Gremios
ATE define medidas de fuerza ante los 1400 despidos en Salud y el cierre de servicios
«El Gobierno profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta medida es de extrema gravedad, afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud», señaló Aguiar.
Ante la decisión del Gobierno Nacional de cesantear a 1400 trabajadores de la salud dejando en peligro de cierre numerosos hospitales y la eliminación de programas vitales de atención, prevención e investigación, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «tenemos que definir medidas de fuerza para que se dejen sin efecto los despidos y evitar de esta manera perjuicios que serán irreparables de forma posterior».
«El Gobierno profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta decisión del Ministerio de Salud es de extrema gravedad. El Estado debe garantizar la protección del contenido mínimo esencial del derecho de salud. Esta medida que produce 1400 cesantías bajo un supuesto programa de reestructuración afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud», agregó el dirigente.
El sindicato resaltó el peligro de cierre que conllevan estos despidos, como ocurre, por ejemplo, en el Hospital Bonaparte donde cesantearon a 190 trabajadores, de los cuales 113 son profesionales y 77 administrativos. Esto deriva en el cierre de los servicios de continuidad de guardia, internación, el Hospital de Día, y queda inoperativo el servicio de odontología pediátrica, afectando el derecho a la salud enmarcado en el art. 42 de la Constitución Nacional y los Derechos del Paciente amparados en la Ley N° 26.529.
En este marco, Aguiar continuó con que «el Gobierno busca arrasar con derechos fundamentales garantizados sobre todo para grupos sociales de extrema vulnerabilidad. Se está atacando el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y hasta el derecho a la vida pretendiendo cerrar los servicios de prevención al suicidio. Además de un derecho esencial como es el que tienen los pacientes de contar con información de los servicios y las condiciones en las que se desarrollan sus tratamientos».
«Está clara la intención de vaciamiento y desguace de los hospitales por parte de las autoridades nacionales. No se debe prohibir el ingreso de nuevos pacientes y además impedir que se realicen derivaciones de pacientes internados a otros centros de salud de manera intempestiva o involuntaria», indicó.
«Vamos a iniciar protestas, ocupaciones y paros sectoriales. No descartamos en las próximas horas estructurar una medida que nos permita unificar los reclamos de todos los hospitales», adelantó el secretario general de ATE Nacional.
Estos despidos vienen acompañados con una dura decisión de cierre y desmantelamiento de políticas públicas: Eliminaron los programas de prevención y control de tuberculosis, VIH y diabetes, por lo cual los usuarios del sistema dejan de tener la medicación correspondiente para tener una mejor calidad de vida. También se desarmó la Dirección de Vectores que llevaba adelante el estudio epidemiológico del dengue, vital para implementar nuevas medidas que impidan nuevos brotes.
Además, el Ministerio de Salud decidió cerrar la Coordinación de Hepatitis Virales, la Dirección Nacional de Integración del sistema de Salud, la Coordinación de Salud Familiar, la Coordinación de Zoonosis y la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios, entre otras áreas.
Gremios
UnTER rechazó la propuesta salarial y reclamó una nueva paritaria urgente
Aunque la moción de paro obtuvo mayoría, no alcanzó los dos tercios requeridos por el estatuto sindical, por lo que no habrá nuevas medidas de fuerza.
El Congreso Extraordinario de UnTER resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro en la paritaria del pasado jueves (14/05) y reclamó una nueva convocatoria urgente para continuar con las negociaciones.
El encuentro se desarrolló este jueves (21/05) en Viedma con la participación de representantes de las 18 Seccionales de la provincia, donde se analizó la situación educativa y salarial a nivel provincial y nacional.
Según informó el gremio docente, durante la jornada también se debatió la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza. La moción a favor del paro obtuvo 104 votos, mientras que la postura de no realizar medidas de fuerza consiguió 51 votos y hubo además dos abstenciones. Sin embargo, desde UnTER aclararon que el estatuto sindical exige una mayoría especial de dos tercios del total de congresales para aprobar un paro, número que finalmente no se alcanzó. Por ese motivo, el Congreso resolvió no avanzar con medidas de fuerza en esta instancia.
No obstante, el sindicato definió impulsar acciones de visibilización simultáneas en toda la provincia y en conjunto con otras organizaciones gremiales.
Previo al inicio del Congreso, docentes realizaron una movilización hacia el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y posteriormente a Casa de Gobierno para expresar sus reclamos salariales y en defensa de la educación pública.
Gremios
El Frente de Sindicatos Unidos reclama un salario mínimo vital y móvil de $2.879.877
El informe detalla que el SMVM oficial ya es el más bajo de la historia argentina y está 20% por debajo del valor que tuvo durante la década del 90.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) sostuvo que las y los trabajadores necesitan un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $2.879.877 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese monto equivale a ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
Además, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales y se vieron forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana. Eso explica el nivel de endeudamiento de las familias argentinas.
En el desglose de datos, el FreSU informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio $2.321.24 y, en el caso del sector público, la pérdida fue de $12.788.939 en promedio.
Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toma como referencia los costos necesarias para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional: Alimentación adecuada ($648.271); vivienda digna ($568.227); educación ($252.457); vestimenta ($147.595); salud ($349.332); transporte, esparcimiento y vacaciones ($597.209); y previsión social ($316.786).
El FreSU está integrado por unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros.
El 1 de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados y votaron el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».
El tercer informe mensual del FreSU fue anunciado por los secretarios generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial) y la secretaria general de Conadu Histórica, Francista Staiti, desde la jornada de debate realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.
Gremios
El Gobierno propuso seguir actualizando salarios por IPC
El Ejecutivo dejó planteado que la propuesta salarial está sujeta a la aceptación de la oferta, y que ante eventuales medidas de fuerza, no se liquidarán los incrementos previstos y se aplicarán descuentos.
El Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta de aumento salarial a los gremios estatales, garantizando «actualizaciones automáticas atadas a la inflación» hasta septiembre. «Este esquema ofrece mayor previsibilidad a las familias del personal estatal y asegura la continuidad de los servicios esenciales para todos los rionegrinos», destacaron desde el Ejecutivo.
La propuesta, que fue presentada en el marco de la Mesa de la Función Pública (ante representantes de ATE pero con ausencia de UPCN) y en la paritaria docente, al gremio UnTER, consiste en continuar con la actualización bimestral de los salarios, aplicando el promedio entre el IPC Nacional y el IPC de Viedma para los próximos dos bimestres.
De esta manera, para el bimestre junio-julio 2026 los salarios se actualizarán tomando como referencia el promedio de inflación registrado en abril y mayo; mientras que para el bimestre agosto-septiembre 2026 se usarán como base los índices de junio y julio.
En el caso de la negociación docente, el Gobierno Provincial dejó planteado que la propuesta salarial está sujeta a la aceptación de la oferta y al normal desarrollo del ciclo lectivo. Ante eventuales medidas de fuerza, no se liquidarán los incrementos previstos y se aplicarán los descuentos por los días no trabajados.
Además, la propuesta incorpora un incremento del 20% para el plus operador de SENAF y otro 50% para los adicionales del Personal de Servicio de Apoyo de Educación, ambos a partir del mes en curso.
También se ofreció avanzar con el pago de las recategorizaciones adeudadas a casi 4.000 agentes de Salud. El esquema prevé que quienes tengan montos de hasta $200.000 cobren en una cuota a fines de junio; entre $200.001 y $500.000, en tres cuotas desde julio; entre $500.001 y $1.000.000, en cuatro cuotas; y quienes superen el millón de pesos, en seis cuotas desde julio.
Desde el Gobierno Provincial remarcaron que «la propuesta se realiza en un contexto nacional complejo, sosteniendo el compromiso de mantener salarios actualizados, cuidar el funcionamiento del Estado y garantizar previsibilidad para las familias rionegrinas».
