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El 5 de febrero ATE marcha a Lago Escondido y exige que se eche «al usurpador de Lewis»
«Esta marcha cobra más sentido que nunca. Los magnates como Lewis siempre tuvieron influencia, pero ahora directamente gobiernan el país. La Patagonia completa pasará a manos extranjeras si no le ponemos un freno a este Gobierno», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará la 8° Marcha por la Soberanía a Lago Escondido. La misma contará con dos columnas: una que partirá el 5 de febrero desde Bariloche hacia El Foyel desde donde ingresará al Lago por el camino del Tacuifí, y otra que saldrá el 3 de febrero por el camino de montaña, estimándose su llegada para el 14 de febrero.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, explicó que «esta marcha cobra más sentido que nunca. Los multimillonarios como Lewis siempre tuvieron influencia, pero ahora directamente gobiernan el país. Lewis es un delincuente que acaba de ser condenado en Estados Unidos por los mismos delitos que comete aquí desde hace décadas. Tenemos que echarlo con movilización popular, porque los jueces que deberían juzgarlo toman whisky con él en su mansión de Lago Escondido. Hay que lograr ponerle fin a tantos años de impunidad».
«Tenemos que luchar en defensa de la soberanía política y territorial. El proceso de extranjerización de la tierra se acelera y en poco tiempo más la Patagonia completa pasará a manos extranjeras si no le ponemos un freno a este Gobierno. Mientras los argentinos tienen que vivir hacinados, con hasta tres familias en lotes de 12 por 30 metros, los millonarios extranjeros usurpan miles de hectáreas de tierras paradisíacas, con acuíferos de enormes reservas de agua dulce o glaciares», agregó Aguiar.
«La Marcha por la Soberanía a Lago Escondido es una movilización que reivindica la soberanía nacional en las más de 12.000 hectáreas usurpadas, adquiridas ilegalmente y a un precio vil por el empresario británico Joseph Lewis en plena Patagonia, impidiendo el acceso a Lago Escondido, pese a que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial expresan que se debe garantizar la llegada allí. En el mapa geopolítico la Patagonia es un lugar estratégico que ya tiene la ocupación británica en el Atlántico Sur», detalló el dirigente de ATE.
«No puede ser que los ingleses nos digan a nosotros quién puede y quién no puede entrar al Lago Escondido cuando es de nuestra propiedad. Actualmente el acceso al Lago Escondido está vedado para todos los ciudadanos. Además, allí se monta un Estado paralelo regido por sus propias normas y con sus propios ejércitos. El Lago Escondido es un caso testigo en la Argentina, un enclave de la colonia británica. Si logran consolidar su posición, habremos perdido todo el territorio al sur del Río Colorado», agregó.
«Existen antecedentes graves acerca de la violencia que ejercen las patotas a sueldo de este magnate inglés, y hay un saldo de numerosos heridos en las manifestaciones anteriores. Son el Gobierno Nacional y el Provincial quienes deben garantizar la seguridad y la integridad de todos los marchantes, y serán responsables por cualquier hecho que haya que lamentar. La historia nos muestra que la policía, en vez de defender a la ciudadanía y recibir órdenes de los gobiernos locales, obedece a estos extranjeros usurpadores», cerró el secretario general de ATE Nacional.
De la Marcha por la Soberanía a Lago Escondido también formarán parte la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, entre otras organizaciones sindicales, políticas y sociales.
Gremios
Si no hay respuestas concretas en paritaria, UnTER llevará adelante un nuevo paro de 48 horas y cortes de ruta en toda la provincia
Así lo definió el sindicato en un Congreso realizado en Bariloche. La negociación con el Gobierno continuará mañana jueves.
El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.
En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.
En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.
Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.
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ATE reúne a todas las provincias y busca definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias
«Las negociaciones salariales en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente», señaló Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una reunión de Consejo Directivo Nacional con la participación de los 24 secretarios generales de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para debatir medidas de fuerza a instrumentar en reclamo por la reapertura de las paritarias y rechazar un nuevo ajuste en todo el sector público a nivel nacional, provincial y municipal.
La reunión tendrá lugar en el Hotel 27 de Junio del sindicato, con dirección en Defensa 1469 del barrio porteño de San Telmo.
«Las paritarias en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente. El último incremento otorgado va a quedar 10 puntos por debajo de la inflación. Necesariamente debe existir una corrección que permita que los ingresos de los estatales acompañen la evolución que muestren los precios durante los últimos tres meses», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «el Gobierno está pasando su peor momento. Por primera vez, la mayoría de los argentinos consideran responsable a Milei por la grave crisis que estamos sufriendo. En esta pérdida de consenso social, en algo habrán tenido que ver todas las medidas de fuerza que se realizaron. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros».
«Hay que romper el pacto entre UPCN y el Gobierno ya que esa sociedad es la que aniquiló el poder adquisitivo de todos los empleados públicos» agregó Aguiar.
«Más allá de la vocación de servicio, de los esfuerzos cotidianos de todos los trabajadores, con este nivel de deterioro de los ingresos no se puede pensar en un Estado al servicio del pueblo. La política salarial del Gobierno en el sector público termina perjudicando a todas las franjas sociales más vulnerables de la sociedad que son las verdaderas destinatarias de todas las prestaciones del sistema público», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso.
De esta forma, con la firma de UPCN los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.
Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».
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ATE organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados para que soliciten créditos en el Banco Nación esta semana en todo el país
«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación», dijo Aguiar.
En el marco de una ola de irregularidades que podría escalar en una gran causa de corrupción por entrega de créditos preferenciales a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados de todo el país para que asistan a todas las sucursales del Banco Nación a solicitar préstamos con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza.
«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación. Esta semana vamos a reunir al Consejo Directivo Nacional de ATE y vamos a organizar para que más de mil delegados y afiliados soliciten préstamos similares en todas las sucursales del Banco Nación en el país», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del Sindicato. La protesta se definirá en la reunión de Consejo Directivo Nacional que mantendrán este jueves en su Hotel 27 de Junio del barrio porteño de San Telmo (Defensa 1469) al mediodía con la presencia de las 24 conducciones provinciales y buscará tener impacto en las 709 sucursales que la entidad tiene en toda la Argentina.
En este marco, el dirigente apuntó que «pensar que el Gobierno nos hizo creer que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los privilegios de la casta y son los propios funcionarios y diputados de La Libertad Avanza los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes».
«Además, en estos casos puntuales es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Los funcionarios, por despido o por renuncia, se pueden ir en cualquier momento. Un ejemplo lamentable viene de mi propia provincia, como es el caso del Jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien adquirió un crédito hace días y lo acaban de despedir. Se la están llevando toda», agregó el referente estatal.
«La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de austeridad con la toma de estos créditos multimillonarios? Deben existir explicaciones oficiales y debe iniciarse una inmediata investigación en la administración además de realizar las denuncias penales que correspondan», completó Aguiar.
En esta línea, indicó que «estas prácticas son obscenas y configuran una grave irregularidad. Además se dan en un contexto en el que el acceso a la vivienda para la mayoría de los argentinos se convierte en un drama y es imposible. Es evidente que estamos frente a numerosos enriquecimientos ilícitos. Se corresponden con cada uno de los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza que recibieron un crédito de estas características en los últimos meses».
«Tiene que quedar claro que estos créditos se encuentran anclados en el ajuste brutal sobre toda la sociedad, se otorgaron sobre el sufrimiento de los comerciantes que tuvieron que bajar sus persianas, los pequeños y medianos empresarios que se fundieron, los jubilados que vieron reducidos sus haberes, y los trabajadores del sector público y privado cuyos salarios fueron destrozados», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Entre la extensa lista de beneficiarios de los créditos aparecen funcionarios del Banco Central, directores de YPF, la diputada libertaria rionegrina Lorena Villaverde (investigada por su vínculo con el narcotraficante Fred Machado) y el twittero Juan Pablo Carreira, quien se desempeña como director de Comunicación Digital del Gobierno. Los montos de los créditos van desde los 100 millones hasta los 530 millones de pesos y en la mayoría de los casos no se condicen con los ingresos declarados de los solicitantes. Además, también figuran irregularidades en las bajas tasas de interés aplicadas y los plazos de pago.
