Con una adhesión del 100% de los municipios, los Juegos Rionegrinos se desarrollarán en su instancia local entre abril y agosto, representando la competencia deportiva más convocante de la provincia destinado a jóvenes de escuelas de todo el territorio.

Los Juegos están destinados a representantes de escuelas de la provincia, de entre 11 y 16 años convencionales y de hasta 21 años con discapacidad. Los mismos tendrán su instancia local entre abril y agosto; desde este último mes a octubre será la etapa zonal y en noviembre se desarrollará la gran final provincial.

El secretario de Deporte, Nahuel Astutti, afirmó que «estamos muy contentos con la decisión de las y los intendentes de querer ser parte de este histórico programa llevando adelante las etapas locales» y agregó que «los Juegos Rionegrinos convocan a miles de niños, niñas y adolescentes de todo el territorio que juegan, comparten y disfrutan con el deporte como nexo».

Las disciplinas de participación serán atletismo y circuito de habilidades y deporte unificado: fútbol en la categoría para personas con discapacidad; mini handball, break dance, atletismo, mini vóley y ringo en la categoría escolar (11-13 años) y handball, vóley, básquet 3 x 3 y atletismo en colegial (13-16 años).

El programa se dividirá territorialmente en seis zonas de participación: Atlántica, Sur, Andina, Alto Valle Este, Alto Valle Oeste y Valle Medio. Además, la novedad de esta edición viene de la mano del ringo, una propuesta de deporte alternativo, el atletismo mixto por equipo en la categoría colegial 1 y breakdance.

Serán miles de jóvenes los que participarán de los Juegos en los próximos meses, mientras que en la final provincial se calcula que habrá más de 1400 en escena.

Los Juegos Rionegrinos son organizados por la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura y por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

Este lunes (14/04), el Gobierno de Río Negro llevará adelante la primera licitación conjunta destinada a la compra de medicamentos incluidos en los Planes Especiales, en el marco del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y la Obra Social provincial IPROSS.

Este nuevo proceso -que se realizará bajo la modalidad de Licitación Pública y Abierta- busca optimizar recursos estatales, lograr mejores precios mediante la compra unificada y garantizar el acceso a tratamientos médicos esenciales para pacientes del sistema de salud pública y afiliados de la obra social provincial.

La licitación está diseñada para asegurar la cobertura de 574 pacientes del Ministerio de Salud que actualmente reciben medicamentos especiales, y de 1.895 afiliados de IPROSS, garantizando la continuidad de sus tratamientos de manera oportuna y eficaz.

Con esta convocatoria, ya son tres las licitaciones conjuntas realizadas en 2025 entre ambas instituciones. En febrero, se concretó una compra histórica de medicamentos oncológicos que logró una reducción promedio del 54,45%, beneficiando a más de 3.400 personas. En marzo, se sumó una licitación destinada a insumos quirúrgicos y prótesis -con la participación también de Horizonte Seguros-, que reunió nueve ofertas por más de $6.260 millones y permitió modernizar el sistema de provisión en casos de urgencia.

«Estas acciones refuerzan el compromiso del Estado provincial con una política pública de salud eficiente, equitativa y transparente, que prioriza el derecho a la salud de todos los rionegrinos y rionegrinas, mejorando el acceso y la respuesta del sistema sanitario en todo el territorio», destacaron desde el Gobierno.

El fuero de familia de Cipolletti fijó una cuota alimentaria a favor de un niño de un año. Estableció que el progenitor, actualmente detenido, deberá pagar el equivalente a un salario mínimo vital y móvil. También dispuso una obligación subsidiaria para los abuelos paternos: ellos no tienen vínculo con el nieto ni respondieron a la demanda. Cada uno deberá aportar el 10% de su haber jubilatorio si el padre no cumple. El fallo valoró las necesidades del nene, la situación de cada parte y el principio de solidaridad familiar.

Desde hace un año, el niño de apenas doce meses crece junto a su madre en Cipolletti. Ella se las ingenia como puede: hace tortas fritas, cocina comidas caseras y sale a vender. Lo hace sola. Desde que empezó 2024, el padre del niño dejó de ayudar, dejó de aparecer, dejó de cumplir.

Él está detenido en una alcaidía de La Pampa. Antes de eso, trabajaba como albañil. Según contó la mujer en el expediente, nunca estuvo registrado, y desde su detención, dejó de tener ingresos.

Sin otro recurso, la mujer se presentó ante el Poder Judicial y pidió que se fijara una cuota alimentaria para su hijo. Dirigió la acción contra el progenitor, pero también contra los abuelos paternos. Dijo que no tenían contacto con el niño y que percibían ingresos por jubilaciones y alquileres.

La causa avanzó. A cada una de las partes se les notificó debidamente. Ninguna respondió. Nadie contestó ni apareció. Y ese silencio, en términos procesales, también habla: el juez lo entendió como una admisión de los hechos que la mujer relató en su demanda.

Entonces, comenzó el análisis. El juez evaluó la situación del padre, revisó informes oficiales, confirmó que no tenía bienes ni ingresos registrados, pero recordó que la ley no exige prueba directa de los recursos: alcanza con demostrar la edad laboral y la aptitud para generarlos. Además, subrayó que la madre del niño había asumido sola todas las tareas de cuidado. Esa dedicación, según establece el Código Civil y Comercial, también representa un aporte económico.

Sobre la base de esos elementos, el fallo fijó una cuota alimentaria a cargo del progenitor, equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Ordenó que se pague del 1 al 10 de cada mes y que se liquide la deuda acumulada desde el 2 de agosto de 2024, fecha en la que el padre fue notificado del intento de mediación.

El juez también examinó la responsabilidad de los abuelos. Recordó que, ante el incumplimiento del padre, la ley permite reclamarles alimentos a los ascendientes. Esa posibilidad se basa en el principio de solidaridad familiar, y se vuelve especialmente relevante cuando está en juego el bienestar de una persona menor de edad.

En este caso, entendió que el desinterés del progenitor y su detención configuraron una dificultad suficiente para justificar el pedido contra los abuelos. Evaluó sus ingresos previsionales y, aunque no registraban propiedades a su nombre, determinó que ambos debían colaborar.

Así, se estableció que el abuelo deberá aportar el 10% de sus haberes jubilatorios, una vez deducidos los descuentos de ley. La misma proporción se fijó para la abuela, aunque su obligación comenzará a regir una vez que empiece a cobrar efectivamente su jubilación.

La resolución dejó en claro que esa obligación es subsidiaria. Solo se activa si el padre no cumple. Y si alguna vez empieza a cumplir, los abuelos podrán solicitar quedar liberados.