La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un plenario federal de delegados para este martes (11/11) a las 14 horas para debatir la posibilidad de una nueva medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral que prepara el Gobierno y exigir la inmediata reapertura de las paritarias. «Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

«El Gobierno está mintiendo. Tiene que explicar con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso. No va a ocurrir quitando derechos», detalló el referente estatal. El plenario se realizará en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato con dirección en Avenida Belgrano 2527 (CABA).

«Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta», agregó el dirigente de ATE.

En este marco, señaló que «va a empezar a reaparecer la conflictividad. Pasaron las elecciones pero los trabajadores seguimos teniendo los mismos problemas. Son miles los que mensualmente caen debajo de la línea de la pobreza. Una vez que termine de aplacarse el polvo electoral, nos vamos a dar cuenta que todo va a empeorar. Lo peor está por venir porque tenemos un país más endeudado y con menos reservas. Quedó demostrado que el capital político del Gobierno es volátil y no se puede descartar que vuelva a entrar en crisis rápidamente».

«Hemos decidido convocar a un plenario con representantes de todo el país para evaluar el escenario que se abrió después de las elecciones de medio término y definir una medida de fuerza que tenga alcance general», agregó Rodolfo Aguiar.

«Es cierto que el Gobierno logra un aval electoral, pero eso no lo habilita a hacer cualquier cosa ni a actuar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

El proyecto que el Gobierno está redactando incluiría la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan. El mismo sería presentado en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.

En lo que respecta a la situación salarial, el periodo paritario que va desde junio de 2025 a mayo de 2026 inició con la mesa de negociación del 23 de julio. En aquel encuentro, la comitiva del Ministerio de Trabajo ofreció un 1,3% para junio (retroactivo), 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. ATE rechazó el ofrecimiento, mientras que UPCN aceptó.

Hasta el momento, todos esos incrementos quedaron por debajo de la evolución de los precios publicada por el Indec: 1,6% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 2,1% en septiembre.

Luego de la presentación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, exigió que regularice el envío de fondos a las provincias y municipios. «El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas la mayoría de las provincias durante los últimos 22 meses», indicó.

«Si las asunciones de Adorni y de Santilli no van acompañadas de la reapertura de las paritarias en la administración pública nacional y la devolución de los fondos que durante todo este tiempo le quitaron a las provincias, necesariamente generará un aumento de la conflictividad», agregó el dirigente nacional.

En este marco, Aguiar explicó que «la caída en la recaudación de los impuestos coparticipables por la recesión, el freno de la obra pública nacional y el recorte de las transferencias no automáticas, en este momento golpean fuertemente las economías provinciales».

«La eliminación de los fondos compensadores al transporte y el de incentivo docente ha agravado las dificultades financieras en todos los distritos. El modelo económico nacional genera como consecuencia que los municipios tengan que realizar ajustes para sostener el funcionamiento diario. Este programa no sólo se traduce en un recorte salarial sino que aumenta la precarización de estatales provinciales y municipales», agregó el secretario general de ATE Nacional.

«Desde que asumió Milei se han destruido los salarios en el Sector Público nacional y ahora van por las provincias y los municipios. Se trata de un ajuste potente y regresivo que penetra en cada rincón del país», concluyó Aguiar.

Los primeros 23 meses de gestión de Javier Milei se caracterizaron por una fuerte reducción de fondos hacia las provincias y municipios. Por un lado, las transferencias no automáticas cayeron un 79% en términos reales durante todo el 2024, lo que impactó directamente en el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo compensador del transporte, la compensación de la caja de jubilaciones, las obras en provincias y municipios, entre otros recortes.

Por otro lado, las transferencias automáticas de Nación a provincias en 2024 fue la segunda más baja de los últimos 10 años, quedando un 9,8% por debajo del 2023.

En tanto, a fines del año pasado quedaron sin repartir a las provincias el 92,7% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que representa 630.098 millones de pesos. Algo similar ocurre en el primer semestre del 2025, con apenas 90 mil millones girados del total de 350 mil millones recaudados.

Además, más de la mitad de las obras públicas heredadas de la gestión anterior están paralizadas: de unas 2.700 inconclusas, el 54% no tuvo ningún avance bajo el actual gobierno.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «la reforma laboral propuesta por el Gobierno va a acelerar la destrucción del empleo» y sostuvo que «se trata de una regresión sin precedentes para la Argentina. No podemos permitir que se apruebe».

«Detrás del concepto de modernización se esconde más explotación y precarización. Intentan debilitar la protección de los trabajadores, atacar y fragmentar a los sindicatos. Los convenios colectivos son una conquista histórica del movimiento obrero y tienen que saber que estamos dispuestos a defenderlos hasta las últimas consecuencias», agregó el referente estatal.

Desde el sindicato aseguraron que «el proyecto que el Gobierno está redactando incluye la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, la existencia de acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan». El mismo sería presentado en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, según anunció el vocero Manuel Adorni.

«Los salarios dinámicos son una trampa. La idea de pagar por mérito aumenta las desigualdades y amplía la brecha de género. En realidad lo que quieren es premiar la docilidad y no el esfuerzo de los trabajadores», agregó Rodolfo Aguiar.

«Tiene que quedar claro que no nos negamos a que se implemente una reforma laboral. El problema acá es quién la discute, porque modernizar en serio sería, por ejemplo, repensar la jornada laboral que en el mundo tiende a reducirse, garantizar la igualdad de oportunidades e incorporar la digitalización sin pérdida de derechos. Estamos de acuerdo con una reforma que amplíe derechos, pero no con esta que está redactada a medida de las grandes patronales y solo para elevar sus márgenes de rentabilidad. La mayoría de los trabajadores son pobres y los empresarios todos ricos. En la Argentina alguna vez nos vamos a tener que animar a discutir la riqueza para poder terminar con la pobreza. Es fácil, si quisieran y para superar rápidamente la crisis del mercado laboral tendrían que derogar la Ley Bases», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Desde que asumió Javier Milei, la desocupación subió de 5,7 a 7,6%, lo que representa más de 2,3 millones de personas.