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Río Negro

Río Negro superó los 100 usuarios generadores de energía renovable

El caso que marcó el hito fue el del galpón de empaque Frutas Vicente, en Ingeniero Huergo.

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La Provincia de Río Negro alcanzó a fin de marzo los 100 usuarios generadores (UGER) que producen su propia energía a partir de fuentes renovables. El caso que marcó el hito fue el del galpón de empaque Frutas Vicente, en Ingeniero Huergo.

La generación distribuida es un sistema que permite a personas, empresas y organizaciones generar electricidad para autoconsumo, generalmente con paneles solares, e inyectar el excedente a la red eléctrica. En Río Negro, esta alternativa ya cuenta con 102 usuarios generadores activos, mientras que otros 8 están en proceso de conexión, según registros del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

Desde el techo del galpón al sistema eléctrico provincial

Frutas Vicente, una empresa familiar nacida en 1993 y dedicada al empaque, conservación y exportación de frutas, se convirtió en el UGER 100 de la provincia. Aunque ya contaban con paneles solares desde 2022, recién a fines del año pasado completaron los trámites para conectarse oficialmente al sistema de generación distribuida. Desde marzo ya comenzaron a figurar en los registros públicos como un nuevo usuario generador haciendo sus primeros aportes a la red eléctrica.

«Estuvimos un año produciendo en modalidad de inyección cero, y a partir de noviembre del año pasado nos presentamos como UGER para poder inyectar a la red el sobrante, que es mínimo, pero siempre algo sirve», explicó Facundo Carbajo, gerente general de Frutas Vicente.

El parque solar instalado en sus techos tiene una potencia de 100 kilovatios y cuenta con unos 200 paneles. Toda la energía generada es destinada al funcionamiento de los galpones y cámaras frigoríficas. «Nosotros consumimos todo lo que generamos. La idea que tuvimos con los paneles solares era solamente cogenerar. No utilizamos baterías», aclaró Carbajo.

Una decisión estratégica en tiempos de inflación

La empresa tomó la decisión de invertir en energía solar a mediados de 2022, luego de evaluar distintas propuestas. «Se me despertó la lamparita. Vi los números y estaba previendo cómo estaba la situación económica del país, con el dólar por disparar y sabiendo que las tarifas de energía estaban bajas», relató el gerente.

Finalmente, optaron por trabajar con una empresa de Plottier. «Decidimos trabajar con ellos por la cercanía y el servicio que nos podían ofrecer», señaló.

Producción frutícola con mirada sustentable

Durante la temporada alta, Frutas Vicente emplea a unas 400 personas y cuenta con tres galpones equipados con tecnología de punta, una capacidad de frío para almacenar más de 24 mil toneladas de fruta y una flota de 25 camiones. El uso de energías limpias se suma a un esquema de trabajo que combina innovación con compromiso ambiental.

Actualmente, según informa el EPRE desde su web, la mayor concentración de usuarios generadores está en Cipolletti (29), General Roca (25) y San Carlos de Bariloche (15), reflejando el crecimiento sostenido del interés por las fuentes renovables en distintos puntos de la provincia.

Judiciales

Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos

El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.

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Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.

El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.

Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.

La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.

Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.

La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.

El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.

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Judiciales

Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro

La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.

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Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.

La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.

En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.

La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.

El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.

Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.

El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.

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Río Negro

Río Negro comienza la eliminación del pasivo de transformadores con PCB’s

Se trata de aproximadamente 70 transformadores que fueron retirados a partir del año 2012.

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La Provincia inició el operativo para eliminar el pasivo de transformadores con restos de PCB´s almacenados en Hiparsa, mediante su acondicionamiento y traslado a una planta especializada en Francia para su tratamiento final.

Comenzaron las tareas para eliminar de manera definitiva los pasivos ambientales vinculados a aproximadamente 70 transformadores contaminados con PCB que permanecían almacenados en el predio de Hiparsa S.A., en Sierra Grande. La acción forma parte del plan provincial de gestión de pasivos históricos y busca garantizar un tratamiento seguro y acorde a la normativa internacional.

La medida se concreta a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa Hiparsa, permitiendo avanzar hacia la solución final de estos residuos mediante su traslado a una planta especializada en el exterior. Por la concentración original del contaminante y su reglamentación específica, esta es la única vía autorizada para su eliminación segura.

El plan operativo incluye el acondicionamiento de las carcasas de transformadores que permanecían bajo custodia de Hiparsa -cuyos aceites con PCB fueron retirados en 2012-. Los componentes sólidos serán embalados en big bags de estándar internacional y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con supervisión de Aduana y Prefectura. Luego serán trasladados al puerto para su embarque con destino a Francia, donde la empresa Trédi ejecutará procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación segura y total del contaminante.

El proceso cuenta con financiamiento del Proyecto PNUD ARG20/G27, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento en la planta de destino. Una vez certificada la eliminación, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático gestionará la baja correspondiente en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP), completando así una instancia clave en la gestión ambiental de la provincia.

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