Hoy el ex intendente de Cervantes, Gilberto Montanaro -en el marco de un acuerdo abreviado pleno- reconoció haber cometido los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso, y aceptó una pena de 3 años de ejecución condicional con el cumplimiento de reglas de conducta. El juez de Garantías interviniente dará a conocer su resolución el próximo jueves (30/04) a las 12.30.

La condena comenzará a cumplirse de forma inmediata una vez que el juez comunique su sentencia, ya que tanto la fiscalía como la defensa particular del imputado renunciaron a los plazos procesales.

Pedido de declaración de responsabilidad y pena

La Fiscalía solicitó la declaración de responsabilidad penal y la pena de 3 años de prisión condicional de Gilberto Montanaro argumentando que no presenta antecedentes penales computables, teniendo presente su edad -75 años-, y sus condiciones socioculturales.

Además, requirió que se le imponga la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y el cumplimiento de reglas de conducta como la prohibición de salir, presentaciones periódicas ante el órgano contralor, mantener el domicilio y no cometer nuevos delitos. «Todo esto debe cumplirse o de lo contrario podría revocarse la condicionalidad», expresó la fiscal jefa.

El defensor particular destacó que su cliente recibió el asesoramiento adecuado, y que se le han indicado los alcances del acuerdo pleno. «En este sentido la situación de Montanaro ha sido la que más ha complicado este caso en particular. Además el ex intendente tiene 75 años, esta causa se inició hace 9 años atrás, cuando tenía 66. Como ya expresó realmente está cansado de este proceso y todo lo que implicaría continuar, que llevaría al menos 4 o 5 años más. Por eso se evaluó el riesgo del caso pero también darle un cierre definitivo», resaltó el defensor.

A su turno, el imputado reconoció ante el juez haber cometido los delitos indicados por el Ministerio Público Fiscal y también aceptó la pena propuesta.

La resolución acerca del acuerdo abreviado pleno se conocerá el próximo jueves (30/04) a las 12.30 en los Tribunales roquenses.

Desarrollo de la audiencia celebrada esta mañana

Durante casi tres horas, la Fiscalía leyó más de 80 puntos de sustento probatorio que involucró la denuncia e investigación del acuerdo firmado entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y el Municipio de Cervantes, representado por Montanaro en su calidad de intendente, que luego continuó como Secretario de Gobierno y Producción.

«Concretamente, el funcionario debía cumplir lo dispuesto por el acuerdo y sus anexos -firmado en noviembre de 2014- para construir 135 viviendas e infraestructura, dividido en tres planes», explicó la Fiscalía.

«El monto que implicaba en ese momento los tres planes de viviendas equivalía a $61.101.000 pesos. De esta manera, fueron licitadas y adjudicadas 44 viviendas e infraestructura por un monto total $19.914.400 a cargo de Baszkir construcciones, 48 viviendas e infraestructura por $21.724.800 a cargo de Eraiki S.A., y 43 viviendas e infraestructura por un monto total de $19.461.800 a cargo de ECA S.A.», detallaron las fiscales.

«Con la entrega de certificación de obras falsas, el intendente indicaba a Nación el avance de la obra, que terminó significando un desembolso total y recibido por el erario municipal de $60.995.019,86, es decir que el municipio entonces recibió el 99,83 % del ACU 1922/2014», detalló el Ministerio Público Fiscal.

«Todo esto significó que con las 135 viviendas que conformaban este ACU, se benefició indebidamente a las constructoras ya que se informaba un avance mayor al efectivamente realizado y por obras ajenas y por fuera del circuito regulado, violando la ley», dijo la fiscal.

La Fiscalía mencionó -entre la prueba -la denuncia penal interpuesta por la referente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nación, donde se inició la investigación y diversos informes de organismos nacionales que se obtuvieron en distintos allanamientos.

Se agrega lo propio del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Rio Negro (IPPV), ordenanzas, las filmaciones de drones en ocasión de relevamientos efectuados acerca de las 135 viviendas, las licitaciones públicas, los dictámenes de pre-adjudicación, las actas de inicio de la construcción, las facturas emitidas por las empresas, los convenios de rescisión de contratos.

Además las pericias caligráficas, los informes remitidos por el coordinador de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General de Rio Negro, informes de ARCA, informes de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF) y las entrevistas que verificaron toda la prueba documental mencionada.

Efectivos de la Comisaría 31º protagonizaron un importante operativo que terminó con el secuestro de una motocicleta con pedido vigente y la intervención de la Justicia por la demora de un adolescente.

Tras una persecución iniciada en plena recorrida preventiva, los sospechosos intentaron evadir a la Policía circulando a alta velocidad por distintas zonas de General Roca. La fuga incluyó maniobras riesgosas y el paso por el sector de guardia del Hospital Francisco López Lima.

La situación se resolvió en cercanías de calle Chaco, donde uno de los ocupantes fue alcanzado tras intentar escapar a pie. Posteriormente, el hallazgo de una motocicleta abandonada permitió confirmar que el rodado tenía pedido de secuestro.

La fiscal de turno dispuso la intervención de Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para la restitución del menor a sus responsables legales, mientras que la motocicleta quedó a disposición de la Justicia.

La Policía de Río Negro, a través de la Unidad Regional 2°, llevó adelante durante el fin de semana un importante operativo de prevención en General Roca y Allen, con un amplio despliegue de efectivos en la vía pública. Las acciones estuvieron orientadas a reforzar la seguridad en sectores estratégicos, accesos y zonas comerciales de ambas localidades.

El operativo fue coordinado por la Jefatura de Zona I, lo que permitió una planificación unificada y una intervención eficiente. En General Roca, los controles se concentraron en puentes, arterias principales y sectores considerados puntos de evasión, donde se realizaron identificaciones de personas y verificación de vehículos.

Además, el Cuerpo de Seguridad Vial llevó adelante un procedimiento específico sobre Ruta Provincial N° 65, con el objetivo de fortalecer la prevención en la circulación. El trabajo conjunto entre Comisarías 3°, 21°, 31° y 48°, junto a la Brigada Motorizada de Apoyo, permitió una cobertura integral del territorio.

Por su parte, en Allen, efectivos de la Comisaría 6°, con el acompañamiento de la Brigada Motorizada de Apoyo y el Cuerpo de Seguridad Vial, reforzaron la presencia en la zona céntrica y sectores aledaños, mediante controles en puntos estratégicos donde se realizaron identificaciones de personas y verificaciones vehiculares, en el marco de acciones preventivas sostenidas. Asimismo, se registró una intervención por infracción a la normativa vigente.