Durante la pandemia, el dueño de una panadería de Cipolletti filmó a uno de sus empleados mientras tomaba mate en el sector de elaboración. Usó esas imágenes como fundamento para el despido, pero el Tribunal consideró que la decisión fue injustificada y ordenó el pago de una indemnización.

El trabajador se desempeñaba como repartidor desde noviembre de 2017. En julio de 2020, firmó una notificación en la que se le comunicó que quedaba prohibido consumir mate dentro del establecimiento. La medida formaba parte de los protocolos sanitarios que la empresa implementó en el marco de la emergencia sanitaria.

Más tarde, el dueño de la panadería presentó videos que mostraban al empleado en la zona de preparación de alimentos. En esas imágenes, se lo observó mientras tomaba mate y apoyaba el recipiente sobre las superficies de trabajo. También ofreció la infusión a un compañero. Según argumentó la empresa, el consumo de mate implicaba un riesgo sanitario, ya que el flujo de saliva podía contaminar el entorno, además de que restos de yerba caían sobre la masa cruda destinada a la elaboración de panificados.

El 7 de octubre de 2020, el dueño comunicó verbalmente el despido y lo ratificó por carta documento. Alegó una falta grave que había provocado la pérdida de confianza.

El trabajador rechazó esa acusación. Afirmó que el consumo de mate era una práctica habitual en el lugar de trabajo, tanto por parte de sus compañeros como del propio empleador. También indicó que no existían antecedentes de sanciones por esa conducta.

Durante el juicio, se acreditó que el mate formaba parte de la rutina dentro de la panadería. Además, el Tribunal destacó que el trabajador no contaba con antecedentes disciplinarios y que la empresa no había aplicado sanciones menores antes de recurrir al despido. Señaló que la medida resultó desproporcionada y contraria al principio de progresividad que rige en el derecho laboral.

El Tribunal resolvió que la empresa debía indemnizar al trabajador por despido injustificado. Ordenó el pago de los siguientes conceptos: indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso con su respectivo sueldo anual complementario (SAC), integración del mes de despido con SAC, salario por los días trabajados en octubre de 2020, SAC proporcional del segundo semestre y vacaciones no gozadas. En total son $207.632,91. Además, dispuso la entrega de los certificados laborales.

Ariana Toledo, madre del pequeño Valentín Mercado Toledo, denunció haber sido amenazada por el médico anestesiólogo Mauricio Atencio Krause mientras pegaba carteles en las afueras del Sanatorio Juan XXIII de Roca. El abogado de la familia solicitará medidas cautelares en la audiencia judicial prevista para este miércoles (18/06).

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 9 de Julio y Buenos Aires, en las inmediaciones del sanatorio privado donde Valentín fue intervenido quirúrgicamente. Según el relato de Toledo, mientras colocaba carteles en reclamo de justicia por la muerte de su hijo, fue abordada por el profesional, quien le exigió que se detuviera y le advirtió que «la iba a pasar muy mal». La mujer intentó evitar el conflicto, pero quedó profundamente afectada por el episodio.

Tras lo sucedido, Toledo se dirigió a la Comisaría 3° para realizar la denuncia. Sin embargo, en un primer momento no quisieron tomarla, argumentando que no había lesiones físicas. Finalmente, la denuncia fue radicada y el abogado de la familia, Miguel Ángel Zeballos, confirmó en diálogo con el programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) que el hecho configura un delito, dado que implica un riesgo concreto para la denunciante.

Zeballos anticipó que durante la audiencia judicial de este miércoles pedirá medidas cautelares contra Atencio, incluyendo la prohibición de acercamiento y de hostigamiento por cualquier medio. Si bien no se solicitará prisión preventiva en esta instancia, advirtió que, en caso de reincidencia, se exigirá la detención preventiva del médico.

El trasfondo del caso

Valentín, de apenas cuatro años, ingresó al Sanatorio Juan XXIII el 11 de julio de 2024 para una cirugía programada por una hernia diafragmática. La operación, que debía durar poco más de una hora, se prolongó al doble del tiempo estimado. Aunque los médicos afirmaron que había sido exitosa, el niño nunca despertó. Días más tarde, la familia fue notificada de su muerte cerebral, atribuida a una hipoxia producto de fallas durante el procedimiento anestésico.

La causa judicial avanza con una investigación centrada en presuntas negligencias del equipo médico, especialmente del anestesista, quien habría omitido verificar el funcionamiento del capnógrafo, un dispositivo esencial para controlar los niveles de dióxido de carbono en pacientes bajo anestesia general.

El caso sigue generando conmoción en General Roca y la familia de Valentín continúa exigiendo Justicia.

Durante la tarde de hoy (17/06), tres hombres quedaron imputados por tentativa de homicidio agravado y además el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva para todos por el plazo de cuatro meses teniendo presente el riesgo procesal de posible entorpecimiento a la investigación.

Pese a la oposición de la defensa penal pública, la jueza de Garantías resolvió que los tres continúen detenidos bajo esta medida cautelar.

Según la acusación fiscal, el hecho «ocurrió el pasado 16 de junio a la madrugada a las 6.10 horas aproximadamente en la vereda de Avenida Roca esquina Tres Arroyos. Los tres imputados con un plan común y división de tareas establecidas, se dirigieron a la víctima, lo insultaron, lo rodearon, y le habrían pegado en la cabeza por un pedazo de escombro, provocando que se desplomara en la calle», explicó la fiscal del caso.

«Una vez allí, los restantes hombres, le arrojaron golpes de patadas y puño en la cabeza mientras la víctima yacía en el piso. Todas las lesiones fueron dirigidas a la cabeza ya que tenían por fin acabar con su vida», subrayó la Fiscalía.

«Sin embargo, no lograron su cometido atento la rápida intervención de una transeúnte y del personal de seguridad del local bailable, quienes acudieron en auxilio de la víctima alejando a los agresores», describió la fiscal.

Entre la evidencia presentada para esta instancia, se encuentra el acta de procedimiento policial de la Comisaría 3°, las declaraciones del personal de seguridad y de otras personas que se encontraban en el lugar, la denuncia realizada por la familia de la víctima, el acta de la demora de los imputados en el lugar, y la comunicación de la clínica donde se encuentra internado con pronóstico reservado.

«Contamos además con otro legajo que se inició por un hecho anterior en el que estarían los mismos jóvenes involucrados, el certificado del médico policial acerca de las lesiones que presentaba la víctima, la intervención de SENAF», agregó la Fiscalía.

Asistido por la defensa penal pública uno de los imputados hizo uso de la palabra y tras ello el defensor explicó que para esa parte la teoría del caso era distinta. «Las circunstancias no están claras para esta parte, tampoco esta clara la supuesta división de tareas, por ello vamos a esperar a que estén las pericias que se deben concretar», aclaró.

La Fiscalía solicitó además la prisión preventiva para los tres imputados, teniendo presente el riesgo procesal de entorpecimiento a la investigación por el plazo de cuatro meses. «Estamos frente a un caso de extrema gravedad y necesitamos proteger a los testigos que han prestado declaración», dijo la fiscal del caso.

Pese a que el defensor penal público se opuso, la jueza de Garantías resolvió que se tengan por formulados los cargos por la calificación legal propuesta por la Fiscalía: tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por la participación de un menor de 18 años en grado de co-autores según los Artículos 41 quater, 42, 45, y 80 inc. 6 del Código Penal.

Además, resolvió acerca de la prisión preventiva de los tres, razón por la cual seguirán detenidos.

Cabe mencionar que al inicio de la audiencia las partes solicitaron teniendo presente el Artículo 73 inc 1 y 74 del Código Procesal Penal, como también la Acordada del STJ 47/2021 y los lineamientos vertidos por Unicef respecto de las audiencias donde haya involucrados menores víctimas, que la misma fuera de acceso restrictivo a los medios de comunicación, tanto en resguardo de los derechos de la víctima como de la integridad psico-física de su familia. «La información será vertida por las Áreas de Comunicación instituciones, tanto del Ministerio Público como de la Judicatura», señaló la jueza de Garantías interviniente.