Nueve municipios rionegrinos convocaron a elecciones para la renovación parcial de sus cuerpos deliberativos, según informaron al Juzgado Electoral Provincial.

Coronel Belisle, Darwin, Godoy, Jacobacci, Maquinchao, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Pomona y Sierra Colorada utilizará el servicio electoral ofrecido por la Provincia para el 27 de abril próximo.

De esta manera, comenzaron a correr los plazos que cada Carta Orgánica establece para la inscripción de candidaturas, impugnaciones y demás pasos hacia los comicios.

En el caso de Belisle, Darwin, Enrique Godoy, Jacobacci y Ñorquinco, las convocatorias las realizaron los intendentes y elegirán dos concejales titulares y dos suplentes. Los ediles durarán cuatro años en sus mandatos y los comicios se regirán mediante sistema D´Hondt.

Maquinchao también elegirá dos titulares y dos suplentes, pero la convocatoria la realizó el Concejo Deliberante.

En Pilcaniyeu y en Pomona, en cambio, se elegirán un cargo de concejal titular y uno de suplente, con llamado por parte de los jefes comunales. Finalmente, la convocatoria en Sierra Colorada implica a «tres cuartas partes de su cuerpo legislativo», dice el decreto.

El gobernador Alberto Weretilneck solicitó al Gobierno Nacional la implementación de medidas clave para garantizar la estabilidad del sector frutícola y asegurar la cosecha de fruta de pepita de este año. A través de dos notas enviadas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, el mandatario provincial pidió financiamiento y un alivio impositivo como herramientas esenciales para enfrentar la situación actual.

«La fruticultura es una actividad central para nuestra región. Tenemos el mejor clima del mundo y el conocimiento industrial y agronómico para ser competitivos. Por eso, el complejo frutícola necesita, con carácter urgente, herramientas de coyuntura que nos permitan mantener el rumbo ante el importante desfinanciamiento que sufrió el sector por diferentes factores, lo que provoca que hoy se prevea una cosecha con grandes pérdidas», enfatizó Weretilneck.

En su pedido, el gobernador destacó dos medidas fundamentales como el diferimiento impositivo, que sería postergar el pago de las cargas sociales (Formulario 931) correspondientes a las actividades de cosecha y empaque por un período de 12 meses a partir de febrero, aliviando la presión fiscal en un momento crítico; y el financiamiento para capital de trabajo con líneas de crédito accesibles para pequeños y grandes productores, asegurando los recursos necesarios para mantener la mano de obra, garantizando los niveles de exportación y preservando la sanidad en los cultivos.

El mandatario resaltó que la fruticultura en Río Negro y Neuquén «es una de las economías regionales más importantes del país, generando más de 60.000 puestos de trabajo» y que «cada año, el sector produce 1.150.000 toneladas de peras y manzanas, destinando un 35% a la exportación, otro 35% al mercado interno y el resto a la industria, principalmente jugos concentrados».

En las notas, destacó el esfuerzo del sector, que ha realizado inversiones significativas para lograr competitividad y eficiencia. Mencionó avances como nuevas plantaciones, reconversión varietal y la instalación de mallas antigranizo, que ya cubren más del 15% de la producción.

También explicó que el costo de producción es de U$S 0,32 por kilo, y solo la cosecha representa U$S 0,09, es decir, el 27,5% del total. Además, los sueldos del personal de empaque se han incrementado en dólares más del 50%, alcanzando un promedio mensual de U$S 1.500. «A esto se suma un aumento del 500% en los costos de energía eléctrica para los galpones frigoríficos, lo que hace que almacenar cada kilo de fruta refrigerada sea más caro que el precio de mercado», explicó.

En ese marco, agregó que durante 2024 se registró la mayor cosecha de peras de los últimos cinco años, generando un sobrestock del 43% respecto del promedio histórico. «Esto obligó a mantener fruta en cámaras frigoríficas durante meses, lo que incrementó los costos de almacenamiento, teniendo en cuenta además el fuerte aumento que se registró en el servicio de energía eléctrica», dijo.

Además, hizo hincapié en diferentes factores externos complicaron aún más la situación. Explicó que el mercado brasileño, el principal destino de exportación de peras, sufrió una devaluación de su moneda superior al 27%, «lo que dejó a los productores argentinos con costos que superan los precios aceptados por los compradores». Por otro lado, el mercado interno «experimentó una caída significativa en el consumo, afectando principalmente a las manzanas».

Weretilneck también comparó la situación con la de Chile, el principal competidor regional. «Un operario de cosecha en Argentina gana un salario diario de U$S 64, mientras que en Chile es de U$S 44. En el empaque, la diferencia es aún mayor: U$S 64 diarios en Argentina frente a U$S 22,50 en Chile. Sin embargo, la verdadera disparidad está en los costos impositivos, que en Argentina ascienden al 68% sobre el salario neto, mientras que en Chile son del 30%», señaló.

Subrayó que los productores chilenos «tienen acceso a financiamiento con tasas inferiores al 8%, lo que facilita la incorporación de tecnología y maquinaria a precios significativamente más bajos». Por ejemplo, indicó que un tractor en Chile «cuesta entre un 30% y 40% menos que en Argentina, con opciones de financiación accesibles».

Finalmente, destacó el aumento de los insumos en dólares. «Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, los costos de insumos de embalaje (cajas, bandejas, pallets, papel corrugado, bolsas) se incrementaron un 107%. Solos los pallets especiales para exportación, se incrementaron en un 165%», dijo.

Conocida la información de que el Gobierno de Javier Milei pretende compensar los 800 millones de dólares por la baja en las retenciones al campo, con un achique del Estado en un 30%, principalmente eliminando y fusionando entes descentralizados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió rápidamente en su rechazo.

Al respecto, el secretario general de ATE nacional Rodolfo Aguiar enfatizó que «la pretensión del Gobierno de achicar un 30% el Estado, aunque se trate de los entes descentralizados, es imposible. Si esa medida se llevara adelante, los servicios básicos y esenciales no estarían garantizados». Agregó que «los 800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con el despido masivo de estatales y el cierre de organismos públicos. Eso necesariamente tendrá una repercusión social absolutamente negativa».

El recorte impulsado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, proyecta sustituir así los ingresos por la baja de las retenciones al campo confirmada por el Ministerio de Economía días atrás. En 2024 el Gobierno redujo el gasto público en un 30% y anuncia continuar en la misma línea durante el año en curso. En este sentido, se anticipó el cierre de la empresa Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA) que depende del Ministerio de Defensa.

Sobre las próximas acciones del sindicato de los estatales, Aguiar adelantó que «desde ATE definiremos esta semana la convocatoria a nuestras instancias orgánicas. La sola convocatoria a paritarias para definir un incremento salarial no alcanza. Aquí está en debate el modelo de Estado y el rol que tiene que cumplir. No podemos seguir aceptando que sea reducido a su mínima expresión».

Finalmente, en referencia a las expresiones que el presidente Javier Milei profirió en el Foro Económico Mundial de Davos y otros ámbitos internacionales Aguiar sentenció que «si tenemos en consideración el discurso que el presidente expresó fuera de nuestro país, la que está en riesgo es la democracia misma. Tenemos que ponerle límites a este Gobierno. Un Gobierno que fue elegido por el voto popular, pero que se está transformando en una tiranía. El régimen democrático por estas horas deviene en un sistema absolutamente autoritario. Todos estamos en peligro y la peor opción es la resignación».