Este diario consultó a distintos referentes sindicales de Mendoza, pero no obtuvo respuesta ya sea por omisión o por cierto desconocimiento específico del tema.
Personas afectadas
Más allá de esto, la Asociación de Monotributistas –cuya sede está en Mendoza- expresaron que no es cierto que las obras sociales sindicales deban atender a más de dos millones de monotributistas. Es que si bien la cantidad de aportantes a este sistema crece, lo cierto es que muchos no utilizan la prestación de salud. Hay que tener en cuenta que el pago del componente de obra social es obligatorio, pero lo que, según la titular de MARA, la mitad no lo utiliza. “No es cierto que deban atender a más de dos millones de monotributistas”, afirmó. En este sentido, expresó que en su momento solicitaron que el pago de este ítem fuera optativo y que perdieron la batalla en el Congreso por seis votos. En este marco, Villafañe expresó que el 6 de enero tendrán audiencia por este tema con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
“Los monotributistas abonan a un sistema solidario para que quienes no tienen otra opción sean atendidos. Sin embargo, no es sencillo recibirla y aunque muchos no la necesitan porque tienen otras opciones, una buena parte aporta sin recibir nada a cambio, lo que se considera una estafa”, señaló Villafañe. Por este motivo, solicitarán la devolución del dinero a los monotributistas que han aportado y que nunca han sido ni empadronados ni recibidos en una obra social sindical. La referente también recordó que los monotributistas de las categorías más altas deben o pagar una diferencia importante para un plan de salud o abonar coseguros cada vez más altos.
En Mendoza, las principales obras sociales sindicales restringen poco a poco los servicios y, si bien no los quitan, si colocan trabas. De este modo, en algunas los odontólogos solo atienden en sus sedes y no se puede ir a otro prestador o concentran las farmacias para hacer los descuentos, lo que conlleva largas esperas. Algo que también ha comenzado a suceder –y no solo a los monotributistas- es lo que también implementó PAMI que es el menor descuento en los medicamentos tanto crónicos como comunes.
“No te dicen que no de manera directa, pero te dan mil vueltas o para autorizarte un estudio o un tratamiento específico”, contó Carla, una monotributista a quien este año su ginecólogo la atención en un hospital privado en vez de en su consultorio. Desde la percepción de los usuarios, la apuesta de muchas obras sociales y algunas prepagas es que el cliente se canse de tantas vueltas y resuelva la situación por otro lado. Eso, por supuesto, para los que tienen la opción, algo que no sucede para la mitad de los argentinos que hoy son pobres.
En tanto, desde MARA aportaron diversos casos y testimonios concretos con nombre y apellido sobre situaciones muy complejas vividas por sus asociados. Entre otros, está el de Ana Soledad (Buenos Aires) que tiene un hijo de 8 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “En septiembre le suspendieron todas las terapias que luego de un reclamo nuestro le restituyeron”, contó Villafañe quien agregó que todavía no logran un Programa Médico Obligatorio. Lo mismo le sucedió a Ludmila que se quedó sin cobertura para sus hijos, uno de ellos (6) también con TEA.
Otro caso fue en Mendoza, cuando a Héctor (41) que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 también le quitan la cobertura por lo que desde octubre está sin medicación. Al tratarse de un monotributista social, la prestadora de salud alegaba que el Ministerio de Capital Humano no había pagado la cuota y –cuando a través de MARA se logró el aporte correspondiente- ahora tampoco le dan cobertura debido a que le dicen que los monotributistas sociales han sido dados de baja. El remedio más barato que necesita es el de la presión y cuesta $6.000, mientras que el específico para controlar los niveles de azúcar en sangre cuesta $130.000. En el medio, hay dos medicamentos más que debe tomar de manera crónica del valor de $79.000 y $28.000.
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Marcha contra el endeudamiento: Aguiar no descarta que «el creciente nivel de deudas se convierta en el desencadenante de un estallido social en el país»
«El presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en una 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos», indicó.
En el inicio de la movilización contra el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «no hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática».
«El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado. Tiene todas las herramientas para ponerle límites a la usura e implementar un programa de desendeudamiento de todas las familias que se endeudaron para poder sobrevivir», agregó.
En este marco, Aguiar apuntó que «el presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en una 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos».
«Es un Gobierno que le da todo a los que más tienen y nada a los que están sufriendo. Es increíble que hayan beneficiado con 68.000 millones de dólares en contribuciones a Mercado Pago y que los ciudadanos tengan que endeudarse para llegar a fin de mes. Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según los propios datos del Banco Central, son más de 20 millones de personas las que mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en la Argentina. Además, la morosidad de las familias se cuadriplicó desde diciembre de 2023 y llegó al 17,5% de los créditos personales.
En paralelo, ATE realizó una encuesta para monitorear cómo afecta esta situación en el sector público de todo el país y el resultado arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.
El relevamiento también mostró un impacto fuerte en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año. El 19,5% mencionó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, el 16% desánimo y el 15% insomnio.
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ATE se movilizará este jueves contra el dramático endeudamiento de las familias trabajadora
«Más de 20 millones de personas, casi la mitad del país, están endeudadas”, indicó Aguiar y aseguró que «el Gobierno tiene herramientas y se niega a utilizarlas en favor de la gente».
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará este jueves (20/08) a partir de las 14 horas al Ministerio de Economía para alertar sobre el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras y exigir respuestas al Gobierno.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «los números son dramáticos. Más de 20 millones de personas, casi la mitad del país, están endeudadas y debe existir un programa de desendeudamiento estatal. A esta crisis grave que atraviesan las familias argentinas solo se sale con una respuesta pública».
El dirigente sindical señaló que «el programa de desendeudamiento de los hogares tiene que ser urgente. Se necesita tener opciones reales de pago. Los créditos tomados han sido usurarios y, en la mayoría de los casos, no se pueden cancelar, son impagables».
«Es mentira que, como dijeron Javier Milei y Luis Caputo, se trate de una decisión individual o de un asunto entre privados. Eso se entendería en una decena de casos, pero cuando se trata de 20 millones de personas que están sufriendo este flagelo del endeudamiento, estamos frente a un drama social», dijo Aguiar.
Resaltó que «la desregulación financiera implementada por el Gobierno, a partir del Decreto 70/2023, ha permitido un accionar completamente abusivo de parte de bancos, financieras, mutuales y billeteras virtuales, con entidades no bancarias que establecen intereses que van desde el 700% y que en la mayoría de los casos superan el 1300%».
En este marco, señaló que «el Gobierno tiene herramientas y se niega a utilizarlas en favor de la gente. El BCRA pudo hacer mucho más de lo que hizo hasta ahora, porque está facultado, entre otras cosas, para ponerle un tope al costo de los créditos. Es decir, un tope a las tasas de interés y también a los punitorios, incluso para regular a los proveedores no financieros de crédito: endurecer los requisitos y exigir mayor transparencia. Nada de eso ha ocurrido».
«Frente a semejante proceso de endeudamiento, ha incurrido en un abandono de persona, el Gobierno ha dejado a la deriva a toda la ciudadanía», dijo Aguiar.
Una encuesta de ATE a empleados públicos de todo el país mostró que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.
El relevamiento también mostró un impacto fuerte en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año. El 19,5% mencionó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, el 16% desánimo y el 15% insomnio.
Este cuadro se da en un contexto de mora creciente a nivel nacional. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad en los créditos de las familias llegó al 12,8% en mayo, un nivel que casi triplica al registrado un año antes y que representa el más alto desde el 2001, impulsado por la suba en préstamos personales y tarjetas de crédito. El fenómeno se agrava en el caso de las billeteras virtuales y entidades no bancarias, donde la mora alcanza el 32% de la cartera de préstamos, con los jóvenes de entre 18 y 35 años como el segmento más afectado.
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El aumento salarial para estatales rionegrinos será de 4,21% en agosto
El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).
El Gobierno de Río Negro confirmó la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los haberes de agosto del personal estatal. De acuerdo al esquema de actualización automática bimestral vigente, el incremento será del 4,21%.
Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de junio y julio.
«Este mecanismo garantiza que el salario acompañe la evolución de los precios, brindando alivio directo a las y los trabajadores del Estado y reafirmando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública», destacaron desde el Gobierno provincial.
Cómo se calcula el aumento
El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).
Al igual que en los tramos anteriores, los dos promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de las y los estatales.
Evolución salarial
En lo que va del año se mantuvo un esquema de actualización constante, acumulando a la fecha un 20,88% de incremento:
En febrero los salarios aumentaron en un 5,29%; en abril el aumento fue del 5,65%; y en junio el aumento fue del 4,28%.
