El gremio docente UnTER ratificó el paro de 48 horas previsto para esta próxima semana, luego de que el Gobierno de Río Negro no realizara una nueva convocatoria a paritaria antes del 30 de abril, tal como había sido exigido por el sindicato en el último Congreso. La medida de fuerza se llevará adelante a partir del primer minuto de este martes (05/05) y se extenderá hasta las 23.59 horas del miércoles (06/05).

El paro había sido definido en el CCCXCIII Congreso General Extraordinario realizado el pasado 22 de abril en Fernández Oro, que estableció un plazo para retomar la discusión salarial. Al no concretarse ese llamado antes del comienzo del mes de mayo, el gremio confirmó la continuidad del plan de lucha, que incluye un paro de 48 horas con acciones provinciales y locales para mañana y pasado.

Desde UnTER reclaman una nueva propuesta salarial que contemple una recomposición real de los haberes, con actualización por inflación y un salario mínimo de $2.000.000. Además, exigen la incorporación de sumas no remunerativas al básico y cuestionan la utilización del índice de inflación de Viedma, en lugar del de la región patagónica.

En paralelo, el gremio reiteró críticas a distintas políticas del Gobierno provincial, como la aplicación del presentismo, las auditorías médicas y reformas educativas que consideran inconsultas.

Asimismo, se ratificaron medidas de visibilización del conflicto, entre ellas movilizaciones, clases públicas y una marcha de antorchas en cada localidad, además de la posibilidad de profundizar las acciones en caso de no haber respuestas oficiales.

El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.

Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».

Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.

También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.

En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.

Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.

Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.

El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.

«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..

«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.

A partir de reiteradas pérdidas de agua y desbordes cloacales en distintos puntos de General Roca, el Municipio solicitó una urgente intervención a la empresa provincial Aguas Rionegrinas (ARSA). Las filtraciones, que se extienden en varios barrios, generan serios inconvenientes para vecinos y vecinas, especialmente por el deterioro que provocan en la vía pública.

Entre los puntos más críticos señalados esta semana se encuentran la entrada al barrio Malvinas, sobre calle Vintter, y diversos sectores de barrio Alta Barda, como Petunias al 5.300, Los Jazmines al 2.200, la intersección de Copihues y Amapolas, y Petunias y Roque Sáenz Peña. En estos lugares, las pérdidas han derivado en pozos que complican la circulación y elevan el riesgo para conductores y peatones.

Desde el Ejecutivo local indicaron que, si bien se mantiene el diálogo con Aguas Rionegrinas y se han logrado resolver algunos reclamos puntuales, el problema de fondo persiste. La acumulación de agua en la calzada deteriora tanto calles asfaltadas como de tierra, generando nuevas roturas incluso después de haber sido reparadas.

La secretaria de Obras Públicas, Carla Colombo, explicó que la empresa atribuye la situación a la antigüedad de los materiales del sistema troncal. Según detalló, la renovación integral demandaría inversiones de gran magnitud que solo podrían concretarse con financiamiento internacional.

En este contexto, el Municipio reiteró su disposición «a colaborar dentro de sus posibilidades para avanzar en soluciones», aunque remarcó que «la responsabilidad del servicio recae en la empresa provincial». Mientras tanto, los reclamos de vecinos continúan multiplicándose ante la falta de respuestas definitivas.

Desde el gobierno local recordaron que las denuncias por pérdidas de agua o desbordes cloacales deben canalizarse directamente ante Aguas Rionegrinas, ya sea en sus oficinas ubicadas en Don Bosco 1669 o a través de la línea gratuita 0800-999-24827.