Gremios
Obras sociales: Monotributistas están en alerta por recortes en los servicios
Uno de los sectores laborales que más crece en la Argentina ha incrementado sus problemas con relación al sistema de salud.
La crisis económica terminó de desnudar una problemática de la que poco se habla sino hasta que se la vive en carne propia. Se trata del sistema de salud tanto en su versión pública como privada. En este contexto, algunas prepagas y obras sociales sindicales han reducido prestaciones o aumentado los coseguros además de las cuotas mensuales. Ahora, en medio de un ajuste importante en varios sentidos, surge una suerte de puja entre los sindicatos y el sector de monotributistas que aporta a las obras sociales. Es porque según ha trascendido, desde la CGT solicitaron al Gobierno nacional medidas para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
En este marco, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) denunció que el pedido de la Central Obrera afectará gravemente al sector que paga de manera compulsiva el componente de la Obra Social. En lo que va del año y debido a la crisis, ha habido bajas del monotributo en general y del social en particular. Esto ha impactado en un menor ingreso en las obras sociales y este sector ya ha comenzado a atravesar recortes en las prestaciones de salud en las obras sociales asignadas. Con casos específicos y cada vez más abundantes en distintas partes del país, la titular de MARA –Noelia Villafañe- ha solicitado audiencia al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo.
Es que según publicó el diario Infobae, la dirigencia sindical denuncia un desfinanciamiento de sus obras sociales que se debe, en buena parte, a tener que prestar servicios no solo a sus afiliados directos sino también a los indirectos. Entre ellos, mencionan más de dos millones de monotributistas, 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico. Por este motivo, los casos de restricción de servicios son cada vez más comunes en las obras sociales, lo que es peor en los monotributistas sociales y se suma al achicamiento de prestaciones o trabas que se repiten también en algunas prepagas.
“La CGT solicita tres cambios con relación a las obras sociales de los monotributistas”, explicó la contadora Villafañe. El primero, agregó, es que el programa médico que hoy posee este sector sea reemplazado por una suerte de canasta de emergencia según el aporte. De este modo, no solo se afecta el derecho a la salud de quienes aportan sino que los dejaría sin la mayoría de las prestaciones. En segunda instancia, según la referente de MARA, los sindicatos piden que se aumente 400% el componente de la obra social, algo que sería casi imposible de pagar para las categorías más bajas. “Así, quieren que se abone más a cambio de menos prestaciones”, sintetizó Villafañe.
La tercera modificación que se habría solicitado por parte de la CGT es que los monotributistas sociales no reciban ningún tipo de atención y vayan al sistema público. “El problema de esto es la posibilidad de que esta área se privatice”, precisó Villafañe. Este diario consultó a distintos referentes sindicales de Mendoza, pero no obtuvo respuesta ya sea por omisión o por cierto desconocimiento específico del tema.
Personas afectadas
Más allá de esto, la Asociación de Monotributistas –cuya sede está en Mendoza- expresaron que no es cierto que las obras sociales sindicales deban atender a más de dos millones de monotributistas. Es que si bien la cantidad de aportantes a este sistema crece, lo cierto es que muchos no utilizan la prestación de salud. Hay que tener en cuenta que el pago del componente de obra social es obligatorio, pero lo que, según la titular de MARA, la mitad no lo utiliza. “No es cierto que deban atender a más de dos millones de monotributistas”, afirmó. En este sentido, expresó que en su momento solicitaron que el pago de este ítem fuera optativo y que perdieron la batalla en el Congreso por seis votos. En este marco, Villafañe expresó que el 6 de enero tendrán audiencia por este tema con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
“Los monotributistas abonan a un sistema solidario para que quienes no tienen otra opción sean atendidos. Sin embargo, no es sencillo recibirla y aunque muchos no la necesitan porque tienen otras opciones, una buena parte aporta sin recibir nada a cambio, lo que se considera una estafa”, señaló Villafañe. Por este motivo, solicitarán la devolución del dinero a los monotributistas que han aportado y que nunca han sido ni empadronados ni recibidos en una obra social sindical. La referente también recordó que los monotributistas de las categorías más altas deben o pagar una diferencia importante para un plan de salud o abonar coseguros cada vez más altos.
En Mendoza, las principales obras sociales sindicales restringen poco a poco los servicios y, si bien no los quitan, si colocan trabas. De este modo, en algunas los odontólogos solo atienden en sus sedes y no se puede ir a otro prestador o concentran las farmacias para hacer los descuentos, lo que conlleva largas esperas. Algo que también ha comenzado a suceder –y no solo a los monotributistas- es lo que también implementó PAMI que es el menor descuento en los medicamentos tanto crónicos como comunes.
“No te dicen que no de manera directa, pero te dan mil vueltas o para autorizarte un estudio o un tratamiento específico”, contó Carla, una monotributista a quien este año su ginecólogo la atención en un hospital privado en vez de en su consultorio. Desde la percepción de los usuarios, la apuesta de muchas obras sociales y algunas prepagas es que el cliente se canse de tantas vueltas y resuelva la situación por otro lado. Eso, por supuesto, para los que tienen la opción, algo que no sucede para la mitad de los argentinos que hoy son pobres.
En tanto, desde MARA aportaron diversos casos y testimonios concretos con nombre y apellido sobre situaciones muy complejas vividas por sus asociados. Entre otros, está el de Ana Soledad (Buenos Aires) que tiene un hijo de 8 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “En septiembre le suspendieron todas las terapias que luego de un reclamo nuestro le restituyeron”, contó Villafañe quien agregó que todavía no logran un Programa Médico Obligatorio. Lo mismo le sucedió a Ludmila que se quedó sin cobertura para sus hijos, uno de ellos (6) también con TEA.
Otro caso fue en Mendoza, cuando a Héctor (41) que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 también le quitan la cobertura por lo que desde octubre está sin medicación. Al tratarse de un monotributista social, la prestadora de salud alegaba que el Ministerio de Capital Humano no había pagado la cuota y –cuando a través de MARA se logró el aporte correspondiente- ahora tampoco le dan cobertura debido a que le dicen que los monotributistas sociales han sido dados de baja. El remedio más barato que necesita es el de la presión y cuesta $6.000, mientras que el específico para controlar los niveles de azúcar en sangre cuesta $130.000. En el medio, hay dos medicamentos más que debe tomar de manera crónica del valor de $79.000 y $28.000.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno pagó 7 millones de dólares por un software que vale 600.000
El sindicato cuestionó la compra con sobreprecio de 1066,7% en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), sumado a la denuncia que ya se realizó por una licitación fraudulenta en la contratación de un servicio de limpieza que supera en un 140% al valor previsto.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un grave hecho de corrupción por parte de las autoridades de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA): contrataron un sistema de gestión administrativo por 7 millones de dólares, significando 1066,7% de sobreprecio con respecto al software ya utilizado y que cumple las mismas funciones. Esto se suma a la denuncia ya realizada por una licitación a medida de una empresa de limpieza con un sobreprecio de 140%.
«Estamos frente a un hecho de corrupción mayúsculo. Hay autoridades que han ejecutado actos que están prohibidos por las leyes y además se han violentado todos los procedimientos administrativos internos en la empresa. Este uso indebido, ilícito de las funciones públicas causan un grave perjuicio para el Estado. Estos sobreprecios que superan el 1000% tienen que ser investigados a fondo. No se puede descartar que se hayan exigido retornos», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, cuestionó que «¿Cómo se explica pagar 7 millones de dólares por un sistema cuyo costo no debiera superar los 600.000? ¿O aumentar la erogación más de un 140% para el servicio de limpieza cuando no se ha construido una nueva planta, no se ha alquilado ningún nuevo edificio ni se abrieron nuevas oficinas? Acá es evidente que estamos frente a funcionarios que se creen impunes. Es la única posibilidad de que se materialicen estas graves irregularidades sin pensar que los propios trabajadores no las van a advertir».
«No tenemos que descartar que este accionar delictivo pretenda cumplir una doble finalidad: por un lado, apropiarse de recursos públicos, pero por el otro, contribuir al vaciamiento de la empresa para su venta. Es decir, desfinanciar para privatizar», agregó el dirigente estatal.
«Desde el sindicato demandamos que en estos dos casos se paralicen todas las tramitaciones administrativas antes de que los perjuicios sean mayores y que rápidamente se deslinden responsabilidades. No vamos a aceptar que sancionen o desplacen a algunos trabajadores para quitarse responsabilidad. No vamos a aceptar chivos expiatorios», concluyó Rodolfo Aguiar.
Licitaciones con sobreprecios
El sindicato apuntó que las autoridades del organismo que preside Demián Reidel no justificaron la razón por la cual compraron un programa, el SAP S/4HANA, cuyo costo de 7 millones de dólares es 11,6 veces mayor al actual (600.000 dólares) y que no representa mejoras significativas.
Este caso se suma a la otra denuncia del sindicato por licitación armada a medida de un solo proveedor, LX Argentina, con un sobreprecio de más del 140% con respecto al servicio preexistente: $10.783.900.000 del nuevo contrato frente a los $4.493.300.000
Se dispuso de un pliego a medida con criterios de contratación inéditos para ese área (como tener ocho años de antigüedad o contar con una dotación de entre 300 y 600 empleados), cosa que hizo caer a 7 de las 9 empresas oferentes por no cumplir con los requisitos técnicos. Por otro lado, la propia Administradora del Contrato de Limpieza, Camila Marina, comunicó en reiteradas ocasiones a las autoridades que los montos ofertados «no son razonables» al compararlos con el servicio actual.
El hecho de que el Directorio de NASA haya decidido apartar de sus cargos al gerente General, Marcelo Famá, y al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, eleva la sospecha sobre la intencionalidad y los objetivos de estas irregularidades. En este marco, ATE exige una auditoría completa de todos los servicios contratados y los procesos de licitación.
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ATE rechaza la amenaza de Adorni de despedir al 20% de la Jefatura de Gabinete y prepara medidas
«Esta decisión atenta contra la eficacia del Estado. Es mentira que quieran ahorrar. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta», dijo Aguiar.
Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «esta decisión atenta contra la eficacia del Estado» y disparó: «Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, siguen desmantelando servicios esenciales».
«Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando», agregó el dirigente de ATE.
En esta línea, Aguiar explicó que «estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar».
Una de las áreas que podría verse afectada por la ‘motosierra’ del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló que «no existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas».
«Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes libertarios», sentenció el secretario general de ATE Nacional y concluyó con que «lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar».
En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.
Según las estimaciones del sindicato, de los 3000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.
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Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y convocó a un Congreso
El gremio exige recomposición salarial pendiente de 2025. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta febrero.
Este jueves (22/01) se llevó adelante en la ciudad de Viedma la primera reunión paritaria del año entre el Gobierno de Río Negro y la nueva conducción del gremio docente UnTER, sin que se lograra un acuerdo salarial entre las partes.
Durante el encuentro, realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos, presentó una propuesta salarial de carácter trimestral, con actualización en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, correspondiente al período de enero a marzo.
Desde UnTER señalaron que la oferta no puede ser evaluada, ya que «no contempla la recomposición salarial pendiente del año 2025». En ese sentido, las autoridades del gremio reiteraron los reclamos surgidos de los encuentros internos, vinculados a la urgente recomposición del salario docente, mejores condiciones laborales, mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la Resolución 233/98, entre otros puntos.
«El salario debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza», remarcaron desde el sindicato.
Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que «la propuesta salarial se enmarca en un difícil contexto económico, y responde a la política de pagar los salarios en tiempo y forma, garantizar los servicios esenciales del Estado y mantener ingresos que se ubiquen por encima de la inflación, en función de un uso responsable de los recursos disponibles».
Ante la falta de consenso, el Ejecutivo propuso un cuarto intermedio para la primera semana de febrero, instancia que fue cuestionada por UnTER, que manifestó su total desacuerdo con lo que consideró un intento de «dilación» en la negociación.
En ese marco, el gremio docente anunció la convocatoria a un Congreso Provincial, que se realizará el jueves (29/01) en la ciudad de San Antonio Oeste, donde se definirán las acciones a seguir.
Del encuentro participaron, por el Gobierno, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación Silvia Arza, vocales gubernamentales y autoridades del Consejo Provincial de Educación. En representación de UnTER estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Central y del equipo gremial y legal del sindicato.
