Río Negro
El Bolsón: Avanza el combate de brigadistas y la lluvia brinda un respiro
El incendio ya afectó unas 3.825 hectáreas.

Combatientes y bomberos siguen trabajando para contener el incendio en El Bolsón, que ya afectó unas 3.825 hectáreas, según estimaciones del SPLIF. Una inesperada lluvia trajo alivio y facilitó las tareas de combate, pero todavía quedan sectores activos.
El Comité de Emergencias (COEM) monitorea la situación de manera constante. En las últimas horas, avanzaron las labores de control y enfriamiento. Cuatro de los seis sectores están en fase de enfriamiento y guardia de cenizas.
En la zona de La Playita, 16 combatientes trabajaron con herramientas manuales y apoyo aéreo. Mientras tanto, en el sector de Natación, en la parte alta de la montaña, 37 brigadistas, con respaldo del Ejército Argentino, operaron con una topadora, herramientas manuales y equipo de bombeo.

Por otro lado, personal especializado ascendió en helicóptero para extender una línea de agua en el borde del sector cercano al río Raquel. La compleja topografía del terreno exige el uso de medios aéreos para controlar los puntos calientes.
De acuerdo al COEM, las áreas pobladas se mantienen bajo control y las familias regresan paulatinamente a sus predios, a medida que avanza la limpieza y remoción de escombros. Se solicita a la comunidad circular con precaución en el camino de Costa del Azul, donde equipos y camiones trabajan en el despeje del área para la reconstrucción de líneas eléctricas.
En tanto, Protección Civil de Río Negro, el Municipio de El Bolsón y socorristas voluntarios de la provincia de Buenos Aires recorrieron la zona de Wharton, dialogando con vecinos y realizando un reconocimiento del sector para delinear aspectos clave de la etapa de rehabilitación.
Se recomienda a la población evitar zonas de peligro por riesgo de caída de árboles y mantenerse informada a través de canales oficiales. Además, sigue prohibido hacer fuego al aire libre y ante cualquier columna de humo, se debe dar aviso inmediato al 103.
Asimismo, el COEM dispuso la reanudación del transporte público en Mallín Ahogado y evalúa la transitabilidad hacia Wharton y la zona de campings.

Recursos desplegados para combate del incendio
- SPLIF Río Negro: 46 combatientes con herramientas, equipos de bombeo y 12 móviles, más todo el personal de la central entre logística, pañol, taller, comunicaciones y técnica abocado a la emergencia.
- Servicio Nacional de Manejo del Fuego: 56 combatientes con herramientas manuales.Medios aéreos: 1 helicóptero UH 1H del Ejército Argentino, 2 helicópteros Bell 407 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y 2 aviones hidrantes AT 802. Se asiste con pronóstico específico de incendios.
- Bomberos de Villa Gesell: 24 combatientes.
- Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
- Protección Civil Provincial: 8 agentes y 3 móviles.
- Bomberos de Policía de Río Negro: 14 combatientes con 1 URO y 1 Scam.
- Bomberos de la provincia de Buenos Aires: 8 combatientes con 1 URO y 1 móvil.
- Equipo del Aeródromo El Bolsón.
- ALTEC: Garantizó mejoras en la conectividad por gestión del gobernador Alberto Weretilneck.
- Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.
- Coopetel: Vehículos y trabajadores a disposición de COEM, instalación de redes wifi en Centro Administrativo Provincial, SPLIF y Aeródromo. Puntos Wifi Libres para damnificados en Wharton, Escuelas 103 y 118, CEA3, Polideportivo Municipal y Planta de Gas de Coopetel Energía.
- Laderas del Perito Moreno.
- Lago Escondido: 1 Helicóptero Bell 429 LV-FUR.
- Ministerio de Desarrollo Social.
- SIARME: Dispositivo de ambulancia, médico, chofer, enfermera y complejidad en la ambulancia.
- Subsecretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro: 2 móviles, 4 guardas ambientales y 1 cuatriciclo.
- Aguas Rionegrinas.
Recursos desplegados en logística
- Personal de Servicio de Apoyo escolar para maestranza en las oficinas.
- Ministerio de Defensa de la Nación.
- Ejército Argentino: 24 personas y 5 vehículos (1 MB 1725, 1 UG 416, 1 Ranger Militarizada, 1 Partner, 1 MB 1726).
- COER.
- Vialidad Provincial.
- INTA Campo Forestal San Martín recorre preventivamente Loma del Medio.
- Ministerio de Seguridad de Río Negro.
- Secretaría de Gobierno de Río Negro.
- Municipalidad de El Bolsón: Coordina el COEM Municipal.
- Policía de Río Negro.
- Secretaría de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro.
- Seguridad Vial Provincial.
- EDERSA.
- Consejo Escolar.
- Hospital de Área El Bolsón: Con dos puestos sanitarios en Pampa de Mallín y Escuela 103, Costa del Río Azul.
- Servicio Forestal Andino: 6 agentes con 5 móviles a disposición.
- CAEB: Con recorredores.
- Gendarmería Escuadrón 35 El Bolsón.
- DPA: 4 agentes, 3 camionetas, 1 topadora, 1 retroexcavadora y un camión con carretón.
- Vialidad Nacional.
- Comisión de Auxilio Comarcal: En apoyo a la redistribución de agua en terreno.
- Grupo de voluntarias de kinesiología y terapeutas.
- Bannex: Baños químicos.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.

El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.

Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.

Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.





