Río Negro
Transporte de pasajeros: Río Negro firmó subsidios por más de $410.000.000
Alcanza al servicio urbano de Roca y también al interurbano que presta KoKo en el Alto Valle.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, firmó hoy (11/03) los convenios del subsidio provincial al transporte de pasajeros de concesión provincial y los correspondientes al subsidio al transporte urbano para distintas localidades de la Provincia. La firma de lo suscripto asciende a 410 millones de pesos mensuales, recursos rionegrinos fundamentales para el sostenimiento del transporte público de pasajeros.
En este sentido, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, explicó que «firmamos los convenios con las empresas de transporte interurbano de pasajeros y en el caso del Municipio de Viedma, el subsidio para el transporte local, subsidios que también se firmarán con 7 municipios más».
«Esto ha sido una decisión que ha tomado el gobernador Alberto Weretilneck de seguir subsidiando el transporte público en Río Negro, tanto para 8 municipios, como para las líneas de transporte interurbanas; y con eso apuntamos a que el usuario no tenga que hacerse cargo del 100% de la tarifa y tenga un alivio a la hora de pagar su boleto», subrayó.
El aporte de financiamiento provincial al transporte urbano también alcanza a los Municipios de Bariloche, General Roca, Cipolletti, Sierra Grande, San Antonio Oeste, sumándose este año también, las localidades de El Bolsón y Fernández Oro por un total aproximado de 160 millones mensuales de pesos. Los fondos rionegrinos resultan fundamentales para acompañar el sostenimiento del transporte local de un servicio que es responsabilidad municipal.
Además, para garantizar el transporte de pasajeros provincial y para que el peso del boleto no impacte de lleno en el usuario, Echarren rubricó los convenios por un total de $252 millones de pesos mensuales con los titulares de cada una de las empresas concesionarias que recorren la Provincia.
Por su parte, el Secretario de Transporte, Juan Ciancaglini, explicó que para el otorgamiento del subsidio al transporte público de pasajeros «básicamente lo que la Provincia analiza es el índice pasajero por kilómetro, las condiciones en qué se ofrece el servicio, la cantidad de pasajeros que se trasladaron por mes, y que los intendentes certifiquen la prestación, y así podemos evaluar qué subsidio corresponde a cada una de las líneas provinciales y a cada una de las empresas prestadoras de los servicios urbanos». Asimismo, destacó que, si la Provincia no acompañara tanto a las líneas provinciales como a los servicios urbanos, mínimamente el boleto se duplicaría y en algunos casos hasta llegaría a ser el triple de lo que es hoy».
Además de los representantes de las empresas de transporte, estuvo presente la jefa de Gabinete de Viedma, María Eugenia Serra, municipio que recibirá un total de $23 millones de pesos mensuales para el sostenimiento del transporte urbano de la Capital provincial.
Al respecto la funcionaria destacó el acompañamiento de la Provincia para dar continuidad al servicio del transporte público urbano de pasajeros «entendiendo que para nuestra comunidad, para Viedma, es muy importante; hoy el boleto colectivo está a 980 pesos y es importante que quienes utilizan el transporte entiendan que sin este acompañamiento, el boleto tendría que estar entre 2.000 a 2.500 pesos, así que son decisiones muy valiosas, principalmente para quienes hoy utilizan este servicio tan esencial».
Estuvieron presentes: Héctor Castro de Transporte Las Grutas SA y Patagonia Land SRL, Fabricio Balogh de Fredes Turismo SRL, Edgardo Martel de Cooperativa de Trabajo El Juncal LTDA, y María José Lizagaray como representante de la firma KoKo SA y Vía Bariloche SA. Pehuenche SA es otra de las empresas que también recibe subsidio por parte de la provincia.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
Río Negro
Rutas 6 y 8: Histórico pavimento urbano para El Cuy
Será la primera Comisión de Fomento de Río Negro en contar con pavimento urbano.
El Gobierno de Río Negro avanza con una obra clave para la integración territorial y suma un hito histórico en El Cuy: la localidad será la primera Comisión de Fomento en contar con pavimento urbano, en el marco de las obras de repavimentación de las Rutas Provinciales N° 6 y N° 8.
En este contexto, Vialidad Rionegrina ejecuta la pavimentación de calles colectoras paralelas a la Ruta N° 6, junto con la iluminación de ambas banquinas, lo que transformará el paso por la localidad en una verdadera travesía urbana. Ya comenzaron los movimientos de suelo y la construcción de dársenas de giro y colectoras, mejorando la circulación y reforzando la seguridad vial.
El impacto es directo: accesos completamente asfaltados, mejor conectividad y condiciones para el desarrollo local. Se trata de un cambio estructural para la comunidad, que por primera vez contará con pavimento urbano, facilitando el acceso a servicios y generando nuevas oportunidades.
La obra forma parte de la intervención vial más importante de la provincia, con más de 180 kilómetros de repavimentación en las Rutas N° 6 y N° 8, a lo que se suman banquinas asfaltadas, nuevas dársenas en empalmes estratégicos y espacios de control de cargas para preservar la infraestructura.
Un corredor que integra y proyecta desarrollo
El proyecto fortalece la vinculación entre el Alto Valle y la Región Sur, consolidando un corredor clave para la producción, el turismo y la actividad económica. Cada obra responde a un plan: mejorar la conectividad, integrar el territorio y preparar a Río Negro para una nueva etapa de crecimiento.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
