El sueño de servir y proteger a la comunidad movilizó a 1.922 rionegrinos y rionegrinas que se inscribieron en las escuelas de formación policial de toda la provincia, superando casi un 400% la capacidad promedio de las instalaciones.

La Escuela de Cipolletti tuvo 513 inscriptos, más de un 500% por encima de su capacidad. Una situación similar se dio en la Escuela de Bariloche, donde hubo 203 aspirantes, un 406% por encima de los cupos habilitados.

En la Escuela de Los Menucos se inscribieron 356 personas, mientras que en Sierra Grande y Viedma el número alcanzó 424 y 426 postulantes respectivamente, triplicando en todos los casos la capacidad disponible.

Esta situación revela un creciente interés por ser parte de la fuerza policial rionegrina y es una clara muestra de vocación y compromiso de los ciudadanos con la seguridad pública.

El ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, destacó esta convocatoria. «Es gratificante ver cómo tantos rionegrinos y rionegrinas quieren sumarse a la fuerza policial, lo que demuestra un fuerte compromiso con la comunidad. Este resultado no sería posible sin la decisión política del gobernador Alberto Weretilneck, que ha trabajado para fortalecer nuestras instituciones de seguridad», afirmó Jara.

La Agencia de Recaudación Tributaria intensificó los controles en los principales centros turísticos de Río Negro, asegurando el cumplimiento de las leyes fiscales, de defensa del consumidor y lealtad comercial.

Entre el 9 y el 19 de enero, se fiscalizaron 383 establecimientos comerciales y de servicios en Las Grutas, Bariloche, Playas Doradas, Puerto San Antonio Este y El Bolsón. En este sentido, se verificó que se acepten tarjetas de débito como medio de pago; se emitan facturas o tickets en cada transacción; se exhiban los precios de productos y servicios; estén inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos; y no existan deudas tributarias en los impuestos administrados por la Agencia.

Es por ello que desde la Agencia de Recaudación Tributaria se intimó deuda por $44.044.000,00, de los cuales, $18.444.000 corresponden a Ingresos Brutos, $6.600.000 al impuesto inmobiliario y $19.000.000 al impuesto automotor.

Se realizaron 53 infracciones tributarias, sancionadas con multas y clausura, a 20 a comercios sin terminales de pago electrónico, 3 que no aceptaban pagos con tarjeta de débito, 3 por no estar inscriptos en ingresos brutos, y 27 por no emitir factura ni contar con medios válidos de facturación.

En materia de defensa del consumidor y lealtad comercial, se detectaron 334 productos vencidos disponibles para la venta que fueron retirados de forma inmediata, y casos donde el precio en góndola difería del cobrado en caja.

Asimismo se llevaron a cabo controles de ingresos bajo procedimientos de corte de facturación permanentes y puntos fijos detectando diferencias entre 50% y 200%, para los cuales se aplicaron las sanciones correspondientes

El operativo busca proteger los derechos de los consumidores, garantizar condiciones comerciales y combatir la competencia desleal entre quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y quienes no. Esto resulta especialmente relevante en actividades comerciales de temporada, donde algunos establecimientos operan sólo durante los meses de verano.

El operativo de verano continuará desarrollándose hasta el mes de febrero, reforzando los controles en toda la región turística de Río Negro. Las denuncias pueden realizarse en agencia.rionegro.gov.ar.

La falta de acuerdo en la crianza de un niño menor de edad derivó en una compleja disputa entre los progenitores. Ambos solicitaron la tenencia unilateral con graves acusaciones cruzadas que impidieron acuerdos conciliatorios. Los informes técnicos concluyeron que la confrontación parental tenía un efecto negativo en el hijo que tienen en común. Por eso la jueza de Familia de Bariloche que intervino en el proceso ordenó una terapia familiar para priorizar el interés superior del niño.

El proceso comenzó con una demanda presentada por el padre, quien alegó que la madre no garantizaba un entorno adecuado para el desarrollo del niño. Sostuvo que las condiciones de vida del menor de edad eran perjudiciales para su bienestar. Por su parte, la madre negó las acusaciones y presentó una contrademanda para obtener el cuidado exclusivo y la guarda médica del niño.

El Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) evaluó la situación mediante entrevistas a la persona menor, análisis familiares y estudios psicológicos y médicos. Los informes concluyeron que el niño experimentaba altos niveles de estrés emocional como consecuencia directa del conflicto parental. Además, se detectaron elementos en la relación con el padre que podrían comprometer su estabilidad emocional.

El caso fue analizado con perspectiva de género, y la violencia de género se consideró un factor central. La madre relató episodios que impactaron directamente en el entorno familiar. Los informes técnicos confirmaron dinámicas de poder y control que agravaban el conflicto. Este contexto fundamentó las medidas de protección dictadas por la jueza hacia la madre y el niño.

El fallo estableció que el contacto entre el padre y el niño se realizara bajo supervisión. Además, se ordenó un régimen de terapia familiar para trabajar las dinámicas conflictivas con el fin de garantizar el bienestar del menor de edad.

Otro aspecto clave del fallo fue la atención médica del niño. Los informes médicos indicaron que requería cuidados regulares por problemas específicos de salud. La madre asumirá la responsabilidad de garantizar que reciba los tratamientos necesarios.

Finalmente, la jueza asignó el cuidado personal unilateral a la madre, quien debe garantizar que el niño mantenga un vínculo con su padre.