Gremios
ATE se movilizará el miércoles 30 en todo el país
«Da asco escuchar al presidente decir que los salarios siguen creciendo en su poder adquisitivo. Es un fabulador», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una nueva movilización el próximo miércoles (30/04) en todo el país en el marco del Día del Trabajador. Entre los principales reclamos se encuentran «la recomposición salarial luego de una nueva paritaria a la baja, el ajuste a las provincias que repercute en los ingresos de trabajadores municipales y provinciales, y la devaluación impulsada desde el Gobierno nacional en los últimos días».
«Las paritarias en el Estado Nacional son fraudulentas y además han venido condicionando las negociaciones salariales provinciales y municipales. El ajuste en estos distritos se profundiza y la mayoría de los estatales en estos casos tienen ingresos que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
El sindicato manifestó su preocupación por los salarios de los trabajadores provinciales y municipales, los cuales fueron especialmente deteriorados a partir de la baja de transferencias discrecionales en el 2024 (75% en términos reales en promedio) y una caída del 9,8% de los giros por coparticipación en relación al año anterior. Según los datos oficiales, en todo el país hay 2.237.334 trabajadores de las administraciones públicas provinciales y 440.687 municipales.
«Da asco escuchar al presidente decir que los salarios siguen creciendo en su poder adquisitivo. Es un fabulador y muestra que no tiene ni la más mínima idea de lo que está sufriendo la gente. El Ejecutivo ha violentado de manera sistemática el principio de buena fe que debe regir las negociaciones salariales otorgando incrementos que se ubican por debajo de la inflación», agregó el referente estatal.
Los acuerdos salariales en el primer trimestre del año (1,5% en enero, 1,2% en febrero y 1,3% en marzo) quedaron muy por debajo de la inflación (2,2%, 2,4% y 3,7%, respectivamente). En total, los aumentos acumulados fueron del 4% mientras que la inflación oficial es de 8,5%.
Aguiar también puntualizó sobre las últimas medidas económicas del Ejecutivo. «El Gobierno definió una devaluación encubierta que impacta negativamente en todos los trabajadores. Nadie puede negar la remarcación masiva y generalizada de todos los precios. Con los mismos ingresos de hace un mes, un hogar no puede cubrir las mismas prestaciones y garantizar la misma cantidad de productos, bienes y servicios».
«La medida de fuerza del día 30 nos tiene que servir para rechazar el nuevo acuerdo con el FMI y la intención del Gobierno de acelerar el proceso de fusión de organismos públicos y privatización de empresas estatales. Está gente llegó al Gobierno para vender todo y tenemos que impedirlo. El Gobierno sufre una pérdida de consenso social. Es un momento que tenemos que aprovechar para empezar a recuperar todos los derechos que en estos 16 meses nos quitaron», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Además, la entidad gremial rechazó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que «no sólo implica un nuevo endeudamiento de al menos 20 mil millones de dólares, sino también una serie de exigencias como una reforma previsional, reforma y flexibilización laboral, reforma tributaria, reforma en el régimen de coparticipación y el intento de privatización de empresas públicas».
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
