Política
No se renovaron casi 450 contratos de empleados públicos rionegrinos
«Quienes no cumplen con la tarea para cual se les está abonando un salario no merecen estar en el Estado”, dijo Weretilneck.
La Secretaría de la Función Pública de Río Negro realizó una revisión integral de la planta de personal contratado, cuyos vínculos vencieron el 31 de diciembre pasado. En este marco, de 3382 contratos con vencimiento al último día del 2024, un total de 2.934 fueron renovados por un nuevo período.
Desde el Gobierno aseguraron que de los 448 casos (13,2%) de los contratos que no tuvieron continuidad, se trataron de «faltas e incumplimientos en los que incurrieron los agentes en cuestión. Todos estos casos han sido debidamente justificados, y la patronal, en este caso el Estado rionegrino, tiene la potestad de no mantener el vínculo laboral con una persona que no cumple con sus obligaciones, tal cual sucede en el ámbito privado», dijo el gobernador Weretilneck al respecto.
Entre las causas que figuran en la justificación de la no renovación de los contratos laborales se encuentran sanciones disciplinarias, incumplimientos laborales, ausentismo del lugar de trabajo sin justificación, entre otros.
«Esta decisión de discontinuar la relación laboral con quienes no cumplen con sus compromisos no se trata de ninguna política de ajuste del Gobierno Provincial y mucho menos con lo que algunos denominan como motosierra, haciendo alusión al achique estatal implementado en otros ámbitos. Por el contrario, se trata de una política de eficientización del gasto público, cuidando los recursos generados por los propios rionegrinos a la hora de pagar sus impuestos», destacó el gobernador.
«Todos los agentes públicos, desde un empleado hasta el propio Gobernador nos debemos a quienes no pagan el sueldo, que son todos y cada uno de los rionegrinos que con sus impuestos contribuyen en ese sentido. Entonces, quienes no cumplen con la tarea para cual se les está abonando un salario no merecen estar en el Estado», concluyó.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, indicó que «luego de un trabajo minucioso llevado adelante por la Función Pública, área por área, chequeando la efectividad laboral de cada trabajador, se renovaron la enorme mayoría de los contratos. Solo el 13,2% de los casos no fue renovado, y para determinar eso se tuvieron en cuenta las sanciones disciplinarias; el ausentismo injustificado, entre otras cosas».
En este sentido, expresó que «el empleo público no tiene que ser visto como un lugar de privilegio, algo que sucedió durante la pandemia; se deben aplicar las normas. Esto no significa hacer un ajuste o aplicar cualquier tipo de motosierra, como se llama ahora, simplemente hacer cumplir las leyes vigentes».
Con respecto al diálogo con los gremios, el funcionario comentó que «siempre tuvimos la mejor relación con los sindicatos que nuclean a los trabajadores del Estado, en general. Yo he sido particularmente crítico con UnTER, en relación a su posición violenta, que implicó el año pasado lesionar a policías y dañar edificios públicos, pero el diálogo se mantiene siempre».
«Tenemos que eficientizar el dinero público para poder, no solo pagar sueldos, sino prestar los servicios que le corresponde a la Provincia y generar obra pública, teniendo en cuenta el ajuste que la Nación aplicó, con un sinfín de partidas que dejaron de enviarse y que debimos asumir. Debemos estar más que atentos para no caer en cesación de pagos», destacó.
Política
Coparticipación: Culminó la ronda de diálogo en toda la provincia
Desde el Gobierno provincial aseguraron que se buscará avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
El Gobierno de Río Negro llevó adelante la última mesa de trabajo con intendentes, en el marco del proceso de actualización de los índices de coparticipación, completando así la ronda de encuentros con todas las regiones de la provincia.
Del encuentro participaron los intendentes Marcelo Román de Allen; Daniel Hernández de Campo Grande; Daniela Salzotto de Catriel; Enrique Rossi de Cinco Saltos; Rodrigo Buteler de Cipolletti; Horacio Zúñiga de Contralmirante Cordero; y María Emilia Soria de General Roca.
La reunión fue encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, acompañado por la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.
Durante la jornada, y en base al diálogo y el consenso, se tomó nota de cada una de las propuestas presentadas por los municipios, con el objetivo de analizarlas y avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
«Estamos llevando adelante un proceso serio, responsable y profundamente federal. Escuchamos a cada municipio, tomamos sus propuestas y trabajamos en conjunto para construir una herramienta más justa, actualizada y acorde a la realidad de la provincia», expresó Ríos.
El Ministro remarcó además que «este proceso se sostiene en el diálogo permanente y en la convicción de que ningún municipio se verá perjudicado, sino que buscamos fortalecer a cada comunidad en función de su realidad».
Finalizadas estas rondas de trabajo, el Gobierno Provincial ahora analizará integralmente todas las propuestas para definir la mejor actualización de los índices de coparticipación, propuestos a avanzar en base al diálogo y el consenso construido con los municipios.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
