En el Alto Valle, una mesa de mediación reunió a una familia entera que buscaba organizar el cuidado de su padre ya mayor y resolver cómo administrar una chacra de la región. La cita ocurrió el 26 de agosto de 2025 en un Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, bajo la coordinación de la Defensa Pública de mediación. El proceso fue gratuito y concluyó con un acta que dejó asentados compromisos y responsabilidades.

Ese día, uno de los hijos tomó la palabra con decisión: trasladaría a su padre a su casa el 28 de agosto y se haría cargo de su cuidado cotidiano. Además, aceptó realizar los trámites previsionales para asumir la representación como apoderado y administrar los ingresos del adulto mayor.

En la misma mesa, una de las hermanas ofreció colaborar en la atención diaria. El objetivo fue claro: que quien asumiera la carga principal pudiera disponer de espacios de descanso. Se estableció que los detalles de esa ayuda se coordinarían de manera directa entre los familiares. La conversación giró luego hacia la chacra. Otro de los hermanos aceptó administrar la tierra y los animales. Dijo que se encargaría de los tributos y del cuidado del ganado. El compromiso incluyó la entrega de un grupo de vacas con sus crías a uno de sus hermanos, con retiro fijado entre el 30 y el 31 de agosto.

El tema económico también ocupó un lugar en la discusión. Varias personas se comprometieron a aportar una suma de dinero todos los meses, durante los primeros diez días, mediante transferencias a una cuenta bancaria. La mediación recogió esa decisión sin prever sanciones, solo como un acuerdo de responsabilidad compartida.

La audiencia se extendió hasta el mediodía. Dos de los hermanos decidieron no suscribir a ciertos puntos, y por eso el documento final reflejó únicamente los aspectos consensuados. La mediadora informó que lo acordado tenía carácter inmediato y obligatoriedad plena.

La reunión concluyó con la lectura del acta. Cada integrante escuchó en silencio el detalle de las fechas, las tareas y los aportes comprometidos. La tensión del inicio se transformó en un registro escrito que marcó un camino para la organización familiar. La intervención de la Defensa Pública permitió que este proceso se desarrollara sin costo y bajo un marco oficial que dio respaldo a la palabra de los participantes.

Como ocurre semanalmente en la ciudad, inspectores municipales de Tránsito realizaron controles en distintos sectores de Roca, tanto en el centro como en la zona rural, con el objetivo de preservar la seguridad vial.

Durante los operativos efectuados entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto, se confeccionaron un total de 189 actas de infracción: 4 de ellas correspondieron a alcoholemias positivas, lo que derivó en la retención preventiva de los vehículos. En paralelo, se efectuaron otras 30 retenciones por diferentes incumplimientos, alcanzando un total de 34 rodados fuera de circulación, entre ellos 31 motocicletas y 3 automóviles.

Según informaron desde el área de Tránsito, las faltas más comunes durante la última semana fueron la ausencia de licencia de conducir y el mal estacionamiento en la vía pública.

Cabe recordar que la Ordenanza N° 5020/23 de Alcohol Cero al Volante, prohíbe conducir con una alcoholemia superior a 0 gramos por litro de sangre. Se trata de una falta considerada grave y cuyas sanciones van desde 1.000 a 3.000 USAM, lo que equivale a multas que superan los 3 millones de pesos según la tarifaria actualizada al 1 de septiembre de 2025, además de la inhabilitación de la licencia.

Desde el Municipio insistieron en que «el consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, incrementa el riesgo de verse involucrado en siniestros viales, por lo que se recomienda evitar la ingesta antes de conducir o designar a un conductor responsable para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública».

El pasado fin de semana se desarrolló en Roca una nueva reunión ampliada de la Comisión Especial del Tren del Valle, con la participación de la intendenta María Emilia Soria, legisladores de distintos bloques legislativos, intendentes, concejales, funcionarios y vecinos del Alto Valle.

Durante el encuentro se avanzó en la presentación de un Proyecto de Ley en la Legislatura rionegrina que plantea la derogación del Decreto N° 231/08, norma mediante la cual se había cedido la vía férrea a Nación. El objetivo es que la traza vuelva a la órbita provincial, lo que permitiría a Río Negro operar el Tren Patagónico en la región.

Los presentes coincidieron en que la falta de comunicación por parte del Ejecutivo Nacional sigue siendo una de las principales preocupaciones, dado que no hay definiciones concretas sobre la continuidad del servicio ni sobre los planes de infraestructura ferroviaria para la zona.

Con esta iniciativa, se busca reforzar el reclamo regional por la reactivación del tren de pasajeros, un pedido histórico de las comunidades del Alto Valle.