Gremios
Obras sociales: Monotributistas están en alerta por recortes en los servicios
Uno de los sectores laborales que más crece en la Argentina ha incrementado sus problemas con relación al sistema de salud.

La crisis económica terminó de desnudar una problemática de la que poco se habla sino hasta que se la vive en carne propia. Se trata del sistema de salud tanto en su versión pública como privada. En este contexto, algunas prepagas y obras sociales sindicales han reducido prestaciones o aumentado los coseguros además de las cuotas mensuales. Ahora, en medio de un ajuste importante en varios sentidos, surge una suerte de puja entre los sindicatos y el sector de monotributistas que aporta a las obras sociales. Es porque según ha trascendido, desde la CGT solicitaron al Gobierno nacional medidas para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
En este marco, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) denunció que el pedido de la Central Obrera afectará gravemente al sector que paga de manera compulsiva el componente de la Obra Social. En lo que va del año y debido a la crisis, ha habido bajas del monotributo en general y del social en particular. Esto ha impactado en un menor ingreso en las obras sociales y este sector ya ha comenzado a atravesar recortes en las prestaciones de salud en las obras sociales asignadas. Con casos específicos y cada vez más abundantes en distintas partes del país, la titular de MARA –Noelia Villafañe- ha solicitado audiencia al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo.
Es que según publicó el diario Infobae, la dirigencia sindical denuncia un desfinanciamiento de sus obras sociales que se debe, en buena parte, a tener que prestar servicios no solo a sus afiliados directos sino también a los indirectos. Entre ellos, mencionan más de dos millones de monotributistas, 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico. Por este motivo, los casos de restricción de servicios son cada vez más comunes en las obras sociales, lo que es peor en los monotributistas sociales y se suma al achicamiento de prestaciones o trabas que se repiten también en algunas prepagas.
“La CGT solicita tres cambios con relación a las obras sociales de los monotributistas”, explicó la contadora Villafañe. El primero, agregó, es que el programa médico que hoy posee este sector sea reemplazado por una suerte de canasta de emergencia según el aporte. De este modo, no solo se afecta el derecho a la salud de quienes aportan sino que los dejaría sin la mayoría de las prestaciones. En segunda instancia, según la referente de MARA, los sindicatos piden que se aumente 400% el componente de la obra social, algo que sería casi imposible de pagar para las categorías más bajas. “Así, quieren que se abone más a cambio de menos prestaciones”, sintetizó Villafañe.
La tercera modificación que se habría solicitado por parte de la CGT es que los monotributistas sociales no reciban ningún tipo de atención y vayan al sistema público. “El problema de esto es la posibilidad de que esta área se privatice”, precisó Villafañe. Este diario consultó a distintos referentes sindicales de Mendoza, pero no obtuvo respuesta ya sea por omisión o por cierto desconocimiento específico del tema.
Personas afectadas
Más allá de esto, la Asociación de Monotributistas –cuya sede está en Mendoza- expresaron que no es cierto que las obras sociales sindicales deban atender a más de dos millones de monotributistas. Es que si bien la cantidad de aportantes a este sistema crece, lo cierto es que muchos no utilizan la prestación de salud. Hay que tener en cuenta que el pago del componente de obra social es obligatorio, pero lo que, según la titular de MARA, la mitad no lo utiliza. “No es cierto que deban atender a más de dos millones de monotributistas”, afirmó. En este sentido, expresó que en su momento solicitaron que el pago de este ítem fuera optativo y que perdieron la batalla en el Congreso por seis votos. En este marco, Villafañe expresó que el 6 de enero tendrán audiencia por este tema con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
“Los monotributistas abonan a un sistema solidario para que quienes no tienen otra opción sean atendidos. Sin embargo, no es sencillo recibirla y aunque muchos no la necesitan porque tienen otras opciones, una buena parte aporta sin recibir nada a cambio, lo que se considera una estafa”, señaló Villafañe. Por este motivo, solicitarán la devolución del dinero a los monotributistas que han aportado y que nunca han sido ni empadronados ni recibidos en una obra social sindical. La referente también recordó que los monotributistas de las categorías más altas deben o pagar una diferencia importante para un plan de salud o abonar coseguros cada vez más altos.
En Mendoza, las principales obras sociales sindicales restringen poco a poco los servicios y, si bien no los quitan, si colocan trabas. De este modo, en algunas los odontólogos solo atienden en sus sedes y no se puede ir a otro prestador o concentran las farmacias para hacer los descuentos, lo que conlleva largas esperas. Algo que también ha comenzado a suceder –y no solo a los monotributistas- es lo que también implementó PAMI que es el menor descuento en los medicamentos tanto crónicos como comunes.
“No te dicen que no de manera directa, pero te dan mil vueltas o para autorizarte un estudio o un tratamiento específico”, contó Carla, una monotributista a quien este año su ginecólogo la atención en un hospital privado en vez de en su consultorio. Desde la percepción de los usuarios, la apuesta de muchas obras sociales y algunas prepagas es que el cliente se canse de tantas vueltas y resuelva la situación por otro lado. Eso, por supuesto, para los que tienen la opción, algo que no sucede para la mitad de los argentinos que hoy son pobres.
En tanto, desde MARA aportaron diversos casos y testimonios concretos con nombre y apellido sobre situaciones muy complejas vividas por sus asociados. Entre otros, está el de Ana Soledad (Buenos Aires) que tiene un hijo de 8 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “En septiembre le suspendieron todas las terapias que luego de un reclamo nuestro le restituyeron”, contó Villafañe quien agregó que todavía no logran un Programa Médico Obligatorio. Lo mismo le sucedió a Ludmila que se quedó sin cobertura para sus hijos, uno de ellos (6) también con TEA.
Otro caso fue en Mendoza, cuando a Héctor (41) que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 también le quitan la cobertura por lo que desde octubre está sin medicación. Al tratarse de un monotributista social, la prestadora de salud alegaba que el Ministerio de Capital Humano no había pagado la cuota y –cuando a través de MARA se logró el aporte correspondiente- ahora tampoco le dan cobertura debido a que le dicen que los monotributistas sociales han sido dados de baja. El remedio más barato que necesita es el de la presión y cuesta $6.000, mientras que el específico para controlar los niveles de azúcar en sangre cuesta $130.000. En el medio, hay dos medicamentos más que debe tomar de manera crónica del valor de $79.000 y $28.000.
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El Gobierno respondió a ATE por su pedido de un examen médico a Milei
«Valoramos la respuesta oficial, pero la misma es incompleta y evasiva. La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado», señaló Aguiar tras la respuesta de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei.

Luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimara al Gobierno nacional para que brinde precisiones sobre el estado de salud mental y psicofísico de Javier Milei, la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, respondió al pedido señalando que «ostenta un cargo de elección popular, conforme los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional» y «se encuentra competente» en relación a la Ley de Empleo Público. Ante esto, el sindicato insiste y exige que se den a conocer los documentos que acrediten su aptitud para el cargo.
«Valoramos la respuesta oficial, pero la misma es incompleta y evasiva. Desde el sindicato creemos que no cumple con los requisitos legales mínimos. Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, Aguiar evaluó que «nosotros no alentamos especulaciones, pero una respuesta incompleta genera más rumores que certezas. Nuestro pedido es básico y razonable. Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren».
«Además de la demanda de información inicial, durante las últimas horas lo hemos visto inestable y con un aspecto preocupante en más de un acto oficial como los han sido el de Neuquén o los desarrollados en Madrid», apuntó el dirigente en referencia a las últimas apariciones públicas de Milei.
En este sentido, el referente sindical completó que «es preocupante la ausencia de frenos inhibitorios en sus discursos públicos. Las amenazas de quemar en la hoguera a periodistas muestra una notoria ausencia de capacidad para actuar racionalmente, requisito fundamental de quien ostenta la investidura presidencial».
«Cuando Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri tuvieron afecciones, existieron partes médicos oficiales firmados por los equipos del Hospital Otamendi, del Austral o de la Fundación Favaloro con diagnóstico, tratamiento y pronóstico. No nos pueden responder con un papelito», agregó el secretario general de ATE Nacional.
Y concluyó que «si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función».
Cabe destacar que la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 en su artículo 4, inciso c), detalla que «el ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de (…) aptitud psicofísica para el cargo». Sin embargo, dicha documentación no fue enviada como parte de la respuesta de la oficina que conduce Karina Milei bajo el número de expediente IF-2026-97081415-APN-SSL#SGP, ni en su informe adjunto NO-2026-96003891-APN-DGRRHH#SGP.
Ante esta situación, el sindicato enviará en las próximas horas un pedido adicional para que publiquen la documentación probatoria firmada por un profesional con matrícula y título habilitante que certifique la aptitud psicofísica de Javier Milei.
El pedido inicial de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
El mismo fue remitido inicialmente a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación. La misma, siguiendo los cursos legales y administrativos del pedido, fue derivada a la Secretaría General de Presidencia.
Además de insistir en el acceso a la información de importancia para el común de la ciudadanía, ATE impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
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Río Negro pagará el aumento del 4,18% a docentes pese al rechazo de UnTER
El sindicato exige una nueva convocatoria a paritaria y advirtió que podría realizar medidas de fuerza.

El Gobierno de Río Negro confirmó que liquidará el aumento salarial del 4,18% para el sector docente con los haberes de octubre, pese al rechazo de la propuesta por parte de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER).
Con esta actualización, los salarios docentes acumularán un incremento nominal del 25,9% durante 2026, según informó el Ejecutivo provincial. La política salarial contempla actualizaciones periódicas calculadas a partir del promedio de la inflación nacional y la registrada en Viedma.
El Ejecutivo también anticipó una nueva actualización para diciembre, calculada sobre la base del índice de inflación de octubre, y señaló que continuará con las instancias de diálogo para abordar las demandas del sector educativo. Desde el Gobierno cuestionaron el rechazo sindical y sostuvieron que «la decisión de la dirigencia de UnTER no modificará la liquidación del incremento».
Por su parte, el Congreso de UnTER, reunido en Fernández Oro, resolvió rechazar la propuesta salarial por amplia mayoría. El gremio exigió que las ofertas se calculen al valor índice y que el resultado represente un aumento del salario bruto de, como mínimo, el mismo porcentaje que el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También reclamó que la recomposición se aplique exclusivamente sobre los haberes remunerativos.
Entre las resoluciones, el sindicato exigió una nueva convocatoria a paritaria antes del 15 de noviembre y advirtió que, si no se concreta, activará un paro de 24 horas.
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ATE se moviliza mañana a Olivos y denuncia que el Gobierno se endeudó por 300 millones de dólares para pagar los retiros voluntarios
«Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos. Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir», indicó Aguiar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno se endeudó por 300 millones de dólares para pagar los retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional y se movilizará este miércoles (21/10) a la Quinta Presidencial de Olivos a las 17.00, bajo la consigna ‘No se aguanta más’.
El programa de retiros voluntarios en el sector fue confirmado a través del Decreto N° 1023/2026, publicado en el Boletín Oficial. A su vez, el Gobierno publicó el Decreto N° 1177/2026 que habilita la toma de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiarlo. «Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal», señaló el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
El dirigente sindical aseguró que «ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para construir rutas, escuelas, hospitales o para abrir fábricas y tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir». Agregó que «desde ATE desalentamos cualquier tipo de adhesión a este régimen extorsivo. Estos retiros son una estafa».
«Esta medida es completamente ilegal. Está prohibido tomar deuda en dólares para gasto corriente. Además, vulnera la Ley de Presupuesto, ya que esta deuda no fue aprobada por el Congreso», dijo.
Aguiar subrayó que «están aumentando la deuda externa para dejar sin empleo a los estatales y sin prestaciones y derechos”. “Con esto, los únicos que ganan son los bancos extranjeros y perdemos todos los argentinos», agregó.
«Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos», aseguró.
El Decreto N° 1177/2026 autoriza al Gobierno a firmar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 300 millones de dólares, primer tramo de una línea de crédito de hasta 800 millones de dólares.
El préstamo se desembolsa en cuatro años y se devuelve en 25, con los primeros cinco años y medio sin pago de capital. La tasa de interés está atada al mercado en dólares (SOFR) más un margen del BID, por lo que es variable y el costo final del préstamo es incierto.
El programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno afecta a alrededor de 21.187 trabajadores y, quien decida adherirse, no puede reingresar a la Administración pública Nacional por un plazo total de 8 años. Además, confirmaron que los cargos dados de baja no serán reemplazados y quienes tengan un cargo sindical vigente o sean candidatos a elecciones, deben renunciar para anotarse al retiro.
Además, ATE se movilizará en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo; caída del salario real; paritarias por debajo de la inflación; deterioro de los ingresos; pluriempleo y endeudamiento; desvalorización de la carrera estatal; despidos y no renovación de contratos; incertidumbre laboral; reducción de puestos de planta; y cierre y vaciamiento de organismos públicos.









