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ATE define medidas de fuerza ante los 1400 despidos en Salud y el cierre de servicios
«El Gobierno profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta medida es de extrema gravedad, afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud», señaló Aguiar.

Ante la decisión del Gobierno Nacional de cesantear a 1400 trabajadores de la salud dejando en peligro de cierre numerosos hospitales y la eliminación de programas vitales de atención, prevención e investigación, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «tenemos que definir medidas de fuerza para que se dejen sin efecto los despidos y evitar de esta manera perjuicios que serán irreparables de forma posterior».
«El Gobierno profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta decisión del Ministerio de Salud es de extrema gravedad. El Estado debe garantizar la protección del contenido mínimo esencial del derecho de salud. Esta medida que produce 1400 cesantías bajo un supuesto programa de reestructuración afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud», agregó el dirigente.
El sindicato resaltó el peligro de cierre que conllevan estos despidos, como ocurre, por ejemplo, en el Hospital Bonaparte donde cesantearon a 190 trabajadores, de los cuales 113 son profesionales y 77 administrativos. Esto deriva en el cierre de los servicios de continuidad de guardia, internación, el Hospital de Día, y queda inoperativo el servicio de odontología pediátrica, afectando el derecho a la salud enmarcado en el art. 42 de la Constitución Nacional y los Derechos del Paciente amparados en la Ley N° 26.529.
En este marco, Aguiar continuó con que «el Gobierno busca arrasar con derechos fundamentales garantizados sobre todo para grupos sociales de extrema vulnerabilidad. Se está atacando el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y hasta el derecho a la vida pretendiendo cerrar los servicios de prevención al suicidio. Además de un derecho esencial como es el que tienen los pacientes de contar con información de los servicios y las condiciones en las que se desarrollan sus tratamientos».
«Está clara la intención de vaciamiento y desguace de los hospitales por parte de las autoridades nacionales. No se debe prohibir el ingreso de nuevos pacientes y además impedir que se realicen derivaciones de pacientes internados a otros centros de salud de manera intempestiva o involuntaria», indicó.
«Vamos a iniciar protestas, ocupaciones y paros sectoriales. No descartamos en las próximas horas estructurar una medida que nos permita unificar los reclamos de todos los hospitales», adelantó el secretario general de ATE Nacional.
Estos despidos vienen acompañados con una dura decisión de cierre y desmantelamiento de políticas públicas: Eliminaron los programas de prevención y control de tuberculosis, VIH y diabetes, por lo cual los usuarios del sistema dejan de tener la medicación correspondiente para tener una mejor calidad de vida. También se desarmó la Dirección de Vectores que llevaba adelante el estudio epidemiológico del dengue, vital para implementar nuevas medidas que impidan nuevos brotes.
Además, el Ministerio de Salud decidió cerrar la Coordinación de Hepatitis Virales, la Dirección Nacional de Integración del sistema de Salud, la Coordinación de Salud Familiar, la Coordinación de Zoonosis y la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios, entre otras áreas.
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714 estatales pidieron créditos en el Banco Nación, rechazaron la mayoría y al resto les ofrecieron hasta 10 veces menos que a funcionarios del Gobierno nacional
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más», señaló Rodolfo Aguiar.

En las últimas semanas, 714 trabajadores estatales de todo el país solicitaron créditos en el Banco Nación por los mismos montos, plazos de financiación y tasas que les otorgaron a los funcionarios libertarios, pero obtuvieron resultados diametralmente distintos: el más alto ofrecido fue de 55 millones de pesos, mientras que los funcionarios libertarios accedieron a montos de hasta 420 millones.
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, 10 veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como presencial en más de 150 de las 709 sucursales del Banco Nación.
En esta línea, el dirigente completó que «en algunos casos les negaron los préstamos directamente por la modalidad bajo la cual están contratados en el sector público por carecer de estabilidad. Eso contrasta, por ejemplo, con el caso de Leandro Massaccesi, quien era jefe de gabinete de Capital Humano y fue despedido. Y en el resto, se tuvo que informar si existen deudas, los gastos en tarjetas de crédito, préstamos, pago de servicios, cuestiones que no fueron exigidas a alguna diputada oficialista que incluso se encontraba no sólo embargada, sino también procesada por la Justicia».
«Da mucha bronca. Ni siquiera pudieron acceder a un préstamo aquellos que propusieron codeudores. Los créditos del Banco Nación otorgados a los funcionarios de La Libertad Avanza son una estafa. El Gobierno juega con una de las necesidades más sensibles como es la vivienda digna. Los estatales no pedimos acceder a casas lujosas y en barrios privados como se compraron los funcionarios, simplemente a una vivienda digna», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Créditos para estatales
Entre las 714 solicitudes de crédito, se destaca el caso testigo de un trabajador de PAMI, cuyo ingreso de bolsillo es de $2.076.667 y que cobra su sueldo a través del Banco Nación, el cual calificó a un crédito de apenas $55.000.000 con una tasa de interés del 6% nominal anual, lo que representa menos de la mitad del valor promedio de una vivienda digna de 3 ambientes para una familia tipo (dos adultos y dos niños), de $170.000.000 (120.000 dólares), según un informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.
Además, el sindicato resaltó que el sistema de ‘scoring’ para poder calificar a un crédito hipotecario, el cual registra toda la información financiera de una persona, controla exhaustivamente los cumplimiento de pagos, la antigüedad crediticia, el endeudamiento, la participación en productos financieros y el comportamiento reciente de los solicitantes.
Para ello, se les solicitó los últimos 3 recibos de sueldo y comenzó el proceso de investigación del historial crediticio cruzando datos con otras entidades financieras. En el caso de los trabajadores estatales que completaron los formularios correctamente para solicitar los créditos, 623 fueron rechazados casi instantáneamente, mientras que el resto continúa en trámite sin aprobación.
Otro caso que se destaca es el de un trabajador estatal monotributista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ingreso es de $1.240.650, que solicitó la suma de 40 mil dólares para la mitad de una propiedad, con una codeudora también estatal, y el mismo fue rechazado en un minuto sin siquiera llegar a cargar la documentación necesaria para avanzar en el trámite.
Cabe recordar que desde el Gobierno aseguraron que los créditos a los que accedieron los funcionarios son los mismos a los que puede acceder cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el gremio indicó que el nivel de ingreso general que detalla el propio Indec ($1.321.353 en promedio) torna imposible acceder a estos créditos.
Créditos libertarios
En paralelo, los funcionarios del Gobierno nacional recibieron valores mucho más altos que a los trabajadores del sector público. Tales son los casos de Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano ($420.000.000), a quién no se le solicitó el requisito de estabilidad laboral como sí al resto de los solicitantes; Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo ($373.000.000); Federico Furiase; secretario de Finanzas ($367.059.000); Federico Sharif Menem: secretario de su tío, Martín Menem ($357.000.000); o Juan Pablo Carreira, twittero conocido como Juan Doe y actual director de Comunicación Digital ($112.948.000), entre otros.
Además, ATE destacó el caso de la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien recibió $279.000.000 estando embargada por la venta irregular de terrenos.
No sólo existe una clara diferencia en cuanto a los montos, sino también con las tasas de interés subsidiadas que, en el caso de los funcionarios es de 4% nominal anual. Además, se les permitió financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, mientras que al resto de la ciudadanía se le permite un financiamiento de hasta el 75%.
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ATE realizará protestas en aeropuertos y no descarta bloquearlos en el marco del Paro Nacional
«Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza», indicó Aguiar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará protestas y movilizaciones en aeropuertos de zonas turísticas de fuerte tráfico internacional mañana martes (21/04) y no descarta bloquearlos en reclamo por la inmediata reapertura de las paritarias, recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de ajuste en el sector público. La concentración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será a partir de las 11 en Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero).
«El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial. Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente indicó que «desde el 10 de diciembre del 2023, entre Milei y UPCN le robaron en promedio más de 11 millones de pesos a cada uno de los estatales. Tenemos que romper ese pacto para el ajuste en el sector público».
«El presidente pide paciencia, pero paciencia no hay. La paciencia se terminó. El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor. Además, pretenden avanzar con más despidos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar y será su exclusiva responsabilidad», concluyó Aguiar.
La medida de fuerza fue resuelta mediante la reunión de Consejo Directivo Nacional del pasado 9 de abril, con participación de los 24 secretarios generales de las provincias. ATE planifica además que las protestas se multipliquen en todos los organismos con asambleas, radios abiertas, ruidazos, entre otras modalidades.
Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con la firma de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso. De esta forma, los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Portuarios, Molineros, Papeleros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.917.049 en el sector público y $2.274.545 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 58 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.
Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».
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Para ATE, «el 3,4% de inflación es un fracaso rotundo de los supuestos expertos en economía Milei y Caputo»
«El Gobierno ya consumió todo el saldo a favor que tenía. Está girando en descubierto y la sociedad le va a cerrar la cuenta. Generaron una crisis económica sin precedentes y ya no existen perspectivas de mejora mientras esté Milei», indicó Aguiar.

Luego de que la inflación publicada por el Indec subiera a 3,4%, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «según Milei y Caputo, que se dicen expertos en economía, la inflación en 2026 iba a ser cero y resulta que no para de aumentar. Tienen que aceptar que fracasaron, que generaron una crisis económica sin precedentes y además que no existen perspectivas de mejora mientras esté este Gobierno».
«La inflación está en ascenso mientras cae el empleo y el consumo se derrumba. La destrucción de los ingresos en el sector público y privado la convirtieron en una política pública. La gente no puede llegar a fin de mes. La gestión de Milei ya consumió todo el saldo a favor que tenía. Está girando en descubierto y la sociedad le va a cerrar la cuenta», sentenció el referente estatal.
En este contexto es que el sindicato estatal convocó a un paro nacional con movilización para el 21 de abril en reclamo por la inmediata reapertura de la negociación salarial y en rechazo al ajuste y desguace de todos los organismos del sector público.
Ante esta situación, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios y más de 140 organizaciones de las distintas centrales obreras realizará este miércoles (15/04) la segunda presentación del informe mensual de Canasta Básica del Trabajador.








