Judiciales
Permiten a dos adolescentes a salir del país sin la autorización de su padre condenado a 5 años de prisión
El permiso rige hasta el 15 de octubre de 2028, fecha en que finalizará la pena impuesta al progenitor.
Dos adolescentes podrán salir del país sin la autorización de su padre, quien se encuentra preso en el penal de Bariloche: cumple una condena de 5 años de prisión. El permiso rige hasta el 15 de octubre de 2028, fecha en que finalizará la pena impuesta al progenitor.
La resolución fue dictada por una jueza de Familia, a partir de un pedido presentado por la madre de los jóvenes. La mujer solicitó que se reconozca su potestad exclusiva para autorizar los viajes de sus hijos al exterior, tanto con ella como con cualquier persona que designe. Planteó que no es posible requerir la firma del padre en cada ocasión, ya que se encuentra legalmente impedido de otorgarla, en razón de su situación de detención.
La unidad procesal hizo lugar al pedido. Autorizó expresamente que los menores puedan salir del país acompañados por su madre o por terceros autorizados por ella, sin intervención del padre, hasta la fecha de extinción de la condena penal: 15 de octubre de 2028. El fallo fue remitido a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Defensoría de Menores e Incapaces.
La decisión se basó en el artículo 12 del Código Penal, que dispone que toda condena de prisión o reclusión superior a tres años lleva como efecto legal la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la pena. Esa inhabilitación incluye la suspensión de la patria potestad, así como la administración y disposición de bienes. El mismo artículo establece que el condenado queda sujeto a curatela, en los términos del Código Civil.
Además, la jueza citó el artículo 702, inciso b, del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece con claridad que queda suspendido en el ejercicio de la responsabilidad parental quien se encuentra cumpliendo una condena de prisión mayor a tres años. Ambas normas fueron consideradas suficientes para determinar que el padre se encuentra legalmente excluido de toda toma de decisiones vinculada al cuidado y representación de sus hijos, mientras dure su encierro.
La magistrada señaló que la suspensión de la responsabilidad parental no constituye una sanción adicional ni requiere declaración expresa. Se trata de un efecto legal automático que se activa al verificarse la condena y el tipo de pena. Respaldó su interpretación en jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que ya se había pronunciado en ese sentido.
En la sentencia se subraya que la medida se dicta en resguardo del interés superior de los adolescentes. La jueza citó el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que impone a los Estados la obligación de adoptar decisiones que garanticen los derechos de los menores de forma efectiva y concreta. También hizo referencia al artículo 31 del mismo tratado internacional, que reconoce el derecho de los niños al descanso, el esparcimiento, el juego y la participación en la vida cultural.
La autorización tendrá vigencia únicamente hasta el 15 de octubre de 2028. A partir de esa fecha, el padre podría recuperar el ejercicio de la patria potestad, si no existieran otros impedimentos legales.
Judiciales
Caso Valentín Mercado: Piden confirmar la condena contra el anestesiólogo por el daño cerebral irreversible
Tras la apelación de la defensa del profesional condenado por homicidio culposo, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Impugnación que ratifique la sentencia en todos sus términos.
La causa por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo sumó una instancia clave en el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Tras el recurso presentado por la defensa del anestesiólogo condenado por homicidio culposo, la Fiscalía y la querella solicitaron formalmente que se confirme la sentencia original, rechazando cualquier reducción de la pena o limitación de la inhabilitación profesional.
El eje del conflicto radica en el planteo del profesional, quien busca que su inhabilitación para ejercer se circunscriba únicamente al ámbito pediátrico. Ante esto, el fiscal del caso fue tajante al señalar que la desatención durante la cirugía fue la causa directa del desenlace fatal. «Lo sucedido fue que la desatención por parte del imputado impidió advertir el súbito taponamiento, lo que derivó en un paro cardíaco», explicó. Según el Ministerio Público, el médico no cumplió con el consentimiento informado en el que asumía la responsabilidad de velar por el paciente durante toda la intervención.
La reconstrucción de los hechos indica que existieron cuatro minutos iniciales y determinantes en los que el anestesiólogo no actuó conforme a su rol. Si bien luego se logró estabilizar al niño con adrenalina y un cambio de tubo traqueal, la demora fue tan extensa que el daño cerebral resultó irreversible.
La querella acompañó estos argumentos, dejando la decisión final en manos del Tribunal, que ya pasó a deliberar.
Judiciales
Compensación económica tras una unión convivencial: Reconocen desequilibrio estructural y contexto de violencia
Se conocieron hace más de dos décadas y tuvieron un hijo. Pero la situación se volvió insostenible con el paso de los años.
Se conocieron en la facultad hace más de 20 años. Ella era alumna y tenía el sueño de recibirse de licenciada; él trabajaba como ayudante de cátedra. Al poco tiempo, ella abandonó sus estudios y sus proyectos para acompañar el crecimiento profesional de él.
Así, la joven se convirtió en asistente técnica en las películas de su pareja y en cuidadora de su familia. Durante casi dos décadas, sostuvo el hogar y los proyectos del hombre. Mientras la pareja acumulaba títulos académicos y prestigio, ella perdía autonomía. No tenía ingresos propios y dependía por completo de la voluntad de su pareja.
La situación se volvió insostenible con el paso de los años. Así, decidió dejar la vivienda familiar junto con su hijo. Dejó los equipos de trabajo, la casa que ayudó a construir y los vehículos de la familia. Regresó a la vivienda de sus padres, sin ahorros y con su carrera universitaria sin terminar. El hombre quedó con todos los bienes y mantuvo su estabilidad profesional intacta.
Ante esta realidad, recurrió al Poder Judicial para iniciar una compensación económica y reparar la desigualdad que provocó la ruptura.
El fuero de familia de Roca hizo lugar a la demanda. La jueza consideró acreditado un desequilibrio económico, derivado de la dinámica de la relación y de su ruptura.
La mujer mantuvo una relación de más de 20 años en la que postergó su desarrollo profesional y académico. Acompañó los proyectos laborales de su pareja y asumió, de manera casi exclusiva, las tareas domésticas y de cuidado, incluida la crianza del hijo en común.
También expresó que la relación se desarrolló en un contexto de violencia de género, caracterizado por control, descalificaciones y limitaciones a su autonomía personal y económica.
Por su parte, el hombre negó la existencia de desequilibrio y sostuvo que su crecimiento profesional fue fruto de su esfuerzo personal. Afirmó que la mujer desarrolló capacidades en el ámbito audiovisual y que contaba con posibilidades de inserción laboral.
La jueza destacó que la compensación económica tiene como finalidad corregir el perjuicio patrimonial que puede generar la ruptura de una vida en común, cuando una de las partes queda en situación de desventaja.
De la prueba producida surgió que durante la convivencia existió una asimetría de poder desde el inicio de la relación, que se trasladó a los ámbitos laboral y familiar. Se acreditó que la mujer quedó en una posición de dependencia, con limitaciones para desarrollar su autonomía, mientras que el hombre consolidó su carrera académica y profesional.
La jueza de Familia hizo lugar al reclamo y ordenó que el hombre el pago de una compensación. La magistrada destacó que existió un contexto de violencia de género y económica.
Judiciales
En Río Negro, las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos jerárquicos judiciales
Representan el 55%, contra el 45% de los varones.
En el Poder Judicial de Río Negro, las mujeres ocupan el 55% de los cargos de juezas, jueces, secretarias y secretarios de las áreas jurisdiccionales, mientras que los varones representan el 45%.
La distribución cambia según la función. Del total relevado, el 68% corresponde a juezas y jueces y el 32% a secretarias y secretarios. Entre las 175 personas que ocupan cargos de juezas y jueces, el 45% son mujeres y el 55% varones. Entre las 84 personas que se desempeñan como secretarias y secretarios, en cambio, la presencia femenina asciende al 76%, frente al 24% de varones.
Pirámide demográfica y composición por áreas
El relevamiento registra 1.843 agentes en organismos jurisdiccionales y auxiliares. De ese total, 1.188 son mujeres y 655 varones. Además de juezas, jueces, secretarias y secretarios, la composición por función muestra mayoría femenina en el personal jurisdiccional, con 594 agentes, de los cuales el 78% son mujeres; en el personal de Mediación, con 81 cargos, también con 78% de mujeres; y en las áreas auxiliares, con 655 agentes, donde las mujeres representan el 62%. La única función con mayoría masculina, además de la magistratura, es la del personal de servicio: allí hay 254 cargos, con 55% de varones y 45% de mujeres.
La pirámide demográfica muestra que la mayor concentración del personal se ubica entre los 36 y 50 años, tanto en mujeres como en varones. En la distribución por fueros y organismos con equipos, el 39% del personal corresponde a organismos no jurisdiccionales, con 716 agentes, mientras que el 61% restante, con 1.127 agentes, se desempeña en organismos jurisdiccionales y de Mediación. Dentro de esa estructura, el bloque más numeroso reúne al fuero Civil, Comercial, Minería, Contencioso Administrativo y Familia, incluida la segunda instancia, con el 25% del total. Le siguen el fuero Penal con el 15%, Justicia de Paz con el 8%, el fuero del Trabajo con el 6%, Mediación con el 4% y el Superior Tribunal de Justicia con el 3%.
La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
