Política
El Gobierno asegura que se generó una «notable disminución del gasto generado por licencias médicas mal otorgadas»
Así lo aseguraron desde el Ministerio de Hacienda, luego del pedido de informes que surgió por parte de legisladores de la oposición.
El control de ausentismo por licencias médicas de los empleados públicos, implementado por el Gobierno de Río Negro, evitó que el Estado provincial erogara un monto estimado de $9.825.197.652 entre septiembre de 2024 y abril de 2025, al rechazar licencias médicas no justificadas. Así lo aseguraron desde el Ministerio de Hacienda y destacaron en este sentido que «se trata de dinero público, de todos los rionegrinos y rionegrinas, que se gastaba sin la correspondiente contraprestación del trabajo por parte del agente, ya que hacían un uso incorrecto de las licencias médicas».
Este control es llevado adelante por la empresa Dienst Consulting S.A., prestador de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. – ART de la Provincia, cuyo costo inicial es de $292.000.000 mensuales. «Entre septiembre de 2024 y abril de 2025, el servicio costó la suma de $2.336.000.000, mientras que las licencias médicas de corto plazo no convalidadas por el servicio contratado, significan una estimación de $9.825.197.652 en el periodo mencionado», aseguran desde la cartera de Hacienda.
«La diferencia de $7.489.197.652 marca a las claras la efectividad del nuevo sistema implementado, justificando la inversión, que ha permitido bajar sensiblemente la cantidad de abusos al sistema que se estaban produciendo, impactando directamente en detrimento de aquellos empleados y empleadas que efectivamente cumplen día a día con sus tareas como corresponde. Debe tenerse en cuenta que las ausencias, en muchos casos deben ser cubiertas por otros agentes, en otros casos cubiertas por recargo de horas en los que siempre cumplen con sus obligaciones y en los casos imposible de reemplazar de alguna de las maneras señaladas, se paga con menor calidad de servicio a los ciudadanos», añadieron.
Todos estos indicadores forman parte de la respuesta al Pedido de Informes respectivo realizada desde el Ministerio de Hacienda de la Provincia a la Legislatura. «La contratación del servicio especializado, surge como consecuencia de haberse detectado una falta total de control de las licencias de corto tratamiento por razones de salud de los agentes públicos provinciales y/o familiares, contando sólo con la intervención de las Juntas Médicas Provinciales, que si bien cumplen una función importante, sólo tienen competencia para actuar en las licencias de largo tratamiento. Esto generaba un problema estructural en el sistema de control, ya que una parte considerable de licencias por razones de salud no era debidamente auditada y se aprobaban sin ningún control», explicaron.
Frente a esta situación, «con la finalidad de garantizar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos, mejorar la gestión y evitar abusos en el sistema de licencias médicas, se decidió requerir a la empresa Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., el servicio de Medicina Laboral, que incluye las auditorías sobre las licencias por razones médicas de los agentes de la Administración Pública Provincial, la que brinda tal servicio a través de su prestador, Dienst Consulting S.A., en el marco del contrato de afiliación entre la ART y el empleador, Gobierno de la Provincia de Río Negro».
«Cabe resaltar que, este plan complementario de monitoreo de la salud de los empleados públicos amparados por la ART, prevé el chequeo de afecciones que ameritan licencia médica justificada, monitoreo de la salud y control de tratamientos, con el fin de prevenir y promover la salud de los trabajadores, contribuyendo a la reducción del ausentismo y su efecto perjudicial para los trabajadores que quedan expuestos a sobrecargas de tareas, procurando ambientes laborales saludables para los mismos», indicaron.
En el contrato entre la ART y su prestador, cuya copia se remitió a la Legislatura, el costo del servicio mensual inicial se estableció en $ 5.615,38 por empleado (52.000 empleados), es decir, $ 292.000.000, lo que representaba a esa fecha un 0,003% del costo estatal que se busca optimizar con este servicio, o sea de la masa salarial.
Como resultado de la implementación de este control, en el primer mes -septiembre 2024- se encontraron irregularidades o inconsistencias en el 53% de las licencias presentadas y auditadas, lo que evitó una erogación cercana a los $1.600.000.000 por licencias por enfermedad propia o de familiar a cargo, presentadas por los agentes públicos que no ameritaban su justificación. «Esto demuestra el acierto y la efectividad de la decisión política de afrontar el problema del ausentismo de los empleados públicos provinciales relacionado a licencias por razones de salud y su modalidad, debido al abuso desmedido que existía al no contar con ningún tipo de control», ratificaron desde el Ejecutivo.
Gremios
Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
Política
Río Negro entre las provincias con menor desocupación
Según el INDEC, la tasa es del 1,3%, dato que ubica a la provincia en el segundo lugar a nivel nacional, muy por debajo del promedio del 7,5%.
Río Negro se consolida como una de las provincias con menor desocupación del país, con una tasa del 1,3%, según datos del INDEC correspondientes al cuarto trimestre de 2025. El dato ubica a la provincia en el segundo lugar a nivel nacional, muy por debajo del promedio del 7,5%. «Tenemos un rumbo definido, que da confianza para invertir y crecer», destacó el gobernador Alberto Weretilneck.
«Este resultado refleja una dinámica sostenida, con crecimiento en sectores productivos, energéticos y de servicios, pero también pone en valor el talento de los rionegrinos y rionegrinas, que son protagonistas de este proceso. Río Negro tiene capacidad, formación y vocación de trabajo, y eso se traduce en oportunidades concretas y en estos indicadores positivos», indicó el mandatario provincial.
«Hoy Río Negro registra una desocupación del 1,3%, la segunda más baja de la Argentina. Además, el empleo privado creció un 0,7%, ubicándonos entre las únicas provincias que hoy están generando trabajo», afirmó Weretilneck.
El gobernador remarcó que estos resultados responden a un modelo sostenido en el tiempo: «Reglas claras, previsibilidad económica, estabilidad política y un rumbo definido que da confianza para invertir y crecer. Acá no se cambian las reglas a mitad de camino».
En esa línea, la provincia cuenta con herramientas y leyes que priorizan el empleo rionegrino, promoviendo que el crecimiento económico se traduzca en más oportunidades para los trabajadores locales y que cada inversión tenga un impacto directo en las familias de la provincia. «Sabemos que falta. No vamos a parar hasta que la desocupación sea cero en Río Negro», sostuvo, y destacó el rol estratégico de la región: «Junto a la provincia hermana de Neuquén, la Norpatagonia se consolida como el lugar donde empieza a construirse la nueva Argentina. Este es el rumbo, tenemos con qué».
El dato ratifica que Río Negro avanza en una nueva etapa productiva, donde la generación de empleo es una prioridad central, con un modelo que vincula inversión, desarrollo y oportunidades concretas para los rionegrinos.
Datos del informe nacional
El informe del INDEC muestra un escenario nacional complejo, con una desocupación del 7,5% y más de 1.600.000 de personas sin trabajo. En ese contexto, Río Negro se posiciona entre las provincias con mejores indicadores del país.
Las cinco jurisdicciones con menor desocupación son Santiago del Estero (0,6%), Río Negro (1,3%), San Luis (1,5%), Jujuy (2,2%) y Neuquén (2,3%), lo que confirma el buen desempeño de la región patagónica y del norte argentino frente a los principales centros urbanos, donde los niveles de desempleo son considerablemente más altos.
