Una empresa del rubro metalúrgico del Alto Valle sufrió una estafa que comenzó a más de 1.000 kilómetros de distancia. El teléfono que utilizaba para sus operaciones bancarias funcionaba en Río Negro y Neuquén. Sin embargo, una persona se presentó en una oficina de telefónica de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, y retiró una nueva tarjeta SIM correspondiente a esa línea. La empresa nunca había solicitado el cambio.

El teléfono original perdió el servicio y la línea comenzó a funcionar en otro dispositivo. Apenas unos minutos después, los estafadores consiguieron activar el sistema de seguridad bancaria en un nuevo equipo.

Se registraron transferencias hacia cuentas desconocidas y se gestionó un préstamo por internet. El propio sistema del banco rechazó dos operaciones porque detectó cuentas sospechosas, pero permitió que continuaran otras transferencias. Cuando la firma advirtió los movimientos, ya había perdido el control de sus fondos.

La empresa metalúrgica presentó en el Poder Judicial una demanda por daños y perjuicios contra Banco Galicia y Telefónica. El fuero Civil de Roca hizo lugar al reclamo y condenó a ambas compañías de manera solidaria. La sentencia consideró que las dos empresas incumplieron sus obligaciones de seguridad.

La modalidad utilizada se conoce como SIM swapping. Este tipo de fraude deja a los usuarios sin acceso a sus cuentas bancarias y aplicaciones en cuestión de minutos. Consiste en obtener fraudulentamente una nueva tarjeta SIM asociada al número telefónico de la víctima para suplantar su identidad y acceder a claves o datos confidenciales sin que lo advierta de inmediato.

Durante el proceso, las dos compañías rechazaron su responsabilidad. Banco Galicia sostuvo que sus sistemas de seguridad no habían sido vulnerados y atribuyó el fraude a la empresa telefónica o a terceros.

Telefónica, por su parte, afirmó que el cambio de SIM se había realizado de manera presencial, con una autorización telefónica previa. También sostuvo que el fraude bancario respondía a problemas en los mecanismos de verificación de identidad utilizados por el banco. Ambas cuestionaron los daños reclamados y la aplicación de la normativa de defensa del consumidor.

La jueza determinó que correspondía aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, aunque la damnificada fuera una sociedad comercial. Explicó que los servicios bancarios y telefónicos no se incorporaban directamente a la actividad productiva de la metalúrgica, sino que eran utilizados para su funcionamiento cotidiano.

También señaló la desigualdad técnica y de información entre una empresa del Alto Valle y dos grandes prestadoras nacionales. Sobre esa base, aplicó las normas que protegen la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, además de las obligaciones previstas en el Código Civil y Comercial.

Las pericias informática y contable permitieron reconstruir la maniobra. La compañía telefónica había entregado la nueva SIM sin documentación suficiente para acreditar su autorización. Tampoco pudo demostrar la existencia de la llamada que supuestamente habilitó el trámite. En cuanto al banco, los registros mostraron que el nuevo dispositivo obtuvo acceso al sistema de autenticación desde una dirección de internet ajena a la habitual de la empresa. Además, la entidad detectó operaciones sospechosas, pero no bloqueó la cuenta ni acreditó haber alertado a su clienta.

Al analizar las responsabilidades, la jueza sostuvo que «en el caso de la empresa de telefonía debía asegurar que solo el titular de la línea y/o o quien éste autorice, pueda disponer de ella; mientras que la entidad bancaria debía asegurar que solo su cliente pueda disponer de los fondos depositados y obligarse en su nombre. Nada de ello fue cumplido, encontrándose acreditada la vulnerabilidad en las medidas de seguridad de las empresas demandadas».

Para fundamentar la sanción adicional, la jueza valoró la gravedad de los incumplimientos y la falta de respuesta efectiva ante el fraude. También tuvo en cuenta la capacidad de ambas compañías para implementar controles de seguridad y la necesidad de evitar que estas situaciones se repitan.

Una mujer de 26 años y un hombre de 32 fueron detenidos durante la tarde del lunes (26/10), luego de ser sorprendidos cuando sustraían rollos de alambre de púa del cerco perimetral de una chacra en la zona de Barrio Mosconi, en General Roca.

El hecho se conoció a partir de un llamado al Centro de Monitoreo que alertó sobre la presencia de dos personas a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, quienes retiraban el alambrado de un establecimiento ubicado en las calles Huenchulafquen y Romagnoli.

Tras recibir la alerta, una patrulla de la Comisaría 48° se dirigió al sector y logró interceptar a los sospechosos sobre calle Romagnoli, pasando la calle Nahuel Huapi. Ambos circulaban en la moto y llevaban consigo un rollo de alambre de púa que acababan de extraer del predio.

El propietario confirmó el faltante y adelantó que radicaría la denuncia penal en la sede policial. Por su parte, la fiscalía de turno dispuso la detención formal de la pareja en el marco de una causa caratulada como robo en grado de flagrancia.

Un hombre de 47 años fue detenido durante la madrugada de este martes (27/10) en General Roca, acusado de sustraer dos tartas de un comercio del rubro gastronómico.

El hecho se conoció cuando la propietaria de un local ubicado en calle Belgrano al 90 alertó al Centro de Monitoreo sobre un sujeto que había tomado los productos y escapado del establecimiento.

A partir del aviso, efectivos de la Comisaría 3° desplegaron un recorrido por las inmediaciones y lograron localizar al sospechoso en la intersección de las calles México y Buenos Aires. Al identificarlo y revisar sus pertenencias, encontraron las dos tartas dentro de la mochila que llevaba consigo.

La damnificada radicó la denuncia penal en la sede policial y aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad del comercio. Por disposición de la Fiscalía de turno, el hombre quedó detenido y se iniciaron las actuaciones correspondientes en una causa caratulada como hurto.