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ATE define medidas de fuerza ante los 1400 despidos en Salud y el cierre de servicios
«El Gobierno profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta medida es de extrema gravedad, afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud», señaló Aguiar.
Ante la decisión del Gobierno Nacional de cesantear a 1400 trabajadores de la salud dejando en peligro de cierre numerosos hospitales y la eliminación de programas vitales de atención, prevención e investigación, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «tenemos que definir medidas de fuerza para que se dejen sin efecto los despidos y evitar de esta manera perjuicios que serán irreparables de forma posterior».
«El Gobierno profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta decisión del Ministerio de Salud es de extrema gravedad. El Estado debe garantizar la protección del contenido mínimo esencial del derecho de salud. Esta medida que produce 1400 cesantías bajo un supuesto programa de reestructuración afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud», agregó el dirigente.
El sindicato resaltó el peligro de cierre que conllevan estos despidos, como ocurre, por ejemplo, en el Hospital Bonaparte donde cesantearon a 190 trabajadores, de los cuales 113 son profesionales y 77 administrativos. Esto deriva en el cierre de los servicios de continuidad de guardia, internación, el Hospital de Día, y queda inoperativo el servicio de odontología pediátrica, afectando el derecho a la salud enmarcado en el art. 42 de la Constitución Nacional y los Derechos del Paciente amparados en la Ley N° 26.529.
En este marco, Aguiar continuó con que «el Gobierno busca arrasar con derechos fundamentales garantizados sobre todo para grupos sociales de extrema vulnerabilidad. Se está atacando el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y hasta el derecho a la vida pretendiendo cerrar los servicios de prevención al suicidio. Además de un derecho esencial como es el que tienen los pacientes de contar con información de los servicios y las condiciones en las que se desarrollan sus tratamientos».
«Está clara la intención de vaciamiento y desguace de los hospitales por parte de las autoridades nacionales. No se debe prohibir el ingreso de nuevos pacientes y además impedir que se realicen derivaciones de pacientes internados a otros centros de salud de manera intempestiva o involuntaria», indicó.
«Vamos a iniciar protestas, ocupaciones y paros sectoriales. No descartamos en las próximas horas estructurar una medida que nos permita unificar los reclamos de todos los hospitales», adelantó el secretario general de ATE Nacional.
Estos despidos vienen acompañados con una dura decisión de cierre y desmantelamiento de políticas públicas: Eliminaron los programas de prevención y control de tuberculosis, VIH y diabetes, por lo cual los usuarios del sistema dejan de tener la medicación correspondiente para tener una mejor calidad de vida. También se desarmó la Dirección de Vectores que llevaba adelante el estudio epidemiológico del dengue, vital para implementar nuevas medidas que impidan nuevos brotes.
Además, el Ministerio de Salud decidió cerrar la Coordinación de Hepatitis Virales, la Dirección Nacional de Integración del sistema de Salud, la Coordinación de Salud Familiar, la Coordinación de Zoonosis y la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios, entre otras áreas.
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ATE denunció que el Gobierno amenaza con desguazar la Regulación del Transporte y pone en riesgo los viajes estudiantiles y micros de larga distancia
«El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo estado de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».
En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.
Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».
Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.
Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.
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Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
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Weretilneck confirmó aumento para docentes: «Cumplimos la palabra»
En los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%.
El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que las y los docentes rionegrinos recibirán el aumento salarial y las sumas comprometidas, a pesar del rechazo de la UnTER a la propuesta. «Vamos a cumplir con lo que habíamos acordado en paritarias, más allá de la decisión del gremio de declarar insuficiente la propuesta. Nuestro compromiso es con cada docente rionegrino», afirmó.
«La decisión ratifica el rumbo de una gestión que prioriza el cumplimiento de la palabra y el sostenimiento del sistema educativo, aún en un contexto económico complejo y de caída de recursos», agregó.
En este marco, Weretilneck anunció que en los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%, correspondiente a la inflación de los últimos meses. Además, se abonará un bono de $250.000 en dos cuotas, comenzando con el primer pago este viernes (20/03).
La medida también incluye mejoras concretas para sectores específicos: 130 escuelas de la Región Andina y Sur tendrán un incremento en el ítem de ubicación que va del 20% al 40%, y se elevaron los topes de movilidad para docentes que recorren más de 1.800 km mensuales y supervisores que superan los 2.500 km.
A través de sus redes sociales, el gobernador remarcó que la Provincia sostiene estas decisiones en un escenario adverso. «A pesar de la pérdida de recursos y de las dificultades económicas que atraviesa el país, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los trabajadores públicos tengan la mejor remuneración posible», concluyó.
