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El 5 de febrero ATE marcha a Lago Escondido y exige que se eche «al usurpador de Lewis»
«Esta marcha cobra más sentido que nunca. Los magnates como Lewis siempre tuvieron influencia, pero ahora directamente gobiernan el país. La Patagonia completa pasará a manos extranjeras si no le ponemos un freno a este Gobierno», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará la 8° Marcha por la Soberanía a Lago Escondido. La misma contará con dos columnas: una que partirá el 5 de febrero desde Bariloche hacia El Foyel desde donde ingresará al Lago por el camino del Tacuifí, y otra que saldrá el 3 de febrero por el camino de montaña, estimándose su llegada para el 14 de febrero.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, explicó que «esta marcha cobra más sentido que nunca. Los multimillonarios como Lewis siempre tuvieron influencia, pero ahora directamente gobiernan el país. Lewis es un delincuente que acaba de ser condenado en Estados Unidos por los mismos delitos que comete aquí desde hace décadas. Tenemos que echarlo con movilización popular, porque los jueces que deberían juzgarlo toman whisky con él en su mansión de Lago Escondido. Hay que lograr ponerle fin a tantos años de impunidad».
«Tenemos que luchar en defensa de la soberanía política y territorial. El proceso de extranjerización de la tierra se acelera y en poco tiempo más la Patagonia completa pasará a manos extranjeras si no le ponemos un freno a este Gobierno. Mientras los argentinos tienen que vivir hacinados, con hasta tres familias en lotes de 12 por 30 metros, los millonarios extranjeros usurpan miles de hectáreas de tierras paradisíacas, con acuíferos de enormes reservas de agua dulce o glaciares», agregó Aguiar.
«La Marcha por la Soberanía a Lago Escondido es una movilización que reivindica la soberanía nacional en las más de 12.000 hectáreas usurpadas, adquiridas ilegalmente y a un precio vil por el empresario británico Joseph Lewis en plena Patagonia, impidiendo el acceso a Lago Escondido, pese a que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial expresan que se debe garantizar la llegada allí. En el mapa geopolítico la Patagonia es un lugar estratégico que ya tiene la ocupación británica en el Atlántico Sur», detalló el dirigente de ATE.
«No puede ser que los ingleses nos digan a nosotros quién puede y quién no puede entrar al Lago Escondido cuando es de nuestra propiedad. Actualmente el acceso al Lago Escondido está vedado para todos los ciudadanos. Además, allí se monta un Estado paralelo regido por sus propias normas y con sus propios ejércitos. El Lago Escondido es un caso testigo en la Argentina, un enclave de la colonia británica. Si logran consolidar su posición, habremos perdido todo el territorio al sur del Río Colorado», agregó.
«Existen antecedentes graves acerca de la violencia que ejercen las patotas a sueldo de este magnate inglés, y hay un saldo de numerosos heridos en las manifestaciones anteriores. Son el Gobierno Nacional y el Provincial quienes deben garantizar la seguridad y la integridad de todos los marchantes, y serán responsables por cualquier hecho que haya que lamentar. La historia nos muestra que la policía, en vez de defender a la ciudadanía y recibir órdenes de los gobiernos locales, obedece a estos extranjeros usurpadores», cerró el secretario general de ATE Nacional.
De la Marcha por la Soberanía a Lago Escondido también formarán parte la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, entre otras organizaciones sindicales, políticas y sociales.
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ATE declara alerta máxima en Trabajo para enfrentar inminentes despidos y desguace de la cartera
“Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente y no descarta realizar medidas de acción directa en la Secretaría de Trabajo ante la nueva amenaza de despidos y desguace de la cartera impulsada a partir de la reforma laboral.
«Hemos definido el estado de alerta máxima en la sede nacional de Trabajo, pero también en todas las agencias territoriales. Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «el Gobierno intenta avanzar con una nueva estructura en la Secretaría y, a través de ella, profundizar el achique y desguace del Estado Nacional».
«Está siendo amenazada la estructura federal del Ministerio, las áreas de control y fiscalización, además del programa ‘Volver al Trabajo’, que alcanza a casi un millón de personas, finaliza el próximo 30 de abril y no sería renovado», detalló Aguiar.
«Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo se convierta solo en una estructura que garantice los intereses de las grandes corporaciones empresarias. Seguiremos defendiendo a la cartera laboral como la única posibilidad de impedir que, después de la reforma, arrasen con los derechos de los trabajadores del Sector Público y de todas las ramas de la actividad privada», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Desde el sindicato señalaron que la sanción de la reforma laboral ubica en una situación sumamente crítica el rol y funciones históricas de la cartera, en un contexto de desguace y destrucción del Estado que el gobierno nacional enarbola como bandera de gestión desde su asunción en diciembre de 2023.
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Inicio del ciclo lectivo con conflicto: El Gobierno informó de 53% de presentismo y UnTER un 90% de acatamiento
Este martes continúan las medidas de fuerza del gremio docente rionegrino.
Con cifras contrapuestas y tensión sindical, comenzó el ciclo lectivo 2026 en Río Negro. El Gobierno provincial aseguró que el 53% del personal docente se presentó a trabajar, lo que permitió el funcionamiento de 696 establecimientos educativos y la asistencia de más de 131.000 estudiantes.
En contraste, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) sostuvo que el acatamiento al paro fue del 90% y que la medida tuvo alto impacto en toda la provincia, en el marco de la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
El conflicto se originó tras el rechazo gremial a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo en paritarias. Desde el sindicato señalaron que la oferta no contempla la pérdida del poder adquisitivo, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de una política salarial responsable.
Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos destacaron que más de 1.000 instituciones estaban en condiciones de iniciar las clases y remarcaron que «el compromiso oficial fue garantizar el inicio en tiempo y forma, con dispositivos preparados para aquellos edificios donde aún se desarrollan obras o trabajos de mantenimiento»
Ademá, se puso en marcha el servicio de transporte escolar destinado a unos 14.000 estudiantes y el de comedor que inició con la modalidad de refrigerio para, a partir del miércoles (04/03), completar con el resto de sus variantes.
«Frente a una medida sindical irresponsable, Río Negro mantiene firme su decisión de priorizar la calidad educativa de cada estudiante de nuestra provincia», indicaron desde el Gobierno.
En este escenario, el ciclo lectivo comenzó formalmente, pero con un conflicto que continúa abierto y que podría derivar en nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.
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ATE intimó al Gobierno para que pague el presentismo y convoque a paritarias, y se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno por el no pago del premio estímulo a la asistencia (presentismo) en algunos organismos y áreas estatales, y por la no convocatoria a paritaria en lo que va del 2026. Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos. El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la mesa de negociación salarial, la cual se encuentra en un cuarto intermedio desde diciembre de 2025, el dirigente apuntó que «a esto hay que sumar la decisión del Gobierno de no convocar a paritarias y congelar los salarios durante los dos primeros meses del año. Existe mala fe en las negociaciones y esto acelera la conflictividad».
«Exigimos el inmediato pago del presentismo y la convocatoria a las paritarias. Hemos decidido declararnos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Además, hemos convocado a nuestro Secretariado Nacional para el día 11 a los efectos de analizar el escenario general y resolver un plan de acción, pero también definir qué medida concreta llevar adelante contra esta decisión de no pagar el presentismo», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según las estimaciones del sindicato, el no pago del presentismo significa un recorte del 10% en los salarios de los estatales, los cuales ya vienen de una pérdida del 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
En su denuncia, el sindicato informó que mediante el Decreto N° 36/2026 se homologó el acuerdo celebrado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional del 26 de diciembre pasado, el cual prevé, entre otras cuestiones, la prórroga del presentismo, ítem que ha sido sistemáticamente renovado desde el acuerdo celebrado el 29 de septiembre de 2020, homologado por el Decreto N° 837/20.
ATE además señala «que la presunta falta de pago del presentismo y la falta de actualización salarial de los meses de enero y febrero de 2026 constituye una práctica desleal y un acto de mala fe negocial que deja en evidencia la política de miseria y empobrecimiento en contra de los empleados y empleadas públicas de la Administración Pública Nacional».
